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sábado, 3 de mayo de 2014

¿ PUTA VIDA O VIDA DE PUTA MADRE?

sábado, 3 de mayo de 2014


La “puta vida” de Soraya Saénz de Santamaría: Desde que entró en política ya lleva ganados al menos 1,2 millones de euros (2004-2011) y la periodista Yolanda González ha documentado que el 49,6% de ese dinero lo obtuvo al margen de sus sueldos públicos.¿Puta vida o vida de puta madre?

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha declarado que en su “puta vida” ha recibido un “sobre” con sobresueldos. Desde que entró en política ya lleva ganados al menos 1,2 millones de euros (2004-2011) y la periodista Yolanda González ha documentado que el 49,6% de ese dinero lo obtuvo al margen de sus sueldos públicos. ¿De donde salió? Misterio, pues en su declaración de bienes enviada al Parlamento no especifica nada. 

Y si esto es ya escandaloso, sorprende aún más lo que gastó en sus 878 contratos públicos firmados en 2013: desde ginecólogo gratis para ella y sus 700 funcionarias (porque Soraya posee 1700 asistentes a su servicio en el Palacio de la Moncloa) hasta un generoso abanico de contratas para servicios de prensa para todas las agencias españolas y algunas extranjeras, el principal de ellos destinado a la Agencia Efe en forma de subvención encubierta y al margen de todo razonable precio de mercado. Y no se para ahí: cuando se va de compras por la “milla de oro” madrileña se lleva 7 escoltas y cuando vuelve a Palacio vuelve a firmar como una posesa contratos públicos de lo más variado y oneroso, aunque la actual oposición ni lo investiga ni lo denuncia. “Espía en el Congreso” sí lo ha hecho y este es el resultado.

SE CONFIRMA EL FRACASO DE LA TOMA DE SLAVIANKS




3 de mayo de 2014

Y es que los soldados no combaten: miran a los vecinos; sin embargo el nazi Turnichov dice que la operación se ha ralentizado porque las milicias de la ciudad "están usando escudos humanos". Por favor que alguien bote ya a ese payaso... Última hora: Altos mandos militares ucranianos piden ayuda a Rusia para confrontar las bandas criminales de Sector Derecho y de mercenarios extranjeros a los que Turchinov paga por muerto. Cinco cazas rusos entran en el espacio aéreo de Ucrania. Yulia, ratera, creemos que te queda poco. Pero tranquila siempre tendrás una Dolores "la mantillona" que te ofrezca exilio Fascistas con fascistas casan.




Uno de los pilotos del helicóptero averiado hoy fue abandonado a su suerte por los suyos, ahora lo protegen las milicias populares de la ciudad.

Tomado del controlador y de Alberto Sicilia.

Comunicado oficial, la operación de Kiev contra las ciudades prorrusas: FRACASO.

Cinco cazas despegaron pero cuatro han aterrizado de nuevo, en el aire solo queda uno y porta armamento (anti-Blackwater suponemos, N. de E.)

"Los generales de Kiev nos dijeron que érais terroristas. Veo que no lo sois" (oficial militar a los ciudadanos de Slavianks



Cascos de combate de 2 modelos , el antiguo y el que les ha enviado el Pentágono. Para poco sirven


Vecinos  montan una barricada de neumáticos delante de soldados que miran como si tal cosa


Enfrentamiento en Kiev entre ultras del Maidán por el nuevo fracaso.

Se empieza a confirmar que los muertos de hoy durante la "ofensiva" son debidos a combates entre ellos, o lo que es lo mismo: entre militares, ultras de Sector Derecho y milicianos extranjeros pagados por Turnichov y Yulia Timochenko la ladrona,

Vecinos "combatiendo" contra los tanques


Los medios del  régimen franquista de Madrid comienzan a denominar "régimen" a la Junta golpista de Kiev. Quién los ha visto y quién los ve...



CÓMO LA OTAN VA ABSORBIENDO UCRANIA


Esta retrospectiva sobre las relaciones entre la OTAN y Ucrania relativiza la visión que cada cual pudiera tener de los recientes acontecimientos de Kiev. El hecho es que, desde 1991 y la adhesión al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, Ucrania ha venido acercándose a la OTAN de manera aparentemente inexorable y sin consultarlo con su población.
| Chicago (Estados Unidos)  
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Bruselas, 1º de abril de 2014. De izquierda a derecha Andrei Deshchytsia, actual ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, y el general estadounidense Philip Breelove, Comandante Supremo de las fuerzas aliadas en Europa.
Las fronteras terrestres y marítimas de Ucrania con Rusia, 2 400 kilómetros en total, son la frontera más extensa de la Federación Rusa con sus vecinos del oeste. Le sigue la frontera con Finlandia.
Hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, había un solo miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que tenía una frontera común con Rusia: Noruega, con sólo 217 kilómetros de frontera. Turquía, por su parte, tenía fronteras con varias repúblicas soviéticas.
Durante la década de expansión de la OTAN, iniciada en 1999, aparecieron en los confines del territorio ruso 4 nuevos miembros del bloque militar que encabeza Estados Unidos: Estonia y Letonia, que limitan con el noroeste de Rusia, mientras que Polonia y Lituania limitan con Rusia sólo indirectamente por tener fronteras con el enclave de Kaliningrado.

La absorción de Ucrania por la OTAN como miembro pleno de esa alianza militar –o incluso en las actuales circunstancias, o sea como interlocutor que pusiese a la disposición de la OTAN su territorio, su ejército y sus infraestructuras militares– tendría por consecuencia –con la posible adhesión de Finlandia– la ocupación de todo el frente occidental de Rusia, desde el Océano Ártico y el Mar de Barents por el norte hasta el Mar Negro por el sur, no sólo por bases aéreas de la OTAN sino también por sus instalaciones portuarias, sus rampas de lanzamiento de misiles, sus campos de entrenamiento, sus aeródromos militares, sus depósitos de material de guerra, sus centros de guerra cibernética, sus baterías antimisiles, sus vehículos blindados, sus tropas y su armamento nuclear táctico.

Hace varias décadas que Ucrania es, teóricamente, el elemento fundamental y decisivo de los planes de Estados Unidos y la OTAN para implantar un cordón sanitario que separaría a Rusia de Europa.

En 1995, o sea sólo 4 años después de la disolución de la URSS, Ucrania fue el primer miembro de la Comunidad de Estados Independientes ex soviéticos que se asoció al aparato de la OTAN con vista a la absorción final de toda Europa y de las antiguas repúblicas soviéticas que todavía no se habían integrado al bloque militar atlántico en el marco de programa designado como «Asociación para la Paz». Las 12 naciones del este de Europa que fueron incorporándose a la OTAN en 1999, 2004 y 2009, habían comenzado afiliándose a ese programa. En la lista de espera se encuentran actualmente otros 22 miembros de esa «Asociación para la Paz» en plena transición hacia la adhesión a la OTAN: los 14 países europeos que todavía no son miembros de ese bloque militar –exceptuando Rusia–, las 3 repúblicas ex soviéticas del sur del Cáucaso y las 5 del Asia central.

Dos años más tarde, la OTAN instauraba la Carta de Asociación específica entre esa alianza militar y Ucrania [1], a partir de la cual se creó la Comisión OTAN-Ucrania, que sigue activa en este momento –en realidad más activa que nunca después del violento golpe de Estado registrado en Ucrania en febrero de 2014.

En diciembre de 2008, o sea 4 meses después de que el gobierno georgiano de Mijaíl Saakachvili desencadenara la invasión de Osetia del Sur –desatando así una guerra de 5 días con Rusia–, Ucrania y Georgia fueron los primeros Estados en unirse a los programas anuales nacionales elaborados por la OTAN. Algún tiempo antes, el mismo año y durante la cumbre de la alianza atlántica realizada en Bucarest (Rumania), se anunció que aunque esas 2 repúblicas ex soviéticas no llenaban todavía la última condición requerida para su entrada en la OTAN –el Plan de Acción para la Adhesión– ese bloque militar estaba dispuesta a aceptarlas. Entre las figuras públicas que hacían campaña a favor de ese Plan de Acción para la Adhesión estaba el entonces presidente del parlamento ucraniano, Arseni Yatseniuk, hoy primer ministro designado –o más bien impuesto– por Estados Unidos y dirigente de facto de la junta que ocupa el poder en Kiev [2].

