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sábado, 14 de febrero de 2015

OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA DENUNCIA QUE EL 40% DE LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA PARA VALERSE NO RECIBEN ATENCIÓN

Publicado en: 14 febrero, 2015

Por Kaos. Derechos humanos

Más de 1,2 millones de personas en España, el 2,6% de la población, necesitan ayuda para valerse por sí mismas y sin embargo, el 40 por ciento (medio millón de ciudadanos) no recibe ningún tipo de prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, según el XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, […]

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Más de 1,2 millones de personas en España, el 2,6% de la población, necesitan ayuda para valerse por sí mismas y sin embargo, el 40 por ciento (medio millón de ciudadanos) no recibe ningún tipo de prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia, según el XIV Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que dibuja un sistema “colapsado” y en retroceso tras ocho años de implantación.

El trabajo, que anualmente realiza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, explica que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) ha entrado en colapso fundamentalmente a raíz del Real Decreto que, por austeridad, recortó la inversión y retrasó el calendario de incorporación de personas con una dependencia moderada.
Según detalla, 500.000 ciudadanos que tienen una dependencia reconocida oficialmente, no reciben ninguna ayuda y 100.000 más están aún esperando a que se les realice una evaluación que determine cuáles son sus necesidades y su situación, sea moderada (Grado I), severa (Grado II) o de gran dependencia (Grado III).

Con los datos oficiales del IMSERSO, el Observatorio denuncia que el sistema retrocede, pues en la actualidad se atiende al mismo número de personas que al inicio de la legislatura, 729.313 con las cifras del IMSERSO a 30 de noviembre de 2014 y con “graves desigualdades” entre comunidades autónomas.
En junio de 2011 había 438.682 expedientes activos de grandes dependientes, mientras en noviembre de 2014 se contaban 355.747, 82.935 menos. En el Grado II los beneficiarios se han reducido en cerca de 30.000, mientras los de nivel moderado han subido en 22.000 en el mismo periodo. No obstante, hay 319.159 personas en este grado que no tendrán el derecho reconocido hasta junio porque en 2012 se pospuso su incorporación al sistema, según el informe.
El dictamen indica que desde 2012 se ha reducido la lista de espera de personas diagnosticadas como dependientes que aún no recibían atención y que al cierre de noviembre eran 167.869, el 18,7% del total de ciudadanos con derecho reconocido a recibir algún tipo de ayuda.

Sin embargo, lo atribuye a que el sistema “frena la entrada de nuevos usuarios” y no renueva las plazas de quienes fallecen. “Desde 2012, una de cada cinco personas dependientes con derecho a atención que entró en la lista de espera no llegó a ser atendida al causar baja por fallecimiento“, asegura el observatorio, que cifra en 100.000 a estas personas.
Asimismo, indica que el año pasado se entregaron 30.000 prestaciones económicas por cuidados familiares menos, aunque se ha compensado con un “mantenimiento e incluso ligero incremento de la entrega de servicios”, cambio que consideran “positivo” aunque “imposibilita la entrega de servicios a personas en espera por la absoluta falta de inversión pública”.

En este sentido, destaca que el presupuesto del sistema se encuentra en estado de “congelación global” y repite en 2014, las cifras del año anterior, afectadas ya por los recortes de 2012, cuando se eliminó la financiación directa del Estado a las comunidades autónomas para dependencia (nivel acordado). Según explica el dictamen, las atenciones del sistema tienen un coste global de 6.400 millones de euros al año, 6.665 euros por año y dependiente, unos 104 euros por habitante cada año.

LOS CIUDADANOS APORTAN MÁS QUE EL MINISTERIO

El Observatorio pone el acento en que, por primera vez, los usuarios del sistema aportan más dinero (vía copago) que el Ministerio de Sanidad, administración encargada de garantizar el derecho. En 2014, de cada cien euros que se gastaron, los dependientes pusieron 19 euros por cabeza, frente a los 18 del Gobierno. Las comunidades autónomas aportaron 63 euros por cada atendido.

