11.11.2014
Manuel Aguilar Mora
México D.F., 9 de noviembre de 2014.-
En la noche de ayer y en la madrugada de hoy sucedieron dos
acontecimientos consecutivos que muestran cada una a su peculiar manera
las dimensiones que está tomando la crisis desatada con motivo de la
masacre de Iguala. Una manifestación de las decenas que se realizan en
el país y en el mundo entero, finalizó en el Zócalo y un grupo de
jóvenes anarquistas al grito de “¿Cuál pacifismo? ¿Cuál no violencia?
¡Acción directa y resistencia!”, se desprendió del grueso del
contingente y prendió fuego a la puerta principal del Palacio Nacional,
sede oficial del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien
dos horas después a la una de la mañana y a pesar que algunos diputados y
senadores le exigían que suspendiera el viaje, despegaba del aeropuerto
de la ciudad de México con destino a China.
De esta manera se está acelerando la crisis que en el lapso de unos
cuantos días escaló a niveles que están transformando al país. Hoy
México es muy diferente al país que existía antes de ese fatídico 26 de
septiembre cuando fueron asesinadas seis personas (entre ellos tres
estudiantes normalistas) y 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero
desaparecidos. El incendio de la puerta del Palacio Nacional ocurrió
precisamente 43 días después de esos macabros acontecimientos, marcando a
su modo el tránsito que tiene lugar hacia tiempos más complejos en los
que sólo hay una cosa segura: grandes sectores populares están madurando
y entrando a uno de los momentos más decisivos de su historia porque a
ojos vista de los mexicanos y mexicanas y del mundo entero el régimen
político priista y de sus aliados el PAN y el PRD se encamina hacia una
terrible crisis terminal.
“Asesinados, quemados y sus cenizas arrojadas al río”
El 7 de noviembre Jesús Murillo Karam, el procurador general de la
República anunció a una expectante nación que esperaba un primer informe
oficial de lo sucedido, “en lo que va de nuestras investigaciones, las
más importantes en décadas, pero que no son las definitivas (¡!sic¡!)”
se ha encontrado que los 43 estudiantes fueron asesinados a sangre fría,
quemados sus cuerpos en una pira humana y sus cenizas arrojadas en
bolsas de plástico al río San Juan en un paraje apartado localizado en
la semijungla entre Iguala y Cocula. Los autores de tamaña atrocidad
habrían sido sicarios de la banda de Guerreros Unidos, con la cual
estaban vinculados el ex alcalde José Luis Abarca y su esposa. Negando
rotundamente que se tratara de un crimen de Estado Murillo Karam
presentó como “pruebas” los testimonios de tres jóvenes sicarios,
típicos representantes de los cientos de miles de jóvenes desempleados
del campo y las ciudades que son los reclutas naturales de las bandas de
los narcos. La banalidad de su argumentación se hizo evidente: ¿cómo
tres jóvenes como ellos y algunos otros parecidos a ellos pudieron
realizar tamaña salvajada durante horas y horas sin que nadie los
molestara controlando a 43 estudiantes activistas fuertes y dinámicos
cuya valentía y músculo eran notorios?
Durante la conferencia el procurador Murillo, en forma característica de
la soberbia de los altos funcionarios del gobierno peñista, contestó
displicente y hasta groseramente las numerosas preguntas que le
dirigieron los también numerosos periodistas nacionales y extranjeros
presentes. Pero Murillo mismo cometió varios lapsus que mostraron ante
los millones de espectadores que estaban pegados a las pantallas
televisivas las incongruencias de la intervención del gobierno mexicano.
En una ocasión dijo que “Iguala no era el Estado”, siendo así evidente
que para los altos funcionarios existen espacios enteros del país en los
cuales la vigilancia y la seguridad federales no existen. Y el otro
desliz fulminante fue su comentario, casi al final de la conferencia,
cuando declaró “yo ya me cansé”. Inmediatamente la frase ha inundado las
redes y es materia de comentarios en todo lugar:”si ya te cansaste,
vete”, “Peña ¿también tu te cansaste? pues vete”, “los mexicanos estamos
cansados hasta la madre del gobierno de ustedes”, y así por el estilo
muchas otras variaciones.