En realidad, desde enero hasta marzo de 2008 y en previsión de la cumbre de la OTAN que iba a celebrarse en abril de ese mismo año, la oposición parlamentaria impidió el funcionamiento del parlamento ucraniano en protesta contra la absorción del país por la alianza atlántica. Dentro de Ucrania, el principal esfuerzo por acelerar la incorporación del país a la OTAN provenía de la diarquía nacida de la supuesta «revolución naranja» de 2004-2005: el presidente Viktor Yushchenko y la primera ministra Yulia Timochenko. Y esa incorporación era de hecho el objetivo que buscaban Washington y sus aliados europeos al respaldar y dirigir aquella nueva «revolución de color», después de la que se había orquestado en Georgia el año anterior [3] [4].

Encabezando la Cumbre de la OTAN realizada en Bucarest, el presidente estadounidense George W. Bush y John McCain, por entonces postulante a la nominación republicana como candidato a la presidencia de Estados Unidos –nominación que finalmente obtuvo– así como los dos postulantes a la nominación demócrata, Barack Obama y Hillary Clinton, respaldaron con extremo entusiasmo la posible adhesión de Ucrania y Georgia a la OTAN.

Un año antes de la «revolución naranja», el predecesor de Yushchenko, Leonid Kuchma, había tratado de apaciguar los ardores de Estados Unidos y la OTAN enviando 1 650 soldados a Irak como miembros de la coalición militar lidereada por la alianza atlántica. También se había asignado un contingente simbólico de soldados ucranianos a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Afganistán, en el marco de una acción en la que participaron 50 países. Pero Kuchma aprendería más tarde, al igual que otros, que los «socios» de la OTAN que dirigen ese bloque militar desde Washington y Bruselas sólo aceptan dos cosas: obediencia total y la sumisión más abyecta.

Georgia enviaría 2 000 hombres –en aquel momento el contingente más grande, después de los de Estados Unidos y Gran Bretaña– que acabaron siendo repatriados en 2008 en aviones estadounidenses durante el enfrentamiento militar entre Georgia y Rusia. El régimen «naranja» del presidente Viktor Yushchenko fue acusado entonces de haber enviado armas clandestinamente, en los aviones estadounidenses utilizados para repatriar a los soldados georgianos, y de haber permitido y probablemente organizado el despliegue de fuerzas paramilitares y de militares nacionalistas extremistas en Georgia durante el enfrentamiento con Rusia.

En cuanto terminó la guerra del sur del Cáucaso, Yushchenko voló a la capital georgiana para participar allí en un gran mitin propagandístico a favor del presidente Saakachvili. Inmediatamente después, ya de regreso en Kiev, firmó un decreto exigiendo que Rusia «declarase» a Kiev –por «declarar» debe entenderse aquí «pedir autorización»– todo despliegue aéreo o naval desde las instalaciones militares rusas del Mar Negro, en Sebastopol, al igual que todo regreso de fuerzas rusas a esas instalaciones, orden que constituía de hecho un bloqueo selectivo.

En 2006, al principio discretamente y más tarde abiertamente, directores y miembros oficiales de la Missile Defense Agency del Pentágono viajaron regularmente a Ucrania para negociar con ese país el despliegue en su territorio de elementos de misiles antibalísticos en el marco del proyecto de escudo antimisiles tierra-mar desarrollado por la administración Obama como parte del programa EPAA (European Phased Adaptive Approach). Aprobado unánimemente por los 28 países miembros de la OTAN, ese escudo fue desplegado a lo largo de la frontera occidental –y más tarde también de la frontera sur– de la Federación Rusa.

Todos los años, desde 1996, se desarrollan en Ucrania, y bajo la vigilancia estadounidense, los ejercicios militares designados como Sea Breeze (Brisa Marina) auspiciados por la mencionada «Asociación para la Paz» de la OTAN. Hay que precisar que esos ejercicios se realizaban precisamente en Crimea y no lejos del cuartel general de la flota rusa del Mar Negro. En 2006 hubo que suspenderlos temporalmente debido a las protestas de la población local.

También bajo la dirección del Mando de Estados Unidos en Europa (EuCom), se desarrollan anualmente en Ucrania los ejercicios militares de la operación Rapid Trident, con la participación de tropas de Estados Unidos, de la OTAN y de los países de la «Asociación para la Paz». Según los términos del EuCom, consignados en el parte sobre los ejercicios de 2013, Rapid Trident «contribuye a formar a los participantes para permitirles operar con éxito en un entorno asociativo, multinacional e integrado con apoyo de las naciones receptoras (…) [está] concebido de manera que facilite la interoperabilidad militar común con las naciones aliadas y asociadas» y para «respaldar, por una parte, el programa nacional anual de Ucrania con vista a una interoperabilidad exitosa con la OTAN y, por otro lado, los compromisos contraídos cada año a través del plan de operaciones entre la OTAN y Ucrania.»

En diciembre de 2008 –precisamente el mismo mes en que la OTAN inauguraba su Programa Nacional Anual con Ucrania–, Washington publicó su Carta de Asociación Estratégica Estados Unidos-Ucrania, cuya documento fundador estipula y precisa, entre otros objetivos [5]:
«Profundizar la integración de Ucrania en las instituciones euro-atlánticas es una prioridad común. Nuestro objetivo consiste en un programa de mejoría de la cooperación en materia de seguridad para aumentar las capacidades defensivas de Ucrania y fortalecer su derecho a la candidatura para la entrada en la OTAN.

Nos guían los principios enunciados el 3 de abril de 2008, durante la Cumbre de Bucarest, en la Declaración del Consejo de la OTAN y en la Declaración Común de la Comisión OTAN-Ucrania del 4 de abril de 2008 que afirma que Ucrania está destinada convertirse en miembro de la OTAN.

Reconociendo que persisten amenazas contra la paz y la estabilidad mundiales, Estados Unidos y Ucrania tienen como proyecto ampliar e intensificar sus programas de cooperación y ayuda ya en marcha en cuestiones de defensa y seguridad, para eliminar esas amenazas y promover la paz y la estabilidad. Una asociación entre Estados Unidos y Ucrania basada en la defensa y la seguridad no puede más que resultar beneficiosa para las dos naciones y para esta región del mundo.

Nuestro objetivo, a través de ese trabajo efectuado en el marco de la Comisión OTAN-Ucrania, es alcanzar un acuerdo sobre un proyecto estructurado que permita aumentar la interoperabilidad y la coordinación de las fuerzas entre la OTAN y Ucrania, sobre todo mediante una intensificación de los ejercicios de entrenamiento y la entrega de equipamiento a las fuerzas armadas ucranianas.»
En 2010, Ucrania fue el primer asociado a la OTAN que envió un buque de guerra a Active Endeavour, operación marítima de vigilancia y neutralización que se desarrolla por tiempo indefinido en todo el Mediterráneo desde que se activó –en 2001– la cláusula de asistencia militar mutua estipulada en el Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte.

En 2013, Ucrania completó las disposiciones anteriormente mencionadas al convertirse en el primer asociado de la OTAN en enviar un navío de guerra a Ocean Shield, otra operación de la alianza atlántica que ya cuenta 5 años de duración y que, al igual que Active Endeavour, se extenderá por tiempo indefinido con un despliegue de fuerzas a todo lo largo del Cuerno de África, en el Mar de Arabia y más allá, hasta el Océano Índico.

Antes del inicio de los desórdenes civiles que estallaron en Ucrania en noviembre de 2013, la OTAN ya se jactaba de contar a Ucrania entre sus 4 asociados destinados a integrar la Fuerza de Reacción de la alianza atlántica. Los otros 3 son Georgia, Finlandia y Suecia.

Ahora, gracias al régimen títere instalado en Kiev por Estados Unidos y la OTAN, las esperanzas de los dirigentes occidentales de convertir Ucrania en una gigantesca base militar del Pentágono y la OTAN –cuyo avance hacia el este ya ha durado toda una generación–, repleta de consejeros militares occidentales, de agentes de inteligencia, aviones de guerra, unidades blindadas, soldados y misiles, alcanzan un clímax de ambición e irresponsabilidad de niveles hasta ahora inimaginables.

EXPERTOS DENUNCIAN QUE LOS RECORTES SANITARIOS AMENAZAN LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES Y LAS ESPAÑOLAS


por Elena Herrera 
 
Viernes, 02 de Mayo de 2014 

Ocho científicos alertan en la prestigiosa revista 'The Lancet' de que los recortes han provocado una erosión en la cobertura sanitaria universal y van en contra de las recomendaciones de la ONU. Señalan que los copagos son pequeños gastos directos que suponen una barrera para un tratamiento eficaz. 
 
