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sábado, 22 de noviembre de 2014

EL TTIP QUE SE ESTÁ GESTANDO



22.11.2014


El TTIP que se está gestando

Ni los medios y sus perrodistas, ni el gobierno ni los politicastros procuran noticias sobre el nuevo crimen que se está gestando contra los pueblos si por crimen entendemos lo que será la implantación total de un sistema absolutista y dictatorial sin ningún atisbo de disidencia al que seguirán llamando "democracia". Nos dirán que eso ya existe, pero lo que existe, aún tolera que escribamos esto. Lo que viene, no. Esa será su última "revolución industrial" porque está vinculada a la crisis final del capitalismo.


Carta abierta a la Defensora del Pueblo Europeo

Mi nombre es Ángela y soy estudiante y ciudadana española. En realidad, se me ocurren más de mil cuestiones que están sucediendo en España a día de hoy sobre las que informarle pero le hablaré de una en concreto que guarda relación con algunas otras.

En primer lugar, creo que es necesario que conozca la dejación de funciones de los medios de comunicación en relación al tema del TTIP. Los medios más grandes (que son a través de los que se informa la mayor parte de la población española) no están ofreciendo información acerca de este proyecto tan importante que lleva tanto tiempo negociándose en Europa. No creo que desconozca el determinante papel democratizador que deben cumplir los medios, como cauces para la transmisión de una información que sea veraz, que sea clara y que sea útil para la población que la recibe. Por supuesto, no es el TTIP el único asunto que silencian los grandes grupos mediáticos. Sé que los grupos privados sólo rinden cuentas ante sus accionistas y que, en principio, poco se les puede exigir en sus contenidos. Lo que no entiendo es cómo el Estado permite que nos intoxiquemos con información infecta cuando nunca consentiría que lo hiciéramos con alimentos en mal estado.

Para seguir afinando la cuestión, he de decir que no sólo los medios privados han decidido omitir esta información. Los medios públicos, de los que cabe exigir un compromiso mayor con la información y la democratización de la misma, tampoco hablan del tema. Por suerte, en este país (y me consta que en otros sucede lo mismo), contamos con unos y unas profesionales del periodismo que no obedecen los dictados de quienes concentran mucho poder, sino que sienten una responsabilidad para con sus conciudadanos de hacerles llegar la información que precisan para, solamente, vivir su vida con un poco más de libertad.

Y si lo de los medios de comunicación es grave, la dejación de funciones del Gobierno con respecto a su obligación de rendir cuentas es digna de una broma de mal gusto. Tanto el partido que actualmente gobierna como quien ahora es el grupo de la oposición que cuenta con más escaños, no ofrecen ninguna pauta que nos haga entender qué supone exactamente este Tratado. Ni sus cosas buenas, ni sus cosas malas. Además, desatienden sistemáticamente las preguntan de grupos parlamentarios más pequeños que, trasladando el desconcierto de la población, les formulan. Desde Europa, aunque la Comisión actúa con prácticamente el mismo secretismo, al menos hablan de las bondades (cuestionables, claro, como casi todo en esta vida) del Pacto que se está gestando con EEUU.

Como pasa con muchísimos otros aspectos de nuestra existencia en los que el Estado no quiere dar respuesta a nuestras necesidades, la gente se está organizando y, gracias a estos grupos, va enterándose de las intenciones de quienes negocian (le advierto que las conclusiones colectivas no son precisamente favorables a esta negociación en secreto). Gracias a estos grupos de ciudadanos y ciudadanas organizadas hoy la gente tiene un hogar en el que vivir, los chavales comen lo que necesitan y todas las personas -sin distinción de su lugar de nacimiento- son atendidas en nuestro sistema público de salud. Además, estos grupos de gente solidaria se aseguran de que el mayor número de estudiantes posible cuente con libros de texto y material escolar.

