Etiquetas

sábado, 16 de agosto de 2014

OTRO CASO DE BRUTALIDAD POLICÍACA EN EE.UU

16/08/2014 

x Carlos Borrero
 
 
 
Este caso, y otros tantos más, muestran el carácter brutal del estado capitalista y el de su policía, fuerza de ocupación colonial en muchas comunidades pobres
 
El brutal asesinato de Michael Brown, un joven negro de 18 años que iba con un amigo y desarmado, a manos de un policía en Ferguson, Misuri, un suburbio de la ciudad de San Luis ha provocado una ola de motines populares. Este incidente sigue otro similar hace varias semanas en que policías de la ciudad de Nueva York usaron una llave de ahorcamiento no autorizado que mató a Eric Garner, un hombre que estaba vendiendo cigarrillos sueltos en la calle. Estos casos, y otros tantos más, son un recuerdo del carácter brutal del estado capitalista y el de su fuerza policíaca en particular que se asemeja a una fuerza de ocupación colonial en muchas comunidades obreras, particularmente las en que predomina la gente de color.

Varios testigos afirman que el joven Michael Brown recibió varios disparos después de alzar sus manos en señal de rendición aun cuando su única “ofensa” fue caminar en la calle con un amigo. Según el amigo que lo acompañaba el sábado pasado, Dorian Johnson, los dos caminaban hacia la residencia de su abuelo cuando les pasó por el lado un policía en auto quien le gritó “Get the fuck on the sidewalk” (Súbete a la acera carajo! ). Al no acatar lo suficientemente rápido, el policía les dio con la puerta del auto, salió del mismo y agarró a Brown por el cuello con una mano mientras que amenazaba disparar con la otra. Disparó en el tumulto, lo cual provocó que los jóvenes corrieran y el policía respondió disparándole al joven Brown por la espalda. Según Johnson, fue entonces cuando Brown se dio la vuelta y levantó las manos para rendirse, a lo que el policía respondió con ocho disparos más. Encima de este despliegue de salvajismo, el cuerpo sangriento del joven fue dejado en la calle durante varias horas después del asesinato. El policía, cuyo nombre no fue revelado, ha sido puesto en licencia administrativa pagada.

La indiferencia temeraria por la vida humana con que la policía a través de muchas comunidades de EEUU actúa es un reflejo del desprecio que tienen la clase dominante y sus representantes políticos para las masas de pobres, especialmente los jóvenes de color. Al igual que muchas zonas asoladas por la descomposición económica que caracteriza el capitalismo estadounidense contemporáneo, especialmente dentro del viejo cinturón industrial al que se refieren ahora como “Rust Belt”, San Luis sufre de altas tasas de pobreza y desempleo. La llamada recuperación económica de la que tanto hablan los defensores del capitalismo estadounidense, y que ha dado lugar a una concentración sin precedentes de riqueza entre los especuladores y los banqueros, ha resultado en el empobrecimiento de la clase obrera y una fuerza policíaca cada vez más brutal y militarizada para reprimir las crecientes tensiones sociales del sistema. Esto es claramente evidente en la respuesta policial a las protestas legítimas que se desarrollaron después del asesinato.

La complicidad de los representantes políticos de la burguesía en este tipo de brutalidad va más allá de su afán de llevar a cabo una política económica que enriquece al capital financiero mientras que aumenta la desigualdad social. La asignación de grandes fondos federales a miles de municipios a través de EEUU para “modernizar” la policía, además de integrarla con las fuerzas armadas como parte del llamado antiterrorismo, apunta hacia los preparativos que hace la clase dominante para la anticipada escalada de conflictos de clase. La clase dominante estadounidense no promueve una política de reconstruir la infraestructura social ni mucho menos asigna recursos para abordar las muchas necesidades de las masas obreras en las áreas de salud, educación y vivienda. Al contrario, recurre cada vez más al terror de estado para proteger su dominación de clase. En el caso de Ferguson, se han desplegado cientos de policías antimotines fuertemente armados además de armería pesada incluyendo helicópteros y otros vehículos blindados mientras que impusieron apagones informativos y restricciones de aviones civiles sobre la zona, todo para reprimir a la población amotinada.

La respuesta popular a este brutal asesinato invariablemente ha tomado un carácter racial. Tal es la historia de EEUU, donde la clase dominante siempre ha fomentado las tensiones raciales para dividir a la clase obrera. Lamentablemente, esta política junto con el oportunismo sigue debilitando a la izquierda estadounidense. No obstante, EEUU se ha convertido en una importante “vitrina” en la que se puede ver el callejón sin salida al que el capitalismo lleva a la sociedad.

SE REPARTEN LOS PUEBLOS

 16 de agosto de 2014

Viñeta de Kalvellido
Se reparten los pueblos
entre unos pocos
a los que  la codicia vuelve locos
y nada más importa
que la tierra rica
en frutos y en semillas.
Se reparten los pueblos
como se reparten los sables,
 el hambre,
los harapos.
Se reparten los pueblos, si,
entre unos pocos, si,
 los mismos de ayer,
los mismos .
Las mismas manos flojas,
el mismo aliento,
 el mismo salitre  abrasando los mismos ojos,
la misma piel rota, roja,
el mismo invierno en el infierno.
Se reparten los pueblos,
como si  no estuviéramos dentro de ellos,
como si fuéramos piedras
o peor,
como si fuéramos sólo brazos que no se duelen ni se quejan.
Pero siempre hay
un irredento corazón que no se doblega.
Siempre asoma un hombre común,
una mujer corriente,
unas palabras que vuelan.
Siempre vive en cada pueblo
un campesino,
un poeta,
un rebelde que mira de frente la verdad
y  deletrea con su voz inmensa,
con su  inmensa ternura,
con su rabia intensa:
No.
No nacimos para las cadenas.

LA BRUTALIDAD DE LAS AZORES


 16 de agosto de 2014

A la "socialista", María Luisa Carcedo, habría que recordarle que su ex jefe Zapatero salió de Iraq para, obedeciendo órdenes del amo, meterse de lleno en la brutalidad de Afganistán: PSOE-PP la misma mierda es.

La secretaria de Bienestar Social del PSOE, María Luisa Carcedo, cree que la complicada situación actual de Irak es consecuencia de "la brutalidad de las Azores", en alusión a la reunión de hace once años entre George Bush, Tony Blair y José María Aznar en la que se abrió la puerta a la guerra de 2003.

Los continuos enfrentamientos en la zona, con el avance del grupo yihadista Estado Islámico (EI), son "una consecuencia directa de las Azores, de meterse como elefante en una cacharrería en un país y destruirlo", ha lamentado Carcedo en declaraciones a Efe.

En este sentido, ha subrayado el error que supuso abrir la puerta a la guerra en un país que "estaba funcionando" y que entonces era de los pocos de su entorno que contaba con instituciones "más o menos" democráticas, e incluso tenía a las mujeres incorporadas a la vida pública.La guerra de Irak llevó al país "al túnel del tiempo", a "siglos de atraso" y ha acabado entregándolo al yihadismo, se ha quejado.