Los padres y familiares de los normalistas desaparecidos inmediatamente
respondieron a las declaraciones de Murillo Karam en una conferencia
realizada también ante la prensa nacional e internacional en la normal
de Ayotzinapa, en el corazón de Guerrero. No podían aceptar la versión
del gobierno que niega rotundamente que se trate de un crimen de estado.
Dijeron que “el gobierno los seguía torturando” insistiendo en su
versión de la muerte de sus hijos y que ellos no concedían ningún valor a
las indagaciones gubernamentales mientras los forenses argentinos no
den sus resultados y se llame a agencias extranjeras a asistir como
coparticipes en todas las investigaciones. Lo mismo ya lo habían dicho
dos días antes desde el templete frente al Palacio Nacional ante las
decenas de miles de asistentes que llenaban el Zócalo. EN SÍNTESIS NO CONFÍAN PARA NADA EN EL GOBIERNO DE PEÑA NIETO.
El rostro macabro de un régimen bárbaro que opera con la más absoluta
impunidad está saliendo a relucir ante la toda la nación y el mundo
entero a pesar de los esfuerzos diplomáticos del gobierno por impedirlo.
El secretario de Hacienda, Videgaray Caso, posiblemente el más poderoso
del gabinete de Peña Nieto, aceptó días antes en una reunión con
empresarios que lo que está sucediendo en Guerrero y en el país en su
conjunto ha afectado negativamente la imagen de México al nivel
internacional. Por ejemplo. El turismo, actividad económica central del
puerto de Acapulco, la ciudad más poblada de Guerrero, se ha desplomado
hasta niveles nunca antes vistos.
El 4 de noviembre el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa
María de los Ángeles Pineda, se habrían entregado a la policía “cansados
de estar huyendo” según informaron los medios habría dicho Abarca. Las
autoridades concedieron a este hecho una gran importancia recalcada por
el propio Peña Nieto. Pero extrañamente se añadió que Abarca habiéndose
rehusado a declarar, fue confinado a una prisión de “alta seguridad”
mientras que su mujer sería “arraigada” durante 40 días. Todo indica que
las autoridades buscan colocar al ex alcalde como el chivo expiatorio
principal del crimen.
Otra gran movilización
¡Fuera Peña! Fue una de las consignas más gritadas durante la gran
manifestación del 5 de noviembre que inundó, por tercera ocasión en
menos de un mes, el centro histórico de la ciudad de México. Las
autoridades calcularon en 30 mil los manifestantes y los organizadores
en 100 mil. Ciertamente la cifra real se acercaría más a la segunda
estimación que a la primera pues un río de juventud desfiló durante más
de tres horas en un recorrido de casi 10 kilómetros que se inició a las
16.00 hrs. en el Auditorio Nacional de Chapultepec en una marcha cuyo
destacamento final llegó al Zócalo poco antes de las 20.00 hrs. Y por
supuesto al mismo tiempo se realizaron manifestaciones en demanda de la
presentación de los 43 normalistas desaparecidos en otras ciudades de la
república.
Juventud, mucha juventud, fue la tónica que caracterizó a la abrumadora
mayoría de los participantes, igual que en las ocasiones anteriores.
Grandes destacamentos de estudiantes de las universidades e
instituciones de educación media y superior públicas y privadas de la
ciudad de México, en paro durante 72 horas, acompañadas de los padres de
los desaparecidos, de grupos de estudiantes de Ayotzinapa y de otros
centros educativos del estado de México. “¡Vivos se los llevaron, vivos
los queremos!” fue el grito más oído acompañado cada vez más
frecuentemente con el de “¡Fuera Peña!”
La impunidad como regla
La crisis se va desarrollando imparable sometiendo tanto a las
autoridades como al pueblo encolerizado a la potencia implacable de sus
contradicciones cada vez más agudas y explosivas. Los padres de los
desaparecidos fueron nuevamente los oradores principales del acto
central desarrollado en la atestada plaza del Zócalo. Son ellos los
primeros que expresaron la idea que se ha desparramado como pólvora: “si
Peña no puede hallar a nuestros hijos, que se vaya”. Eso mismo se lo
habían dicho en su cara al propio presidente en la reunión de más de
cinco horas que días antes tuvieron en Los Pinos con él.