Muchísimas veces me pregunto qué sería de mi país si se hubiese asentado por completo en nosotras y nosotros una idea tan neoliberal como el individualismo y el “sálvese quién pueda”. Es cierto que se ha intentado con ahínco pero somos más quienes pensando en común y ejercitando aquello que llamamos inteligencia colectiva hemos llegado a la valiente conclusión de que dejar aspectos tan básicos de nuestra vida como la vivienda, la economía, la sanidad, los alimentos o la educación, al albur de una “mano invisible” que nadie controla, no es lo más recomendable. Por eso, preferimos dotarnos de un marco jurídico, político y social en el que quepamos todos, en el que no se excluya a nadie y en el que todos y todas podamos decidir, participar y modificar cuando ya no nos sirva.

! RAJEN DE ACA, INDIOS DE MIERDA!

22.11.2014

 

Violenta represión e insultos contra indígenas en Argentina


El titular del Comité Provincial contra la Tortura, Mario Bosch, presentó una denuncia contra los responsables de la violenta represión perpetrada el 14 de noviembre y que tuvo como víctima a un grupo de indígenas. Aseguran que se violó el protocolo Garré y que se utilizó una violencia desproporcionada. “Rajen de acá, indios de mierda”, dijo uno de los uniformados que participó del operativo.

El presidente del Comité Provincial contra la Tortura de Buenos AiresMario Bosch, presentó una denuncia penal contra los responsables intelectuales y materiales de la violenta represión perpetrada el viernes 14 de noviembre y que tuvo como víctima a un grupo de indígenas que realizaba un corte parcial de la ruta nacional 16 kilómetro 173, en Sáenz Peña, en reclamo de vivienda, salud y asistencia social.

La represión dejó como saldo 25 personas con heridas de distintas consideraciones “entre leves y graves”. “Incluso varios de ellos fueron golpeados luego de ser aprendidos y reducidos por los efectivos policiales”

La denuncia, firmada por Bosch, Gabriel Duca (presidente de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Justicia) y Andrea Galvez (prosecretaria de la Asociación) fue realizada el domingo en la delegación de la Policía Federal de Sáenz Peña. En la misma se plantea las serias irregularidades cometidas por la fuerza de seguridad provincial en el accionar represivo que derivó en una veintena de indígenas heridos, quienes sólo reclamaban por viviendas, salud y trabajo. El escrito deja asentado que se utilizaron elementos no reglamentarios para este tipo de accionar (como palos de más de un metro de largo y hasta cascotes), además de violar el protocolo Garré, el cual establece pasos previos de conciliación antes de concretar un desalojo forzoso.

En la presentación, los denunciantes recuerdan que el hecho se produjo durante el mediodía del viernes 14, en cercanías a la planta de Secheep, cuando un grupo de unas 50 o 70 personas pertenecientes a la etnia qom se manifestaban cortando de manera parcial la ruta 16 en reclamo de salud, asistencia social y vivienda. Además se dejó constancia de que existían caminos alternativos para circular en el lugar.

Sin previa mediación
Cerca de las 16 comenzó lo peor. Según la denuncia, a las 15.47 “comienza por parte de las autoridades policiales del Chaco el desalojo de la ruta, sin previa mediación, alerta o advertencia, negociación y/o mediadores que amerita el conflicto a fin de interiorizarse en los reclamos presentados por este grupo étnico, sin que se establezcan los plazos razonables de esta mediación como lo normativiza el protocolo para la actuación de la fuerza pública en situación de conflicto social, conocido como ‘Protocolo Garré’, al que la provincia adhirió”.
Y prosigue: “En esos momentos se produce un accionar de carácter represivo no preventivo, violatorio de los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y ultima ratio establecidos por la Ley de Seguridad. El accionar consistió en acometer sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, golpes de puño, patadas, palos no reglamentarios (trozos de madera de más de un metro de largo), hierros y hasta piedras”.

La denuncia señala que la represión dejó como saldo 25 personas con heridas de distintas consideraciones “entre leves y graves”. “Incluso varios de ellos fueron golpeados luego de ser aprendidos y reducidos por los efectivos policiales”, añade.