Los recortes sanitarios han provocado una "erosión" en la cobertura sanitaria universal y van en contra de las recomendaciones de la ONU. Es la principal denuncia que ocho investigadores de varias instituciones nacionales e internaciones hacen en un artículo sobre el sistema sanitario español en la prestigiosa revista científica The Lancet. En este texto denuncian que en España se ha reducido el presupuesto en materia sanitaria "por razones de austeridad" a pesar de que el gasto público "ya era uno de los más bajos de Europa". Además, destacan que, mientras que Naciones Unidas anima a los Gobiernos nacionales a avanzar hacia una asistencia sanitaria universal, en España se ha "socavado" este acceso con una reforma sanitaria "sin trámite parlamentario" que "limita" la sanidad pública. Así, recuerdan que, según datos oficiales, 873.000 personas han perdido el derecho a la sanidad normalizada en España.


"Recortar la atención sanitaria y los programas de bienestar social en un momento de fuerte recesión económica tiene graves consecuencias para la salud. Es una evidencia", dice a infoLibre desde Londres, donde desarrolla su labor investigadora en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, Helena Legido-Quigley, una de las firmantes del artículo. A su juicio, este trabajo es una especie de aviso a navegantes para las autoridades españolas sobre el riesgo que supone la insistencia en medidas "temerarias" de austeridad. "Viendo el impacto que está teniendo para la salud de la población políticas de recortes llevadas a cabo por otros gobiernos, podemos pensar que esto también puede acabar pasando en España", alerta.

En este sentido, cita otras investigaciones recientes que dan cuenta de que España el número de pacientes con dependencia y abuso del alcohol se ha multiplicado por seis entre 2006 y 2011. O que en Grecia han aumentado un 224% los casos de VIH entre los consumidores de drogas por vía intravenosa. Como consecuencia del recorte de los programas de fumigación contra mosquitos, Grecia sufrió su primera epidemia de malaria en muchas décadas, alertaron los investigadores David Stuckler, de la Universidad de Oxford, y Sanjay Basu, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Stanford, en el libro El coste humano de las políticas de recorte: por qué la austeridad mata (Taurus).

Los firmantes del artículo recuerdan que Médicos del Mundo –cuyo presidente, Álvaro González, es uno de sus autores– ha contabilizado hasta 1.192 casos de personas que no pudieron recibir la atención a la que tenían derecho "por no tener la documentación adecuada, por problemas en la interpretación de la reforma o por una cuestión de discriminación o racismo". Estas circunstancias, reconocen los autores, pueden tener "graves consecuencias para la salud" de los ciudadanos, sobre todo en lo que respecta a los afectados por VIH o tuberculosis, al tiempo que también puede suponer una "amenaza para el acceso al tratamiento de la salud mental, las adicciones y las enfermedades crónicas".

Hasta ahora, señalan desde esta ONG, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo como consecuencia del decreto que excluye a las personas sin papeles de la sanidad normalizada han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos –incluido el cáncer– o que sufren interrupciones en sus tratamientos. En este último caso han documentado falta de insulina para la diabetes o Sintrom para las cardiopatías. También han registrado casos de pacientes con patologías transmisibles como VIH o tuberculosis para las que no se han activado los protocolos correspondientes. E incluso enfermedades mentales sin seguimiento. La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias ha sido otra de las situaciones más habituales constatadas por esta ONG.

Médicos del Mundo también ha documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños a los que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Por otro lado, en el artículo de The Lancet, los investigadores denuncian que España también ha ido en contra de las recomendaciones de la ONU a la hora de modificar el copago farmacéutico o querer poner en marcha este sistema también en las farmacias de los hospitales. "Son pequeños gastos directos que son una barrera para un tratamiento eficaz", advierten.

Hace unos meses la revista British Medical Journal (BMJ) también se hacía eco de los recortes que se estaban llevando a cabo en la sanidad pública española, y en un artículo firmado por científicos del London School of Hygiene & Tropical Medicine de Reino Unido se advertía de que el "desmantelamiento" del Sistema Nacional de Salud (SNS) podía "poner vidas en riesgo".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/12/17/expertos_denuncian_que_los_recortes_amenazan_11096_1012.html

LAS CLOACAS DEL CAPITALISMO: CUANDO TENER YTRABAJO NO TE SACA DE POBRE


por Luis Matías López 
 
Sábado, 03 de Mayo de 2014 04:26 
 
Un 13% de trabajadores se halla bajo el umbral de la pobreza (8,9% en el conjunto de la UE). Un sueldo a fin de mes ya no es garantía de una vida digna. 
 
La pobreza suele estar asociada al desempleo, y más en un país como España con la cuarta parte de su fuerza laboral en paro. Así lo refleja el VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas. Sin embargo, hay algo no tan obvio: que un 13% de trabajadores se halla bajo el umbral de la pobreza (8,9% en el conjunto de la UE). Un sueldo a fin de mes ya no es garantía de una vida digna.

Viene esto a cuento de un libro de Barbara Ehrenreich, publicado por primera vez en 2001 en EE UU y que, traducido por Carmen Aguilar, edita Capitán Swing: Por cuatro duros. Como (no) apañárselas en Estados Unidos. Esta ensayista y periodista, dirigente del Partido Socialdemócrata norteamericano, protagonizó durante tres meses un experimento sociológico destinado a remover las conciencias de quienes, desde posiciones de privilegio, creen que, en el país de las oportunidades, solo es pobre quien no lucha para dejar de serlo.

Con la que está cayendo en España, puede parecer superfluo –si no exótico- tratar de la explotación de una buena parte de la fuerza laboral en EE UU, pero hay ocasiones en las que un espejo ajeno exterior refleja la imagen propia. En ésta, además, queda al desnudo el papanatismo sobre el idealizado modelo llegado desde el imperio. 

Ehrenreich, perteneciente a esa casta minoritaria de ingresos elevados y trabajo espiritualmente enriquecedor que puede pagarse caprichos, viajar al extranjero, habitar en una vivienda confortable, comer en buenos restaurantes, ahorrar para su jubilación y cuidar su físico en un gimnasio, se adentró en el tramo inferior de la escala laboral, el de los trabajadores no cualificados. Se encontró ahí abajo con salarios miserables de 6 o 7 dólares la hora (o de apenas 2,5 más propinas, en muchos restaurantes), condiciones de trabajo leoninas, jefes insensibles, precariedad, exigencias humillantes (como tests previos con preguntas sobre creencias y vida privada o análisis antidrogas) y falta de cobertura médica adecuada, de forma que caer enfermo o sufrir un accidente resulte económica y mentalmente inasumible. Fue un viaje a las cloacas del capitalismo en el país en que éste, más que una ideología, es una religión.

La repercusión de Por cuatro duros fue notable, aunque no tanta como para cambiar una situación vergonzosa que, desde entonces, no ha hecho sino deteriorarse. Constituyó un éxito instantáneo, un aldabonazo que llevó a su autora a dictar conferencias por todo el país, que recibió críticas muy favorables y la convirtió en blanco de acusaciones de ser una propagandista del comunismo llegadas de los sectores más derechistas y conservadores. El texto se convirtió incluso en lectura obligada en varias universidades, no sin campañas de protesta y boicoteos en alguna de ellas.
Ehrenreich no descubrió nada que no estuviese a la vista de todo aquel que se molestase en mirar en derredor. No era un fenómeno marginal, sino que afectaba a un sector significativo de la población. No se trataba de un método nuevo de reflejar la injusticia y la desigualdad, en el país en el que son marca de la casa. Nada que no se reflejase en la autobiografía de Woody Guthrie o en Las uvas de la ira, de Steinbeck.

Sin embargo, el paisaje  no era como en esos dos casos el de una gran depresión, sino el de “una época de prosperidad aparentemente ilimitada”. Porque la inmersión de Ehrenreich en ese submundo se produjo a finales del siglo XX, cuando se forjaban fortunas fabulosas sobre pompas de jabón especulativas, se rozaba el pleno empleo y eran los empresarios los que necesitaban con urgencia trabajadores. Y, sin embargo, precisamente allá donde rige la suprema ley de la oferta y la demanda, eso no se tradujo en una mejora sustancial de salarios y de condiciones laborales y sociales entre los trabajadores no cualificados.

