23.05.2013.
La
institucionalidad chilena se desmorona entre protestas sociales
(iniciadas por los estudiantes hace un par de años) de quienes se
sienten apabullados por el modelo económico neoliberal y por la
corrupción de algunos funcionarios.
Esa institucionalidad de los años posteriores a la dictadura
está representada sobre todo por la Constitución de 1980, contra la que
la sociedad endereza la mayoría de sus quejas. La situación ha obligado a
los candidatos presidenciales a abordar el tema de una eventual
asamblea constituyente, asunto que a la derecha le causa escozor.
Las protestas sociales que comenzaron los estudiantes en 2011 y que
se mantienen hasta la fecha, los escándalos de corrupción que sacuden a
varias instituciones del país y la incapacidad del sistema de dar
respuesta a esos problemas son factores que han propiciado el
surgimiento de un debate que salió de las universidades para instalarse
en el centro del interés público: el referido a la Constitución de 1980
(o “Constitución de Pinochet”), que ya está completamente deslegitimada.
Los candidatos presidenciales ya entraron a esa discusión. El 23 de
abril la expresidenta y otra vez candidata Michelle Bachelet (del
Partido Socialista) presentó una comisión de expertos
constitucionalistas con el propósito de definir un camino para el cambio
de la Constitución.
Entre los nueve juristas de este grupo se encuentra Fernando Atria,
uno de los principales teóricos del movimiento estudiantil y académico
de prestigio; en 2003 la tesis con la que se doctoró en la Universidad
de Edimburgo fue premiada por la Academia Europea de Teoría del Derecho
como la mejor del año.
En su artículo La hora del derecho (revista Estudios Públicos, 2003)
planteaba una de sus ideas medulares: La reconciliación tras los
crímenes cometidos por el gobierno militar sólo será posible cuando
exista una nueva Constitución emanada desde el pueblo. Según Atria la
actual no representa a Chile, sólo a la derecha chilena.
Las alarmas se encendieron luego de que Atria diera una entrevista el
pasado 23 de abril a CNN Chile en la que sostuvo que el problema
constitucional “tendrá que resolverse por las buenas o por las malas”.
Señaló que el cambio necesariamente se tiene que dar “por fuera” de la
actual legalidad, puesto que el quórum necesario para reformarla es tan
alto que ninguna iniciativa podrá vencer el veto de la derecha.
Agregó que la institucionalidad construida por el régimen militar
(1973-1990), que en lo sustancial se mantiene hasta nuestros días, fue
hecha “para que no sea posible decidir”.
En ese sentido recordó una reflexión del principal ideólogo de la
Constitución y fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI),
Jaime Guzmán, con la que revela lo que lo llevó a redactar esa ley: “De
lo que se trataba era de asegurar que aun en el caso que lleguen a
gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no
tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. En los hechos este plan se
consumó.
Las declaraciones de Atria dejaron claro que Bachelet está decidida a
pelear por una nueva Constitución. Y a pesar de la ola de críticas de
sectores conservadores de izquierda y derecha, y de medios como El
Mercurio y La Tercera, la exmandataria no desautorizó las palabras del
jurista.
Por otra parte, Pablo Longueira, candidato presidencial de la UDI, se
ha mostrado vehemente en su rechazo a la posibilidad de una asamblea
constituyente. El lunes 6, cuando dio a conocer los lineamientos de su
campaña, expresó que le sorprendía “ver esa consigna… eso de que quieren
modificar toda la Constitución. ¡Es impresionante! ¡Pero si vivimos en
un país que es un ejemplo! Y resulta que quieren una asamblea
constituyente. ¡Qué falta de seriedad!”.
Además de Bachelet otros cuatro candidatos promueven abiertamente una
asamblea constituyente: El presidente del Partido Progresista, Marco
Enríquez-Ominami; Marcel Claude, del Partido Humanista; el senador y
presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, y la presidenta del
Partido Igualdad, Roxana Miranda.
En entrevista con Proceso, Miranda señala que “es clave cambiar en su
esencia y radicalmente la Constitución chilena, no para maquillarla
como se ha hecho hasta ahora”, dice en referencia a las numerosas
reformas constitucionales hechas desde el fin del régimen militar y que a
su parecer no han cambiado su esencia autoritaria, “sino para terminar
con el neoliberalismo que fue instalado en la dictadura pero que se ha
mantenido y consolidado tras el retorno a la democracia”.
Miranda afirma que “si no cambiamos la Constitución van a seguir
despojándonos. No hay que olvidar que desde Pinochet en adelante todos
los gobiernos no han hecho más que privatizar los bienes comunes y
despojarnos de nuestros derechos al agua, la salud, la educación, la
previsión social. Esto tiene que terminar, el pueblo ya no resiste tanto
abuso”.
La candidata estima que la nueva Constitución “debe ser hecha por el
pueblo, por los más sencillos, incluso por los que apenas saben leer y
escribir”, en un proceso que el Partido Igualdad denomina “la vía
popular a la constituyente”.