La presentación aporta además una lista de heridos entre los que se destacan personas que sufrieron fracturas de tabique, politraumatismo en la cabeza, escoriaciones en espaldas y rodillas, entre otros. Algunos, inclusive, sufrieron convulsiones tras la agresión policial.

Bosch también aportó fotografías y videos en los cuales se constata la virulencia de las fuerzas de seguridad ante una manifestación pacífica. Además, se deja asentado el fuerte sesgo discrimatorio que aún anida entre las filas de la policía. “Rajen de acá, indios de mierda”, fue uno de los tantos insultos que brotaron de los uniformados, al tiempo que repartían golpes a mansalva.
Fuente: Chaco día por día

CAYETANA DE ALBA TENÍA A SUS ASESINADOS, COMO TODO GRANDE DE ESPAÑA

 22.11.2014

La finca “Las Arroyuelas” fue expropiada durante la II Republica y entregada legalmente a 80 familias de Carmona.

Documento del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras:

El SAT ha sabido, gracias al trabajo de recuperación de la memoria histórica que han desempeñado varios historiadores, que la finca “Las Arroyuelas” fue expropiada en 1933 por el Instituto de Reforma Agraria y que varios de los adjudicatarios de los terrenos fueron fusilados por el franquismo

La finca ocupada el pasado viernes 16 de diciembre por 500 jornaleros del SAT, ya fue expropiada legalmente el 27 de julio de 1933 por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y entregada a 80 familias de Carmona. La dictadura franquista devolvió la propiedad a la Casa de Alba, fusilando a varios de los jornaleros beneficiarios.

Estos datos están recogidos en varias investigaciones publicadas por el catedrático de la Universidad de Sevilla, Leandro Álvarez Rey, y por los historiadores de Carmona, Francisco Eslava y Antonio Lería, basados en la documentación existente en el archivo privado del entonces ministro de Agricultura, Manuel Jiménez Fernández y en testimonios de quien fuera Mayor de milicias durante la guerra civil, Manuel Mora Torres, afincado en Carmona durante aquel periodo. (Adjuntamos un extracto de las mismas en anexo de esta nota).

Tras contrastar la relación de jornaleros a los que se adjudicó la citada finca el 22 de Enero de 1935 con la relación existente de victimas de la represión en Carmona, se puede comprobar que entre ellos figuran varios de aquellos trabajadores, que fueron asesinados al ocuparse la localidad. Entre ellos; Manuel Gutiérrez Barrios, Agustín Hidalgo Algarín o José Maqueda Avila.

ANEXO.- 1

Toda la información está recogida en:

1. - LEANDRO ÁLVAREZ REY. REFORMA Y CONTRARREFORMA. AGRARIA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. Carmona, 1931-1936. Resumen. Con lawww.carmona.org/publicaciones/carel/2007_5.pdf

2. - Carmona Tricolor. Militancia y afiliación politica y sindical en la Segunda República. (Francisco Eslava y Antonio Leria. Ayuntamiento de Carmona, 2008. Pag 99 y siguientes.)

3. - Me llamo Manuel Mora. (Francisco Eslava y Antonio Leria. Edición 2010 Estipite Ediciones. Pag. 169.)

EXTRACTO DE LA INVESTIGACIÓN DEL CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: LEANDRO ÁLVAREZ REY.- REFORMA Y CONTRARREFORMA AGRARIA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA (Carmona, 1931-1936)

(…) En este trabajo se aborda lo sucedido en Carmona con el proyectado asentamiento de campesinos en unas fincas propiedad de la Casa de Alba, llevadas en arrendamiento por Luis Alarcón de la Lastra -hombre fuerte de la patronal y futuro ministro de Franco- y expropiadas por el Instituto de Reforma Agraria en 1933. El conocimiento detallado del proceso de incautación de “Las Arroyuelas” ha sido posible gracias a la abundante documentación conservada en el Archivo privado de Manuel Jiménez Fernández, Ministro de Agricultura de la CEDA entre octubre de 1934 y comienzos de 1935.

