Prólogo
Cuando terminé de escribir este artículo para la revista Laberinto no
había estallado aún el escándalo de la corrupción masiva de los 86
ex-consejeros y directivos de Bankia que se apropiaron de 15,5 millones
de euros de una entidad pública que hubo de ser rescatada con 23.500
millones de euros.
Que le capitalismo es sinónimo de corrupción es algo que debería ser
patrimonio del conocimiento de la clase obrera, pero lo que este hecho
ejemplifica y resume es algo mucho más trascendente. La corrupción
masiva de los representantes de la izquierda política y sindical
significa no sólo el robo a las arcas públicas de unos cuantos.
Representa el mecanismo por el cual el capital corrompe a supuestos
dirigentes, que ocupan puestos relevantes en representación de
organizaciones de la izquierda, para sobornar su complicidad en la
desmovilización de la clase obrera y el pueblo trabajador ante el saqueo
de la burguesía de derechos laborales y de servicios públicos.
Esos mismos, y muchos otros y otras, sobornados por unos cuantos
miles de euros y otras prebendas, son los que han estado vendiendo
huelga a huelga, purgando a dirigentes obreros que se han resistido a
vender su dignidad, planificando la dispersión de las luchas,
expandiendo el sentimiento de impotencia , destruyendo la conciencia de
clase y, sobre todo, han bloqueado el ejercicio del inmenso potencial de
poder que miles de huelgas y movilizaciones hubieran podido ejercer. Es
así como la izquierda política y sindical hatraicionado desde la
Transición a quienes representaban.
Y estoy hablando directamente de quienes tienen mas poder sindical,
de la cúpula de CC.OO., y de IU, que supedita su acción política a la
alianza con CC.OO. a su subordinación al PSOE para ocupar espacios en
los diferentes gobiernos.
La Transición fue, sobre todo, el origen y la perpetuación de una
monumental traición de clase. Y, ahora que nuevas expectativas
electorales parecen encandilar a muchas gentes, es más imprescindible
que nunca saber que el capital es capaz de corromper o destruir a
cualquier dirigente político. A menos que el pueblo trabajador
organizado sea capaz de enfrentar a su poder, una fuerza superior.
Tenemos el deber de aprender de la historia. Es hora de arrumbar la
escoria de la Transición y construir, con la memoria heroica de quienes
nos precedieron en la lucha, la fuerza que nos permita enfrentar un
combate para el que es imprescindible derribar los mitos que esos mismos
corruptos han contribuido a erigir y que son los que nos impiden
constituirnos como clase y como pueblos: la UE, el Euro, el Pago de la
Deuda y la OTAN, como brazo armado contra cualquier pueblo que enfrente
el poder del imperialismo, incluidos nosotras y nosotros.-
Introducción
En los resultados de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo y
en la inmediata abdicación de Juan Carlos se ha concretado un salto
cualitativo del largo proceso de desmoronamiento del engranaje
institucional de la Transición.
Entre otras cosas, hace aguas un modelo de izquierda cimentado sobre
el Pacto Social que - como en todas las épocas históricas en las que se
ha impuesto – implica la aceptación de la lógica del beneficio del
capital, la supeditación de los derechos sociales y laborales a la
competitividad y, lo más grave de todo, el debilitamiento de las propias
organizaciones de clase.
Este trabajo pretende responder parcialmente a la necesidad de
recuperar para la juventud proletarizada la memoria de algunos aspectos
de lo que ocurrió en el seno del movimiento obrero, en una época de la
que sólo conocen las enormes mentiras fabricadas por los vencedores de
esa gran derrota de clase perpetrada en la Transición. Precisamente esa
derrota, que ha supuesto la ruptura de la continuidad histórica de la
lucha obrera y popular, es la que les priva del tesoro de experiencia y
conciencia acumulada y puede situarles con grandes carencias ante las
tareas históricas que su generación debe afrontar.
El cambio brusco de tendencia que se produjo en el movimiento obrero
en los primeros años de la Transición se ejemplifica de forma
privilegiada en la legislación en materia de relaciones laborales, en el
espectacular descenso de la actividad huelguística y en la vinculación
causal entre precariedad y siniestralidad laboral, como concreción
dramática de la lucha de clases.
El análisis de otros aspectos centrales de la Transición como es la
complicidad de la izquierda institucional en la construcción de la
monstruosidad jurídica y ética de la legislación antiterrorista,
ampliamente apoyada también por CC.OO. y UGT, así como la identificación
de sus consecuencias en el aislamiento del pueblo vasco y en el
debilitamiento del conjunto de la clase obrera de los pueblos del Estado
español, desbordan el contenido de este trabajo.
I. Las elecciones europeas y la abdicación
Los momentos de crisis sistémica son periodos de profunda debilidad
de las clases dominantes en los que se abren objetivamente posibilidades
para la clase obrera y los pueblos de subvertir los cimientos de la
dominación. Los poderes establecidos ya no pueden seguir gobernando como
antes y las clases y los pueblos sometidos, sobre los que se ejerce de
manera descarnada la explotación, empiezan a percibir que no hay
espacios para reformas y que las condiciones más elementales de su
supervivencia dependen del cambio de base de la estructura de poder.
Ante esta crisis general del capitalismo de dimensiones especialmente
acuciantes en el Estado español y que ve descomponerse las principales
pilares del engranaje institucional que desde la Transición han
sostenido los aparatos de dominación, es especialmente necesario someter
a crítica lo sucedido.
El desmoronamiento de las organizaciones surgidas de la Transición
afecta especialmente a los dos partidos garantes de la continuidad
institucional – PP y PSOE - y a los grandes sindicatos “de clase”. Se
hunden modelos que son percibidos ahora mayoritariamente como
inservibles para resolver los gravísimos problemas planteados al pueblo
trabajador y especialmente a la juventud.
La potente sacudida que han sufrido PP y PSOE en las pasadas
elecciones europeas del 25 de mayo (sumados sus votos apenas representan
al 22% del electorado), amenaza con transformarse en un seísmo político
de gran magnitud
[1].
En realidad lo que ahora perciben los dirigentes del PP, y sobre todo
del PSOE, como una emergencia nacional (nunca mejor dicho ya que se
tambalean los principales representantes de la plutocracia españolista)
es el reflejo en las urnas del cataclismo vital que las oligarquías
española y europea – a través de sus gobiernos – han desencadenado
sobre el conjunto del pueblo trabajador y principalmente sobre la
juventud.
Lo inquietante para el poder es que los resultados electorales no son
la consecuencia de la mala imagen coyuntural de tal o cual partido o
dirigente político, ni tampoco la respuesta frente a un hecho concreto
como sucedió en 2004 con la invasión de Iraq y la masacre de Atocha. Son
la concreción político-electoral de algo más importante: del auge de la
lucha obrera y popular (Gamonal, las huelgas de Panrico, barrenderos,
coca-cola, Can Vives, y sobre todo de las Marchas del 22M.) ante la
brutalidad con la que el capitalismo aplasta al pueblo trabajador y que
cada vez manifiesta más fuerza y más determinación en el combate por
conseguir sus objetivos.