MÉXICO: CONSUMAN LEGISLADORES LA MÁS ALTA TRAICIÓN A LA PATRIA


El propósito de desmantelar la propiedad nacional sobre los hidrocarburos y nuestros recursos naturales se ha consumado en una de las más arteras traiciones a la patria. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista de México que sellaron el monumental atraco a la nación muy pronto deberán responder antes millones de mexicanos por la abrumadora demagogia con que defendieron desde la tribuna los intereses de las voraces multinacionales, a las que en aras de la “utilidad pública” se les entregará el país entero para devastarlo.
 
Con la aprobación de las leyes secundarias, el petróleo y la electricidad han dejado de ser parte estratégica del desarrollo nacional por obra y gracia de un puñado de apátridas que en la peor de las bajezas ni siquiera leyeron ni se enteraron a detalle sobre lo que aprobaron en un grotesco y ominoso mayoriteo, retornando a los añosos tiempos del vasallaje.

De la mano, priístas, panistas y verdeecologistas cayeron una y otra vez en sus propias contradicciones históricas e ideológicas, como cuando desde la tribuna la senadora Cristina Díaz pidió dejar atrás “los cascarones políticos y sociales que corresponden al pasado”. Pero hizo mutis, como el resto de sus compañeros de bancada y sus ignominiosos aliados, cuando el perredista Alejandro Encinas invocó extractos de la Ley del Petróleo expedida en 1901 por el dictador Porfirio Díaz, en la que, cual si se tratara de una copia al carbón de lo ahora contemplado en las leyes secundarias, se ofrecían a las compañías extranjeras todo tipo de facilidades para despojar de sus tierras a comunidades indígenas y campesinas, facilitando sus labores de explotación.

De tales “cascarones”, los ejecutores priístas del atraco nacional prefirieron negar su propio origen ideológico ahora pintado de azul por su afinidad de complicidades e intereses mutuos con la gente de Acción Nacional, cuyos fundadores buscaron dinamitar la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas en 1938. Quién diría que ahora, en la nueva “visión de vanguardia” y acomodaticia de la reforma energética del siglo XXI, irían de la mano en la entrega de los recursos energéticos a las trasnacionales, arrasando, como don Porfirio, con la propiedad social de millones de mexicanos. Eso sí, se dicen dispuestos a asumir los “costos políticos”. Y vaya que los habrá.

Al decir de los ejecutores del despojo que se avecina contra indígenas y campesinos basta con cambiar el término “expropiación” por el de “ocupación temporal” para desaparecer los riesgos que los proyectos de las trasnacionales implicarán en la certidumbre de la tenencia de la tierra; la nueva terminología jurídica no evita el riesgo al que se enfrentarán en el país un promedio de 19 mil ejidos y comunidades indígenas cuyas poblaciones amenazan con ser devastadas en su modo de vida por los consorcios petroleros y eléctricos que tendrán luz verde del gobierno en turno, gracias a las leyes secundarias, aprobadas a modo, por el sumiso Congreso de la Unión.

Doblemente grave que los impulsores de las leyes secundarias digan que hasta habrá “justas recompensas” para quienes deban ceder sus tierras o propiedades al pasar al nivel de “socios” de los inversionistas, cuando en los nuevos ordenamientos ni siquiera se fijaron los hipotéticos porcentajes de ganancias a los afectados ni los montos por la compensación de daños, dejando en manos de la Secretaría de Energía “las metodologías, parámetros y lineamientos” para tales efectos. Es decir que la benévola “ocupación temporal” ni siquiera quedó reglamentada, a diferencia del “interés público” que aparece en todas las leyes secundarias como justificante para autorizar el despojo de tierras a favor de los proyectos de las voraces multinacionales.

Pero así como quedaron lagunas en las disposiciones que supuestamente deberán amortiguar los efectos negativos a la población, también hay marcadas imprecisiones y laxitudes en el otorgamiento de contratos y licencias, así como en materia ambiental donde, paradójico, los legisladores del Verde Ecologista avalaron la extracción del llamado gas de lutita o shale gas utilizando el sistema de la fractura hidráulica del subsuelo o fracking, que utiliza, además de grandes volúmenes de agua, sustancias altamente tóxicas para el medio ambiente, al grado de que tal método se está restringiendo en países como Estados Unidos. Los panistas pugnan por explotar mediante el fracking 20 mil pozos por todo el territorio nacional, lo que implicará dejar sin agua a más de 5 millones de habitantes.
Los apátridas del Congreso insistieron, y lo siguen haciendo, en que las leyes secundarias no atentan contra la seguridad nacional en materia energética; empero, la nueva Ley de Hidrocarburos establece la obligación de Petróleos Mexicanos y del Instituto Mexicano del Petróleo de entregar a los particulares toda la información estratégica del sector, así como los estudios de investigación acumulados en décadas de trabajo –y pagados por todos los mexicanos–, con el fin de que estos operen el nuevo Centro Nacional de Hidrocarburos sin que les cueste 1 solo centavo. Es decir, que abriremos de par en par nuestros valiosos archivos confidenciales –que en otros países son considerados materia de estrategia de seguridad nacional– sin el menor recato a los monopolios internacionales.

Además, y apenas se coronó la infamia legislativa, sus operadores se aprestaron a dar las malas nuevas al pueblo de México como sucedió con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público de Felipe Calderón y hoy senador Ernesto Cordero, quien anunció que no debe engañarse a la gente bajo la falsa expectativa de que de la noche a la mañana bajarán las tarifas del gas, la luz y ya no se diga la gasolina. El priísta Emilio Gamboa fue más directo cuando dijo a los medios que en la promoción de la reforma energética “nunca se mencionó que bajaría el precio de las gasolinas”.

Eso sí, panistas, priístas y verdeecologistas, acordaron por unanimidad el desaparecer el subsidio a las tarifas eléctricas focalizando su aplicación en las zonas rurales y urbanas marginadas, dejando tal “beneficio” a las clases desfavorecidas a “criterio del presidente”, y dotándolo, de paso, de una poderosa arma electorera. Es decir que si se dan protestas sociales en algunos sectores marginados, el jefe del Ejecutivo podrá decidir si se les otorga o no el paternalista subsidio para no perecer en el consabido dilema de pagar la luz o comer, como ahora sucede con los recibos locos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De regalo, los legisladores obsequiaron a las nuevas empresas extranjeras las cabezas de los mexicanos que por necesidad han utilizado los llamados diablitos para colgarse de los tendidos eléctricos; muchos de ellos que laboran de manera irregular en los tianguis o en la vía pública, subsistiendo en la informalidad, o que se guarecen en miserables techos de los asentamientos irregulares. Sin distinción alguna la nueva ley dispone que se sancionará con hasta tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, a quien “conecte sus redes particulares con el sistema eléctrico nacional o con otra red particular para su alimentación sin la debida autorización y contrato”. Y fijan la multa mínima en 10 mil veces el salario mínimo y la máxima de hasta 50 mil días de salario mínimo. Es evidente que estamos asistiendo a las exequias de todo sentido social en la prestación del servicio. Los pobres que roben electricidad por no poder sufragarla pagarán con cárcel su atrevimiento. La innegable resurrección de don Porfirio Díaz.