(…) El duque de Alba, Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, poseía en Carmona más de 2.000 hectáreas de excelente tierra de labor.

(…) Para esta clase oligárquica y terrateniente la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 supuso la amenaza más peligrosa vivida hasta entonces al mantenimiento de su control político y a la hegemonía social y económica de la que habían disfrutado durante siglos. Ahora lo que estaba en juego no eran sus vidas, pero sí la conservación de su status y sus privilegios. Y más aún cuando los gobernantes republicanos anunciaron la próxima aprobación por las Cortes de una reforma agraria destinada a transformar radicalmente la estructura social heredada de la Monarquía, una reforma que daría cumplida satisfacción al hambre de tierras del campesinado pobre.

(…) Fue así, entre el miedo de unos pocos, aunque poderosos, y la ilusión de los más de tres mil jornaleros que vivían en Carmona, como inició su andadura la Segunda República en esta localidad andaluza.

(…) Para la puesta en marcha de la reforma la República aprovechó una coyuntura excepcional, como fue la amplia repulsa suscitada en amplios sectores del país por el levantamiento del general Sanjurjo en Sevilla el 10 de agosto de 1932, el primer golpe de estado que los grupos más reaccionarios de la sociedad española protagonizaban contra un régimen que apenas acababa de cumplir su primer año de existencia. Tras el fracaso de la Sanjurjada y entre las medidas represivas adoptadas contra las derechas, el gobierno de Azaña propuso la expropiación sin indemnización de los bienes rústicos pertenecientes a la Grandeza de España y a los presuntos implicados en el complot del 10 de agosto.

(…) Poco después, el 9 de septiembre de 1932, las Cortes Españolas aprobaban la Ley de Bases para la Reforma Agraria, punto de arranque de la más ambiciosa de las reformas emprendidas por la República en el mundo agrario.

(…) La incautación por el Estado de estas propiedades afectó en la provincia de Sevilla a importantes personajes, como los duques de Medinaceli, de Arión y de Lerma (Fernández de Córdoba); duque de Alba (Stuart Fitz-James); marqués de Comillas (Güel); duque del Infantado (Arteaga); marqués de Viana (Saavedra); marqueses de Albudeyte y de Nervión (Armero Castrillo); marqués de Santa Cruz (Silva y Carvajal); marqués de Arenzo (Fernández Bobadilla); conde de Mora (Mesía y Stuart); conde de Mejorada (Medina Carvajal); marqués de Sauceda (González de Aguilar); conde del Fresno (Mencos San Juan); conde de Villacreces (López de Morla); marqués del Valle de la Reina (León y Manjón); marquesa de Esquivel (Mª del Pilar Carvajal Hurtado de Mendoza); marqués de Gandul (Álvaro Pacheco y Rubio); Juan Sangrán; Luis Santigosa y Ruiz Toranzo; José Ostos González; Francisco Vega Ostos; Luis Vega Ostos; Fernando González de Aguilar; Luis Ybarra Osborne; Antonio Tamarit Martel; Manuel Paúl Pagés; Ricardo Fernández y García de Vinuesa; Capitolino Enrile y López de Morla; Francisco Mier de Terán; Cristóbal Romero Martell; Francisco Gutiérrez Delgado; Francisco del Rincón; Manuel Fal Conde; Raimundo Blanco; José Bravo Dunipe; Alfonso Jiménez de León; Diego Díaz Domínguez; Julio Morillo Fernández; Andrés López del Yerro, (…)

(…) En Andalucía estaba previsto que la Ley de Reforma Agraria de 1932 afectaría a más de 2,4 millones de hectáreas vinculadas a casi 8.400 propietarios, la mayor parte de los cuales eran grandes terratenientes.