Iniciativas
Cada vez más sectores sociales piden el cambio constitucional e
impulsan iniciativas para ello. El sábado 4, los exdirigentes
estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric lanzaron la campaña “Marca
tu voto”, que pretende que el pueblo se pronuncie en las elecciones
generales del próximo 17 de noviembre en favor de una asamblea
constituyente.
Esto se haría escribiendo en el voto las letras “AC” –de asamblea
constituyente–, además de la preferencia electoral. La iniciativa es
ambiciosa, ya que supone tener 40 mil apoderados para igual número de
mesas de votación en todo el país con el fin de llevar un recuento de
los apoyos. Y ya están reclutando a los voluntarios.
El martes 7 un grupo de 160 intelectuales y artistas presentaron el
Manifiesto por una nueva Constitución. Entre los principales promotores
de este movimiento están Atria, el sociólogo Manuel Antonio Garretón y
el director del diario El Ciudadano, Bruno Sommer.
En entrevista con este semanario, Sommer señala que “el proceso
constituyente arrancó en Chile hace un par de años al calor de asambleas
ciudadanas que han surgido por conflictos ambientales y demandas
territoriales en diversas regiones del país”.
Hace referencia a las rebeliones que desde 2011 se suceden en varias
regiones, como Magallanes, Aysén (ambas en el extremo sur de Chile) y
Atacama. Señala que el objetivo del manifiesto es “poner en el centro
del debate de las presidenciales la necesidad de una nueva Constitución y
luego ver la forma en que llegamos a ella”.
Agrega que este esfuerzo “no tendrá sentido democrático si no emerge
de una asamblea constituyente diversa, plural y representativa del
amplio espectro de nuestra sociedad”.
Falsa democracia
Gran parte de los problemas de legitimidad de la Constitución de
1980 radica en su origen. Fue aprobada en un plebiscito que no contó
siquiera con registros electorales. La oposición no tuvo posibilidad de
hacer campaña y ni siquiera se le permitió designar apoderados de mesa
que fiscalizaran el conteo de votos, los que mayoritariamente se
hicieron a puerta cerrada bajo supervisión de militares.
En su libro La danza de los cuervos (2012, Ceibo Ediciones), el
periodista Javier Rebolledo detalló la forma que adquirió el fraude en
el que participó la Central Nacional de Informaciones (CNI):
“Todos los agentes del cuartel Loyola (de la CNI) estaban
acuartelados. En el casino les dieron la orden: desde muy temprano
debían acudir a las municipalidades de Santiago y votar por el Sí (…) Al
llegar al primer lugar de votación ingresaron inmediatamente, nadie les
pidió que se pusieran en la fila, nada. Los vocales de mesa debían
haber estado al tanto porque nadie, pero nadie, se les interpuso en ese
momento. Todos votaron y volvieron a partir.”
Pero este fraude electoral ocultaba un fraude mayor: El diseño institucional del Chile posterior a la dictadura.
En su artículo ¿Cuántas veces se puede tropezar con la misma piedra?
–en el diario El Mostrador del 20 de octubre de 2011–, Atria sostiene
que “la trampa” contenida en la Constitución de Pinochet se construyó
sobre la base de tres cerrojos.
El primero es el alto quórum necesario para reformar las denominadas
leyes orgánicas constitucionales: En la Cámara de Diputados se requieren
70 votos de 120; en el Senado, 22 de 38.
El segundo cerrojo es el sistema electoral binominal, “un sistema
único en el mundo, cuya finalidad era asegurar a la derecha los 51
diputados que necesitaba para gobernar incluso después de haber perdido
todas las elecciones”, señala el constitucionalista.
El tercer cerrojo es el Tribunal Constitucional, que según Atria fue
pensado para impedir la promulgación de cualquier ley que contravenga el
interés oligárquico.
La Constitución de 1980 se consolidó con la anuencia de la
centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia, coalición
que en sus orígenes incluía a 17 partidos desde la Democracia Cristiana
hasta el Partido Socialista, pero que no integró al Partido Comunista.
En 1989 la Concertación pactó con el gobierno militar un paquete de
reformas constitucionales que fueron plebiscitadas el 30 de julio de
1989. Éstas se presentaron como democratizadoras, pero nadie informó que
incluían un aumento del quórum necesario para realizar reformas a los
sistemas político y económico.
Este quórum inalcanzable fue utilizado como excusa por los cuatro
gobiernos de la Concertación (los de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz
Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, que gobernaron entre 1990 y
2010) para justificar ante la ciudadanía el no haber hecho los cambios
prometidos, que incluían una nueva Constitución y el fin del modelo
económico neoliberal.
Los gobiernos de la Concertación contuvieron al movimiento social
mediante la cooptación de muchos de sus dirigentes. Pero tras la
asunción de Piñera, en marzo de 2010, el escenario político cambió. La
llegada de la derecha al poder hizo volver las grandes protestas, como
las que sacudieron a la dictadura en los años ochenta.