Es así que aún sin entrar en funciones plenas, el mito de la disminución de las tarifas de la gasolina, la electricidad y el gas doméstico empieza a desmoronarse. Hasta 2017 seguirán los gasolinazos y la fragmentación anunciada de la CFE en sus sistemas de generación, transformación y distribución, que serán entregados a particulares. Se antoja imposible que bajen los precios de la electricidad si se considera, como han expuesto los expertos, que además del pago por el volumen de energía consumida, los usuarios del país deberán pagar ahora por la llamada “energía reactiva”, que es aquella que se requiere para transitar a través del tendido. ¿O acaso creen los falaces legisladores que los inversionistas que manejarán la distribución sacrificarán sus ganancias, lo mismo que los nuevos comercializadores?

El amargo despertar traerá altos costos sociales y políticos a los vendedores de quimeras y falacias, pues habrá que preguntarse con qué cara estos partidos y sus candidatos pedirán el voto a los mexicanos; a ése pueblo que resultará lesionado con su irresponsabilidad legislativa y que antes de emitir su sufragio en las urnas de 2015 deberá recuperar su memoria histórica para enviar al basurero electoral a esos partidos que tanto daño le han hecho a la nación.
Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014
Fuente
Contralínea (México)

LOS ASESINATOS POR TERRORISMO MACHISTA EN LO QUE VA DE AÑO SUPERAN YA A LAS DE 2013


Escrito por  Kaos. Mujeres, géneros y luchas LGBTTI 
 
16.08.2014

Las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año superan ya las de 2013 por estas fechas, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Agencias


El departamento de Ana Mato todavía no ha confirmado el asesinato de una mujer este jueves en Móstoles (Madrid), que elevaría a 36 el número de fallecidas. La muerte de una mujer en Torrox (Málaga), el pasado 8 de agosto, fue el último caso contabilizado por Igualdad, el número 35, dos más que el año pasado.

   Según la última estadística publicada por el ministerio el pasado 11 de agosto, tras confirmar el caso de Torrox, permanecen otros dos en investigación, que tuvieron lugar en San Roque (Cádiz) y en El Escorial (Madrid).

   Además, este documento indica que, hasta esa fecha, los menores que quedan huérfanos tras estos sucesos se elevan a 21 y podrían ascender a 23, si se confirma la muerte de la mujer de Móstoles, que tenía dos hijos de 15 y 17 años.

   Del total de casos contabilizados por el Gobierno de 2014, sólo en 11 constan denuncias previas por malos tratos contra los agresores y en dos casos fueron retiradas; ocho mujeres solicitaron medidas de protección y sólo tres las tenían en vigor en el momento en que fueron asesinadas.

   Los agresores quebrantaron en dos ocasiones las medidas de protección a sus víctimas, en uno de ellas con el consentimiento de la asesinada. La mayoría de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas (27) eran españolas, al igual que sus maltratadores. Once de los agresores se suicidaron tras cometer el crimen, mientras que tres lo intentaron.

AMNISTIA ACUSA AL ESTADO ESPAÑOL DE "BENEFICIARSE" DE LA " VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS" DE MARRUECOS EN MELILLA

16.08.2014

Amnistía Internacional advierte de que las autoridades españolas y, en concreto la Guardia Civil, que custodia la valla de Melilla, "se está beneficiando" de la posible "vulneración de derechos humanos" cometida por la policía marroquí hacia los inmigrantes, a los que "golpea" para que bajen y así devolverles "en caliente" a Marruecos.
Agencias

Amnistía Internacional advierte de que las autoridades españolas y, en concreto la Guardia Civil, que custodia la valla de Melilla, "se está beneficiando" de la posible "vulneración de derechos humanos" cometida por la policía marroquí hacia los inmigrantes, a los que "golpea" para que bajen y así devolverles "en caliente" a Marruecos.

   "Estamos investigando el papel de las fuerzas marroquíes porque hay vídeos en los que los gendarmes golpean a las personas migrantes y la Guardia Civil se beneficiaba de esas posibles vulneraciones de derechos humanos, que hace que estas personas bajen de la valla (...). España también es responsable de lo que les pase a estas personas", ha afirmado María Serrano, portavoz de esta organización, en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

   A su juicio, la Fiscalía debería investigar esta circunstancia, aunque ha lamentado que el propio Ministerio del Interior defiende una "interpretación" de la Ley de Extranjería, que, a su juicio, "no es posible", pues los inmigrantes que llegan a la segunda valla "ya están en territorio español" y las autoridades tienen la obligación de examinar su solicitud de entrada, "algo que no están haciendo".

   "Las autoridades españoles lo que están haciendo a todas luces es incumplir con la Ley de Extranjería y normas internacionales cuando permiten esas expulsiones ilegales a través de la valla", ha aseverado Serrano, para añadir que estas personas migrantes deben poder acceder a la justicia "estén o no en situación irregular". "Se cometen violaciones de derechos con total impunidad", ha apostillado.

EL GOBIERNO DE COSPEDAL PIDE A LA FAMILIA DEL NIÑO DEPENDIENTE FALLECIDO EL DIENRO DE UNA SUBVENCIÓN

La noticia en la Sexta del fallecimiento de Jomián. Foto: @Armando_Marcos


La Junta de Castilla-La Mancha presidida por María Dolores de Cospedal ha iniciado los trámites de “inicio de requerimiento de reingreso de subvenciones”, por la cual pide a la familia de Jomián Leonel, de 13 años y dependiente al 100%, los 2.700 euros que le concedió como ayuda para comprar una silla moldeable que necesitaba el chico por indicación médica.

El pasado mes de marzo, Leonel fallecía por su enfermedad que le postró en una silla por casi toda su vida. No pudo acudir a las pruebas previas de una operación importante en el hospital Carlos III que tenía este mismo mes, y la Junta en ningún momento reconoció a la familia el derecho a una prestación económica por cuidar al chico, en grado de gran dependiente.

Los 2.700 euros que iban a ser para su silla moldeable, necesaria por la gravísima escoliosis que sufría Leonel, los destinó la familia a los gastos de su incineración hace cinco meses. Era el único dinero disponible que tenía la familia para pagarlo.

Ahora, una vez que el chico ha fallecido, la Junta considera que la ayuda no es necesaria y ha pedido a la familia que devuelvan el dinero, como ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. En un escrito a día 25 de julio, la Junta informa a la familia de que comienza el proceso para que devuelvan la subvención.