La magnitud de la inestabilidad que se ha apoderado de los aparatos
de poder tras las elecciones del 25 de mayo se percibe claramente en la
velocidad vertiginosa con que han tomado la decisión de quitarse lastre y
acabar con el eslabón más débil, el rey Juan Carlos, en un desesperado
intento de preservar no sólo la Monarquía, sino todo el entramado
institucional amenazado.
La imagen de un PSOE que ha perdido más votos que el PP, aún estando
en la oposición, y que objetivamente no tiene más salida que una
renovación en profundidad que le distancie del PP, saliendo a la
palestra a reiterar su defensa inquebrantable de la Monarquía – aún
siendo “republicanos de toda la vida” - es una buena muestra del escaso
margen de maniobra que tienen y que les lleva al suicidio político.
La intensificación de la pérdida de votos que ya le auguran las
encuestas muestra que los votantes del PSOE perciben de forma masiva
que efectivamente no es sino la otra cara de la moneda del PP. La
alternancia de ambos en el gobierno, junto a la concertación en todos
los grandes temas (UE-Euro-Deuda, intervenciones militares, OTAN,
económicos laborales, privatización de servicios públicos y un
interminable etcétera) está dejando de ser creíble para unos pueblos que
están despertando.
Lo expresaba con toda claridad el actual candidato a presidir la Comisión Europea, Jean Claude Juncker:
“Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo”.
En la cima de la pérdida de legitimidad democrática se sitúa el
esperpento de la coronación. La escasa afluencia de público llegado para
vitorear al nuevo rey – a pesar del bombardeo mediático al respecto - ,
la puesta en escena de los actos oficiales recordando los fastos de la
Dictadura y el Estado de Sitio
de facto que se aplicó a las
gentes republicanas en Madrid, expresa el miedo cerval al pueblo y la
escasa base de sustentación de un engranaje de poder que hace aguas por
todas partes. En este caso hay que añadir el silencio infame del PSOE
ante la represión y la ausencia en las calles de los dirigentes de
Podemos y de IU, sin que hasta la fecha se tenga noticia de denuncia
pública o de iniciativa legal o parlamentaria alguna por su parte acerca
de la vulneración generalizada de derechos constitucionales por parte
de la policía y los tribunales de justicia el pasado 19 de junio.
El importante crecimiento electoral de IU (aunque menor de lo
esperado) y, sobre todo, la espectacular irrupción de Podemos expresan,
tanto el creciente nivel de conciencia y de movilización de amplios
sectores del pueblo, como “
la ilusión de que desde el sistema…, el mismo sistema “cambie” de poder”[2]. La
histérica reacción del PP, de destacados dirigentes del PSOE y de sus
aparatos mediáticos ante el surgimiento de Podemos refleja un
desasosiego que no se sustenta en sus propuestas políticas – que
prácticamente se superponen a las de IU - sino al rugir del pueblo que
se oye detrás. Lo que les tiene aterrados no es Pablo Iglesias y su
famosa coleta, sino la conciencia y la voluntad de lucha creciente del
pueblo trabajador que, por ahora, ha encontrado expresión
político-electoral en Podemos, pero que tiene ante sí retos políticos y
organizativos que necesariamente deben trascender ese ámbito.
II. La Memoria y la nueva juventud proletaria.
Y no es que estemos en la antesala de la toma del Palacio de Invierno
pero es evidente que los tiempos están cambiando y que, en palabras de
Lenin, “se está acumulando material altamente inflamable”. Irrumpe con
fuerza en el escenario de las movilizaciones populares una juventud con
más formación profesional y más proletarizada que nunca, que vive
dramáticamente que no hay futuro para ella que no sea el del combate.
Esta juventud tiene el derecho y el deber de crear su propia
historia. Pero en su ineludible enfrentamiento con las clases dominantes
y sus aparatos mediáticos y represivos, va a encontrar dificultades más
arduas que las que estrictamente se derivan del poder del enemigo.
Si las organizaciones coherentemente revolucionarias no actuamos a
contra reloj en el seno del movimiento popular y la calor de la lucha
para impedirlo, la juventud se va a encontrar en gran medida desprovista
del arma indispensable de la Memoria y con una conciencia de clase muy
débil. Con poca experiencia organizativa – y muchas veces rechazándola -
sólo un sector minoritario de la juventud es consciente de la imperiosa
necesidad de reconstruir la continuidad histórica de las luchas
emancipatorias y de recrear, aquí y ahora, la identidad de clase y sus
formas organizativas. Y ese es un vacío peligroso que no llenan formas
políticas aparentemente novedosas que hacen creer que se está inventando
la pólvora cada día.
Esa ruptura de la continuidad histórica de la lucha emancipatoria –
que no logró llevar a cabo ni la derrota en la Guerra Civil, ni el
terror salvaje de la Dictadura - es la consecuencia más grave para la
clase obrera y los pueblos oprimidos de la Transición. Y el mayor logro
conseguido por las clases dominantes.
En un artículo escrito en 2006
[3], que sigue teniendo plena vigencia, decía
:”Si
bien el desmoronamiento ideológico, político y organizativo de las
organizaciones de la izquierda tradicional, política y sindical del
Estado español, comparte características y causas [sobre todo la derrota
de los principales intentos de construir el socialismo] con el sufrido
por estas entidades en otros países capitalistas europeos, hay factores
específicos directamente vinculados con su papel en la Transición, sin
cuyo análisis es imposible entender la magnitud del desastre y mucho
menos abordar la ardua y compleja tarea de la reconstrucción de la
izquierda revolucionaria.
Dice Rodolfo Walsh que las clases dominantes siempre han
procurado que las trabajadoras y los trabajadores no tengamos historia,
ni héroes, que se pierda la experiencia colectiva y que cada lucha deba
empezar de nuevo. Cuando las principales organizaciones de las clases
oprimidas se hacen cómplices de la amputación de la memoria, el desastre
es mucho mayor.
Este proceso de demolición lento y sistemático de las
organizaciones de clase tiene origen en su decisiva participación en un
gran consenso que consagró la intangibilidad del Estado surgido de la
Transición y en un gigantesco pacto de silencio sobre la masacre de las
cuatro décadas anteriores, que – en la medida que afectaban a su
naturaleza – acabaron destruyendo su identidad. Sobre esa base fue mucho
más fácil ir desvirtuando los ejes estratégicos de su programa político
hasta hacerlos desaparecer: la reivindicación de la República como
instrumento de soberanía popular, la agudización de la lucha de clases
para destruir el Estado capitalista, el Derecho de Autodeterminación de
los Pueblos y su carácter antiimperialista”.
III. Correlación de fuerzas y lucha de clases en la Transición.
Cuando se efectúa un análisis crítico de la Transición quienes desde
posiciones de izquierda la defienden suelen argumentar que en aquellos
tiempos no se podía hacer otra cosa y que para lograr cualquier acuerdo
hay que hacer concesiones por ambas partes.
Para sustentar ese discurso – compartido desde la izquierda a la
derecha por todos los partidos que participaron en el “Gran Consenso de
la Transición” – se ven obligados a minimizar, cuando no a ignorar el
poderoso movimiento obrero que se gestó en los quince últimos años de la
Dictadura y que especialmente en los años en los que se forjaron los
Pactos de la Moncloa manifestaba un gran vigor.
