El informe policial que obra ya en poder de la Fiscalía
Anticorrupción detalla que 17 de los 20 cursillos para desemplados
impartidos en Málaga en 2010 presentan "graves irregularidades". Los
tres que cumplieron todos los requisitos sólo costaron 200.000 euros.
La investigación sobre los cursos para parados subvencionados por la Junta de
Andalucía está aún
en una fase incipiente pero ya muestra signos de que apunta hacia un nuevo gran escándalo de corrupción. Hasta ahora, los agentes de la
Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía
sólo han analizado en profundidad una convocatoria, la de 2010, y en
una provincia, la de Málaga, pero los resultados son demoledores. De los
20 cursillos para desempleados impartidos gracias a fondos públicos,
nada menos que 17 muestran
claros indicios de "graves irregularidades", según confirman a este diario fuentes jurídicas. Es decir, el 85%. La
'Operación Edu' no ha hecho "nada más que empezar", auguran estas mismas fuentes.
El escándalo,
destapado por Vozpópuli el pasado 11 de abril,
ha provocado una auténtica polvareda política y mediática, sobre todo
después de que algunos medios inflaran la cifra de lo defraudado a miles
de millones de euros. Sin embargo, hasta el momento, las pesquisas sólo
han revelado en esta primera fase
un supuesto fraude de 1,5 millones de euros supuestamente cometido hace tres años, aunque los responsables policiales y el fiscal jefe de Málaga,
Juan Carlos López Caballero, que se ha hecho cargo en persona del caso, no descartan extender las pesquisas
al resto de provincias andaluzas
y, con ello, multiplicar la cifra hasta alcanzar varias decenas de
millones de euros. Algunas fuentes conocedoras de los detalles auguran
que el escándalo puede dejar pequeño el célebre 'caso de los ERE'.
En concreto, el objeto de esta primera fase de la investigación se ha
centrado en las empresas adjudicatarias para impartir estos cursos que
figuraban en
una resolución del 15 de diciembre de 2010
de la delegación provincial en Málaga del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), de quien dependían entonces dichas enseñanzas. De ese listado, en
el que aparecen
desde academias a asociaciones de empresarios,
pasando por una carpinteria, una escuela de hostelería, una residencia
de ancianos y, hasta, un particular, se embolsaron por impartir
supuestamente este tipo de cursos cantidades que iban
desde poco más de 37.000 euros hasta cerca de 150.000 euros. En total, entre las veinte empresas cobraron algo más de 1,7 millones de euros.
Tres tipos de fraude
Las pesquisas han permitido concretar que
sólo tres de ellas
realizaron los cursos ajustándose a todas las condiciones marcadas por
la ley. Ellas recibieron de la Junta de Andalucía poco más de 200.000
euros. Las otras 17, entre las que se encuentran las que más dinero se
embolsaron, presuntamente no lo hicieron. Siempre según las pesquisas,
algunas eran
empresas 'fantasmas' que desaparecieron sin dejar rastro tras cobrar el 75% de las ayudas concedidas. En otros casos, entregaron listados de
alumnos ficticios utilizando el nombre de parados reales
que nunca acudieron a recibir dichas enseñanzas. Finalmente, un tercer
grupo lo formaban aquellas sociedades que supuestamente incumplieron
el compromiso de colocación de un 60% de los alumnos, a algunos de los cuales les obligaron a firmar su renuncia al puesto de trabajo que contemplaba la asistencia al curso.
Hasta ahora, y mientras avanzan las investigaciones, la única implicación detectada por parte de la Junta es
la desidia a la hora de controlar que los cursos se celebraban
y que, además, se cumplían las condiciones. Una reciente informe de la
Cámara de Cuentas andaluza ya destacaba que en algunas provincias sólo
se habían 'vigilado' el 10% de estos cursos. La UDEF ha podido ahora
corroborarlo. Varios de los testimonios recabados hasta ahora por los
agentes coinciden en señalar que los funcionarios del SAE, de quien
dependieron estas enseñanzas hasta abril de 2013, no acudían a constatar
si los cursos se celebraban o si tenían el número de alumnos que se
reflejaba en la documentación que las empresas remitían para poder
cobrar.
"Nadie venía a controlar si se impartían o no", llegaron a reconocer algunas de las personas interrogadas. Hasta ahora,
han declarado ante la Policía en condición de testigos más de 200 personas, la mayoría supuestos alumnos. Aún no hay ni imputados ni detenidos.
Antes de continuar con las pesquisas, la UDEF pretende limitar
claramente el objeto de la investigación para no desperdigar esfuerzos.
Así, el periodo que quiere analizar con detalle es el que va
desde 2009 a 2012, cuatro años.