Si hubiese que pensar en una época similar en España sería la de los años previos a la actual recesión, 2006 o 2007, cuando el desempleo era relativamente bajo (en torno al 8%), lo que facilitaba la acogida masiva de millones de inmigrantes que copaban el servicio doméstico y los trabajos más duros en la construcción. Aquí, alimentados por las mafias y la codicia empresarial, también germinaron los abusos y la explotación. Y lo peor estaba por llegar.

La principal conclusión de Por cuatro duros es que, en esas condiciones, la supervivencia digna era casi imposible. Simplemente, las cuentas no salían. Como camarera en Florida, limpiadora y cuidadora en una residencia para enfermos de Alzheimer en Maine, o empleada de Walmart en Minesota, Ehrenreich, cerca ya de los 60 años, empeñada para dar validez a su experimento en vivir de su trabajo y compartir las dificultades para sobrevivir de sus compañeros, estaba en estado permanente de angustia.

Ni siquiera un segundo trabajo a tiempo parcial le permitía algo parecido a una vida sin agobios, que fuera más allá de llegar a fin de mes con la lengua fuera. El alquiler solía ser superior al 50% de sus ingresos, y eso viviendo en moteles, apartamentos y caravanas malolientes, en lugares inhóspitos y apartados, en busca del alojamiento más barato posible, con la dificultad añadida de la ausencia de transporte público decente, lo que la obligaba a utilizar un automóvil y a asumir los gastos que eso conllevaba.

La precariedad, la pobreza, la frustración, las malas condiciones de trabajo, el pluriempleo y la alimentación inadecuada acababan pasando factura, anulando incluso la capacidad de rebelarse. En ocasiones, Ehrenreich intentaba hacer reaccionar a sus compañeros (mujeres en su mayoría), pero no podía ir demasiado lejos. Lo suyo era un experimento para escribir un libro, un paréntesis antes de volver a su vida confortable de antes, podía permitirse asumir riesgos impunemente, mientras que para ellos era la única vida que tenían, y aún temían que fuese a peor.
Estaban indefensos ante las empresas que, cargadas de hipocresía, fomentaban la insolidaridad, ya desde la fase de selección, con preguntas como ¿Delatarías a un compañero al que ves hacer algo inadecuado? Es decir: ¿Le denunciarías si pierde el tiempo charlando, come de lo que pilla en la cocina del restaurante o hurta unos calcetines? Y si la respuesta era no ya podían ir buscando empleo en otra parte.

La militancia en los sindicatos se desincentivaba de forma zafia. En la fase de entrenamiento y adoctrinamiento se explicaba a los nuevos trabajadores que los sindicatos ya no tenían nada que ofrecerles: “Walmart está en alza, los sindicatos en decadencia. Juzgad vosotros mismos (…) Pensad en lo que perderíais en un sindicato. En primer lugar, vuestro dinero, por las cuotas. En segundo, vuestra voz. Por último, salarios y beneficios, que estarían en juego en la mesa de negociación”.  Así que era mejor que se dejasen de líos, que disfrutasen de haber conseguido “un grandioso puesto de trabajo” en la mayor vendedora minorista del globo, y que practicasen del “patriotismo de empresa”, incluso con catárticos ¡vivas! al jefe. Eso sí, con un trabajo penoso, agotador, alienante, estresante y a 7 miserables dólares la hora. Un pasaporte hacia la pobreza y la marginación, en competencia con el trabajo casi esclavo en países del Tercer Mundo en los que se fabrica la mayor parte de las prendas que luego se venden a precios asequibles, pero regadas con mucho sudor y explotación.

“Las naciones civilizadas”, señala Ehrenreich, “compensan la falta de salarios justos proporcionando servicios públicos relativamente generosos como seguro de salud, guarderías gratuitas o subvencionadas, alojamientos subvencionados y transporte público eficiente. Pero Estados Unidos, con toda su riqueza, deja al ciudadanos a merced de sí mismo”, lo que en el caso de los trabajadores no cualificados significa, con frecuencia, arrojarlos a la pobreza y la marginación.

Ahora bien, si se asciende del 20% más bajo al 20% más alto, “se entra en un mundo mágico donde las necesidades están satisfechas y los problemas resueltos casi sin esfuerzo”. En esa franja se hallaban (y ahí siguen), dice la autora, abogados, ejecutivos, jueces, escritores, editores y, por supuesto, los políticos responsables de las decisiones que afectan a la vida de los más pobres –desde la cobertura sanitaria al salario mínimo-, quienes ni siquiera son capaces de ver las excrecencias incompatibles con el mito del american way of life.

Esos trabajadores pobres “son de hecho los grandes filántropos de la sociedad norteamericana. Descuidan a sus hijos para que los hijos de otros estén bien cuidados, viven en alojamientos por debajo de la habitabilidad para que otras casas estén relucientes y perfectas. Pasan privaciones para que la inflación se mantenga baja y el precio de las acciones alto (…) Ser miembro de la clase trabajadora pobre es ser un donante anónimo, un benefactor de nombre desconocido para todos los demás”.

La realidad que muestra Por cuatro duros es la de EE UU a finales del siglo XX. Allí no han mejorado las cosas desde entonces. Antes al contrario: el Estado ha abandonado cada vez más a los que menos tienen. Pero ahora, miren alrededor, a este otro lado del Atlántico. ¿Tan diferente es aquí el panorama? Con seis millones de parados, una profunda devaluación salarial y los contratos basura convertidos en norma, la precariedad que es antesala de la pobreza se extiende imparable. No solo entre los trabajadores no cualificados, sino incluso entre los que tienen un título universitario, porque eso ya no es garantía suficiente de que no se caerá al hoyo. Y mientras tanto, la desigualdad se dispara: un reciente informe de la OCDE señala que la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado en España de forma espectacular por el impacto de la crisis: entre 2007 y 2010, los ingresos del 10% más rico disminuyeron en menos de un 1% anual, mientras que, entre el 10% más pobre, el descenso fue del 14% anual.

Toda esa vergüenza e injusticia está tan a la vista en este país que no es necesario que alguien como Ehrenreich se infiltre el reino del abuso, la explotación y la precariedad para descubrirnos el aspecto más siniestro de un capitalismo que actúa a cara descubierta.

http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2014/05/02/las-cloacas-del-capitalismo-cuando-tener-trabajo-no-te-saca-de-pobre/

CAÑAMERO(SAT): SINDICATOS Y PARTIDOS YA NO LIDERAN PROBLEMAS SOCIALES Y LA GENTE BUSCA REFERENTES"

por La Marea
  03 de Mayo de 2014 09:46

Diego Cañamero (Campillos, Málaga, 1957) es portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) desde 2007. Sus acciones, el sello de identidad del SAT, acumulan multas de casi un millón de euros: “Nos están asfixiando”... 
 
Esta entrevista forma parte del dossier especial del número 16 de la revista de La Marea, sobre la crisis del sindicalismo en España.

¿Qué diferencia a su sindicato del resto?

Yo creo que la diferencia es que es un sindicato a pie de tajo, no burocrático. Somos un sindicato que estamos más por la acción que por el pacto y sobre todo que no somos catalogados como sindicato tradicional, sino que se involucra en toda la problemática social.

¿Por qué ha aumentado el desapego hacia los grandes sindicatos?

Porque en los momentos clave que hay que dar respuesta a los problemas de la sociedad y de los trabajadores, han dejado de jugar el papel que deberían jugar a favor de la lucha obrera.

Tras el 22-M, ¿cree que los movimientos sociales tienen más poder de convocatoria que los sindicatos?

La gente está falta de una dirección que tiene que venir desde la unidad y de la justicia, esas son las dos claves. El 22M no fue el típico paseo fúnebre al que nos tienen acostumbrados los principales sindicatos, se trató de una movilización social que nació de abajo a arriba. Los sindicatos y partidos políticos han dejado de liderar los problemas de la sociedad y entonces la gente busca otros referentes.

¿Los sindicatos deberían de defender también a los 2,3 millones de autónomos o sólo a los trabajadores asalariados?

A todos. Sin distinción ninguna.

Desde la década de 1980, la transformación del mercado laboral va mucho más rápido que la de los sindicatos. ¿Qué lastra su renovación?

La transformación del mercado laboral la impone la burguesía y los sindicatos se han quedado estancados en el pasado. Se trata de unas organizaciones muy corporativistas, que están financiadas por el Estado y por el Gobierno. Esto hace que tengan unas limitaciones claras que se han visto ahora en los momentos claves.