Porque lo cierto es que dado el alto nivel que alcanzó la lucha de
clases en los últimos años de la Dictadura y la debilidad agónica de las
estructuras de poder del franquismo, hubiera sido imposible la
continuidad de la dominación oligárquica española - a la que se
incorporan las burguesías nacionalistas y los nuevos ricos de las
privatizaciones de PSOE y PP - sin la complicidad directa de las
direcciones de los grandes partidos y sindicatos de la izquierda.
La evolución de la legislación laboral, la calidad de las condiciones
de trabajo y las variaciones producidas en la morbilidad y la
mortalidad de la clase obrera, en definitiva la práctica como prueba de
la verdad, serán quienes permitan identificar a favor de quién se ha
modificado la correlación de fuerzas capital/trabajo, 37 años después de
los Pactos de la Moncloa.
III.1 De las Comisiones Obreras a la Central Sindical de CC.OO.
En el momento de morir Franco, el 20 de noviembre de 1975, el
movimiento obrero poderoso y combativo hegemonizaba a las variopintas
organizaciones políticas que luchaban contra la Dictadura, entre las que
destacaba el PCE.
Ese fuerte movimiento obrero se había construido desde abajo, tajo a
tajo, fábrica a fábrica, y por lo tanto de forma multifocal. Fueron las
huelgas de la minería asturiana y leonesa en 1957, las que engendraron
las primeras comisiones de representantes elegidos y revocables en
asambleas de trabajadores, que fueron extendiéndose al resto del Estado y
a todos los sectores productivos.
Estas Comisiones eran órganos unitarios de poder obrero, forjados
como herramientas de lucha para ejercer la dirección de la misma en las
diferentes huelgas.
Estas tres características de las primeras comisiones obreras (o
representativas, como se llamaron en otros lugares): carácter
asambleario, unidad de clase e instrumentos de poder obrero engendrado
en la lucha, son esencialmente las que se perdieron en la Transición. Su
desnaturalización progresiva se refleja en el debilitamiento agónico
que tiene el movimiento obrero en la actualidad.
La unidad de clase estaba en su código genético, ya que las personas
elegidas lo eran en la asamblea general del centro de trabajo en función
de la confianza depositada por sus compañeros y compañeras. Eran, o
podían ser plurales ideológicamente, sin que ello produjera mayores
complicaciones. La asamblea integraba además a todas las categorías del
personal.
Así mismo, las y los trabajadores elegidos eran revocados en caso de
no representar adecuadamente la voluntad colectiva, y mucho más en caso
de soborno por parte de la patronal y traición.
Eran además órganos de poder que no limitaban su acción a objetivos
meramente laborales sino que aspiraban eliminar la dictadura del patrón
mediante la democracia obrera, no sólo en lo referente a la organización
del trabajo, sino a todo el conjunto del proceso productivo y su
función social.
La comisión obrera se engendraba y se iba perfeccionando para ejercer
su función esencial: servir como arma de lucha y engendrar el poder
obrero. Su creación en el seno mismo del combate, para asegurar la
unidad y la fuerza de los trabajadores, era el mejor antídoto contra
cualquier riesgo de burocratización. Su estructura organizativa,
territorial y sectorial como movimiento sindical permitía albergar en su
seno tendencias ideológicas diferentes cuya fuerza en la estructura
dependía del respaldo obtenido desde la base.
Obviamente existían enfrentamientos y tensiones internas, pero quiero
resaltar en este trabajo sus características esenciales, de forma que
puedan valorarse los cambios producidos y sus consecuencias. Y sobre
todo, porque contenían elementos genéticos esenciales e imprescindibles
para las necesidades de la reconstrucción del movimiento obrero y de la
unidad de clase en la actualidad.
A principios de 1975 las Candidaturas Obreras Unitarias y
Democráticas, integradas esencialmente por el movimiento de Comisiones
Obreras, aliado con el pequeño sindicato USO, ganaron abrumadoramente
las elecciones sindicales realizadas dentro del Sindicato Vertical. Las
críticas de CNT y UGT al “entrismo” eran equivocadas. Estas Comisiones
Obreras afirmaban su carácter socio-político, asumiendo la lucha general
por la ruptura democrática.
Su enorme influencia en el seno del movimiento obrero era el
resultado del reconocimiento de su capacidad en la dirección de la lucha
y a su vez terreno abonado para movilizaciones siguientes.
La lectura de las declaraciones de las Comisiones Obreras emitidas
con ocasión de reuniones de diferentes territorios en los últimos años
de la Dictadura permite – por comparación con los posteriores -
comprobar el dramático camino seguido en la descomposición de la
conciencia de clase.
Un elemento tan difícil ahora mismo como es la articulación de la
lucha de la clase obrera de los diferentes pueblos del Estado español se
resolvía entonces mediante la plena soberanía de cada cual y la
Declaración general que expresaba su voluntad conjunta.
La Declaración que cito a continuación
[4] – sin fecha en el documento reproducido – se realizó tras los asesinatos del 27 de septiembre de 1975
[5]
y antes del 20 de noviembre (fecha de la muerte de Franco) del mismo
año, se iniciaba así (tras enumerar los territorios presentes): “En este
momento crucial de la situación política y social española, celebramos
la reunión general de las comisiones obreras”. No hay ninguna alusión a
órgano de dirección como el que aparecerá en la Asamblea de Barcelona
ocho meses más tarde, llamado “Coordinadora General”.
En dicha Declaración aparece en primer lugar un fortísimo alegato
contra los fusilamientos y contra la represión contra la clase obrera y
el pueblo en general, identificando al Régimen como el principal
generador del terrorismo: “Haciendo caso omiso de las demandas de
exigencia de libertad, del clamor expresado contra las penas de muerte
por la mayoría de nuestros pueblos, Franco ha lanzado un desafío a la
conciencia nacional, a los pueblos del mundo civilizado”. En él se
denuncia “El Decreto ley Antiterrorista” que sirve a “la actuación del
terrorismo oficial estimulando la violencia contra la clase obrera,
contra la mayoría de la población”. En otro punto dice: “las Comisiones
Obreras reafirmamos nuestra rotunda oposición al terrorismo como método
político..”, aunque con toda firmeza se llama a luchar contra las
peticiones de penas de muerte y por las vidas de “Múgica, Wilson, Forest
y otros antifranquistas”.
El análisis de la situación económica es muy duro: un millón de
parados, las continuas medidas para elevar los precios o acrecentar la
represión, la congelación salarial, la carestía de la vida, aumentos de
las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores, todo ello
junto a mayores restricciones y normas antidemocráticas en las
elecciones al “sindicato vertical”. El deterioro de las condiciones de
vida de la clase obrera se contrapone a la represión como única
respuesta política.