“A pesar de la desinversión, el sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37%, un 4,6% más que en 2010. Una mínima inyección inversora propiciaría importantísimos beneficios“, explica el dictamen.
Con los cálculos del Observatorio, por cada 1.000 millones de euros invertidos cada año en servicios se recuperarían 440 millones de manera directa y no menos de 100 millones de manera inducida; se crearían 30.000 puestos de trabajo netos y se ampliaría la atención a más de 120.000 personas que están en espera. En la actualidad, el sector da trabajo a 150.000 personas en toda España.

Sin embargo, “el procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias“. “Las denuncias por la violación del derecho subjetivo de las personas dependientes o cualquier otra reclamación por la pasividad o arbitrariedad de las Administraciones se sigue dirimiendo en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo”, explica el dictamen.

LLEGAN ÓRDENES DE WASHINGTON

 14 de febrero de 2015

El Pentágono a la desesperada: Dimitri Yárosh (foto), dirigente nazi de Sector Derecho exige a sus batallones Waffens SS que desconozcan el acuerdo de Minks. No hace falta que les recuerde quién manda realmente en Kiev.

El líder del partido ultranacionalista Sector Derecho, Dimitri Yárosh, se ha negado a aceptar el alto el fuego acordado durante las decisivas conversaciones de Minsk y ha asegurado que continuará con su organización llevando a cabo acciones militares en el sureste de Ucrania.

Según Yarosh, su organización considera que "cualquier acuerdo con los 'separatistas' carece de fuerza legal, va en contra de la Constitución vigente de Ucrania y, por tanto, su cumplimiento no es obligatorio para los ciudadanos".

"Sector Derecho se reserva el derecho de continuar el combate activo de acuerdo con sus propios planes operativos hasta la completa liberación de la tierra ucraniana", ha escrito en su página personal de Facebook.

AJUSTE DE CUENTAS

14/02/2015 

x Moncho Alpuente | Periódico CNT
 
 
 
Para prorrogar un poco más su supervivencia, nuestros gobernantes de hoy no han tenido más remedio que recurrir a una ley mordaza despojándose de su última máscara
 
Haberlos haylos, pero creer no creo en ellos. El dicho gallego sobre la existencia de las meigas resume a la perfección el veredicto mayoritario de la opinión pública sobre los políticos. Creer en los políticos, creer a los políticos, es como creer en los Reyes Magos o en la costilla de Adán como origen de la mujer. Pero ahí están los fieles cristianos que desprecian a Darwin y defienden a ese Dios suyo, siempre mayúsculo, cuyo milagro más relevante fue hacer el mundo en 7 días antes de que existieran los días.

La profesión más antigua del mundo no es la de puta como dice el tópico, sino la de sacerdote que, a cambio de explicar lo inexplicable, haciéndolo más inexplicable cada día, obtuvo privilegios y prerrogativas. En España esa antiquísima profesión (miles de años la contemplan) sigue ocupando un lugar de preeminencia, la religión católica sigue cobrando sus diezmos y primicias y conserva la educación subvencionada (concertada dicen) por gobiernos que se suponen laicos. Si los sacerdotes son los intermediarios con la divinidad, los políticos son los intermediarios con los poderes económicos que son los que mandan, los que los mandan y los que nos mandan, pero esa intermediación resulta cada vez más superflua, la comunicación a tres bandas, poder económico, poder político vicario y pueblo sometido, hizo aguas hace mucho tiempo.

Para prorrogar un poco más su supervivencia, nuestros gobernantes de hoy, que serán los delincuentes del mañana, no han tenido más remedio que recurrir a una ley mordaza despojándose de su última máscara y mostrando la calavera de una descarnada dictadura. Pero no solo nos reprimen, además hacen caja de nuestras protestas con desmesuradas (siempre lo son) multas y cárceles.