¿Un sindicalista tiene que sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno y la patronal?
Un sindicalista se tiene que sentar a negociar hasta con el diablo, siempre y cuando no renuncie a los derechos laborales de la clase obrera.

¿Ve necesario convocar una huelga general ahora? ¿Es posible lograr el apoyo suficiente?
Es necesario cambiar el gobierno y el sistema, y para eso tenemos que dar todos los pasos necesarios. Es posible una gran movilización social. El 21 de junio hay una prevista de forma democrática para cambiar los gobiernos que defienden la troika.

¿Por qué hay tan pocas mujeres en las bases y al frente de los sindicatos?
Hay una actitud bastante machista en la sociedad y eso se ve reflejado en las organizaciones. En el SAT sí participan mucho las mujeres y también en la dirección del sindicato.

¿Cuántas multas han recibido en los últimos años? ¿Cómo las afrontan?

En estos momentos hay 800 personas procesadas y nos piden entre 800.000 y un millón de euros, además de 250 años de cárcel en total. Nos están asfixiando. En los últimos tiempos, hemos pagado entre todos los militantes multas por valor de 25.000 euros. Vamos a hacer una campaña de solidaridad para soportar esa carga que nos aplican para acabar con nuestro movimiento con nuestra lucha.

http://www.lamarea.com/2014/05/01/canamero-sat-sindicatos-y-partidos-ya-lideran-problemas-sociales-y-la-gente-busca-referentes/

MINERÍA A CIELO ABIERTO EN AMÉRICA LATINA: DEBATES Y CONFLICTOS DE UNA ACTIVIDAD AGRESIVA, EXTRACTIVA, CONTAMINANTE Y RAPIÑERA



América Latina se ha convertido en la región privilegiada para la exploración minera mundial.

La exploración en minerales no ferrosos, por ejemplo, subió, apenas en el lapso de una década, de US$2.000 millones a US$18.000 millones. Con respecto a 2002, el precio del oro y el cobre se multiplicó por más de cinco, según datos de Ecolatina.

La participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) de países como México, Bolivia o Colombia supera hoy el 10%. En Chile, la participación es del 15%.

El caso de Perú es bien diciente. En 2013, la inversión privada en ese país aumentará un 9,6% y de esa cifra, el 45% provendrá del sector minero, según análisis de la Cámara de Comercio de Lima. Eso significa que la minería aportaría cerca de US$17.000 millones de los US$38.000 millones de inversión privada previstos para 2013.

La cartera de proyectos mineros en Perú, requerirá una inversión de US$53.000 millones.
República Dominicana, México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina serán países clave para la inversión minera, en exploración de nuevos proyectos y en minas ya en producción.

La encuesta anual de BNAmericas a los representantes del sector minero en América Latina, pinta un panorama complejo, en el que las dificultades para el acceso a financiación y el riesgo sociopolítico son los mayores factores de preocupación. Y, de acuerdo con los encuestados, el incremento en los costos de la exploración minera estará presente en el año 2013.

Chile sigue siendo el país con el mejor clima para la inversión, así en 2012 haya habido un 30% de incremento en los costos. Argentina, en este momento, es el país de mayor riesgo en América Latina para la inversión minera, según varios analistas. Sin embargo, dicho sector se consolida como uno de los pilares de la economía de ese país. Según fuentes oficiales, la minería fue factor fundamental para un superávit comercial, en 2012, de US$10.000 millones.

De acuerdo con la consultora Abeceb, la balanza comercial minera en Argentina cerró el año 2012 en negro: un saldo positivo de US$ 2.988 millones, en razón del crecimiento de las exportaciones.
http://www.cpampa.com/web/mpa/2013/05/america-latina-epicentro-de-la-inversion-minera-mundial/

Estudio señala impacto negativo de minería canadiense en América Latina

Informe presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos busca establecer la responsabilidad extraterritorial de Canadá en la violación de derechos humanos producto de la actividad minera de gran escala, así como regular la facilidad con que se desarrollan las inversiones extranjeras. El caso de Pascua Lama, de la empresa Barrick Gold, es uno de los 22 proyectos analizados en nueve países de la región.

A partir de la resistencia desarrollada por diversas comunidades en el contexto latinoamericano, se han visibilizado varios conflictos ligados a la minería de gran escala, cuyas consecuencias se constatan en el medio ambiente y en la vulneración de derechos humanos.

Así lo plantea un grupo de ONGs que presentó esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, en el que se identifican varios patrones sobre el actuar de las empresas de ese país, las que representan entre el 50 y el 70 por ciento del total de la actividad.

Además, el texto establece que a pesar de que las autoridades canadienses conocen las problemáticas de los casos estudiados, continúan entregando apoyo político, jurídico y financiero a los operadores de los proyectos.

En ese contexto, y con la finalidad de reflexionar y plantear estrategias comunes frente a los efectos de las trasnacionales, se constituye en 2010 el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, autores del informe.

Una de las siete organizaciones integrantes es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cuyo director, Lucio Cuenca, apunta tanto a la responsabilidad del Estado canadiense y sus empresas, como también a los gobiernos que no aseguran una legislación para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía.

“En la mayoría de los países donde se ha intensificado la inversión minera canadiense, esto ha significado en muchos casos una serie de conflictos y vulneración de los derechos humanos. Hay que fortalecer una regulación que tiene que ver con la facilidad y los incentivos que hoy tienen las inversiones extranjeras. Incluso los gobiernos compiten para ver quien les da más garantías”, analiza.

Al momento de elaborar el documento, los datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registraban alrededor de 198 conflictos activos ligados a la minería de gran escala. Con esa información se seleccionaron 22 proyectos altamente contaminantes, gestionados y ejecutados por 20 empresas canadienses, cuyas filiales han desarrollado trabajos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

Críticas contra Pascua Lama

En el caso de Chile, el estudio apunta a Pascua Lama, el proyecto de extracción de oro de la empresa Barrick Gold, instalado en la región de Atacama. Sus prácticas y funcionamiento son criticadas por la diputada Yasna Provoste, ex intendenta e integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara.

“En lo que ha sido una mala política de Pascua Lama no solo hemos visto un deterioro desde el punto de vista de la calidad del ambiente, sino que también una fragmentación muy fuerte respecto del tejido social. Esto, porque algunas malas empresas entienden que la responsabilidad social es entregar dinero para dividir a comunidades, que es lo que hemos visto a partir del proyecto Pascua Lama. Y tampoco me parece justo extender las malas prácticas de Barrick Gold al resto de la gran minería”, explica.

Además de destacar los negativos impactos ambientales que se generan con la contaminación del aire, las aguas y el suelo, el estudio plantea otras condiciones ligadas a la actividad minera: existencia de marcos jurídicos deficientes; desinterés por los pueblos indígenas, reservas naturales y zonas protegidas; escasa participación ciudadana; y poca efectividad de los recursos judiciales.

En cuanto a los impactos socioeconómicos, se identifica la alteración de las fuentes de ingreso y de los modos de subsistencia, lo que genera un mayor empobrecimiento, y las promesas de prosperidad, empleo y soluciones rápidas a la situación de vulnerabilidad de las poblaciones que habitan las regiones mineras.

Asimismo, destaca la criminalización de la actividad de defensa de derechos, el cierre de espacios institucionales de diálogo y la exacerbación de la violencia, amenazas y hostigamientos, además de desplazamientos forzados y división de las comunidades.

Todos estos factores son constatados por Juan Carlos Labrín, coordinador del movimiento SOS Huasco, valle que ha sido afectado por los trabajos de Pascua Lama.

“La minera aún no empieza su proceso de extracción y ya ha causado daños irreparables en el ámbito social de los trabajadores, donde llegan muchos trabajadores, mucha droga, se masifica la prostitución, inclusive infantil. La megaminería promete muchas cosas en cuanto a progreso y desarrollo, pero en términos concretos de crecimiento de una sociedad no lo hemos visto. Incluso, cada vez vemos más pobreza en los distintos valles, ya que la gran minería va acabando rotundamente con la agricultura y la ganadería”, denuncia.

A esto se suma, de acuerdo al informe, la cesión o venta de tierras por parte de las comunidades que habitan las zonas de los proyectos, producto de engaños, maniobras fraudulentas o desalojos forzosos.