En la antesala de su legalización, la apuesta de las comisiones
obreras por su constitución en sindicato único de clase – mediante
procesos unitarios desde la base, con otras organizaciones o en un
movimiento - , estuvo en el centro de los duros debates producidos en la
Asamblea General celebrada en Barcelona en julio de 1976. En un
principio la Asamblea debía celebrarse en Madrid con la asistencia de
2.000 delegados y delegadas. Marcelino Camacho y otros dirigentes
solicitaron permiso al Gobierno que fue denegado por Arias Navarro
[6]. La dirección decidió realizarlo en Barcelona, clandestinamente, con la asistencia de 500 delegados.
La preparación de esta Asamblea estuvo atravesada por duras polémicas
y la publicación de documentos que denunciaban que la prohibición “por
la Dictadura” había sido aprovechada por el órgano de dirección – la
Coordinadora General de CC.OO.- para cocinar una composición de la
reunión favorable a sus tesis.
A este respecto es muy significativo un documento hecho público pocos
días antes de la Asamblea y que fue elaborado en sendas reuniones
celebradas en Madrid y en Barcelona por delegados “de los principales
puntos del estado y de todas las ramas”
[7].
Destaca en el documento la presencia de representantes de las
principales empresas de Nafarroa, Araba (la matanza de Vitoria había
ocurrido cuatro meses antes), Bizcaia, Barcelona, Valencia, Madrid y
Sevilla.
En el primer punto del documento, reproducido digitalizado de forma
incompleta se aboga “Por un Congreso de las CC.OO. tras discusión y
elección democrática de sus delegados”. En él se denuncia que no se
habían producido asambleas de trabajadores en la mayor parte de las
fábricas para elegir a las delegaciones y que no se había respetado la
pluralidad interna – base de la unidad – aprovechando para repartir
representantes de forma arbitraria.
La parte del documento disponible acaba haciendo una valoración del
objetivo al que respondían las restricciones democráticas realizadas,
“que están estrechamente relacionadas con el proyecto de sindicato que
los líderes de la “Coordinadora General” defienden. Relacionadas con la
oposición de la dirección a que CC.OO. pueda levantarse como
organización poderosa frente a la CNS [Central Nacional Sindicalista,
conocida como sindicato vertical], contra toda “reforma” de la misma
(…) organizar las luchas presentes y preparar la respuesta a toda la
“reforma” del Gobierno [se entiende que aquí se refiere en general a
toda la reforma política] y preparar la Huelga General hasta derrocar a
la Dictadura”
[8].
Las escisiones no tardaron en llegar. Como es sabido en otoño de ese
mismo año 1976 se creó la CSUT, vinculada al PTE, y unos meses más tarde
el SU, vinculado a la ORT. Cuatro años después ambos sindicatos habían
prácticamente desaparecido.
Comisiones Obreras había empezado a renunciar a su esencia, a la
fuerza unitaria que constituía al movimiento obrero como tal. Es verdad
que su oferta de unidad no había sido recogida por otros sindicatos,
pero también es cierto que su enorme arraigo entre la clase obrera le
hubiera permitido impedir que resurgiera con fuerza una UGT que nada
tenía que ver con la republicana y que fue diseñada para favorecer el
control del movimiento obrero por parte de sus enemigos de clase. Para
ello hubieran sido imprescindibles posiciones más firmes de
independencia de clase – que como veremos empezaban a batirse en
retirada - y no haber colaborado en la instauración de la estructura
jurídico-política de la Transición, concretada en los Pactos de la
Moncloa de 1977 y en la Constitución de 1978. En definitiva, no haber
sido coautores de una gigantesca derrota de clase.
La Transición había comenzado y el principal instrumento del capital
para conseguir sus objetivos era (entonces como siempre) debilitar y
dividir al movimiento obrero. La burguesía española e internacional, que
sí tenía muy claros sus intereses, se aprestó a financiar y organizar
un sindicato controlado que cortara las alas a un movimiento obrero
potente y amenazador. Para ello nada mejor que una sigla histórica, la
UGT, que además había unido a socialistas y comunistas durante la II
República. El papel de la CIA y de la socialdemocracia alemana y
francesa en la construcción del nuevo PSOE (Suresnes 1974) y de la UGT
ha sido estudiado sobre todo por Joan Garcés
[9] y Alfredo Grimaldos
[10].
III. 2. La excepción vasca
El surgimiento de LAB en 1975 se inscribe en el mismo modelo de
representación surgido de la asamblea de trabajadores y de búsqueda de
la unidad de clase, con la voluntad de crear una organización obrera que
vinculara la liberación nacional y la emancipación de clase. Sus
antecedentes inmediatos son el Frente Obrero de ETA y las Comisiones
Obreras Abertzales, creadas en 1974. Junto a la lucha por conquistar más
derechos y mejores condiciones laborales para las trabajadoras y los
trabajadores vascos, el nuevo sindicato – inserto en la alternativa KAS –
estableció como objetivos, entre otros, el combate por un estatuto de
autonomía que reconociera el Derecho de Autodeterminación y la unidad
de Euskal Herria, la amnistía y la disolución de las Fuerzas del Orden.
La abstención mayoritaria del pueblo vasco en la votación de la
Constitución de 1978 – la participación fue del 44,65% - y el triunfo
del NO en el Referéndum de la OTAN en 1986 en la Comunidad Autónoma
Vasca y en Nafarroa marcan diferencias abismales con lo ocurrido en
otros territorios del Estado (el No a la OTAN ganó también en Cataluña y
Canarias).
La identidad política diferencial del pueblo vasco perdura en el
tiempo. En el caso del Referéndum sobre la Constitución Europea, en el
que ganó el Sí con un 77% de votos en el conjunto del Estado, tuvo un
resultado muy diferente en Euskal Herria. “El «no» en Araba, Bizkaia,
Gipuzkoa y Nafarroa dobla la media registrada en el Estado español.
Sólo un 24,6% del censo de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa dio su
apoyo directo al Tratado Constitucional europeo en un referéndum marcado
por una abstención superior al 60%. Un tercio de las personas que se
acercaron a las urnas lo hizo con una papeleta contraria al texto
sometido a consulta, doblando en este caso los porcentajes del Estado
español”
[11].
La excepción vasca, es decir, el diferente recorrido del movimiento
obrero y popular en Euskal Herria y en el resto del Estado, tiene sus
raíces en la diferente lectura que sus organizaciones políticas y
sindicales hacen de la Transición, marcada por la resistencia popular
vasca a aceptar el modelo de Estado que estaba surgiendo y que
significaba – como hoy es evidente – la derrota de las reivindicaciones
tanto de clase, como de liberación nacional.
III. 3. La Ley de Relaciones Laborales, de 8 de abril 1976
Franco había muerto en noviembre de 1975 y menos de cinco meses
después se publicaba - por un Gobierno que había jurado los Principios
Fundamentales del Movimiento, con los sindicatos ilegalizados y con
cientos de sindicalistas encarcelados – la Ley de Relaciones Laborales
más avanzada y garantista de los derechos de las trabajadoras y
trabajadores que ha conocido el movimiento obrero desde la Guerra Civil
hasta nuestros días.
Pese a que se vivía una grave crisis económica con altos índices de
desempleo semejante a la que se viviría dieciocho meses después, en
ninguno de los apartados de la ley 16/1976 aparece alusión alguna a la
misma. Llamo la atención sobre este hecho, ya que como veremos al
analizar los Pactos de la Moncloa, las grandes dificultadas económicas
son el mantra que se repite para justificar el retroceso continuado en
los derechos laborales que los Pactos inauguran.