Según una encuesta levantada en abril por la Universidad Diego
Portales, gran parte de la población chilena está hastiada del modelo
neoliberal. El 60% es partidario de estatizar las universidades
privadas, 63% piensa que hay que hacer lo mismo con el transporte
público y 80% es partidario de que existan farmacias estatales. Además
gran parte de la población es partidaria de renacionalizar el agua y la
minería del cobre.
En Chile alrededor de 68% de la fuerza de trabajo está ocupada en
empleos precarios, sin contrato. Casi dos tercios de la población tiene
trabajos ocasionales muy mal pagados. Según el Banco Central, la deuda
total de los hogares llega a 61.5% del ingreso disponible anual.
Corrupción galopante
Al malestar social hay que sumar la corrupción. En
fechas recientes se suceden uno tras otro los escándalos que implican a
funcionarios y empresas privadas.
El pasado 25 de abril el Centro de Investigaciones Periodísticas
informó que el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
Francisco Labbé, manipuló las cifras del censo de 2012 y aumentó
artificiosamente el número de ciudadanos para ocultar la defectuosa
realización de esta gran encuesta nacional. Investigaciones posteriores
demostraron que las cifras de inflación y empleo también resultaron
afectadas por la manipulación. Aunque Labbé renunció, el daño a la
institucionalidad quedó.
En octubre de 2010 la Cepal le comunicó al gobierno que dejaría de
participar en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) del
Ministerio de Desarrollo Social, tras comprobar que esta instancia
–encabezada por el ministro Joaquín Lavín– había reducido
artificiosamente el número de pobres del país.
Otras instituciones han sido afectadas recientemente por escándalos
de corrupción: El Servicio de Impuestos Internos (SII), por una
condonación arbitraria de más de 50 millones de dólares en impuestos
otorgada por su director, Julio Pereira, a la empresa Johnson’s, con la
que mantiene vínculos comerciales; el Banco del Estado, por cobros
abusivos contra medio millón de clientes, realizados en el gobierno de
Bachelet pero descubiertos recientemente.
Por otra parte, las tres más grandes cadenas de farmacias (Cruz
Verde, Ahumada y Salco Brand) fueron condenadas en 2012 por coludirse
para alzar los precios de los medicamentos, que ahora en Chile son los
más caros del mundo.
En diciembre del año pasado la Universidad del Mar (privada) fue
clausurada por estafar a sus “clientes”, a quienes ofrecía un servicio
muy malo y muy caro. Con esto quedaron a la deriva sus casi 20 mil
estudiantes. Esto ocurría el mismo mes en que se comprobó que directivos
de la Comisión Nacional de Acreditación recibieron sobornos para dar su
aval a las universidades.
Un reciente caso de abuso contra consumidores derivó en la caída del
candidato presidencial de la UDI, Laurence Golborne, quien fue
reemplazado por Longueira. El 25 de abril la Corte Suprema condenó a los
supermercados Jumbo a indemnizar a los perjudicados por cobros abusivos
a sus clientes cuando Golborne era su gerente general. Sólo tres días
después el diario El Sur, de Concepción, revelaba que Golborne ocultaba 3
millones de dólares en un banco de Islas Vírgenes, lo que no había
mencionado en su declaración patrimonial.
El miércoles 8 el diario El Mostrador publicó –a propósito de estos
escándalos– el editorial El descrédito funcional del Estado, en el que
señaló que Chile “vive un proceso, a estas alturas preocupante, de
desinstitucionalización. La evidencia de errores políticos o malos
procedimientos en los más altos niveles de la administración del Estado
es permanente”.
El editorial cuestiona el papel jugado por el conjunto de actores
políticos, al afirmar que “tanto el gobierno como los que aspiran a
serlo en el próximo periodo debieran entender que estamos llegando al
cambio presidencial a trastabillones”. Agrega que “hoy, merced a lo
ocurrido en el INE, el SII, en el Consejo Nacional de Acreditación, con
la encuesta Casen y muchos otros casos, la pomposa frase ‘hay que dejar
que las instituciones funcionen’ suena un poco a falsete”.
Mientras las instituciones caen en el abismo del descrédito, las
protestas se suceden una tras otra. El sábado 4 unas 12 mil personas
participaron en Santiago y otras ciudades chilenas en La Marcha de los
Enfermos, quienes piden que el Estado les ayude a comprar sus
medicamentos, por los altos costos de estos.
El miércoles 8 unos 150 mil estudiantes marcharon en todo Chile
exigiendo el fin al lucro en la educación. El gobierno respondió con
represión y no se manifestó respecto de las demandas centrales del
estudiantado, que apuntan a un cambio radical en el sistema educacional.
Todo esto pone más presión sobre la desvencijada institucionalidad pinochetista que aparentemente vive sus últimos años.
Por
Francisco Marín
El Ciudadano/cl