Por ello, el objetivo que se plantean las ONGs es abordar la responsabilidad extraterritorial del Estado canadiense respecto del comportamiento de sus empresas, considerando el apoyo económico y político que reciben, el blindaje que poseen a través de acuerdos de libre comercio, la injerencia en los demás países, además de un marco jurídico que no permite prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos ocasionadas por la actividad minera.

http://radio.uchile.cl/2014/04/24/estudio-senala-impacto-negativo-de-mineria-canadiense-en-america-latina
Link al informe:https://ia902509.us.archive.org/34/items/ElImpactoDeLaMineraCanadienseEnAmricaLatinaYLaResponsabilidadDe/D48953_DPLF_Spanish_LOWRES.pdf 

Los demonios de la minería en América Latina

Saquean empresas mineras  a países de la América Latina con el consentimiento de sus propios gobiernos, y dejan una estela de contaminación irreversible por el uso de sustancias como el arsénico, cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la concentración de metales, por el método de extractivo a cielo abierto.

Organizaciones No Gubernamentales en América del sur, hablan que al día se utilizan 80 millones de litros de agua para el lavado de la molienda de la montaña tras la aplicación 8 toneladas de explosivos.

 La pulverización de los cerros libera partículas de metales pesados que se introducen al organismo del ser humano, y afecta los tejidos y el metabolismo de los habitantes de las zonas cercanas a los aprovechamientos.  Niños nacen deformes, brotan úlceras en la retinas y la piel sufre de hiperqueratosis.

 La última resistencia son los pueblos, pero en centro y sur América, los gobiernos ajustan las leyes para evitar que protesten e impidan el acceso de la maquinaria en su territorio: se les criminaliza, agrede y detiene.

 Según la ONG Mining Watch Canada, el gobierno de este país  juega un papel preponderante en esta depredación porque  el 60 por ciento las corporaciones mineras cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con pocos requisitos, permitiéndoles esconder información y el 75 por ciento del total se registra en territorio canadiense.

 En los países donde instalan sus proyectos, los negocios pagan solamente por impuestos por sus trabajadores y no por los metales que extraen. Y al comprar o rentar los terrenos, lo hacen por un valor inferior su precio comercial, detallan activistas de América Latina.

 El extractivismo aumentó en los últimos años por el incremento en las demandas de algunos metales como el oro, la plata, cobre y litio para insumo de la industria automotriz y de telefonía celular, como en la de alimentos, el aluminio para la fabricación de latas.

El paraíso de las mineras

Una empresa minera en Canadá puede cotizar en la Bolsa de Valores  de Toronto con  más facilidades que en otros centros financieros en el mundo,  porque se les exigen menos requisitos como lo son las pautas voluntarias, reportar recursos minerales y menos informes.

 Jen Moore, encargada del programa para América Latina para Mining Watch Canada, asegura que también que existen ventajas tributarias: no pagan impuestos sobre inversiones fuera del país; existen relaciones exteriores armonizadas para servir la industria minera, que incluye la promoción diplomática, la cooperación internacional; impunidad en casos de abuso; fuerte dependencia sobre mecanismos voluntarios; poca implementación de la ley anti-corrupción, respuestas lentas a solicitudes bajo la ley de acceso a la información, y obstáculos para demandar a empresas en Canadá por violaciones fuera del país.

 Moore habla de 12 casos en que funcionarios canadienses abren brecha o interfieren con gobiernos  o activistas, uno de ellos en España, en Guatemala fue en tres ocasiones, y en la Canadá misma una vez;  en Honduras y Ecuador presionaron los diplomáticos para la creación o reformas de una ley minera;  en Filipinas y Costa Rica también participan al promover o mediar en conflictos de empresas.

 En el caso de México, relata Moore la presencia de funcionarios canadienses  fue en los estados de Chiapas y Morelos. En el primer caso, por medio de solicitud de acceso a la información al gobierno canadiense,  se dio a conocer que la embajada apoyó a la empresa Blackfire  Exploration que se le involucra en el conflicto por actividades mineras en que fue tiroteado el activista Mariano Abarca. Y en los documentos  se detalla que sabían de existencia de activista  antes de su asesinato.

 En Morelos, habla Moore sobre  la intervención de la embajadora Sara Hradecky a favor de la empresa Esperanza Resources, mina que causó protestas de los pobladores, junto con el Gobernador Graco Ramírez.

 Miguel Mijangos Leal, activista de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (REMA), asegunda a Moore  en el tema las facilidades ofrecidas por el gobierno canadiense, al afirmar que  este 60 por ciento de empresas,  emiten acciones en Bolsa se inscribe en el Toronto Stock Exchange (TSX), en donde, entre 2007 y 2011, se destinaron 220 mil   millones de dólares canadienses al financiamiento minero, más de un tercio del total mundial.

 La Bolsa de Toronto se ubica muy por delante de su competidor directo, el London Stock Exchange (LSE). En 2011, el 90 por ciento de las acciones emitidas por el sector minero en el mundo fueron administradas por el TSX.

 Relatoría de la ONU y sus asegunes

 En el documento “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indíge­nas, James Anaya”, (A/HRC/18/35) para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año del 2011, hay un  reconocimiento explícito del daño en las comunidades nativas de los territorio del globo terráqueo  por la industria extractiva.

Da la razón que: “los proyectos de extracción de recursos naturales y otros grandes proyectos de desarrollo llevados a cabo en territorios indígenas o en proximidad de ellos constituyen una de las fuentes más importantes de abuso de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo”.
En otro informe, James Anaya, urge a los Estados a crear legislación para regular el modelo extractivista, por ser la única manera viable de garantizar que no habrá abusos por las empresas trasnacionales ni en su territorio ni en sus recursos naturales.

Fue en el reporte «Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya: Las industrias extractivas y los pueblos indígenas » (A/HRC/24/41), Consejo de Derechos Humanos, de 2013.

“En el contexto de las industrias extractivas, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos entraña necesariamente la existencia de un marco regulatorio que reconozca plenamente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales, así como los derechos que pueden verse afectados por las operaciones de extracción; que exija el respeto de esos derechos tanto en todas las decisiones administrativas pertinentes del Estado como en el comportamiento de las empresas extractivas; y que prevea sanciones y recursos efectivos cuando esos derechos sean vulnerados por actores públicos o privados. Ese marco regulatorio requiere leyes o reglamentos que incorporen las normas internacionales de derechos indígenas y que las pongan en práctica a través de los distintos componentes de la administración del Estado que rigen la tenencia de la tierra, la minería, la extracción y explotación de petróleo, gas y otros recursos naturales”.

Según Silvia Herrera, asesora de proyectos  para la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), Anaya, para solicitar el respeto de los pueblos indígenas, utiliza la herramienta legal, la debida diligencia, para que aplicar las leyes internacionales en el momento que la del Estado sea débil o nula.

Herrera refiere los estos fragmentos de los informes del Relator Especial y habla que aún y con estos mecanismos legales a nivel internacional, en el momento de la instalación de una empresa extractiva, no se les solicita si quiera audiencia para tener el consentimiento a los pobladores de los lugares donde pretende extraer minerales en América.

Cita los ejemplos de la etnia Ixil en Guatemala, de la comunidad afro-descendiente de Anchicayá en Colombia, e incluso de los Guarani-Kaiowá en Brasil.

“A pesar de lo anterior, y de los avances en el ámbito legislativo y jurisprudencial en varios países de la región (referente al Convenio 169 creado por la Organización Internacional del Trabajo), el desarrollo de proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado – y sus consecuencias en materia de violación de los derechos de los pueblos indígenas- son aún una constante en América Latina”.

Reconoce los puntos a favor de las comunidades al Relator Especial, pero contrapone en el último informe, en el que habla Anaya de la “extracción preferida”, para lograr una asociación entre los nativos y las empresas, pues considera que en América Latina no existen las condiciones, al menos en el corto plazo,  para que se logre por el sistemático abuso de las negociantes mineras.

Otro de los puntos que critica Herrera sobre los informes del Relator Especial, es quién debe de hacer las consultas para aprobar la instalación de un proyecto extractivo, porque en reiteradas ocasiones, considera que el Estado o los gobiernos están  obligados  a que se realicen informados para ejercer su derecho de libre determinación; pero el último documento expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos toma otro rumbo, y da cuenta del apoyo a las empresas mineras.

 Del informe de Anaya se extrae el fragmento: “En virtud de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres de entablar negocia­ciones directamente con las empresas si así lo desean. De hecho, las negociaciones directas entre las empresas y los pueblos indígenas pueden ser la forma más eficiente y conveniente de llegar a acuerdos para la extracción de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas que respeten plena­mente los derechos de los pueblos indígenas, y pueden proporcionar a estos oportunidades de promover sus propias prioridades de desarrollo”.
 Herrera habla que en el año del 2009, Anaya sostuvo una posición contraria a la de su último informe, y en ese documento refiere que es el Estado quien debe garantizar el proceso y respeto de los resultados de la consulta.