Todo lo contrario. En el preámbulo de esta Ley el discurso es de
“respaldo…a las reiteradas aspiraciones del mundo laboral…” que se
espera sean ampliadas y desarrolladas en un futuro próximo: “De esta
manera se recogen o quedan preparadas en su articulado algunas
tendencias y mejoras que se supone serán realidad en los próximos años”.
La mejor confirmación de esta valoración es el propio articulado de la Ley
[12] 16/1976, cuyos aspectos más importantes, destaco a continuación.
- Prohibición de las empresas de trabajo temporal, que ya estaban
ampliamente instaladas en otros países de la CEE. Exclusión de cualquier
intermediación de la empresa privada en la contratación. (Art. 12.2 y
12.3)
- El contrato de trabajo es per se indefinido, salvo
excepciones bien concretas. Aún para éstas (personal artísticos y
técnico de espectáculos, deportistas, y otras actividades temporales
expresamente autorizadas legalmente) los contratos sólo podrán ser
prorrogados una vez y por un tiempo máximo de un año. Si no fue pactado
inicialmente o se prorroga expresamente, el contrato temporal se
convierte automáticamente en indefinido. También se aplica esta medida
en los contratos que deliberadamente constituyan fraude de Ley; es
decir, que se trate de camuflar una actividad productiva en alguna de
las excepciones que esta Ley establece para la duración indefinida de
los contratos. (ATP 14 y 15). De esta forma, es la naturaleza del
trabajo para el que se realiza el contrato el que determina el carácter
de éste.
- Establece periodos de prueba máximos de seis meses para técnicos
titulados, tres meses para el resto y dos semanas para el personal sin
cualificación. Durante este tiempo el trabajador tendrá los mismos
derechos que si fuera de la plantilla. (Art. 17).
- Prohibición taxativa del prestamismo laboral y fijación de multas y
sanciones, tanto para las empresas que recluten el personal, como para
las que lo utilicen. Los trabajadores y trabajadoras objeto de
prestamismo laboral, una vez transcurrido el periodo de prueba, pasaban a
ser trabajadores fijos. (Art. 19).
- Reducción de la jornada laboral de 48 a 44 horas semanales con descanso no inferior a 12 horas (Art. 23).
- Ampliación del permiso de maternidad a 6 semanas antes del parto y a
8 semanas después del parto, acumulables, y de la excedencia por
maternidad hasta tres años. (Art. 25)
- Probablemente el más significativo es el Artículo 35, incluido en la
Sección X, que lleva por título “Régimen disciplinario”.Dice así:
“Cuando en un procedimiento por despido, el Magistrado de Trabajo
considere que no hay causa justa para el despido, en la sentencia que
así lo declare condenará a la empresas a la readmisión del trabajador en
las mismas condiciones que regían antes de producirse aquel, así como
del importe del salario dejado de percibir desde que se produjo el
despido hasta que la readmisión tenga lugar”. En el apartado 4 de este
mismo artículo prohíbe que el despido sea sustituido por indemnización
económica salvo acuerdo voluntario de las partes.
Este trascendental Artículo 35, esencial para blindar a los
dirigentes del movimiento obrero contra las “listas negras” y la
represión laboral, estuvo en vigor seis efímeros meses. La
contraofensiva patronal culminó en su derogación en octubre de ese mismo
año. Una huelga general al mes siguiente no logró reimponerlo.
En sentido contrario, el 4 de marzo de 1977 (antes de las primeras
elecciones “democráticas” y de los Pactos de la Moncloa) se publicaba el
Real Decreto que reconoce el derecho de huelga como derecho fundamental
y limita el cierre patronal (lock out).
Más allá de los avances y retrocesos concretos propios de una época
de profunda inestabilidad política, es incontestable que la Ley de
Relaciones Laborales de 1976 condensó un importante paquete de medidas
destinadas a asegurar la permanencia en el puesto de trabajo y la
protección de derechos laborales, a contracorriente de lo que ocurría en
el resto de los países centrales del capitalismo. Allí los derechos
laborales habían entrado en fase de demolición con la piqueta de las
políticas neoliberales. En el Estado español la correlación de fuerzas
en la lucha de clases era otra.
En el centro y el norte de Europa Occidental los grandes sindicatos,
cooptados y generosamente financiados por el “estado del bienestar”,
habían demostrado en mayo de 1968 en Francia y en el aislamiento de las
luchas obreras y estudiantiles de Italia a comienzos de los 70 que jamás
iban a poner en cuestión las relaciones de supremacía del capital sobre
el trabajo, que no se iban a violentar los fundamentos del sistema.
En el Estado español a pesar de los durísimos coletazos de la
Dictadura, como los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, el
asesinato de cinco trabajadores y los cientos de heridos de bala el 3
de marzo de 1976 en Vitoria o la matanza de los abogados laboralistas
de Atocha el 24 de enero de 1977, la combatividad y la organización del
movimiento obrero eran grandes y crecientes. Además no se trataba sólo
de reivindicaciones laborales. Estaba preñado de contenidos políticos de
ruptura con el Régimen que agonizaba y de exigencias de democracia y de
control obrero en la empresa. La fuerza organizada de la clase obrera
fue capaz de sobreponerse a los vientos neoliberales que empezaban a
arrasar las políticas sociales “del Bienestar” en una CEE con poderosas
centrales sindicales y supuesto paraíso de los derechos sociales.
III.4. La Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977.
Para entender las dimensiones del giro esencial que iniciaron los
partidos y sindicatos de izquierda – sobre todo el PCE y CC.OO que eran
quienes hegemonizaban el movimiento obrero – es preciso no olvidar que
doce días antes de la firma de los Pactos de la Moncloa se aprobaba en
el Congreso de los Diputados – con el voto favorable de los Grupos
Parlamentarios del PCE y del PSOE la Ley 46/1977 de Amnistía
[13].
La Ley de Amnistía liquidaba cualquier responsabilidad por “todos los
actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado,
tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día
quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis”.Quedaban así
impunes los centenares de miles de asesinatos, torturas,
encarcelamientos, despidos, perpetrados por la Dictadura contra la clase
obrera y contra todos los pueblos del Estado español. Era y es una de
las más gigantescas “leyes de punto final” que ha conocido la larga
historia del terrorismo de Estado en el mundo. Bajo ese manto de
impunidad cayeron hechos muy recientes entonces y de la magnitud del
fusilamiento de cinco jóvenes antifascistas el 27 de septiembre de 1975,
con Franco agonizante y con el Rey Juan Carlos ejerciendo de número dos
en la Jefatura del Estado o la matanza por disparos de la policía de
cinco trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, siendo Fraga
Iribarne Ministro de la Gobernación.
La Ley de Amnistía convirtió en un sarcasmo el clamor por ella que
presidía las luchas obreras y populares. No se anularon las sentencias
de muerte, de cárcel, de expatriación, etc. tribunales especiales
constituidos bajo leyes fascistas, ni se cuestionó el robo masivo de
propiedades de personas republicanas cometido pueblo a pueblo por los
vencedores de la Guerra Civil. De la Ley de Amnistía quedaron excluidas
las personas condenadas por delitos de sangre del bando de los
derrotados en la Guerra Civil.