La Plataforma ha denunciado que ni una vez muerto Leonel el gobierno de Cospedal deja en paz a la familia, a la que ya negó las ayudas para cuidar al chico. La Junta pide el reingreso de esa ayuda concedida, al considerar que ya no es necesaria.

Leonel nunca llegó a usar su silla moldeable. Iba a ser comprada una vez los cirujanos corrigieran en parte su grave escoliosis pasada la operación para la que no llegó a pasar ni las pruebas previas. Era el único remedio para salvar el único pulmón que le quedaba al chico, ya gravemente dañado, y que por desgracia no llegó a tiempo.

“El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, a pesar de haber fallecido, parece que sigue cebándose con la familia, reclamando ahora la cantidad al haber fallecido el niño. A pesar de que nunca pudo usar la silla y de que falleció y tuvieron que usar el dinero para su incineración”. La Plataforma insta a Cospedal a paralizar la reclamación de esa cantidad al haber fallecido el niño, pidiendo comprensión a un ejecutivo que siempre le negó las ayudas a la familia. De hecho su madre no estaba con el chico cuando falleció, ya que tenía que trabajar al no tener prestación económica la familia para cuidar del chico, que no controlaba esfínteres, se tenía que alimentar por sonda gástrica, y sufría crisis convulsivas.

SEIS MEDIDAS PARA VENCER A LOS BUITRES




 16.08.2014

Claudio Katz / Guillermo Gigliani / Jorge Marchini / Eduardo Lucita / Alberto Tezkiewicz / Julio Gambina / Jorge Sanmartino / Guillermo Almeyra / Martín Mosquera /Aldo Casas Julia Soul / Carlos Aznarez / Guillermo Caviasca /

El fallo de la justicia norteamericana que obliga a pagar a los fondos buitre puso un freno abrupto a la política del gobierno nacional de volver al ciclo de endeudamiento. Es un fallo que se inscribe en la lógica de la dominación imperial sobre los países periféricos que ha puesto en evidencia que la deuda no está resuelta y por eso ha recuperado centralidad.

Cualquiera de las alternativas actualmente en debate, tanto en el gobierno como en la oposición derechista, será gravosa para el conjunto de la economía nacional y particularmente para las clases trabajadoras.

En este documento, elaborado por varios integrantes de EDI –Economistas de Izquierda- pretendemos aportar un conjunto de elementos de análisis y de iniciativas para construir una salida favorable a los intereses populares.

Partimos de dos conceptualizaciones. Primero: el juez Griesa y los fondos buitre son sólo la expresión más recalcitrante de un mecanismo de endeudamiento propio del capitalismo contemporáneo, consustancial a la política de dominación imperial.

Segundo: frente a la política de los pagadores seriales que implementan el gobierno y la oposición derechista es posible desplegar un conjunto de iniciativas para que los trabajadores y el pueblo no carguen con los efectos de esta crisis. La deuda es una responsabilidad exclusiva de las clases dominantes.

En síntesis proponemos:
• Rechazo a todo pago a los hold outs.
• Cambiar la jurisdicción de pago y recuperar soberanía jurídica.
• Revisar la legitimidad de los pagos, mediante la suspensión e investigación de la deuda.
• Gravar con impuesto extraordinario a los grupos económicos que han fugado capitales y evadido impuestos.
• Proteger los ingresos del país implantando el Monopolio Estatal del Comercio Exterior
• Resguardar los recursos financieros y monetarios mediante la Nacionalización de la Banca.

Buenos Aires, agosto 10 de 2014

Claudio Katz / Guillermo Gigliani / Jorge Marchini / Eduardo Lucita / Alberto Tezkiewicz / Julio Gambina / Jorge Sanmartino / Guillermo Almeyra / Martín Mosquera /Aldo Casas Julia Soul / Carlos Aznarez / Guillermo Caviasca /

Seis medidas para vencer a los buitres

Desde hace varios días se discute si Argentina ingresó o no en un nuevo default. Al cabo de un mes de intensas negociaciones no hubo arreglo, el gobierno transfirió los fondos para abonar a los bonistas que ingresaron al canje y Griesa mantiene bloqueado el cobro de ese dinero. Si en las próximas semanas no se llega a algún arreglo la inédita situación creada por un deudor que quiere pagar y no lo dejan será catalogada de algún modo.

Los buitres están subiendo la apuesta junto a un juez y un mediador a su entero servicio. Están empeñados en reforzar la extorsión para obtener ganancias millonarias por bonos que compraron a precio vil. Ya lograron un dictamen de cesación de pagos selectiva del país por parte del comité bancario (ISDA) que maneja los seguros contra default (CDS). El pago de esas protecciones se disparó y algunos buitres han comenzado a cobrar esas coberturas. También lograron una definición parecida de las agencias calificadoras de riesgo.

Cualquiera sea su grado de senilidad, Griesa mantiene la suficiente lucidez para adoptar todas las medidas que exigen los especuladores. Autorizó pagos a los bonistas europeos para evitar conflictos colaterales con Citibank o REPSOL y concentra toda su artillería contra Argentina en los tribunales estadounidenses.

Capitalismo al desnudo

La negociación del último mes fracasó por la negativa de los buitres a considerar los pedidos del gobierno argentino. Rechazaron la solicitud de reponer la cautelar que permitía continuar con los pagos a los bonistas que ingresaron al canje. Se negaron a blindar las tratativas hasta enero del 2015 frente a eventuales juicios derivados de la aplicación de la clausula RUFO. Esa disposición obligaría a pagar a todos los bonistas la misma suma otorgada a los buitres detonando un incalculable endeudamiento.

Esta intransigencia también obedece a la propia lógica del negocio-buitre, que se basa en incursionar en riesgosos litigios para cobrar sumas siderales, a partir de inversiones insignificantes. Cuando obtienen sentencias favorables exigen la percepción integra del dinero, sin la menor consideración por las consecuencias de su chantaje. Se lanzaron brutalmente a cobrarle al país, cuando percibieron la disposición del gobierno argentino a pagar fortunas a los litigantes del CIADI, REPSOL y el Club de Paris.

Con sus habituales extorsiones ya le impusieron fuertes cobros a Perú y más recientemente al Congo. Suelen investigar las rutas del dinero manejado por allegados a los gobiernos acosados e intentan acorralarlos con demandas adicionales hasta lograr su rendición. Algunas causas ya iniciadas en tribunales de Nevada anticipan su intención de comenzar esa cacería con Argentina. También volverían a ensayar embargos del tipo fragata Libertad.

Cualquiera de esas aventuras puede desembocar en problemas financieros internacionales de gran envergadura. Las distintas especies de buitres (fondos de alto riesgo, operadores de derivados, especuladores de acciones) suelen empujar periódicamente al sistema bancario a situaciones muy peligrosas. Por esta razón chocan con los gobiernos y organismos internacionales que intentan regular su actividad. Especialmente el FMI está muy descontento con una actividad, que socava las recientes reestructuraciones de deudas europeas que sucedieron al socorro concedido a los bancos.

