La exploración en minerales no ferrosos, por ejemplo, subió, apenas
en el lapso de una década, de US$2.000 millones a US$18.000 millones.
Con respecto a 2002, el precio del oro y el cobre se multiplicó por más
de cinco, según datos de Ecolatina.
La participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) de
países como México, Bolivia o Colombia supera hoy el 10%. En Chile, la
participación es del 15%.
El caso de Perú es bien diciente. En 2013, la inversión privada en
ese país aumentará un 9,6% y de esa cifra, el 45% provendrá del sector
minero, según análisis de la Cámara de Comercio de Lima. Eso significa
que la minería aportaría cerca de US$17.000 millones de los US$38.000
millones de inversión privada previstos para 2013.
La cartera de proyectos mineros en Perú, requerirá una inversión de US$53.000 millones.
República Dominicana, México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina
serán países clave para la inversión minera, en exploración de nuevos
proyectos y en minas ya en producción.
La encuesta anual de BNAmericas a los representantes del sector
minero en América Latina, pinta un panorama complejo, en el que las
dificultades para el acceso a financiación y el riesgo sociopolítico son
los mayores factores de preocupación. Y, de acuerdo con los
encuestados, el incremento en los costos de la exploración minera estará
presente en el año 2013.
Chile sigue siendo el país con el mejor clima para la inversión, así
en 2012 haya habido un 30% de incremento en los costos. Argentina, en
este momento, es el país de mayor riesgo en América Latina para la
inversión minera, según varios analistas. Sin embargo, dicho sector se
consolida como uno de los pilares de la economía de ese país. Según
fuentes oficiales, la minería fue factor fundamental para un superávit
comercial, en 2012, de US$10.000 millones.
De acuerdo con la consultora Abeceb, la balanza comercial minera en
Argentina cerró el año 2012 en negro: un saldo positivo de US$ 2.988
millones, en razón del crecimiento de las exportaciones.
http://www.cpampa.com/web/mpa/2013/05/america-latina-epicentro-de-la-inversion-minera-mundial/
Estudio señala impacto negativo de minería canadiense en América Latina
Informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
busca establecer la responsabilidad extraterritorial de Canadá en la
violación de derechos humanos producto de la actividad minera de gran
escala, así como regular la facilidad con que se desarrollan las
inversiones extranjeras. El caso de Pascua Lama, de la empresa Barrick
Gold, es uno de los 22 proyectos analizados en nueve países de la
región.
A partir de la resistencia desarrollada por diversas
comunidades en el contexto latinoamericano, se han visibilizado varios
conflictos ligados a la minería de gran escala, cuyas consecuencias se
constatan en el medio ambiente y en la vulneración de derechos humanos.
Así lo plantea un grupo de ONGs que presentó esta semana ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe titulado
“El impacto de la minería canadiense en América Latina y la
responsabilidad de Canadá”, en el que se identifican varios patrones
sobre el actuar de las empresas de ese país, las que representan entre
el 50 y el 70 por ciento del total de la actividad.
Además, el
texto establece que a pesar de que las autoridades canadienses conocen
las problemáticas de los casos estudiados, continúan entregando apoyo
político, jurídico y financiero a los operadores de los proyectos.
En ese contexto, y con la finalidad de reflexionar y plantear
estrategias comunes frente a los efectos de las trasnacionales, se
constituye en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos
en América Latina, autores del informe.
Una de las siete
organizaciones integrantes es el Observatorio Latinoamericano de
Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo director, Lucio Cuenca, apunta tanto
a la responsabilidad del Estado canadiense y sus empresas, como también
a los gobiernos que no aseguran una legislación para garantizar los
derechos humanos de la ciudadanía.
“En la mayoría de los países
donde se ha intensificado la inversión minera canadiense, esto ha
significado en muchos casos una serie de conflictos y vulneración de los
derechos humanos. Hay que fortalecer una regulación que tiene que ver
con la facilidad y los incentivos que hoy tienen las inversiones
extranjeras. Incluso los gobiernos compiten para ver quien les da más
garantías”, analiza.