La Ley 46/1977 ha sido la muralla contra la que se han
estrellado todas las acciones judiciales que buscaban Verdad, Justicia y
Reparación. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, ante las demandas judiciales por los
asesinatos de Vitoria o los fusilamientos de 1975 o de anulación de los
juicios militares sumarísimos (como el de Julián Grimau, los de los
anarquistas Granado y Delgado ejecutados a garrote vil en 1963 y los de
tantos otros), han utilizado la Ley de Amnistía y la Constitución de
1978, como escudos jurídicos ante cualquier demanda, garantes así de la
impunidad de la Dictadura. A nadie, ni en medios de comunicación, ni en
círculos políticos o judiciales, parece haberle llamado la atención que
el mismo Tribunal Constitucional haya declarado en varias ocasiones
competente a la justicia española para procesar a dirigentes de otros
países responsables de crímenes de Estado (antes de la reforma de la
Justicia Universal), considerando para ello como ilegítimos marcos
jurídicos semejantes al nuestro.
La Ley de Amnistía, votada por el PCE y el PSOE, dejó impune el
Terrorismo de Estado de la Dictadura y permitió que ninguno de los
sucesivos gobiernos “democráticos” tome medida alguna para depurar de
criminales y colaboradores el Ejército, la policía, la Guardia Civil, la
judicatura, las administraciones públicas, los medios de comunicación y
en general, todos los aparatos del Estado. Claro, que habría que haber
empezado por depurar la Jefatura del Estado y toda la Casa Real.
La conocida como Ley de la Memoria Histórica de 2007 efectúa un
“reconocimiento” a las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura,
pero ni siquiera ha conseguido que se abrieran las fosas comunes en las
que yacen decenas de miles de asesinados o que se cambiara el nombre de
las calles que en cada pueblo y en cada ciudad están dedicadas a los
asesinos. Tampoco trata el asunto central: la anulación de todas las
sentencias regidas por la legislación fascista.
El terrorismo de Estado, lejos de cancelarse en la “Transición
democrática” se multiplica en los más de 100 asesinatos de jóvenes
trabajadores y estudiantes perpetrados por las “fuerzas del Orden” y la
extrema derecha
[14].
Poco después se recrearía en los GAL, constituidos precisamente por
Gobiernos del PSOE y no denunciados por el PCE e IU hasta la llegada de
Julio Anguita a la dirección de ambas organizaciones en 1989.
La Ley de Amnistía, la creación de la Audiencia Nacional
[15],
al día siguiente de la desaparición del Tribunal de Orden Público de
Franco, y la legislación antiterrorista – como legislación de excepción y
Código Penal del enemigo, aceptadas por PSOE y PCE
[16] – son quienes verdaderamente inauguran la Transición.
III.5. los Pactos de la Moncloa de 27 de octubre de 1977
Doce días después de aprobada la Ley de Amnistía, el 27 de octubre de
1977, todos los partidos políticos con representación parlamentaria
firmaban los Pactos de la Moncloa
[17].
CC.OO, UGT y la Patronal los ratificaron poco después. Sobre esos
pilares se levantó el texto Constitucional de 1978 que – en cuanto a
derechos y libertades – ha permitido la perversión jurídica de la
legislación antiterrorista o de la futura Ley de Seguridad Ciudadana y
que en cuanto a derechos laborales y sociales es menos que papel mojado,
como es bien sabido.
Estos Pactos, cuyo primer apartado lleva por título “Política de
saneamiento económico” suponen un giro de 180 grados, sobre todo en
materia de empleo, tanto en cuanto a la legislación vigente _ la citada
Ley de 1976 – como sobre los principios que han ido vertebrando la
historia del movimiento obrero. Se acepta el eje central de la lógica
del enemigo de clase: la competitividad es el mecanismo fundamental para
asegurar el crecimiento económico. El crecimiento se convierte en
prioridad social “porque él es el que permite crear empleo”… a condición
de que se instaure la máxima flexibilidad en la contratación y en el
despido. Desaparecía la causalidad en la contratación, la estabilidad en
el empleo, la protección frente al despido y se abría la puerta a la
precariedad masiva, sobre todo para las mujeres trabajadoras y para la
juventud.
En los Pactos se refleja la creación de un contrato temporal por dos
años – obviamente sin derecho a indemnización por despido – para quienes
vayan a desempeñar su primer trabajo. También aparece por primera vez
la reducción en un 50% de las cuotas patronales de la Seguridad para
estos contratos.
Un mes después el Real Decreto 43/1977
[18]
empezaba la demolición de los derechos laborales mediante la amplia
legitimación cosechada en dichos Pactos. Su exposición de motivos, que
se parece como una gota de agua a cualquier otra normativa posterior en
esta materia, plasmaba por primera vez en un texto legal el pretexto
de la crisis para liquidar cualquier derecho laboral o social, se
inicia así: “La gravedad de la situación por la que actualmente
atraviesa la economía española, así como la necesidad ineludible de una
profunda reforma de sus aspectos institucionales más característicos al
objeto de que estos respondan a los criterios y principios de una
moderna economía de mercado, han sido reconocidas por todas las fuerzas
políticas con representación parlamentaria y este reconocimiento se ha
concretado en los acuerdos suscritos en el ámbito económico por el
Gobierno y las referidas fuerzas políticas”.
Este Real Decreto, en sus Disposiciones Adicionales Primera y
Segunda, introduce un contrato “de duración determinada” para
trabajador en paro “de una duración máxima de dos años “para el fomento
del empleo juvenil”, independientemente de la “causalidad”. En los dos
tipos de contratos “el Estado asume con cargo a los recursos de la
seguridad Social el 50% de la cotización” y ambos – para mayor sarcasmo,
se incluyen entre las excepciones para la contratación temporal – bien
concretas – establecidas en el Art. 15 de la Ley de Relaciones Laborales
de 1976.
Así mismo, para que no quedara nada por quebrantar, se modificó esta
Ley mediante un Decreto Ley (norma de rango inferior), que ni siquiera
se remitió al Congreso para su convalidación, hecho absolutamente
irregular en un Estado de Derecho. Todo ello sin que los recién
legalizados sindicatos, ni los grupos parlamentarios de la izquierda
mostraran ningún tipo de reacción significativa.
Una vez aceptada la justificación de la crisis, como ésta no hizo más
que intensificarse, vinieron una tras otra las sucesivas reformas
laborales que nunca eran suficientes para alterar su trayectoria y
siempre había que “flexibilizar” un poco más. El resultado para la clase
obrera fue un retroceso progresivo en todos los frentes, revelando que
las causas esenciales de la crisis no tenían que ver con las relaciones
laborales y que la destrucción de derechos era una lucha de clases pura y
dura, a la que la clase obrera asistía desarmada.