En los últimos seis años se discutieron incontables propuestas para limitar las acciones financieras de los especuladores y no se aplicó ninguna. Especialmente Estados Unidos veta la instrumentación de estos controles. Los buitres gozan de la misma impunidad que mantienen los cobradores de altas bonificaciones por operaciones riesgosas o los artífices de la evasión en paraísos fiscales.

El conflicto actual con Argentina suscita preocupación en las altas finanzas por haber destapado la ausencia de una norma internacional para gestionar las cesaciones de pagos de economías en quiebra. A diferencia del ámbito privado no existe un principio de remodelación de las deudas públicas defaulteadas, a partir de cierto acuerdo entre el grueso de los acreedores. Un litigante puede sustraerse de los convenios convalidados por la mayoría, como ha ocurrido con el canje argentino que fue aceptado por el 93% de los bonistas.

Aunque las reestructuración más recientes incluyen prevenciones contra esta eventualidad (“clausulas de acción colectiva”), las nuevas enmiendas agudizan la diferenciación entre países. Tampoco son confiables las protecciones acordadas por algunos tribunales europeos a este tipo de convenios. Por esta razón, Stiglitz, el New York Times, cien renombrados economistas estadounidense y algunos funcionarios de Obama están irritados con Griesa. El litigio con Argentina pone en peligro el manejo de todas las deudas conflictivas del mundo.

El gobierno de Cristina todavía aguarda un sólido apoyo de este bloque del establishment en la disputa con los buitres. Supone que este conflicto permitirá avanzar hacia la introducción de alguna modalidad de capitalismo regulado, con mayor control sobre las finanzas.

No toma en cuenta la red de intereses que conecta a los buitres con toda la estructura política y económica de Estados Unidos. Los especuladores no sólo actúan a través de la derecha republicana. También financian un fuerte lobby compuesto por ex funcionarios del demócrata Clinton. A pesar de su molestia con Griesa, diversas instancias judiciales y del gobierno estadounidense convalidaron la sentencia del juez. Todos comparten el objetivo de maltratar a un deudor incomodo como es Argentina, que introdujo el canje y se mantuvo alejado del mercado voluntario de crédito.

La crisis en curso confirma que el capitalismo contemporáneo se reproduce confiscando a los trabajadores, a las familias endeudadas y a los países de la periferia. Otra variante de este sistema más proclive a la producción, la inversión o el consumo sólo existe en la imaginación gubernamental.

En la disputa con los buitres el gobierno recibió mensajes de solidaridad del G 77 más China, la UNCTAD, los países latinoamericanos reunidos en la OEA y de los participantes en las Cumbres del MERCOSUR y del ALBA. En estos momentos del conflicto se torna más evidente la necesidad de medidas prácticas de respaldo. Un sostén efectivo del Banco Sur y un apoyo cambiario de Fondos de Estabilización regional serían imprescindibles. La crisis actual es la oportunidad para motorizar o crear instituciones de protección regional contra las agresiones del capital financiero.

Escenarios internos y externos

En las próximas semanas notaremos hacia dónde se encamina la política del gobierno frente a los buitres. No tenía previsto los fallos adversos y afrontó la sentencia con desconcierto e improvisación, denunciando un día la extorsión de los buitres y sugiriendo al otro el desembolso del dinero.

Este conflicto obstruye la estrategia implementada desde la devaluación de enero para volver al endeudamiento internacional. Con esa finalidad se renegociaron en tiempo récord los litigios pendientes con el CIADI, REPSOL y el Club de Paris. Estos arreglos comprometieron desembolsos superiores a los exigidos por los buitres, para cancelar pasivos muy cuestionados.

Pero la expectativa de lograr créditos externos urgentes para refinanciar la deuda ha quedado bloqueada por la crisis actual. Mientras no haya arreglo con Singer, Griesa y Pollack, el crédito externo continuará escaseando o aparecerá a cuentagotas y a tasas impagables.

Los préstamos sustitutos acordados con China son limitados y atados a muchas condicionalidades. Son líneas contingentes (swaps) por 11.000 millones de dólares en yuanes, que fueron negociados a cambio de fuertes garantías (inmunidad frente a los buitres), a tasas considerables y con sede de litigio en Londres.

El escenario actual altera la decisión del gobierno de continuar actuando como “pagador serial” de la deuda. Aunque la proporción del pasivo en relación al PBI es inferior al nivel corriente de las principales economías, la capacidad de pago del país es muy reducida. En los próximos años hay fuertes vencimientos con bajas reservas y este estrecho margen de acción alienta la búsqueda de financiación internacional.

Nadie sabe cuál será el escenario externo de los próximos meses. Una alternativa del conflicto con los buitres es el comienzo de un limbo judicial, que induzca a demorar todas las decisiones. El propio Griesa mantuvo durante años cajoneado el caso argentino. Si persisten los enredos que genera su tribunal con los intermediarios de los pagos argentinos (Citibank, Eurostar, Bank of New York) podría prevalecer algún tipo de tregua hasta el 2015.

Pero también cabe la posibilidad opuesta de un vendaval externo, si los bonistas del canje se impacientan por no recibir el dinero. En ese caso podrían exigirle al gobierno el pago total e inmediato de la deuda, a través de un procedimiento denominado “aceleración de los bonos”. Esta demanda puede comenzar en cualquiera de las series impagas (par o discount) e involucraría unos 25.000-35.000 millones de dólares.

Mucho más importante será dirimir el tenor del escenario interno. Todos los datos económicos indican una coyuntura adversa en materia de recesión, caída del consumo e inflación. La principal incógnita a dilucidar es el carácter acotado o agudo de la crisis en curso, que se verificará en el comportamiento del dólar blue, los bonos o las reservas. Lo ocurrido en diciembre/enero pasado indica que no es tan sencillo patear la pelota hacia adelante.

El gobierno seguramente consideró las enormes exigencias de prebendas de los bancos nacionales (ADEBA) liderados por el banquero Britto, al bloquear su oferta de intermediación con los buitres. Ese grupo propuso intermediar en la adquisición de los bonos a cambio de una garantía a holds outs (250 millones de dólares) o mediante la compra de todo el paquete (700-800 millones). Los buitres exigieron una suma más cercana a los 1600 millones, pero las tratativas naufragaron por la resistencia del gobierno a aportar indirectamente parte de ese dinero (a través de alguna flexibilización del BCRA). También se negó a formalizar algún compromiso de la compra de los títulos en enero.