Miles, cientos de miles se han hecho eco de esta consigna. Tanto es así
que también López Obrador (AMLO) no tardó en incluirla en sus diarios
discursos en las plazas de las ciudades que visita en su interminable
campaña que ha emprendido para ser por tercera ocasión candidato
presidencial del nuevo partido Morena en el 2018.
Es evidente que la versión oficial expuesta por Murillo Karam deja
multitud de cabos sueltos y refuta el cargo principal que desde las
calles se le lanza al gobierno de que se trata de un crimen de lesa
humanidad cometido por el Estado. Sin embargo, los propios dichos del
procurador involuntariamente apuntan a situaciones que evidencian
situaciones que comprometen por completo al gobierno.
Por ejemplo, el desliz que cometió cuando una periodista le preguntó por
el papel del ejército. Su respuesta fue absolutamente increíble: “el
ejército sólo se mueve con órdenes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera
salido? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad. ¡Qué bueno
que no salió!” Esta respuesta es falsa pues los militares sí
intervinieron con motivo de las consecuencias de la primera balacera;
los testigos indican que se presentaron en el hospital en donde habían
sido llevados los heridos, registraron a los estudiantes, los regañaron,
los amenazaron con entregarlos a los municipales, retirándose después
sin explicar nada no sin antes decirles el oficial al mando: “El
Ejército ya tomó la zona, ya están seguros(¡sic!)”. Alguien les dio
“esas órdenes precisas” y también no les dió órdenes de intervenir ante
el secuestro de los 43 literalmente efectuado en sus narices. Todo este
asunto del papel del ejército en la masacre de Iguala está absolutamente
sin dilucidar y constituye uno de los más evidentes lagunas del informe
oficial de Murillo. Si se sabe que Guerrero es uno de los estados de la
república en donde la presencia militar es más notoria y decisiva desde
hace décadas, es evidente que hay un objetivo subyacente de ocultar el
verdadero papel de complicidad ya sea por omisión o comisión de los
militares en los sucesos igualtecos de la noche del 26-27 de septiembre.
No es posible considerar como creíble un informe basado en las
declaraciones de tres jóvenes sicarios de los Guerreros Unidos,
evidentemente comandados por los auténticos autores intelectuales y
materiales que permanecen protegidos en la sombra, que no toca ni por
acaso las verdaderas razones y objetivos de la atrocidad cometida contra
los 43 normalistas, razones y objetivos que sólo pueden ser concebibles
en los despachos de las autoridades gubernamentales policiacas y
militares.
“Fue el Estado” es la otra frase que se grita, se pinta en los muros y
se publica en las redes sociales y en los miles de volantes y folletos
que circulan ya por todo el país. La consciencia de que sólo el aparato
monstruoso de represión y enajenación que es el Estado, con sus
múltiples agencias políticas y militares, puede producir o proteger y
ser cómplice de tamañas atrocidades está grabándose y cauterizando las
mentes de millones de mexicanos. Ya en algunos comentarios se vincula lo
sucedido en la masacre de Iguala y la situación de varias regiones del
país en donde bandas como la de Guerreros Unidos, “un cuasi estado sin
estado”, operan sembrando el terror, matando civiles inocentes,
precisamente para garantizar la dominación y el sometimiento de la
sociedad, con las atrocidades del Estado Islámico cometidas en Siria,
Irak y otras regiones del Medio Oriente.
Los observadores de las organizaciones de defensa de los derechos
humanos nacionales e internacionales por igual lo señalan una y otra
vez: el Estado mexicano comete atrocidades que permanecen impunes, por
lo cual no hay ninguna garantía para impedir que lo ocurrido en Iguala
no se repita como tampoco se repita lo sucedido en Tlatlaya, en El
Charco, en Aguas Blancas, en Acteal en una lista de horrores que va
hasta Tlatelolco en 1968, sólo para nombrar los momentos más conocidos
de este rosario de impunidad.