Al momento de elaborar el documento, los
datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)
registraban alrededor de 198 conflictos activos ligados a la minería de
gran escala. Con esa información se seleccionaron 22 proyectos altamente
contaminantes, gestionados y ejecutados por 20 empresas canadienses,
cuyas filiales han desarrollado trabajos en Argentina, Chile, Colombia,
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.
Críticas contra Pascua Lama
En el caso de Chile, el estudio apunta a Pascua Lama, el proyecto de
extracción de oro de la empresa Barrick Gold, instalado en la región de
Atacama. Sus prácticas y funcionamiento son criticadas por la diputada
Yasna Provoste, ex intendenta e integrante de la comisión de Minería y
Energía de la Cámara.
“En lo que ha sido una mala política de
Pascua Lama no solo hemos visto un deterioro desde el punto de vista de
la calidad del ambiente, sino que también una fragmentación muy fuerte
respecto del tejido social. Esto, porque algunas malas empresas
entienden que la responsabilidad social es entregar dinero para dividir a
comunidades, que es lo que hemos visto a partir del proyecto Pascua
Lama. Y tampoco me parece justo extender las malas prácticas de Barrick
Gold al resto de la gran minería”, explica.
Además de destacar
los negativos impactos ambientales que se generan con la contaminación
del aire, las aguas y el suelo, el estudio plantea otras condiciones
ligadas a la actividad minera: existencia de marcos jurídicos
deficientes; desinterés por los pueblos indígenas, reservas naturales y
zonas protegidas; escasa participación ciudadana; y poca efectividad de
los recursos judiciales.
En cuanto a los impactos
socioeconómicos, se identifica la alteración de las fuentes de ingreso y
de los modos de subsistencia, lo que genera un mayor empobrecimiento, y
las promesas de prosperidad, empleo y soluciones rápidas a la situación
de vulnerabilidad de las poblaciones que habitan las regiones mineras.
Asimismo, destaca la criminalización de la actividad de defensa de
derechos, el cierre de espacios institucionales de diálogo y la
exacerbación de la violencia, amenazas y hostigamientos, además de
desplazamientos forzados y división de las comunidades.
Todos
estos factores son constatados por Juan Carlos Labrín, coordinador del
movimiento SOS Huasco, valle que ha sido afectado por los trabajos de
Pascua Lama.
“La minera aún no empieza su proceso de extracción
y ya ha causado daños irreparables en el ámbito social de los
trabajadores, donde llegan muchos trabajadores, mucha droga, se masifica
la prostitución, inclusive infantil. La megaminería promete muchas
cosas en cuanto a progreso y desarrollo, pero en términos concretos de
crecimiento de una sociedad no lo hemos visto. Incluso, cada vez vemos
más pobreza en los distintos valles, ya que la gran minería va acabando
rotundamente con la agricultura y la ganadería”, denuncia.
A
esto se suma, de acuerdo al informe, la cesión o venta de tierras por
parte de las comunidades que habitan las zonas de los proyectos,
producto de engaños, maniobras fraudulentas o desalojos forzosos.
Por ello, el objetivo que se plantean las ONGs es abordar la
responsabilidad extraterritorial del Estado canadiense respecto del
comportamiento de sus empresas, considerando el apoyo económico y
político que reciben, el blindaje que poseen a través de acuerdos de
libre comercio, la injerencia en los demás países, además de un marco
jurídico que no permite prevenir y sancionar las violaciones de derechos
humanos ocasionadas por la actividad minera.
http://radio.uchile.cl/2014/04/24/estudio-senala-impacto-negativo-de-mineria-canadiense-en-america-latina
Link al informe:
https://ia902509.us.archive.org/34/items/ElImpactoDeLaMineraCanadienseEnAmricaLatinaYLaResponsabilidadDe/D48953_DPLF_Spanish_LOWRES.pdf
Los demonios de la minería en América Latina
Saquean empresas mineras a países de la América Latina con el
consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de
contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico,
cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales,
por el método de extractivo a cielo abierto.
Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al
día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la
molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.
La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados
que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el
metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los
aprovechamientos. Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y
la piel sufre de hiperqueratosis.
La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América,
los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el
acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y
detiene.
Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país juega un
papel preponderante en esta depredación porque el 60 por ciento las
corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con
pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento
del total se registra en territorio canadiense.
En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan
solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que
extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor
inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.
El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en
las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio
para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en
la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.
El paraíso de las mineras
Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores de
Toronto con más facilidades que en otros centros financieros en el
mundo, porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas
voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.
Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining
Watch Canada, asegura que también que existen ventajas tributarias: no
pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones
exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la
promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos
de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca
implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a
solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para
demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.
Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha
o interfieren con gobiernos o activistas, uno de ellos en España, en
Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez; en
Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o
reformas de una ley minera; en Filipinas y Costa Rica también
participan al promover o mediar en conflictos de empresas.
En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios
canadienses fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso,
por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno
canadiense, se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa
Blackfire Exploration que se le involucra en el conflicto por
actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y
en los documentos se detalla que sabían de existencia de activista
antes de su asesinato.
En Morelos, habla Moore sobre la intervención de la embajadora Sara
Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó
protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.
Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por
la Minera (REMA), asegunda a Moore en el tema las facilidades ofrecidas
por el gobierno canadiense, al afirmar que este 60 por ciento de
empresas, emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock
Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil
millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un
tercio del total mundial.
La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor
directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de
las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron
administradas por el TSX.
Relatoría de la ONU y sus asegunes
En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un
reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los
territorio del globo terráqueo por la industria extractiva.
Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos
naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en
territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las
fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos
indígenas en todo el mundo”.
En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación
para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de
garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su
territorio ni en sus recursos naturales.
Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de
los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los
pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.
“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del
Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la
existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos
de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así
como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de
extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las
decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el
comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y
recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores
públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos
que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que
las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la
administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la
minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos
naturales”.
Según Silvia Herrera, asesora de proyectos para la Red Internacional
de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los
pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia,
para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del
Estado sea débil o nula.
Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator
Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel
internacional, en el momento de la instalación de una empresa
extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el
consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer
minerales en América.
Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad
afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los
Guarani-Kaiowá en Brasil.
“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y
jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169
creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de
proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus
consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos
indígenas- son aún una constante en América Latina”.
Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial,
pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la
“extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y
las empresas, pues considera que en América Latina no existen las
condiciones, al menos en el corto plazo, para que se logre por el
sistemático abuso de las negociantes mineras.
Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator
Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la
instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones,
considera que el Estado o los gobiernos están obligados a que se
realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero
el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma
otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.
Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su
derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de
entablar negociaciones directamente con las empresas si así lo desean.
De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos
indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a
acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los
territorios indígenas que respeten plenamente los derechos de los
pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de
promover sus propias prioridades de desarrollo”.
Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición
contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es
el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados
de la consulta.
Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril
distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida
diligencia. “Las consultas y el dialogo encaminado a definir el modelo
de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a
otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la
parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.
Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la
ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos
países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque
tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para
convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de
minerales, con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a
los habitantes de las comunidades.
En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América
Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y
en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la
instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e
indígena en los lugares.
El trabajo en México
Eleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la
sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un
minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa
adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.
Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero
las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca
fracturada en los pulmones.
Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que
las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los
geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo
hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.
Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas
y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis,
el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero
durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró
una sola quincena hasta que lo despidieron.
Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que
hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y
constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron
de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.
No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no
interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en
claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación
con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral. Está
esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel.
Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina
serrana sin goce de sueldo.
En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET),
existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras.
Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y
Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis
Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de
México.
Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales
para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), habla de una disputa entre
los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez
Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos
laborales y en los contratos durante la administración federal
panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras
prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos
laborales patronales”.
En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones
de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de
Galeana en el estado norteño de Durango y en Carrizalillo, en
Guerrero. “Ello genera un ambiente hostil en la contratación de
trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato
de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero,
por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la
partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.
Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los
sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra
empresas mineras, dice.
El outsoursing viene a la alza en México, y considera Mijangos que
dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran,
porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y
se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones
laborales.
Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los
sindicatos y los administradores del outsourcing abusen, y si algún
trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o
familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo, y por
esto ya no realizan demandas.
Defender lo sagrado
En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de
extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por
First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa
Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa de Carlos Slim
Helú.
Es una zona protegida, la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta
desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando
aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la
reserva, el 70 por ciento.
La movilización es pacífica y es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice
Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de
Wirikuta. Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales la razón jurídica.
No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las
movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.
Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa,
porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios
cercanos, y principalmente de Real de Catorce siembran la noticia
falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos
adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos.
Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el
movimiento”.
El apoyo institucional al extrativismo
Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el
territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo
abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas
extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.
También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal,
-dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para
la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno
nacional”.
Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra
entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.
Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los
españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan
comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en
toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y
sacarse a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas.
Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la
imposición de la minería en los pueblos”.
El conflicto andino
El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana,
Epifanio Baca Tupayachi, relata
que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años
lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y
alude a los casos de Minas Conga y Tía María, en la gente se opone a la
actividad minera.
Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las
empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la
extracción o fuentes en empleo; otros para evitar la depredación de los
recursos naturales de la zona, asienta.
Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los
precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que
es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación,
salud, o ser competitivos, alega.
Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.
El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch
Institute, Carlos Monge, habla de los principales problemas generados
en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una
complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental
y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.
Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio
político en cada región, y se vinculan. “En el caso de Tía María, la
municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera
por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.
En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se
reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”.
Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su
presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite
la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se
vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de
altura.
En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en
el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del
lugar el que ocupa el cargo, afirma.
Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de
las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el
espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se
practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas,
“es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las
casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.
Lo promueven como país minero
En el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la
vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004
el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil
400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de
la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.
Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un
papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares
donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares
habitados incluso.
Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que
el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales
–asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son
minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería
a cielo abierto se efectúe.
Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en
Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de
metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con
el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación
La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de
explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de
narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se
forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio
de metales.
Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la
resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de
Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para
saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este
sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios
cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.
Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este
mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es
lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para
negarse a una empresa”. Y anuncia una secuencia de consultas para
saber si las comunidades desean o no la instalación de las mineras en
su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.
Se quedan sin agua
En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación
del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la
frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.
Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital
líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en
la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con
Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El
Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para
detener las concesiones colindantes.
Asegura que se socializa con las comunidades para lanzar la Ley
Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.
Frenar por fisuras en la Ley
El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del
Colectivo Selva Madre, y no solamente aplica en la minería, sino
también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que
se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando
lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero
igual la resistencia civil; hace ya dos años no se les permite la
entrada.
Luego del Golpe de Estado, campo libre
En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se
generó la posibilidad de de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya
son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las
empresas.
Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes
Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los
hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías
mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia
recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de
minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre
empresa.
El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley
Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo
en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y
plata principalmente.
Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus
ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el
ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los
megaproyecto para extraer metales.
Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan
las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de
la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país
centroamericano.
Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el
pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la
estrategia para detener el saqueo del subsuelo.
Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los
proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan
los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre,
son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos
reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos
Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle
de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar,
son irreversibles, pues hay personas con úlceras en la córnea e iris
irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel,
también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la
sindactalia, que son dedos unidos.
Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños
colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse
durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no
duermen.
Cooperativismo disfrazado
En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para
fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera
corporativista en los pueblos, pero 20 años después, con los precios de
los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un
problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional,
y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas
canadienses, japonesas, suizas y belgas.
El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del
gremio minero que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción
por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas
trabajando.
Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al
sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman
corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena
parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.
En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros,
porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están
exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo
de economías agropecuarias”.
http://www.sdpnoticias.com/columnas/2014/03/10/los-demonios-de-la-mineria-en-america-latina
Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina
http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/