(…) Entre esa enorme masa de tierras que la República se proponía entregar a los campesinos figuraban unas mil hectáreas situadas en el término municipal de Carmona, pertenecientes hasta entonces a la casa de Alba y llevadas en arrendamiento por el vicepresidente de la Federación Patronal Agraria de Sevilla, Luis Alarcón de la Lastra. En dichas fincas, denominadas “Las Arroyuelas” y “Torre del Viejo”, el Instituto de Reforma Agraria se propuso proceder a su incautación y realizar el asentamiento de un centenar largo de familias de jornaleros de Carmona.

Lo que sigue a continuación es la historia de aquel intento de aplicación de la reforma agraria a partir de la abundante documentación conservada en el archivo privado de Manuel Giménez Fernández, un joven catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla perteneciente a la CEDA, repudiado por los principales dirigentes de su propio partido en Sevilla y que sin embargo fue designado por José María Gil Robles para hacerse cargo del Ministerio de Agricultura en una fecha que marcaría un antes y un después en la trayectoria de la Segunda República Española: el mes de octubre de 1934.

(…) El 27 de julio de 1933 los servicios jurídicos del Instituto de Reforma Agraria (IRA) certificaron que las fincas denominadas “Las Arroyuelas”, de 1.122 hectáreas y enclavadas en el término municipal de Carmona, habían sido incluidas en el inventario de los bienes pertenecientes a la extinguida Grandeza de España, pues su propietario no era otro que Jacobo Stuart y Fitz-James Falcó, ex-duque de Alba. Cuatro días después el Consejo consultivo del IRA aprobó el plan de aplicación de las fincas, disponiendo que se procediera a organizar una comunidad de 80 obreros campesinos del censo de Carmona. En la misma sesión el Consejo acordó la expropiación sin indemnización de las citadas fincas, y que se tomara posesión efectiva de las mismas por la Junta Provincial de Reforma Agraria de Sevilla.

Tres semanas después, el 21 de agosto de 1933, la Junta de Sevilla expidió un acta notificándoles al ex-duque de Alba y a su arrendatario, Luis Alarcón de la Lastra (militar retirado y vicepresidente de la Federación Patronal Agraria de Sevilla), la incautación y toma de posesión de “Las Arroyuelas”.

Inmediatamente el ex-duque de Alba, a través de sus abogados, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo y el IRA contra el proceso de incautación de sus fincas, comenzando un largo proceso de obstaculizaciones y artimañas ilegales favorecido por la entrada en el gobierno de la derecha en 1934 y 1935.

No obstante, el 5 de septiembre de 1934, el Instituto eligió del Censo previamente elaborado a los campesinos que habrían de constituir la Comunidad –80 familias– y éstos a su vez, previamente reunidos en Carmona, el 21 de septiembre nombraron a sus representantes (cabezaleros y síndicos).

Mientras tanto, en junio la Dirección General había aprobado la propuesta de rentas que los arrendatarios de “Las Arroyuelas” debían satisfacer al IRA, pues Alarcón había seguido explotándolas desde hacía un año cuando en realidad desde julio de 1933 dichas tierras habían dejado de pertenecer legalmente al ex-duque de Alba.

Con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, los jornaleros ocuparon las fincas que legalmente les había entregado el Instituto de Reforma Agraria, entre ellas aquellas tierras que llevaba en arrendamiento Luis Alarcón y que habían sido propiedad del ex-duque de Alba.

(…) En cualquier caso, tenemos constancia, gracias a los listados de miembros de los partidos y sociedades obreras que se conservan actualmente en el Archivo Municipal de Carmona (listas que en su día fueron utilizadas para llevar a cabo la represión contra los izquierdistas cuando la localidad fue ocupada por las fuerzas de Queipo de Llano), es del trágico final de algunos de los miembros de aquella Comunidad de Campesinos que la República intentó asentar en las tierras de Carmona. Varios de ellos fueron fusilados en las semanas y meses que siguieron al 18 de julio de 1936, obteniendo de los militares y falangistas lo que la República no había logrado concederles: un trozo de tierra. Aunque esa tierra no fuera otra que la de las fosas donde fueron enterrados sus cuerpos.