Antes de esa fecha el delito posiblemente sea considerado por los
tribunales ya prescrito, según estas fuentes. Analizar 2013 tampoco
tendría mucho sentido. Para entonces las pesquisas ya estaban en marcha
y, de hecho, la Junta de Andalucía transfirió la competencia de esos
cursos
desde la Consejería de Economía a la de Educación tras conocer por la Policía la existencia del fraude, por lo que muy posiblemente no se produjeron más casos.
Pese a esta limitación temporal, el campo de trabajo de los agentes
de la UDEF es muy amplio ya que, en teoría, los cursos de formación
subvencionados por la Junta de
Andalucía abarcaban
tanto enseñanzas para parados como para personas con trabajo. Por ello, la Policía ha decidido poner el foco en los que afectan a desempleados, los llamados
cursos de Formación Ocupacional Profesional (FOP), entre otros motivos porque las irregularidades detectadas hasta ahora son más flagrantes y numerosas.
http://vozpopuli.com/actualidad/42117-la-udef-concluye-que-el-85-de-los-cursos-de-la-junta-para-parados-investigados-son-fraudulentos
INFORMACIÓN RELACIONADA:
Empresas de la trama de los cursos de formación se constituyeron después de recibir la subvención de la Junta
Roberto Ruiz Ballesteros / Seguridad y Tribunales
- Uno de los requisitos era que la concesionaria tuviera experiencia y hubiese impartido este tipo de seminarios con anterioridad.
- La Policía investiga al Gobierno andaluz por fraude en la concesión de ayudas que debían ir destinadas a inserción laboral.
Las irregularidades detectadas por la Seguridad Social y la Policía
en la concesión de subvenciones para cursos de formación destinados a la
inserción laboral en
Andalucía
han sido variadas. Cada empresa rastreada por la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF) que recibió fondos del Servicio Andaluz de
Empleo incumple unos requisitos distintos de las otras. Algunos, de hecho, pueden considerarse más graves y otros menos.
Entre estos últimos se pueden enmarcas las irregularidades relativas
al momento en el que se concedieron las ayudas, ya que en algunos casos
las empresas que las recibieron ni siquiera habían sido constituidas,
según las primeras indagaciones realizadas por la Sección de
Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, encargada de las
pesquisas.
Hay empresas, explican fuentes policiales, a las se les concede la
subvención antes de estar constituidas en el Registro Mercantil. Sí
acudían a registrarse para conseguir el número con el que hay que ir a
Hacienda con objeto de conseguir un CIF, pero luego no volvían al
Registro para constituirse como empresa, detallan las mismas fuentes.
Existen otros casos, continúan, en los que las sociedades que
recibían la subvención llevaban apenas un año constituidas, con lo que
también éstas estarían incumpliendo las exigencias legales, que piden
que la concesionaria tenga más experiencia en la formación.
La trama investiga por el momento 17 empresas de la provincia de
Málaga que recibieron ayudas del Servicio Andaluz de Empleo en 2010. Sin
embargo, la Policía pretende continuar el rastreo de adjudicatarios a
través de la extensión a otros ejercicios y al resto de provincias de la
comunidad autónoma.
Las subvenciones otorgadas se enmarcaban dentro del programa
denominado Formación Profesional Ocupacional, que tiene la finalidad de
facilitar la inserción laboral de los ciudadanos. De hecho, uno de los
compromisos asumidos por las empresas que recibían las ayudas era buscar
un primer empleo a los alumnos que hacían el curso, que se desarrollaba
durante seis meses. Al cabo de los mismos, la adjudicataria tenía la
obligación de contratar al 60% de los alumnos o de buscarle un trabajo
en alguno de los negocios que previamente había indicado en el pliego
presentado para solicitar la subvención.
El dinero repartido por el Servicio Andaluz de Empleo a estas
empresas de forma presuntamente irregular provenía a su vez del Fondo
Social Europeo, que concede ayudas a las regiones comunitarias con el
fin de promover la contratación. De hecho, tras conocer la noticia de
que la Policía estaba investigando a la
Junta de Andalucía,
Bruselas advirtió que pediría explicaciones al Gobierno regional.
La UDEF pretende extender sus investigaciones a todo el territorio
andaluz y al periodo comprendido entre 2009 y 2012, que coincide con la
última etapa de
Manuel Chaves al frente del Ejecutivo autonómico y con todo el mandato de
José Antonio Griñán.
http://noticias.lainformacion.com/espana/empresas-de-la-trama-de-los-cursos-de-formacion-se-constituyeron-despues-de-recibir-la-subvencion-de-la-junta_xVYcqxh4iuGCVNnI1ctZL1/