Las mismas leyes que ellos proclamaron han llevado a la cárcel a una insignificante, numéricamente, pero representativa parte de políticos, empresarios y sacerdotes, una muestra de los corruptos más “granados” a los que tras un breve y confortable paso por las cárceles les espera, en alguna parte el fruto de sus rapiñas. Podemos y debemos prescindir de esa banda de crápulas pero no de sus dueños, padrinos y patronos dispuestos a pactar con el Diablo para mantener su inicuo y secular estatus. Nos deben un ajuste definitivo de cuentas de miles de años y con los intereses de demora.
Texto completo en: http://www.lahaine.org/ajuste-de-cuentas

JEREZ DE LA FRONTERA: EL COLEGIO RELIGIOSO SALPICADO POR EL " CASO EDU" ACAPARÓ DOS MILLONES PARA DAR CURSOS A PARADOS

Publicado en: 14 febrero, 2015
Por Laicismo.org

Dos responsables del Colegio Sagrado Corazón de Jerez, entre ellos un sacerdote, son detenidos acusados de irregularidades en las subvenciones que recibió para impartir formación. La investigación destapa que el centro recibió elevadas adjudicaciones en los últimos años. La Policía sospecha de trato de favor de la Junta hacia el colegio religioso. Una de las […]


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Dos responsables del Colegio Sagrado Corazón de Jerez, entre ellos un sacerdote, son detenidos acusados de irregularidades en las subvenciones que recibió para impartir formación. La investigación destapa que el centro recibió elevadas adjudicaciones en los últimos años.

La Policía sospecha de trato de favor de la Junta hacia el colegio religioso. Una de las subvenciones recibidas por la formación a parados era de más de 650.000 euros
Desde cursos de auxiliar de farmacia a otros de técnico en energías renovables. El Colegio Sagrado Corazón de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos de cuyos responsables fueron detenidos ayer dentro de la segunda fase de la ‘Operación Edu’ contra el fraude masivo en los cursos para parados, se benefició en los últimos años de millonarias subvenciones de la Junta de Andalucía por impartir, precisamente, formación para desempleados. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha empezado investigando las supuestas irregularidades en una adjudicación de 23.100 euros recibida por el centro educativo en 2010 para impartir un curso de instalación de energías renovables en edificios, pero las pesquisas les han llevado a descubrir que esta cifra es sólo una mínima parte de lo que el colegio llegó a embolsarse por este tipo de ayudas: cerca de 2 millones de euros. Todas ellas están ahora bajo sospecha, según reconocen fuentes cercanas a la investigación.

Las declaraciones que ayer prestaron dos responsables del centro, el sacerdote Diego A.M. y Diego M.M., no han aportado grandes avances a la investigación. El primero, que ejerce de director del centro educativo, aseguró a los agentes que no sabía nada sobre la existencia de supuestas irregularidades en los cursos de formación, aunque las pesquisas han permitido comprobar que recibió una retribución a cargo de la subvención por encargarse supuestamente de la dirección y coordinación del curso investigado. No obstante, la UDEF ya había recabado en los últimos meses pruebas sobre las numerosas anomalías detectadas. Así, ha detectado la existencia de lo que los informes policiales denominan “facturación circulante”, es decir, el ‘intercambio’ de comprobantes de pagos con empresas vinculadas para que todas ellas pudieran inflar ante la Junta los gastos. Muchas de estas facturas han aparecido sin los sellos y firmas preceptivos.

Además, los docentes utilizados por el colegio para dar dichos cursos eran los propios profesores del centro educativo, a los que se les obligaba a darse de alta como autónomos ante la Seguridad Social sólo para impartir la formación a desempleados, pese a que todos ellos figuraban como trabajadores por cuenta ajena por su trabajo en las aulas. El propio coordinador del curso se sumó a esta práctica, por lo que los meses que duraban las enseñanzas recibió su nómina del colegio, facturó como autónomo por el curso y, además, recibió cerca de 1.000 euros por encargarse de coordinar el curso. Finalmente, la UDEF ha podido comprobar que en el curso no se cumplió el compromiso de contratación que exigía la convocatoria y que obligaba al colegio a conseguir un puesto de trabajo a al menos el 60% de los alumnos que habían asistido al mismo.