Los funcionarios saben por experiencia que los banqueros nacionales pueden convertirse en feroces buitres internos a la hora de cobrar esos títulos. Aceptar su “mediación patriótica” equivalía a crear una RUFO interna. Britto no sólo es un pirata comprometido en viejas privatizaciones de los bancos provinciales, sino que motorizó la brutal corrida cambiaria de diciembre. Esta presión les reportó a los financistas ganancias adicionales a las ya acumuladas durante los últimos tres años. Los bancos constituyen el único sector con récords de beneficios en plena recesión

Es probable que hayan intentado la mediación para proteger la cotización de los bonos que tienen en cartera, pero han buscado además la apertura de otra ventana de negocios. Observaron cómo el gobierno pago millones en comisiones y punitorios al Club de Paris y se tentaron con la obtención de alguna tajada en la disputa con los buitres. Rivalizan con Citibank, JP Morgan, HBSC y Goldman Sachs en el picoteo de alguna porción de los 1600 millones de dólares en discusión.

Una eventual reaparición del escenario crítico de devaluación-inflación en los próximos meses, seguramente mantendría grandes distancias con el derrumbe del 2001. La intensidad de la recesión es inferior, la solvencia de los bancos persiste, los precios internacionales de la soja son menores pero todavía rentables y la deuda pública no tiene aún magnitudes absolutas explosivas.

Sin embargo la erosión del modelo continúa al cabo de tres años de inflación, estancamiento y nula creación de empleo. En la coyuntura actual el consumo se ha contraído, caen las horas extras y contrataciones y aumentan las jubilaciones anticipadas, las suspensiones y los despidos mientras la balanza comercial se deteriora.

El déficit fiscal financiado con emisión se está disparando y a diferencia del 2003-2005, los pagos a los acreedores del exterior ya no ocasionan el principal agujero de la Tesorería. En cualquier caso el margen del gobierno para repetir la política anti-cíclica sin efectos inflacionarios se ha contraído significativamente.

Iniciativas inmediatas

Es indudable que ingresamos en una etapa llena de imprevistos que exige definir cuál es el camino para vencer a los buitres. Lo primero es subrayar el rechazo a cualquier pago a los hold outs, antes y después de enero del 2015. Un juez al servicio de los especuladores no debe imponer sus arbitrariedades, ni tratar a la Argentina como a una colonia. Es obvio que Singer y compañía no tienen derecho a cobrarle un solo dólar al país.

Pero lo más gravoso de cualquier pago vendría después, puesto que los 1600 millones que se embolsarían los buitres constituirían tan sólo la primera cuota de los 12.000-15000 millones, que exigirá una segunda oleada de litigantes. Estos “buitres de los buitres” obtendrían rápidos fallos favorables en Nueva York y alentarían peticiones equivalentes en Inglaterra, Alemania o Italia. Otra porción litigaría en el tribunal del Banco Mundial (CIADI), que ya acumula demandas contra Argentina por 20.000 millones de dólares.

Sólo explicitando claramente esta decisión de no pago a los especuladores cobrará sentido la consigna “Patria o Buitres”. En este caso implicaría hacer efectivamente lo que se proclama, en lugar de confrontar de palabra y negociar en secreto.

Es necesario, en segundo lugar, introducir un cambio radical de jurisdicción en todos los litigios financieros. El país está sometido al chantaje de Griesa porque renunció a la soberanía jurídica y acepta dirimir las controversias sobre la deuda en tribunales extranjeros. Es indispensable recuperar la plena soberanía jurídica nacional.

La disputa con los buitres ha creado una coyuntura internacional favorable para implementar ese traslado, puesto que existe una amplia experiencia en el mundo sobre las nefastas consecuencias de la especulación financiera. Es evidente que Argentina no debe dilapidar fortunas en las comisiones cobradas por los abogados estadounidenses. Todas esas actividades deben ser inmediatamente trasladadas a instituciones públicas del país.

El gobierno argumenta que debe respetar las disposiciones de contratos previos al canje. Pero la renuncia a la jurisdicción argentina continúo durante ese intercambio de títulos en el 2005 al mantener la sede de litigio en Nueva York. Se suele argumentar que “era la única forma de implementar esa negociación” luego del derrumbe del 2001. Pero los bonos emitidos recientemente (REPSOL, Club de Paris) han ratificado la extra-territorialidad jurídica.

La crisis con los buitres ha creado la posibilidad de poner fin a esta situación. Allegados al propio gobierno han difundido esta alternativa, pero en forma acotada y con el objetivo puntual de reemplazar los pagos que no se puedan realizar en el exterior. Este cambio de domicilio es sugerido también por algunos economistas del establishment, para recomponer los puentes con el sistema financiero internacional, mientras se negocia alguna salida con los buitres.

Si el cambio de jurisdicción se adopta con ese criterio el remedio será peor que la enfermedad, puesto que Argentina continuará vaciando sus reservas sin ninguna refinanciación de la deuda. Se mantendría la ciega estrategia de pagadores seriales, transfiriendo recursos a los acreedores con un ingenuo imaginario de desendeudamiento.

El propio gobierno reconoció que en la última década se pagaron 173.000 millones de dólares y se toleraron salidas adiciones de capital por otros 80.000 millones. Es completamente inútil cualquier cambio de jurisdicción a Buenos Aires si persiste esa hemorragia.

La recuperación de la soberanía jurídica debería ir acompañada de una tercera medida esencial: la revisión de la legitimidad de todos los pagos que se efectivicen localmente. Este mecanismo pondría en práctica la investigación de la deuda.

Es muy conocido el carácter fraudulento de gran parte de los pasivos que abona el país. Algunas deudas provienen de la época de la dictadura, otras corresponden a imposiciones del FMI y muchas derivan de la absorción pública de quebrantos bancarios. Algunos pasivos se originaron en la estafa del “mega-canje” y el “blindaje” y otros títulos sirvieron para financiar privatizaciones engañosas o salidas no registradas de capital.

Las investigaciones que se hicieron sobre estas anomalías fueron archivadas, pero los canjes no han borrado las huellas de esos delitos, ni impiden separar los fraudes de los compromisos legítimos. Investigar la deuda es la forma de ilustrar a las nuevas generaciones la infamia financiera que ha padecido el país. Aportaría argumentos contundentes a la batalla actual contra los buitres. Además, la investigación pondría de relieve la inconsistencia de confrontar contra Singer, mientras se abona a libro cerrado al Club de Paris.

El modelo de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) que implementó Ecuador es la mejor manera de encarar esta revisión de la deuda. Permite transformar esa reconsideración en un acontecimiento público de envergadura, con perfiles de CONADEP. Una investigación de la propia justicia anularía la iniciativa al caer en manos de un Oyarbide o al perderse en los laberintos de los tribunales. Las comisiones parlamentarias tienden a desembocar en la misma disolución.

La investigación también demostraría cuáles son los grupos económicos que deben ser gravados por su responsabilidad en evasiones impositivas y desfalcos perpetrados contra el estado. Estos impuestos especiales constituyen una cuarta medida esencial. Los grupos capitalistas no conforman sectores intocables. Un gobierno con autoridad puede controlar y transparentar sus transferencias al exterior y poner la lupa sobre sus recursos dentro del país.

Los millones de dólares expatriados durante la última década surgieron de ganancias y rentas creadas en Argentina. La estimación oficial de 205.000 millones de dólares de capitales argentinos localizados fuera de las fronteras se ha quedado corta frente dos estudios recientes que elevan esa cifra a 379.000 y 440.000 millones.

