23.10.2014
PROCESO.COM.MX
– (apro).- Intelectuales y académicos de 60 países y 500 universidades,
centros de investigación y organizaciones civiles y ciudadanos de todo
el mundo exigieron la “renuncia inmediata” del gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre Rivero, de su procurador Iñaki Blanco Cabrera y todos los
policías y miembros del Ejército que hayan sabido, encubierto o
participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La petición incluye al procurador
general de la República, Jesús Murillo Karam, si se demuestra que tuvo
conocimiento de las acciones ilícitas del exalcalde prófugo de Iguala,
José Luis Abarca, y fue omiso al respecto.
En una “Carta Abierta desde el
Extranjero #AyotzinapaSomosTodos” –que será publicada en la prensa
internacional y entregada en consulados y embajadas de México este
miércoles 22–, los intelectuales critican la “lentitud” y “aparente
negligencia” con la que avanzan las investigaciones en torno al
asesinato de tres normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más
el viernes 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
En su misiva, exigen la aparición
con vida de los 43 normalistas desaparecidos, así como el cese de
represalias y hostigamiento a los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y a
los estudiantes en general.
Además de que Abarca Velázquez y
su esposa María de los Ángeles Pineda Villa sean “inmediatamente
detenidos, procesados y castigados” dentro del marco de la ley.
También piden una investigación
“confiable, real y transparente”, con la participación de peritos y
observadores internacionales, como el Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF).
En su misiva, señalan que no
cesarán ni dejarán de insistir de esta y otras maneras para exigir el
esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos hace casi un mes en
Iguala.
“Continuaremos atentos a los
acontecimientos y ampliando las redes de información entre colegas,
estudiantes y amistades en México y el extranjero.
“No podemos permitir que se
repitan masacres como la del movimiento estudiantil de 1968 o la
persecución y aniquilamiento de poblaciones campesinas como las de
Acteal y Aguas Blancas”, advierten.
Luego señalan que los hechos
ocurridos en Iguala, el 26 de septiembre, “son una de sus
manifestaciones más execrables en la historia del país”.
Y afirman que les indigna
“profundamente” que ante la magnitud de los hechos el gobierno mexicano
ofrezca declaraciones contradictorias y presente resultados, no sólo
nulos sino incluso más preocupantes, ya que las irregularidades de la
investigación aumentan cada día sin que se sepa nada respecto de la
aprehensión de los culpables o del paradero de los 43 estudiantes.
En cambio, añaden, se han
descubierto muchas fosas más, muchos cadáveres más, por lo que
preguntan: “¿De qué tamaño son las fosas en este país, cuántos más caben
en ellas, cuántos más esperan el mismo destino?”.
Por si fuera poco, señalan, hasta
ahora no se ha dado a conocer el nombre de los detenidos ni las líneas
de investigación. “Son lamentables la lentitud y la aparente negligencia
con la que avanzan las investigaciones”, fustigan.
Y si lo ocurrido es de por sí
terrible, subrayan, la actitud general de los órganos de gobierno “es
una afrenta al sentido de humanidad y a la inteligencia de quienes
observamos en la distancia”.
Los denunciantes señalan que la realidad que México ha mostrado al mundo es decepcionante:
“El caso de Iguala, sumado a
muchos otros sucesos en los últimos meses, ha dejado claro que no se
puede hablar ya de criminales comunes sino de la criminalidad de
representantes del gobierno tanto local como estatal y federal, que por
acción u omisión permitieron que esto ocurriera y ahora no parecen hacer
lo necesario para resolverlo y restaurar la confianza en ese mismo
gobierno.
“No entendemos que el gobernador
de Guerrero no haya renunciado aún y que las autoridades federales estén
conformes con esta situación.
“Todos sabemos que el gobernador
estaba al tanto de la situación en Iguala –él mismo lo declaró así y
aseguró que también el Ejército y la Procuraduría General de la
República lo sabían. Nos preguntamos entonces, ¿qué otras situaciones de
colusión entre crimen y gobierno, que ningún estado de derecho podría
tolerar, son del conocimiento de las autoridades?”, inquieren.
Los firmantes afirman que el caso
de Ayotzinapa rebasó un límite que no debería haber sido nunca cruzado.
“Sumamos nuestra indignación y nuestra solidaridad para con los
estudiantes normalistas mexicanos y sus familias”, refrendan.
La carta está dirigida al
presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong; el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de
Defensa; Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación; el ministro
Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Al diputado Silvano Aureoles
Conejo, presidente de la Cámara de Diputados; Miguel Barbosa Huerta,
presidente del Senado, así como a todas las mexicanas y los mexicanos,
las personas que fuera de México siguen los acontecimientos violentos
recientes, a la opinión pública, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa
desaparecidos, a sus familiares y compañeros.
Entre los firmantes de la misiva
se encuentran Noam Chomsky, Edgardo Buscaglia, Elena Poniatowska, Alicia
Schmidt Camacho, Andrés Lajous, Natalia Majluf, entre otros miles de
académicos e intelectuales de diversas universidades e institutos del
mundo.
El
Pentágono dice estar investigando supuesta evidencia de que un
cargamento de armas arrojado desde el aire y destinado a los
combatientes kurdos, haya terminado en manos del Estado Islámico (EIIL).
El portavoz del Pentágono John Kirby respondió a un video publicado en
YouTube que parece mostrar a los miembros del grupo insurgente con un
alijo de armas.