Se inició así un ciclo inacabado de contrarreformas laborales que –
pese a no tener efectos significativos sobre la evolución de las
diferentes crisis económicas
[19]
- fue imponiendo, una tras otra, las medidas fundamentales del programa
del capital dirigidas a ir acercándose a su meta en la lucha de clases:
máxima desregulación y negociación individual de las condiciones de
trabajo.
III.6. El sometimiento del movimiento obrero.
Merece la pena valorar la evolución de la combatividad del movimiento
obrero desde la Transición a través de los datos ofrecidos por las
estadísticas oficiales.
Los números reflejan el importante descenso de las huelgas desde
1976. El número de jornadas no trabajadas pasa de 12.593,1 en 1976 a
menos de la mitad – 6.177,5 en 1980. Y a partir de ahí, aunque tienen
lugar ofensivas brutales contra la clase obrera – reconversiones
industriales y privatizaciones masivas de empresas públicas,
contrarreformas del sistema de pensiones y sucesivas reformas laborales
que instauran una precarización progresiva - se produce un descenso
generalizado de la conflictividad obrera.
Año Huelgas Participantes (miles) Jornadas no trabajadas
1976 3.662 2.556,7 12.593,1
1977 1.194 2.955,6 16.641,7
1978 1.128 3.863,8 11.550,9
1979 2.680 5.713,2 18.916,9
1980 2.103 (1.365)* 2.287 (1.170)* 6.177,5*
Fuente: Boletín de estadísticas laborales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La serie citada más arriba, que no reproduzco íntegra por razones de espacio
[20]
y que estudia el periodo 1976 – 2006, refleja una caída permanente del
número de huelgas, del de participantes y de las jornadas no trabajadas.
En la década de los 80, de las más de 2000 huelgas se baja a poco más
de 1000. En la de los 90 y en la de los 2000, los tres indicadores
estudiados continuaron disminuyendo.
La representación gráfica de los tres indicadores analizados
[21]:
nº de huelgas, de participantes y de jornadas no trabajadas muestra con
mayor claridad la fuerte caída de la lucha obrera precisamente a partir
de 1977.
Esta disminución de la lucha obrera tuvo lugar al tiempo que se
producía una pérdida continua de derechos laborales, mucho antes del
periodo álgido de la crisis actual. Las normas aprobadas por los
diferentes gobiernos del PSOE y del PP son las siguientes
[22]:
“extensión de la contratación temporal (Ley 32/1984), creación y
desarrollo de las empresas prestamistas de mano de obra (Ley 14/1994),
facilitación de la modificación de condiciones (Ley 11/1994) y de la
extinción de contratos por causas objetivas (Ley 11/1994, Ley 63/1997,
RD-Ley 5/2001), precarización del contrato a tiempo parcial (RD-Ley
5/2001), reducción de la indemnización por despido improcedente (Ley
63/1997, Ley 12/2001, RD 5/2006) y limitación de los salarios de
tramitación (RD-Ley 11/2002, posteriormente convalidado como ley).
La Ley 35/2010, Real Decreto 7/2011, Ley 3/2012, Real Decreto
11/2013, aprobadas también por los gobiernos del PSOE y del PP
intensifican la caída en picado de los derechos laborales que – según la
UE, el BCE y el FMI - “va en el camino correcto aunque aún es
insuficiente”.
Los datos fríos de descenso objetivo y sostenido de la actividad
huelguística ocultan la realidad dramática de las ingentes y duras
luchas llevadas a cabo empresa a empresa por miles de trabajadores y
trabajadoras cuando se encontraban ante la repercusión concreta en su
centro de trabajo de medidas generales. Hay montones de ejemplos de
combates bien dirigidos – muchas veces por representantes de los
sindicatos mayoritarios – que, o bien permanecían aislados, o eran
traiciondos por las cúpulas sindicales.
La lucha de SINTEL, la huelga general de las y los trabajadores de la
Justicia, el ejemplo más reciente de Pan Rico, son algunos de los miles
de ejemplos que han abonado el descrédito general de CC.OO. y UGT y que
aún no se ha traducido – excepto en Euskal Herria – en el surgimiento
de mayorías sindicales alternativas.
IV. El mito de la Europa social
En la ofensiva ideológica de la burguesía e inscrito en el cambio de
naturaleza del movimiento obrero hay otro elemento central que aparece
en escena en la década de los 80: el mito de la “entrada en Europa” como
objetivo mayor. Una vez agotada la gran razón de “conquistar la
Democracia y del Consenso” para justificar el continuo retroceso en
derechos laborales y en condiciones de vida de la clase obrera el nuevo
señuelo fue la entrada de España en la CEE, paraíso de derechos y
libertades.
Ante él que había que inmolar el cierre masivo de empresas públicas
(la mal llamada reconversión industrial), la liquidación de buena parte
de la agricultura y la ganadería, la destrucción de derechos laborales
en aras de la competitividad y la masiva privatización de empresas
estratégicas y de servicios públicos. La entrada en el paraíso de la
Comunidad Económica Europea se produjo en 1986, convenientemente
engrasada por la integración el la OTAN.
La colaboración de las organizaciones de la “izquierda” política y
sindical con la burguesía para facilitar la implementación de sus
políticas, minimizando la respuesta de clase a través del “sueño
europeo”, ha sido analizada recientemente en dos trabajos publicados en
la Revista Laberinto, a los cuales me remito:
* El efecto narcotizante del señuelo de la “Europa social” y los
“aspectos progresistas de la Constitución española” bandera central
utilizada hasta ahora mismo por el cuarteto PSOE-IU-CC.OO. y UGT, así
como su reivindicación constante de la “vuelta al Estado del
Bienestar”, ha sido brillantemente estudiado por Manuel Muñoz Navarrete
[23] y es el tema central de un Informe de Red Roja
[24].
- La utilización de la Deuda, en el marco de la Unión Económica y
Monetaria, por la fracción dominante del capitalismo europeo como
instrumento privilegiado para imponer los brutales ataques contra la
clase obrera – liquidando de paso cualquier atisbo de soberanía – ha
sido examinado por mi para la revista Laberinto hace pocos meses[25].
V. Precariedad y siniestralidad laboral
Si la desigualdad social es el rasgo definitorio de la vida en el
capitalismo, lo es mucho más la muerte prematura en la clase obrera. La
evidencia empírica del coste en salud y en años de vida perdidos a causa
de la explotación y de la opresión es por tanto una de las expresiones
más concluyentes de la validez del concepto de división de la sociedad
en clases y de lucha de clases para explicar la esencia del
funcionamiento social. En los periodos de crisis capitalista, cuando la
burguesía descarga brutalmente sobre la clase obrera los costes de la
misma para intentar recuperar la tasa de ganancia, el reflejo en la
desigualdad ante la muerte es aún más nítido
[26].
La masificación de la precariedad a lo largo de estas casi cuatro
décadas transcurridas desde la Transición han determinado que la
siniestralidad laboral, tanto de accidentes graves como mortales, en el
Estado español haya sido históricamente y continúe siendo la más alta de
la UE
[27].
Los datos son abrumadores y vinculan dos factores que caracterizan -
tanto la sobre-explotación existente, como la exacerbación de las
medidas de ajuste aplicadas por los diferentes gobiernos e impuestas por
el FMI y la UE - la precariedad y el desgaste
[28]:
- Las tasas de mortalidad por lesiones traumáticas son dos veces y
media más elevadas entre trabajadores temporales que entre trabajadores
indefinidos.