Adjudicaciones de más de medio millón
Fuentes cercanas a la investigación han mostrado a este diario su sospecha de que irregularidades similares pueden haberse cometido en las otras adjudicaciones que consiguió el centro educativo religioso y que le permitieron acaparar cerca de 2 millones de euros. Sólo en los dos últimos años, el centro ha conseguido cinco, de las cuales dos eran de más de medio millón de euros. En concreto, consiguió una en julio de 2010 destinada a impartir enseñanzas a desempleados por un importe de 652.901,25 euros. Ese mismo año también se hizo con la de 23.100 euros que ahora ha llevado a la detención de dos de sus responsables. Sin embargo, el grueso de las subvenciones las consiguió durante el año 2011. Así, el expediente 98/2011/V/28012 le permitió recibir de la Junta 104.520 euros para dar un curso a desempleados de más de 45 años.

También en 2011 recibió otras tres ayudas de la Junta. Una de ellas, recogida en el expediente 98/2011/F/2798, de 39.900 euros. Las otras dos, mucho más elevadas. Así. por el expediente 11/2011/J/551 recibió 278.805 euros. Por el 98/2011/L/2798, destinada a dar cursos de formación a jóvenes, 564.633,75 euros. La UDEF sospecha que detrás de esta lluvia de dinero público puede haber trato de favor por parte de algún responsable de Empleo de la Junta de Andalucía, lo que explicaría también la firma de un convenio en exclusividad con la misma. Miles de euros que debían haber servido para que se impartieran cursos de auxiliar de farmacia, de gestión de residuos urbanos e industriales, de administrativo de auditoría, de técnico de energías renovables, de montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas e, incluso, de venta de productos y servicios turísticos. Todos ellos con la expedición del correspondiente “certificado de profesionalidad”. La Policía tiene serias dudas de que haya sido realmente así.

Las trampas
Las segunda fase de la ‘Operación Edu’ ha permitido confirmar a la Policía las ‘trampas’ utilizadas por las empresas adjudicatarias de los cursos que ya detectó en la primera fase, la que se desarrolló en la provincia de Málaga en el primer semestre del año pasado. Entonces los agentes encontraron, y así lo reflejaron en sus informes, incumplimientos “sistemáticos” de ley. En concreto, la UDEF localizó hasta siete tipos de irregularidades graves. Así, algunas empresas habían cometido falsedad en la documentación que habían presentado junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria. En otras ocasiones aparecieron facturas falsas con las que algunas empresas investigadas justificaron gastos no realizados, que iban desde nóminas de algunos docentes hasta la “contratación o subcontratación de ciertos servicios”. De hecho, “un altísimo porcentaje” de los propietarios de las empresas se declararon a su vez monitores o tutores de los mismos, cuando no lo eran “familiares directos”.

También hubo falsedad en la adjudicación de contratos de las subcontrataciones declaradas ya que, pese a superaban los 12.000 euros, no se hicieron con la obligatoria concurrencia de al menos tres presupuestos. En otros casos, las otras dos ofertas eran realizadas por personas o empresas del entorno familiar del empresario. También se detectaron falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos e, incluso, se dieron casos de suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza “con el fin de inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia”. La UDEF también descubrió que “en casi la totalidad de los expedientes se incumplía sistemáticamente el compromiso de contratación exigido en estos cursos” por ley. Para ello, se cometían una serie de irregularidades que iban desde la contratación por periodos inferiores a los seis meses contemplados hasta presentar contratos en sectores que no tenían nada que ver con la materia impartida en el curso o simular otros en empresas vinculadas a los administradores.

