Siete concejales del Ayuntamiento de Santiago han sido condenados a
nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo público por decidir
en junta de gobierno sufragar con cargo al erario público la defensa de
un compañero imputado en la 'Operación Pokemon', han informado fuentes
judiciales.
El fallo se conoce después de que el 19 de mayo estos ediles del
Partido Popular se sentasen en el banquillo acusados de la presunta
comisión de un delito de prevaricación tras autorizar en esa reunión
celebrada el 30 de mayo de 2013 abonar de esta manera la defensa del
entonces edil de Deportes, Adrián Varela, que formalizó su dimisión el
martes pasado.
El alcalde dice que es un "duro golpe"
El alcalde de Santiago, el popular Ángel Currás, ha señalado que el
fallo judicial que inhabilita a siete compañeros ha supuesto un "duro
golpe" para el grupo de Gobierno, y que, aún respetando la sentencia, no
puede "compartirla", y afirma que mantiene la confianza en los ediles.
Siete concejales del grupo de gobierno de Santiago han sido
condenados a nueve años de inhabilitación para ejercicio de cargo
público por haber decidido en una junta celebrada el 30 de mayo de 2013
sufragar con fondos públicos la defensa de un compañero imputado en la
operación Pokemon.
La decisión de costear esta representación legal con dinero de las
arcas municipales se adoptó después de una solicitud de Adrián Varela,
pero al final no se materializó puesto que él mismo renunció a que su
abogado en la causa judicial que dirige el juzgado de instrucción número
uno de Lugo y en la que está imputado por tráfico de influencias,
cohecho y falsedad documental, se costease con otros medios que no
fuesen los suyos propios.
Los concejales juzgados, y ahora condenados, son Amelia González,
Juan de la Fuente, Cecilia Sierra, María Pardo, María Castelao, Luis
García Bello y Francisco Noya, y todos ellos, a lo largo del proceso,
han insistido en defender su inocencia. Su acuerdo en la mencionada
junta de gobierno fue denunciado por una particular, y, desde entonces,
la Fiscalía siempre mantuvo su petición de nueve años de inhabilitación
al entender que no habían defendido lo público.
Irregularidades
Contra este fallo cabe recurso y el gobierno local estudiará los
pasos a dar, han señalado fuentes municipales. Uno de los concejales
condenados, Francisco Noya, tenía previsto ofrecer hoy una rueda de
prensa a las doce para presentar la campaña 'Vive o verán', pero fue
sustituido por una técnico.
El ejecutivo local, bajo el mandato de Ángel Currás, ya vivió la
dimisión del que era concejal de Tráfico Albino Vázquez, imputado en el
'caso Pokemon' por cohecho, revelación de información privilegiada y
tráfico de influencias, así como la salida de Paula Prado, diputada
autonómica y actual portavoz del PPdeG, salpicada, aunque no imputada,
por la 'Operación Pokemon'.
La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de
Lara, instructora de esta causa, ordenó abrir una pieza separada sobre
la portavoz del PPdeG, Paula Prado, y preguntar al Ministerio Fiscal si
procedía elevarla al TSXG por su condición de aforada al ser diputada
autonómica.
La magistrada basa su petición en informes de Vigilancia Aduanera
durante la etapa de la número tres de los populares gallegos en el
Ayuntamiento de Santiago , en los que se aprecian "varias
irregularidades que pudiesen ser constitutivas de infracción penal",
entre ellas el pago de una factura por la representación del espectáculo
'La abeja maya', que estaría inflada para beneficiar a un empresario
imputado, Jesús Fuentes.
La juez también atribuye a la portavoz del PPdeG su presunta
participación en "influencias", junto con otros dos concejales imputados
y ya fuera de la corporación, Albino Vázquez y Adrián Varela, así como
el entonces jefe de gabinete del exalcalde compostelano Gerardo Conde
Roa, Ángel Espadas, para "beneficiar económicamente a su marido" en su
actividad de venta de materiales textiles a varios ayuntamientos. Paula
Prado compareció como testigo y su declaración continúa bajo secreto.
El regidor Ángel Currás (PP), que relevó a Gerardo Conde Roa, la
persona que cogió el bastón de mando en 2011 y que se marchó al ser
acusado por un fraude fiscal por el que luego fue condenado, está
imputado por la supuesta comisión de tráfico de influencias en el marco
de la 'operación Pokemon'. Esta investigación persigue desmontar una
presunta trama corrupta que se gestaría a través de adjudicaciones de
las administraciones locales a empresas, principalmente al Grupo Vendex.
http://www.hoy.es/nacional/201406/02/condenados-prevaricacion-siete-concejales-20140602124439-rc.html
Menea y vencerás...