Este vaciamiento fue tradicionalmente financiado con endeudamiento público. Un peligroso anticipo de repetición de esa pesadilla es el blanqueo en curso para todos los evasores de gran porte. Desde hace meses se renueva un perdón fiscal para quienes sustrajeron fondos. La complicidad con la salida de capitales se extiende ahora a su reingreso.

La puesta en marcha de todo este proceso no implica un default de la deuda, sino la suspensión de los pagos mientras se verifica su legitimidad. No expresa la imposibilidad de hacer frente a los compromisos sino la decisión soberana de revisarlos.

Protección nacional y sostén popular

Los capitalistas pospondrán sus presiones en los próximos meses, si apuestan a una solución negociada después de enero que incluya el retorno oficial al endeudamiento iniciado con el CIADI, REPSOL y el Club de Paris. Por el contario, si esta agenda ortodoxa se frustra los mercados volverán a temblar. El gobierno carece de algún plan para afrontar esta situación. A principio de año optó por la devaluación que exigieron los exportadores y banqueros, renunciando a confrontar con los vaciadores de la economía. La repetición de esta sumisión conduce al ajuste, a los tarifazos y al deterioro de los salarios.

Para transitar por otro sendero hay que proteger los recursos nacionales contra los buitres internos, que utilizan cada crisis externa para incrementar sus riquezas y su poder. Ese reaseguro exige adoptar dos medidas claves: el establecimiento de un monopolio estatal sobre el comercio exterior y la nacionalización de los bancos.

La primera medida implica introducir un inmediato y completo control público para custodiar las divisas generadas por las exportaciones, que en las coyunturas de crisis son retenidas, ocultadas o fugadas por el puñado de compañías que comercializadoras. Sólo el manejo estatal completo y transparente de esta actividad impedirá la presión devaluatoria recurrente que desencadenan esos grupos.

La nacionalización de los bancos supone la transferencia inmediata de todas las operaciones comerciales y financieras en moneda extranjera al sistema público. Esta medida (junto a la implantación de un control de cambios regulado, eficiente y no arbitrario) es necesaria para evitar la fuga al exterior de las divisas o su sustracción del circuito formal de la economía. Los bancos privados se especializan en este tipo de maniobras. Con la devaluación de diciembre pasado hicieron fortunas calentando el dólar paralelo.

Para vencer a los buitres se necesita este programa integral en el plano interno. Sin un estricto control estatal del ingreso y egreso de la divisas no hay forma de proteger las reservas, que resguardan la evolución de los precios y el nivel de actividad.

La batalla contra los buitres exige, finalmente, un sólido sostén en la movilización popular. Las negociaciones con abogados y juristas no definirán el resultado de este conflicto. Pero la población no se comprometerá en esa lucha si al mismo tiempo es víctima del ajuste iniciado en los últimos meses, con la evidente pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. La defensa de los recursos e intereses nacionales no puede condicionar la protesta social.

El gobierno no sólo convalida este recorte de los ingresos populares, sino que podría utilizar la disputa con buitres para disuadir la protesta social. Pospone el aumento del piso y las escalas del impuesto a las ganancias que tributan los trabajadores, aduciendo la prioridad de confrontar con los financistas. Oculta que el dinero destinado a pagar al Club de Paris, a REPSOL o al CIADI podría servir para reabrir las paritarias, aumentar a los docentes o subir el mínimo no imponible.

No cabe duda que existe un gran rechazo popular contra los buitres y una oposición masiva a su chantaje. Es totalmente falsa la analogía que hace la derecha de este conflicto con Malvinas, sugiriendo la preparación de una aventura que concluirá en la derrota del país. La comparación es completamente absurda e intenta crear un clima de inutilidad de cualquier confrontación con el capital financiero. Oculta especialmente los terribles costos sociales de la actitud opuesta de sometimiento.

Gran parte de la oposición derechista elogia a la justicia estadounidense, acepta el fallo de Griesa, propone abonarles a los buitres al contado o concretar un depósito como muestra de buena voluntad. Presiona por un rápido retorno a la agenda de re-endeudamiento e insiste en el viejo cuento de “no aislarnos del mundo”.

También el gobierno considera la posibilidad de acordar con los buitres antes de enero a través de la mediación de cuatro bancos extranjeros, que comprarían el paquete de los holds outs para canjearlos por bonos en el 2015. Esa intermediación de los financistas implicaría algún tipo de prebendas en la colocación futura de empréstitos argentinos.

Al cabo de una década el problema de la deuda vuelve a dominar la agenda de la economía. Se proclamó que esta herencia había quedado resuelta con el canje, pero el conflicto con los buitres desmiente esa ilusión. Este problema sólo comenzará a resolverse cuando Argentina opte por no endeudarse. El país tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes.

Llegó el momento de asumir este principio.

Buenos Aires, agosto 10 de 2014.

LA ECONOMÍA GLOBAL SE DESMORONA

Juan Laborda


 16.08.2014

De nuevo la realidad vuelve a contradecir las previsiones económicas del "establishment". Los bancos de inversión, distintos organismos multilaterales, gobiernos o fundaciones neoconservadoras bien financiadas prometían que 2014 sería el año definitivo del despegue del crecimiento económico global, tras experimentar Occidente una profunda crisis sistémica.

Pero la realidad es muy tozuda. Estados Unidos ha registrado un crecimiento económico negativo en el primer semestre del año, la Unión Europea vuelve a entrar en recesión, el crecimiento económico de Japón se hunde en el segundo trimestre, y en Españael Instituto Nacional de Estadística continúa haciendo artes malabares. El crecimiento del PIB real patrio en el segundo trimestre del año solo es posible con una fuerte contracción del deflactor, es decir, de los precios. Si fuera ésta la razón, el PIB nominal estaría contrayéndose, como en el 2013, recogiendo así una profundadeflación por deuda. Seguimos apostando que habrá una fuerte revisión a la baja del PIB real del 2013, o tratarán de maquillarlo de nuevo vía deflactor. Ya veremos. Da igual, la foto es la misma, en nuestro país ¡no hay recuperación alguna!

Como consecuencia nos estamos aproximando a nuestro escenario central, el inicio de la Segunda Fase de la Gran Recesión (2014-2016). Desde estas líneas hemos explicado hasta la extenuación que nuestra auténtica preocupación es el estallido de la actual burbuja financiera, que pondrá de nuevo encima de la mesa el origen y causa de la crisis, un brutal volumen de deuda impagable, la insolvencia del sistema bancario occidental, y la concentración de riqueza en unas pocas manos. En el caso español supondrá una crisis de deuda soberana y de balanza de pagos que ya detallamos en su momento.