 Asegura que las empresas deben efectuarla, pero en un carril distinto al de los gobiernos, porque el Estado debe garantizar la debida diligencia. “Las consultas y el dialogo encaminado a definir el modelo de desarrollo que va a afectar a estos pueblos no debe transferirse a otros actores, puesto que esto puede poner en duda la objetividad, la parcialidad y la efectividad de todo el proceso”.
 Esta controversia, abre otra ruta informativa, porque miembros de la ONGs en centro y sur América, atestiguaron que en sus respectivos países, se informa a los pueblos sobre los daños de la minería, porque tanto los gobiernos como las empresas efectúan campañas para convencerlos que vendan sus tierras y permitan la extracción de minerales,  con prebendas o promesas que no se cumplirán: se les miente a los habitantes de las comunidades.

 En este juego de campañas y contracampañas, las ONGs en América Latina se enfocan en socializar el daño de este mecanismo de extracción y en afinar las consultas, la única arma legal para impedir la instalación de un proyecto; la otra es la movilización campesina e indígena en los lugares.

 El trabajo en México

 Eleuterio Rodríguez trabajó durante seis meses en una mina en la sierra de Durango, estado norteño en México; su labor era auxiliar a un minero abriendo brecha en el subsuelo, pero sin casco, guantes y ropa  adecuada. Tampoco le entregaron un tapabocas.

 Fumaradas de polvo le tocó tragar mientras taladraba su compañero las capas geológicas. De ocho horas en ocho, se le fue acumulando roca fracturada en los pulmones.

 Alega que los pobladores del lugar saben dónde hay mejores vetas que las explotadas por las grandes mineras, pero prefieren burlarse de los geólogos que llegan al lugar a buscar los mejores tiros. Incluso lo hacen para evitar que sigan con la depredación de lo medio ambiente.

 Eleuterio vive en la ciudad de Durango y trabaja barriendo banquetas y pintando casas o haciendo trabajos de jardinería porque perdió seis, el argumento: se le dijo que le pagarían directamente a su esposa; pero durante ese tiempo estuvo incomunicados de ella, y no supo que no cobró una sola quincena hasta que lo despidieron.
 
 Su complexión física era exacta para el trabajo, sostener al que hace los boquetes, corpulento y alto, acostumbrado al trabajo duro y constante; por todo lo demás era desechable, y lo fue hasta que bajaron de la camioneta de la empresa en una de las calles de Durango.

 No cree que alguna autoridad haga algo en su defensa, y por eso no interpuso denuncia alguna quiso que se le pagara lo que trabajó. Deja en claro que es demasiado el poder de las empresas mineras y su relación con los gobiernos, y perderá si comienza un juicio laboral.  Está esperanzado en encontrar algún empleo de custodio en alguna cárcel. Siempre y cuando guarde el secreto de haber ido explotado en una mina serrana sin goce de sueldo.

 En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), existen solamente 52 juicios legales de trabajadores a empresas mineras.  Y Zacatecas registra 18 de ellos, y en Coahuila, Guanajuato, Hidalgo y Baja California sur son 5; Chihuahua y Sonora con 3; Sinaloa y San Luis Potosí con 2; y con uno, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit y el Estado de México.

Al respecto Miguel Mijangos, representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP),  habla de una disputa entre los dos sindicatos mineros en México, uno liderado por Napoleón Gómez Urrutia, y el blanco de Carlos Pavón, nacido para adelgazar los derechos laborales y en los contratos  durante la administración federal panista: “no respetan antigüedad, pagos por accidentes y otras prestaciones que históricamente están vinculadas a los derechos laborales patronales”.

En el tema sindical, refiere la pugna generala creación de secciones de ambos mandos en varias minas, y el ejemplo son en la Sierrita de Galeana en el estado norteño de  Durango y en Carrizalillo, en  Guerrero. “Ello genera un ambiente  hostil en la contratación de trabajadores, pues la empresa empuja a que sean por la vía del sindicato de Carlos Pavón, pues para ellos significa menos pagos en todo. Pero, por otra parte, el sindicato de Gómez Urrutia normalmente le gana la partida en el tribunal a la empresa y también establece su sección”.

Los acuerdos extralaborales se dan por el divisionismo de los sindicatos, y al final, incide en pocas demandas o juicios contra empresas mineras, dice.

El outsoursing  viene a la alza en México, y considera Mijangos que dejan en indefensión a los trabajadores más que si los subcontrataran, porque ahora la empresas buscan a empleados que no sean sindicalizados, y se genera competencia por los espacios desvaneciendo las prestaciones laborales.

Esa falsa competencia laboral hace que tanto la empresa, como los sindicatos y los administradores del  outsourcing abusen, y si algún trabajador reclama se le despide o lo amenaza despidiendo a amigos o familiares, dice al ejemplificar que así sucede en Carrizalillo,  y por esto ya no realizan demandas.

Defender lo sagrado
En la zona wirrarica, se encuentran detenidas toda actividad de extracción de las 78 concesiones aprobadas, y 38 son administradas por First Majestic y Proyecto Universo trae las restantes 40 por la empresa Revolution Resources. Y una filial de Frisco, empresa  de Carlos Slim Helú.

Es una zona protegida,  la reserva Ecológica y Cultural de Wirikuta desde el año 1994 aún así existen 22 aprovechamientos mineros, abarcando aproximadamente 98 mil hectáreas de las más de 140 mil que forman la reserva, el 70 por ciento.

La movilización es pacífica y  es importante de la unidad de los pueblos y con las ONGs que luchan contra la minería, dice  Santos de la Cruz, integrante del Frente en Defensa de Wirikuta.  Y el primer logro que menciona es la no extracción mientras se valora en los tribunales  la razón jurídica.
No hay respuesta efectiva del Gobierno mexicano, y es por eso que las movilizaciones y los recursos legales han servido, asienta.

Y habla sobre uno de los problemas que vive el movimiento de defensa, porque las empresas mineras y los funcionarios de los municipios cercanos, y principalmente de Real de Catorce  siembran la  noticia falsa en la zona, “porque nos ponen como los malos, que nos queremos adueñar de su patrimonio. Lo hacen para causar problemas y dividirnos. Nosotros nos hemos acercado a ellos con éxito y se generó el movimiento”.

El apoyo institucional al extrativismo

Existe una Ley en la que se prohíbe a los propios nacidos en el territorio argentino el trabajar el modelo de extracción a cielo abierto. “Todas las concesiones tiene que ser entregadas a empresas extranjeras”, dice Carla Díaz Moreno activista de provincia de La Rioja.

También el Estado gaucho, otorga 30 años de estabilidad fiscal, -dice-, lo que se traduce en el no pago de impuestos ni de insumos para la extracción de minerales. “Y encima son subsidiados por el Gobierno nacional”.

Del total de impuestos declarados, a estas empresas se les reintegra entre un 8 y un 10 por ciento de lo tributado, asegura Díaz Moreno.

Recuerda que en Famatina, el saqueo viene desde la presencia de los españoles y luego por los ingleses, y ahora las trasnacionales buscan comenzar con la minería a cielo abierto. “La lucha en Argentina es en toda la cordillera de Los Andes. Nuestro pueblo ha logrado unirse y sacarse  a la minera de encima. Se ha logrado frena a las empresas. Tenemos las desventaja que el gobierno nacional impulsa y avala la imposición de la minería en los pueblos”.

El conflicto andino

El Coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca Tupayachi, relata que en Perú la resistencia civil es alta, y en los últimos años lograron la destitución de dos funcionarios del gabinete nacional, y alude a los casos de Minas Conga  y Tía María, en la gente se opone a la actividad minera.

Existen más conflictos, y uno es porque la gente solicita a las empresas mineras beneficios para los habitantes, ganancias por la extracción o fuentes en empleo;  otros para evitar la depredación de los recursos naturales de la zona, asienta.

Con el auge de los metales en la última década por el aumento de los precios se generan importantes ingresos que van a dar al gobierno, que es ineficaz para administrarlos y mejorar el servicios de educación, salud, o ser competitivos, alega.

Resume que la Defensoría del pueblo registra en Perú 220 conflictos y  el 55 por ciento están vinculados a la actividad minera.