Por ejemplo, una delegación del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas (el Frayba) de Chiapas que viaja estos días por
España, Italia entre otros países europeos, reiteró la preocupante y
peligrosa complicidad de los militares con el crimen organizado, lo cual
está conduciendo a “un vacío de autoridad en la república”.
El director de la sección mexicana de la Human Rights Watch (HRW), José
Miguel Vivanco, después de un viaje a Iguala y a otros lugares de
Guerrero vinculó explícitamente los acontecimientos en ese estado con lo
sucedido en Tlatelolco en 1968.
Declaró: “La explicación de lo ocurrido en Iguala la encontramos en la
regla de impunidad que prima en México desde hace muchos años, desde
1968, regla que consiste en que cuando agentes del Estado cometen
atrocidades, los hechos no son objeto de investigaciones rigurosas,
ejemplares e imparciales. La regla en México es la impunidad, no la
excepción.” (La Jornada, 06.11.14).
¿Hacia dónde?
Casi un siglo de la hegemonía dominante priista y a partir del
surgimiento del PRD en 1989, la renovación de las políticas
conciliadoras típicas del frentepopulismo produjeron la sequía en los
viveros auténticamente revolucionarios. Durante años los espacios de la
izquierda verdaderamente socialista e independiente fueron páramos
minoritarios. Igualmente el férreo control corporativo ha impedido el
mínimo accionar independiente y democrático de las organizaciones
populares, en especial de los sindicatos, ya de por sí muy mermados por
la crisis económica. La derrota fulminante en 2009, sin una verdadera
batalla de su parte por su dirección burocrática, del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), el sindicato insignia del movimiento de
resistencia contra la política antiobrera y privatizadora de los
gobiernos tanto priistas como panistas, dejo muy malherido al movimiento
de los trabajadores en los últimos años.
Desde la Revolución mexicana no se ha producido una sola huelga general.
Los paros realizados han sido de los sectores movilizados de maestros y
estudiantes. La clase obrera ha estado prácticamente ausente en su
mayoría de las luchas de los últimos treinta años. Una gran tarea de
organización y conscientización se perfila para el próximo futuro. Es
una tarea ciclópea pero absolutamente ineludible. Mas el ritmo con el
cual se está desarrollando la crisis es un factor que también tendrá
consecuencias políticas e ideológicas en el seno de las grandes masas,
como siempre ha sucedido. En 1994 el estallido súbito de la insurrección
neozapatista del EZLN mostró como los impactos de luchas verdaderamente
independientes pueden reanimar y promover radicalizaciones y
movilizaciones masivas.
La aceleración de la crisis iniciada hace un mes y medio ya ha producido
cierto innegable desconcierto entre los grupos gobernantes. El caso del
PRD es el más evidente, prácticamente se ha desfondado. Sus dirigentes
son abucheados y su situación ha provocado que la dirección de los
Chuchos “ se considere víctima de linchamientos” (sic). El PAN se ha
mantenido marginado, prácticamente nulificado por su derrota política y
electoral de 2012. El PRI, el más fuerte y cínico no parece calibrar
bien el momento actual y su dirección da la impresión de haber adquirido
el síndrome de los grupos gobernantes que al borde del precipicio creen
que todo sigue como siempre. ¿Cómo si no explicar la decisión de Peña
Nieto de mantener vigente una gira a China y a Australia, que ha
iniciado hoy mismo, a pesar de que deja un país inmerso en una situación
de tensión y malestar crecientes? Lo más que aceptó hacer es cortarla
de diez días a una semana.
De hecho el autismo político de Peña Nieto es la expresión de un
profundo alejamiento de los conflictos que aquejan a la sociedad por
parte de toda la casta privilegiada del personal dirigente del gobierno
que él encabeza. Se ha ido a China y desde el 26 de septiembre no se ha
apersonado en Iguala, ni en un solo lugar de Guerrero. Durante el primer
periodo de su gobierno, con la aprobación de las reformas estructurales
de la tercera generación en materias energética, educativa y laboral,
Peña Nieto estaba en su elemento: quedar bien, en excelente términos,
con los capitalistas nacionales y extranjeros. Todo parecía ir viento en
popa. El gran frentazo de Iguala lo ha dañado tan duro que Forbes lo ha
bajado este año en más de veinte puestos en su lista de los 72
personajes más importantes del mundo. En cambio su compatriota, el
multimillonario Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se
mantiene entre los quince primeros personajes de tal lista.