(…) Para concluir quizás resulte ocioso apuntar aquí cual fue la trayectoria seguida por los principales protagonistas del asunto de “Las Arroyuelas” a partir de 1936, sobre todo una vez iniciada la insurrección militar que desembocó en tres años de cruenta, represión, guerra civil y en cuatro décadas de dictadura.

Jacobo Stuart Fitz-James y Falcó, de nuevo duque de Alba, fue enviado en noviembre de 1936 a Londres como representante personal del general Franco, desempeñando durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial el puesto de embajador de la España franquista ante el Reino Unido. Tras el final de la guerra civil recuperó todas sus propiedades incautadas por la República. Designado por el “generalísimo” procurador en Cortes en 1943, fue también miembro del consejo privado del pretendiente D. Juan de Borbón. Falleció en 1953.

Luis Alarcón de la Lastra, que llegaría a ostentar los títulos de conde de Gálvez y marqués de Rende, formó parte de la candidatura del Frente Nacional Antimarxista en las elecciones de febrero de 1936 por Sevilla, pero no resultó elegido. Cuando estalló la insurrección militar se incorporó a la columna Yagüe, que atravesó Extremadura a sangre y fuego durante los primeros momentos de la guerra. Teniente Coronel habilitado y primer gobernador del Madrid “liberado”, fue Ministro de Industria y Comercio en el segundo gobierno de Franco, Delegado del Gobierno en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y procurador durante muchos años en las Cortes franquistas.

La finca “Las Arroyuelas”, enclavada en el fértil término municipal de Carmona, siguen siendo hoy [2007] patrimonio de la Casa de Alba.

APÉNDICE:

Acta de la Junta Provincial de Reforma Agraria de Sevilla sobre el Censo de Campesinos de las Comunidades “Arroyuela Mayor y Menor” y “Torre del Viejo”, de Carmona (22 de enero de 1935)

En la ciudad de Carmona a 22 de enero de 1935, constituida la representación que por orden telegráfica de 14 del actual, recibida del Excmo. Sr. Director General de Reforma Agraria y acuerdo de la Junta en su sesión de 21 de los corrientes,..los beneficiarios de los asentamientos proyectados en las fincas “Torre del Viejo” y cinco más y “Arroyuela Mayor” y “Arroyuela Menor” de dicho término(…)

...Se procedió a la revisión de los elegidos para los asentamientos de las fincas “Arroyuela Mayor” y “Arroyuela Menor” cuyo resultado fue el siguiente: se consideraron aptos por concurrir en ellos las circunstancias legales a Manuel Gutiérrez Barrios, cabezalero; Antonio Fuentes Roldán, síndico y a los comuneros Manuel Barrera Guerrero, Antonio Vázquez Puerto, Antonio Valerio Villar, Antonio Pintado Fernández, Antonio Castellano Rodríguez, Luis Flores Barrera, Rafael Rodríguez Hoyos, Rafael Rodríguez Ramos, Manuel Siles Pérez, Juan Toro Núñez, José Fernández Fernández, Manuel Rodríguez Buzón, Manuel Cabello Romero, Manuel García García, Santiago Recio Pedrosa, Manuel Nieto Arjona, Juan Paredes Luna, Manuel Puerto Román, Enrique Ávila Álvarez, Juan Rodríguez Carreño, Manuel Martínez Rodríguez, Agustín Hidalgo Algarín, José Retamero Benítez, Sebastián Lara Rodríguez, José Márquez Barrera, Rafael Maqueda Alcaide, Joaquín García Guzmán, Miguel Pérez Mora, Cristóbal Vaca Vázquez, Andrés Castellano Rodríguez, Miguel Osuna Nuevo, Francisco Ramírez Castro, Victoriano Barragán Mosquera, Francisco Medina Arjona, Juan Sabin Ávila, Antonio Muñoz Chaves, Antonio Belloso Vergara, José Ruiz Castro, Manuel Mosquera Gómez, Rafael Bautista Moreno, Juan Vázquez Carmona, Manuel Rodríguez Pintado, José Carmona Jiménez, José Rodríguez Gutiérrez. (….)
Fuente: Eduardo Rothe en http://www.telesurtv.net/bloggers/La-Cayetana-de-Alba-tenia-sus-asesinados-como-todo-grande-de-Espana-20141121-0001.html