 El coordinador Regional en América Latina del Revenue Watch Institute,  Carlos Monge, habla de los principales problemas generados  en el país andino son de resistencia y convivencia, los últimos con una complejidad importante, porque las comunidades se enfrentan al ambiental y social generado por la instalación de megaproyectos mineros.

Monge reconoce que la resistencia logró poner a su favor el espacio político en cada región,  y se vinculan. “En el caso de Tía María, la municipalidad jugó un rol importante para detener la actividad minera por el proceso de consulta con los instrumentos legales”.

En Conga hubo muertos y heridos por el conflicto de resistencia. “Se reprime a las personas que están en contra de la actividad minera”.  Habla de la estrategia de los campesinos peruanos, pues rotan su presencia en el lugar para impedir el paso de maquinaria, y les permite la vigilancia de hasta 500 personas de permanentemente y evitar que se vacíen por las empresas mineras las lagunas ubicadas a 3,000 metros de altura.

En Perú existe la figura del Gobernador regional, y es otro pilar en el que sostiene la resistencia pues es un campesino o un maestro del lugar el que ocupa el cargo, afirma.

Pero, también existen los mineros populares, pues son habitantes de las mismas comunidades dedicadas a la extracción de minerales, y es el espacio, en el centro-sur del territorio peruano el lugar donde más se practica esta actividad sin el control adecuado de sustancias tóxicas, “es una minería sucia y se usa el arsénico con las manos, y en las casas, lo que hace más daño que incluso la gran minería”, advierte.

 Lo promueven como país minero

En el caso colombiano, se promueve la extracción de minerales como la vocación colombiana, con eco en las empresas de este tipo, pues en 2004 el registro es de mil 200 licencias y en el 2013 se contabilizan 9 mil 400 para hacer exploración, dijo Fabio Velázquez Carrillo, director de la Unidad de Proyectos de la Fundación Nacional por Colombia.

Dentro del programa de desarrollo de este país, la minería tiene un papel preponderante como un ingreso financiero, admite. Y en los lugares donde se han solicitado licencias y las aceptadas, se ubican en lugares habitados incluso.

Uno de los mecanismos para lograr esta cifra de concesiones, es que el gobierno nacional de Colombia contrapone principios constitucionales –asegura-, sobre el respeto al medio ambiente y las poblaciones que son minorías, y el movimiento social es constante para evitar que la minería a cielo abierto se efectúe.

Advierte otra amenaza: la minería artesanal, y explica que en Colombia existe una tradición ancestral para la extracción minera de metales como el oro, y genera también daño ambiental y se comenzó ya con el debate sobre los mecanismos de control ecológico y su regulación

La violencia no queda fuera de esta vorágine colombiana de explotación mineral, porque afirma que pequeñas mafias de narcotraficantes lavan dinero al hacerse pasar por mineros. Incluso, se forman grupos paramilitares que obtienen ingresos por medio del comercio de metales.

Ejemplifica, Velázquez Carrillo, con el municipio de Piedras por la resonancia lograda en la opinión pública y en a clase política de Colombia, porque el alcalde del lugar llamó a una consulta popular para  saber si estaban a favor o en contra que la minera asentada en este sitio arrojara los desechos de los procesos de exploración en predios cercanos, y el resultado fue claro, porque el 99 por ciento se opuso.

Y comenzó el debate legal en todo el país, porque se habló que este mecanismo de no contaba con la validez jurídica. “Lo que repercutió es lo simbólico de la posibilidad de reaccionar la soberanía popular para negarse a una empresa”.   Y anuncia una secuencia de consultas para saber si las comunidades desean o no la instalación  de las mineras en su territorio, y comenzar con una nueva forma de resistencia.

Se quedan sin agua

En el caso de El Salvador, su principal problema es la depredación del agua por la actividad minera en su propio territorio, como en la frontera con Guatemala y Honduras, advierte Edgardo Mira activista.

Entonces, para los salvadoreños la única forma de conservar el vital líquido para las comunidades es prohibir la minería metálica, porque en la frontera guatemalteca hay 90 proyectos y en los linderos con Honduras, son 40 más, lo que acabaría con el agua circulante en El Salvador, y se coordinan con organizaciones de los dos países para detener las concesiones colindantes.

Asegura que se socializa con las comunidades  para lanzar la Ley Especial de Prohibición de Minería Mecánica y erradicar esta actividad.

Frenar por fisuras en la Ley
El caso guatemalteco fue explicado por Jorge Grijalva, integrante del Colectivo Selva Madre,  y no solamente aplica en la minería, sino también en la agricultura. En el caso del modelo extractivo, asegura que se han detenido proyectos porque se logra la defensa legal validando lagunas legales y permite frenan el comienzo de la extracción, pero igual la resistencia civil;  hace ya dos años no se les permite la entrada.

 Luego del Golpe de Estado, campo libre

En Honduras, tras el golpe de Estado por Porfirio Lobo en 2009, se generó la posibilidad de de 860 proyectos mineros, y el 60 por ciento ya son concesiones, además que la Ley garantiza las ganancias de las empresas.

Pedro Landa, coordinador en la Coalición Nacional de Redes Ambientales, explica que para evitar protestas o eliminar a los hondureños que se nieguen a permitir el libre paso de las compañías mineras, se tipificó como delito el bloquear carreteras, estrategia recurrente para evitar el paso de maquinaria para la extracción de minerales. Incluso, es causa de cárcel el atentar contra la libre empresa.

El hondureño asegura durante el proceso de gestación de la Ley Minera, tuvo injerencia de asesores de Canadá y Chile. Lo que se tradujo en un 60 por ciento de territorio permitido para la extracción de oro y plata principalmente.

Los consorcios mineros, pagan al Estado el 6 por ciento de sus ganancias, y el gobierno, 2 por ciento lo invierte en la policía y el ejército, fuerzas armadas que persiguen a los opositores de los megaproyecto para extraer metales.

Y recuerda, como en el caso colombiano, narcotraficantes solicitan las concesiones, pero no las usan, solamente lavan dinero por medio de la Ley de Transparencia de la Industria Extractiva del país centroamericano.

Juan Armendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, refiere que esta actividad implica el militarismo contra el pueblo por la petición de las empresas mineras al criminalizarse la estrategia para detener el saqueo del subsuelo.

Plantea el daño a todo lo viviente en los puntos geográficos de los proyectos, incluso a nivel celular, porque en el momento que se liberan los metales pesados atrapados en las presión de la corteza terrestre, son inhalados y van directo a los tejidos, incluso de los órganos reproductivos, y ahí las malformaciones en fetos

Habla sobre dos casos en específico: Carrizalillo en México y Valle de Siria en Honduras los daños a la salud de los habitante del lugar, son irreversibles,  pues hay personas con úlceras en la córnea e iris irritados en los ojos; procesos de envejecimiento prematuro en la piel, también hiperpigmentación y la hiperqueratosis; alopecia, la sindactalia, que son dedos unidos.

Refiere el término coloquial de la “rasquiña” como otros de los daños colaterales de la explotación minera: un deseo irrefrenable de rascarse durante todo el día y en la noche también, los que adquirieron, no duermen.

Cooperativismo disfrazado
En Bolivia, durante los años 80 se hicieron cambios en las leyes para fomentar la minería artesanal, y una forma de trabajar de manera corporativista en los pueblos, pero 20 años después,  con los precios de los metales a la alza, esta forma de subsistencia se convirtió en un problema porque abarca el 60 por ciento de la actividad minera nacional, y el gobierno, solamente un 11 por ciento. El resto son empresas canadienses, japonesas, suizas y belgas.

El miembro del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, refiere el crecimiento desmedido del gremio minero  que sigue sin pagar impuestos pero aumentó su producción por la demanda de metales existente en el mundo y son 200 mil personas trabajando.
Habla también de la voracidad de los extractores locales afectan al sector agrícola. “Son empresas tapadas por lo que ellos llaman corporativo de trabajadores, pero en realidad son empresarios, en buena parte, que sobreexplotan la actividad de los empleados”.
En Bolivia la fuerza política más importante es la de los mineros, porque controlan más del 60 por ciento de las concesiones. “Están exentos de todo pago, de toda norma ambiental. Y desplazan a otro tipo de economías agropecuarias”.
http://www.sdpnoticias.com/columnas/2014/03/10/los-demonios-de-la-mineria-en-america-latina

Base de datos de conflictos mineros, proyectos y empresas mineras en América Latina

http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/