En los acontecimientos actuales se ha repetido una característica de la
movilización popular desde hace más de medio siglo: los estudiantes, las
poblaciones masivas de las instituciones de educación media y superior
se han convertido en la vanguardia de las movilizaciones. Los maestros,
en especial los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), han respondido tocados sensiblemente por la embestida
mortal contra sus colegas juveniles de las normales rurales
pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas
de México (FECSM), entre las cuales la de Ayotzinapa es sin duda la de
mayor rango revolucionario como lo demuestra su historial. Lucio Cabañas
y una pléyade de luchadores guerrilleros y de todo tipo han salido de
sus aulas. El papel de estas escuelas es clave en lo que puede definirse
como una dirección de este caótico y multitudinario despertar masivo.
Lo mismo se puede decir de los familiares de los desaparecidos que hasta
hoy se han comportado a la altura de las circunstancias.
La frustración que cunde en el seno de algunos sectores de maestros y
trabajadores, así como en algunos estudiantiles ya está produciendo sus
estallidos desesperados, como bien lo indica la quema de la puerta
principal del Palacio Nacional cuyas consecuencias políticas con
respecto a la movilización de las grandes masas son nulas e incluso
negativas. En cambio la derecha se mueve a gusto cuando ocurre ese caos
de violencia sin sentido, incluso la llega usar como abierta instrumento
de abierta provocación. El gobierno de Peña Nieto ha usado ya en varias
ocasiones las provocaciones como justificaciones para ejercer grandes
represiones.
El régimen estatal político vigente desde hace un siglo, con sus
actuales estructuras electoral, judicial y administrativa, basado en un
partido hegemónico PRI que es acompañado por los dos partidos aliados
gobernantes PAN y PRD, está en crisis y es irreformable. La corrupción,
la represión, los privilegios, los vínculos determinantes con el gran
capital nacional e imperialista hacen de los diputados, senadores,
jueces, altos funcionarios y oficiales militares una casta absolutamente
impermeable a un verdadero cambio democrático. Son el freno estructural
que impide el avance del pueblo mexicano hacia el nivel superior de su
historia: una sociedad más próspera, democrática, igualitaria e
internacionalista. Representan el mejor argumento existente para la
justificación de una ruptura política radical, hacia la instauración de
un gobierno auténticamente democrático, independiente y revolucionario
que no puede ser sino socialista (no sociademócrata).
El camino que se abre ante este gran movimiento de masas que despierta
en todo el país desde hace un mes y medio, ya no sólo en el centro y en
el sur, regiones en donde ha existido tradicionalmente con mayor vigor
la resistencia democrática e incluso revolucionaria, sino en el amplio
norte más conservador, es el de la organización de efectivas y
contundentes acciones de masas. Ya se anuncia la organización de un paro
nacional para el 20 de noviembre, fecha conmemorativa del inicio de la
Revolución mexicana. Fue en diciembre de 1914, hace cien años, cuando
los victoriosos campesinos y trabajadores comandados por Villa y Zapata
entraron a la ciudad de México y cuando ambos caudillos fueron
fotografiados sentados en la silla presidencial del Palacio Nacional,
una de las fotografías más famosas que plasmó para siempre ese momento,
el más alto al que llegó la Revolución mexicana .
La autoorganización desde abajo, en comités de lugar de trabajo, de
estudio, de comercio, de barrio, de colonia y su coordinación municipal y
delegacional, regional y finalmente nacional de movilizaciones masivas
es la fórmula para lograr el surgimiento de un poder realmente popular
independiente y democrático cuyo objetivo central es construir un nuevo
gobierno, un gobierno alternativo que sólo puede ser el de los
trabajadores de la ciudad y el campo: un gobierno obrero, campesino, indígena y popular.