- El riesgo de morir por accidente de trabajo en función de la edad es mayor entre los trabajadores mayores de 54 años.
La pasividad sindical es el patético resultado de los millones de
euros pagados por el Estado a patronal y sindicatos en concepto de
prevención de riesgos laborales para “cursos de formación”. Se engrasan
así unas las burocracias sindicales que callan ante la generalización
de la precariedad laboral masiva, factor estructural determinante de los
accidentes laborales.
El hecho de que el riesgo de morir por esta causa se concentre en
trabajadores mayores, indica que prevalece el factor desgaste,
intensificado por los destajos y las interminables jornadas de trabajo,
por encima de la experiencia como elemento protector. Que en estas
condiciones se haya alargado la vida laboral hasta los 67 años es un
acto criminal pero no exento de ventajas, calcularán ellos: los
trabajadores de este grupo de edad que acaban aplastados contra el suelo
contribuyen a rejuvenecer la plantilla y además la Seguridad Social se
ahorra su pensión.
El silencio ante este drama cotidiano oculta además un poderosísimo
factor de conciencia social: el capital no sólo roba en el salario, sino
que vampiriza la vida y la salud de los trabajadores y de sus familias.
VI. Conclusiones
El análisis de los factores que han ido abonando el dramático
debilitamiento del movimiento obrero desde la Transición es
indispensable para identificar las claves del proceso al que nos
enfrentamos como clase y como pueblos en momentos en los que a las
clases dominantes se les hunde el engranaje institucional que les ha
servido durante casi cuatro décadas para mantener su estructura de
dominación. Y, sobre todo, cuando nos urge reconstruir la fuerza del
movimiento obrero y popular.
Para ello planteo que los ejes fundamentales son:
1º La denuncia del “pacto social” y el “consenso” que se expresó en
los Pactos de la Moncloa y en la Constitución de 1978 y de quienes los
protagonizaron en representación del movimiento obrero.
2º La recuperación de la independencia de clase y de la unidad de la
clase obrera que, inevitablemente, debe basarse en el protagonismo en la
lucha de sus sectores
más explotados – mujeres, juventud precaria e inmigrantes -, junto a
la indispensable recuperación de la memoria histórica de quiénes
lucharon con más determinación en la época de la Dictadura y en estas
cuatro décadas. Es preciso revertir el sentimiento de derrota y
recuperar para la juventud proletarizada el tesoro de experiencia en el
combate que tantos hombres y mujeres acumulan. Precisamente en momentos
en los que la práctica desaparición de derechos nos obliga a actualizar
formas de lucha de la clandestinidad.
3º La ruptura y el enfrentamiento con quiénes se atreven a enarbolar
la bandera de la “vuelta del Estado del Bienestar” y de la “Europa
social” - como los integrantes de la Cumbre Social
[29]
4º La identificación del No al pago de la Deuda y la ruptura con la
UE y el Euro como elemento aglutinante de las diferentes demandas
sociales y como “línea de demarcación” que señala a la UE, al BCE y al
FMI como buque insignia del capitalismo europeo. Se trata de “un
conjunto de demandas concretas, estratégicamente diseñadas para alcanzar
el corazón del adversario, donde las contradicciones tienden a
concentrarse, con el fin de crear la palanca necesaria para cambiar el
equilibrio global de fuerzas (…) y que son el equivalente contemporáneo
de las demandas de paz, pan, tierra y autogobierno popular de las que
dependía el primer asalto al cielo del siglo XX”
[30]
5º Articular, sobre esa base, la lucha obrera y popular
internacionalista, que tiene la potencialidad de agrupar a la clase
obrera, a los pueblos de Europa y de otras partes del mundo, y de
enfrentar sobre bases concretas el auge del fascismo sobre el pilar
indispensable del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos, que
incluye la plena soberanía sobre los recursos y la salida de la OTAN.
Son estos principios políticos concretos para avanzar en la
acumulación de fuerzas y para ser capaces de responder, hoy con más
urgencia y claridad que nunca, al reto esencial que nos espera:
Socialismo o Barbarie.
16 de julio de 2014
[1]
Un análisis de los retos políticos tras la elecciones europeas puede
encontrarse en:
http://www.redroja.net/index.php/noticias-red-roja/opinion/2636-el-referendum-no-es-la-respuesta-reanudar-el-hilo-rojo-que-rompio-la-transicion
[2]
El análisis que realiza Red Roja sobre lo que representa Podemos y la
línea de intervención política de la izquierda revolucionaria puede
consultarse en:
http://www.redroja.net/index.php/comunicados/2626-ante-y-tras-las-elecciones-del-25m
[3] http://redroja.net/index.php/noticias-red-roja/opinion/2676-la-fuerza-de-la-memoria
[5]
El 27 de septiembre de 1975 se ejecutaron las últimas condenas a muerte
firmadas por un Franco agonizante, que se vio obligado convocar una
manifestación de adhesión y a salir al balcón de la Plaza de Oriente
junto a su sucesor Juan Carlos, ante la gran presión en contra de los
fusilamientos en el Estado y fuera de él. En juicios sumaríamos, sin las
menores garantías procesales fueron condenados y asesinados tres
militantes del
FRAP,
José Humberto Baena,
José Luis Sánchez Bravo y
Ramón García Sanz, y dos militantes de
ETA político-militar,
Juan Paredes Manot (
Txiki) y
Ángel Otaegui.
[11] http://www.lafogata.org/paisvasco/pais_8.htm
[12] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1976-8373
[13] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-24937
[14]
Este tema está tratado con todo detalle y documentación en el libro de
Alfredo Grimaldos “La sombra de Franco en la Transición”.
[15]
La creación de la Audiencia Nacional es anterior a la Constitución de
1978 y regida por lo tanto por la legislación fascista. Es también
anterior al primer Parlamento surgido de unas elecciones realizadas con
el PCE legalizado (junio de 1977), aunque no lo fueron otras
organizaciones de izquierda. Aquí se puede consultar el Real Decreto
1/1977, de 4 de enero.
https://www.boe.es/boe/dias/1977/01/05/pdfs/A00172-00174.pdf
[16]
PSOE y PCE se negaron a la convalidación parlamentaria de las
modificaciones de la Ley Orgánica del Código Penal mediante decretos
leyes, desde 1977 – cuando llegan al Parlamento - hasta que votan a
favor de la Ley Orgánica 11/1980., de 1 de diciembre – conocida como Ley
Antiterrorista - ya con el ruido de sables del 23F.
[22] http://www.mientrastanto.org/boletin-105/notas/el-origen-de-los-derechos-laborales#sthash.aUWr268t.dpuf
[27]
Los datos recientes de disminución de la mortalidad por accidentes de
trabajo en los últimos años, aun poco significativa, reflejan la gran y
brusca disminución de la actividad en la construcción, principal sector
implicado en la siniestralidad laboral.
[30] Costas Lapavitsas (2012) “Crisis en la Eurozona”. Capitan Swing Libros. S. L. Página 13.