Rescatando y enriqueciendo a la superclase

La política económica implementada en la mayoría de las democracias occidentales desde el inicio de la actual crisis sistémica se diseñó, y continúa dibujándose, al margen de la defensa de los intereses de la ciudadanía. Se empeña en reconstituir el sistema existente con el objetivo último de favorecer de manera permanente a la clase dominante, los más ricos, los intereses corporativos, mientras que dejan a los ciudadanos, especialmente a los más pobres, con una sensación de impotencia y desesperación política.

Para ello el "establishment" propuso dos líneas básicas de política económica que constituyen una cínica perversión de las mismas. Por un lado, una política monetaria expansiva al servicio exclusivo de las élites, especialmente las bancarias, como venimos denunciando desde estas líneas. Se trata de una nueva droga de diseño de consecuencias tremendamente dañinas. Da una sensación de tranquilidad y protección cuando en realidad lo único que genera es un estado de nirvana, una mera ilusión óptica, vía inflación de activos. En esas estamos ahora.

Por otro lado se está produciendo una brutal expansión de la deuda pública en la práctica totalidad de las democracias occidentales. Detrás de ello no se pretende sostener el empleo, los ingresos, las pensiones, la seguridad de una vivienda, tener unos estándares salariales mínimos, o el derecho a una educación digna como elemento de mejora social. Sólo se está incrementando la deuda pública para financiar a terceros, sanear sus desaguisados, pero no a todos, sólo a la élite.

Las investigaciones del Banco de Inglaterra

La única institución relevante que está presentado suficiente investigación contra la actual ortodoxia es el Banco de Inglaterra a través de sus Boletines Trimestrales. Otra cosa bien distinta es que su actual gobernador, Mark Carney, escuche y actúe en consecuencia. Pero al menos la investigación aportada por el servicio de estudios del Banco de Inglaterra es clara.

De dicha investigación surgen varias ideas clave, algunas obviamente no reconocidas tan abiertamente ya que al fin y al cabo quien la hace trabaja para un Banco Central cuya cúpula es profundamente entusiasta de la actual política monetaria, laexpansión cuantitativaExplícitamente se señala en diferentes investigaciones, véanse los dos últimos boletines trimestrales, que la actual política monetaria sólo genera burbujas financieras e inmobiliarias sin afectar a la economía real.

Implícitamente se deduce que detrás de la huida hacia delante de la ruta establecida por las elites bancarias y sus apéndices políticos se encuentran los Bancos Centrales. Continúan inyectado liquidez masiva para que sigan manteniendo el status quo del sistema bancario actual, en vez de intervenirlos de una vez por todas. Con esa liquidez sólo se originan burbujas e inflaciones de activos, y ya vamos por la tercera.

Abiertamente dichas investigaciones señalan además dos aspectos que desde este blog hace tiempo defendemos. Primero que el dinero es endógeno, es decir, por mucho que se multiplique el tamaño del banco central si no circula el dinero dicha expansión no afectará a la economía real, como así está siendo. Segundo, la actual política monetaria aumenta las desigualdades. En definitiva, el olor nauseabundo de una política monetaria que genera burbujas y aumenta las desigualdades, representa el caldo de cultivo para el desarrollo de la Segunda Fase de la Gran Recesión (2014-2016) que prevemos.

EL CONSUMO DE CEMENTO EN ESPAÑA DESCIENDE A NIVELES DE LA POSGUERRA

16.08.2014

“El consumo de cemento es el de la posguerra”, explican sin dudarlo fuentes de Cementos Molins. La caída de consumo en siete años de crisis es dramática. Entre 2007 y 2014, la bajada es de un 83% en España, según las cifra de Oficemen, la patronal del sector, lo que en buena parte provoca que la capacidad instalada sea mucho mayor que lo que puede absorber el mercado nacional.
En 2007, año álgido de la burbuja, se vendieron en España 56 millones de toneladas de cemento. En 2014, la previsión es que la cifra se sitúe en 9,9 millones, seis veces menos. Pocos sectores está sufriendo un recorte tan profundo en sus ventas y tan prolongado en el tiempo.

El sector cementero ha quedado atrapado en una pinza diabólica. Por un lado, el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su drástica bajada en la construcción de vivienda nueva. Por otro, el descenso de la obra pública, forzado por los recortes en el déficit de las administraciones. Una coyuntura letal para las 37 fábricas de cemento o sus derivados –hormigón, gravilla, áridos etc– instaladas en España.

A los grupos les cuesta mucho cerrar fábricas y de hecho se hace poco. Cementos Molins ha comprado este año los activos y el fondo de comercio deCemex en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). En la práctica se ha quedado la cartera de clientes y ha cerrado la planta. Ajustes que se hacen por la puerta de atrás. La cementera catalana abonó a los mexicanos 40 millones de euros.

La caída es contumaz. En 2013, fue del 21% menos y en 2014 se prevé otro 8% de recorte. Y afecta a todas las modalidades de productos. En 2007 y 2013 el hormigón cayó un 82%, en paralelo con el cemento.

Pero al mismo tiempo, la capacidad instalada, que estuvo alimentando los años de bonanza, no se ve capaz de reducir al mismo ritmo. Según los datos de Oficemen, en 2007 salían de las plantas españolas 55 millones de toneladas de cemento, cifra incluso algo menor de lo que se consumía. Pero en 2013 se produjeron sólo 16,7 millones de toneladas, una reducción del 69%. En parte, lo compensan las exportaciones. Pero sólo en parte.

http://www.elconfidencial.com/img/backgrounds/bg-pixel-transparente.png) repeat transparent;">Evolución de la producción
Desastres empresariales
El derrumbe del sector ha provocado diversos desastres empresariales: cierres de plantas, paralizaciones encubiertas, las pérdidas mundiales de Cemex, atribuidas parcialmente a los resultados en España, o los despidos de 294 trabajadores en Cementos Portland Valderrivas pactados el año pasado, sólo por poner algunos ejemplos.

Lo peor es que las perspectivas ni en obra pública ni en vivienda son halagüeñas para unos cementeros perpetuamente instalados en la crisis.

La bolsa se resiente

La crisis cementera se ha llevado por delante incluso a grupos en los que esta actividad sólo era una parte del negocio. Es el caso de FCC, que en 2006compró por 1.093 millones la cementara catalana Uniland, lo que hizo ricas a la familia catalana Rumeu pero acabó lastrando fatalmente los resultados del grupo. Curiosamente éste es el mayor éxito del que entonces era presidente de Uniland y pilotó la exitosa venta: Joan Rosell, hoy máximo responsable de la CEOE.

Hasta la bolsa ha llegado esta situación. La filial de FCC que hizo la operación,Cementos Portland Valderrivas, vale hoy en bolsa 262 millones, cuatro veces menos de la cifra que pagaron por el grupo catalán.

Como a todos, costará volver a la normalidad. A menos que, como teme un veterano cementero, “quizá la normalidad sea esto y no aquello de hace siete años”.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/economia/2014-08-15/el-consumo-de-cemento-en-espana-baja-un-83-el-nivel-es-el-de-la-posguerra_176427/