POLICÍAS SACAN DE SU CASA A UNA ANCIANA DE 85 AÑOS, DESAHUCIADA POR AVALAR UN PRÉSTAMO DE SU HIJO

 
 
La anciana vivía en el barrio madrileño de Vallecas. La deuda con un particular es de 77.000 euros.

Carmen Martínez Ayuso, de 85 años, ha sido desahuciada en la mañana del viernes del número 10 de la calle Sierra de Palomeras, en el barrio madrileño de Vallecas. La mujer se ha visto obligada a abandonar la vivienda que habitaba desde hace cinco décadas tras avalar un préstamo de su hijo Luis Jiménez Martínez con un particular, Francisco M., por 40.000 euros. La deuda asciende ahora a 77.000 euros y el acreedor se ha negado durante el último mes a aceptar un alquiler social para Carmen, asegura la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas. La anciana está pasando la noche donde vive la novia de su único hijo, un domicilio en el que residen ocho personas. Su vivienda estaba valorada en 160.000 euros.

“Al ser un prestamista particular la negociación es más complicada porque este tipo de gente va directamente a por la casa. No les interesa cobrar la deuda porque judicialmente la vivienda ya es suya”, sostiene PAH Vallecas. La plataforma asegura haber reunido durante la mañana del viernes a un centenar de personas, un número similar al que bloqueó en primer lanzamiento hace unas semanas. “En aquella ocasión apenas vino un coche de la Policía Municipal a acompañar a la comisión judicial, hoy han venido siete lecheras de Policía Nacional y han acordonado la zona desde las siete de la mañana”. Por su parte, la Policía Local asegura que no ha habido incidentes y que el número de furgonetas depende de las órdenes de servicio.
"Tenemos que ir a asuntos sociales para ver dónde la podemos realojar. Mi mujer y yo tampoco la podemos meter en mi casa porque yo estoy de mudanza y tenemos dos niños. La podemos tener algún fin de semana, pero no hay hueco para ella", explica su nieto Luis Miguel, de 30 años.
Luis no informó a su madre de la situación hasta dos días antes del primer lanzamiento. Fueron su nieto y su mujer los que han luchado por salvar el hogar de su abuela y pidieron ayuda a PAH Vallecas. Luis Pidió el dinero hace cuatro años por los problemas económicos que pasó tras su separación. Perdió su empleo como vendedor de pisos y pasó muchos apuros. El marido de Carmen, que vive con una pensión mensual de 630 euros, falleció por cáncer de garganta hace siete años. Fue entonces cuando Luis se hizo con los poderes de la vivienda. "Mi padre no ha querido decir nada y nos enteramos tarde del desahucio. A última hora se ha preocupado y ha hecho lo que ha podido", explica Luis Miguel.
Carmen ha sido ama de casa toda su vida y ganaba dinero limpiando otros domicilios. El nieto se reunió en persona con el prestamista, Francisco M. "Vino con su abogado y le dio igual que le pidiéramos un alquiler, dijo que tenía que irse a vivir allí. Tuvo que marcharse porque empezaron a tirarle piedras". No han vuelto a hablar desde entonces.
PAH Vallecas subraya que el drama de Carmen no es un caso aislado: “Hace días hemos vivido un caso similar en Tetuán. Este tipo de gente se parapeta en que su función es sacar dinero y muchos son conscientes cuando te dan el préstamo de que no vas a poder devolverlo”.
Y mientras estas barbaridades suceden, la gente desclasada se preocupa de la muerte de una terrateniente y del encarcelamiento de una folclórica defraudadora.
Fuentes: El País/ inSurGente