En otros casos el fraude fue más allá y a los parados se les dió “de alta en contratos simulados a cambio de pasar posteriormente a la percepción de alguna prestación por desempleo“. Por último, los agentes detectaron falsedad en el cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones posteriores a la realización del curso, ya que la mayoría de las empresas adjudicatarias no presentaron la documentación requerida “para la liquidación y justificación”. Además, cuando sí se hizo, estos papeles se entregaban “después de varios requerimientos por parte de la Junta y en el último día de la ampliación del plazo concedido“. La Policía duda de la veracidad de parte de estos documentos. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que las irregularidades detectadas en lo que se lleva de segunda fase de la ‘Operación Edu’ son idénticas a éstas.

https://laicismo.org/2015/el-colegio-religioso-salpicado-por-el-caso-edu-acaparo-2-millones-para-dar-cursos-a-parados/121864

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID ORDENA INVESTIGAR CÓMO SE TRATÓ LA " LISTA FALCIANI"


Publicado en: 14 febrero, 2015
Por Kaos. Laboral y economía

La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir que de evasores fiscales de la denominada “lista Falciani” regularizaran su situación evitando hipotéticos delitos, según un auto conocido el viernes. La querella del Sindicato […]


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La Audiencia Provincial de Madrid ha admitido a trámite una querella contra dos ex altos cargos de la Agencia Tributaria (AEAT) por un presunto delito de prevaricación administrativa, al permitir que de evasores fiscales de la denominada “lista Falciani” regularizaran su situación evitando hipotéticos delitos, según un auto conocido el viernes.

La querella del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denuncia que cuando las autoridades españolas obtuvieron en 2010 la denominada “lista Falciani”, que identificó a españoles que tenían cuentas opacas con elevados fondos en el banco HSBC de Suiza, no abrieron el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación, que podría derivar en una hipotética condena por delito fiscal.

En su lugar, la Agencia Tributaria -dependiente entonces del Ministerio de Economía y Hacienda, bajo un Gobierno del PSOE- envió un requerimiento para que los titulares de estas cuentas regularizaran su situación en el plazo de 10 días hábiles mediante declaraciones complementarias de IRPF o a través del impuesto de patrimonio.

De los supuestos responsables de esta decisión, la Audiencia admitió la querella contra María Dolores Bustamante Esquivias y Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo, directores de los departamentos de Gestión Tributaria e Inspección de la AEAT, que firmaron los requerimientos, según el auto.

Los técnicos de Hacienda habían defendido que se trató de una amnistía que no se debería de haber concedido y habían recurrido el archivo de una querella anterior.
La reactivación del caso se produce en un momento en que los nombres que aparecían en la lista, suministrada por el ex informático francés Herve Falciani, han vuelto a cobrar protagonismo al publicarse detalles en diversos medios de comunicación a raíz de una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a través de Le Monde.

Esto ha incrementado la presión sobre el HSBC, cuestionando si pudo haber ayudado a sus clientes a evadir impuestos. El banco admitió fallos en su filial suiza y afronta posibles investigaciones en varios países.

El consorcio de periodistas dijo que entre los titulares de las cuentas estaba el expresidente de Banco Santander, Emilio Botín, que falleció el año pasado. La investigación judicial sobre su situación fiscal fue archivada.
Agencias

AFECTADOS POR HEPATITIS C DENUNCIAN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO 2 HOMICIDIOS Y 37 LESIONES POR NO RECIBIR LA MEDICACIÓN

Publicado en: 14 febrero, 2015

Por Kaos. Sanidad

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) ha registrado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, su antecesora en el cargo Ana Mato, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) por 2 delitos […]

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La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) ha registrado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella criminal contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, su antecesora en el cargo Ana Mato, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) por 2 delitos de homicidio y 37 de lesiones de pacientes que no han tenido acceso a los nuevos medicamentos de última generación.

“Venimos a pedir ayuda al Supremo, a pedir justicia. Lo hemos intentado a través de la presión y la denuncia, y también hemos tratado de hablar con un Gobierno que no nos ha querido atender en ningún momento”, ha defendido Eva Martínez, responsable jurídica de la plataforma, tras registrar la denuncia ante el tribunal.
Todos los casos incluidos en la querella cuentan con el informe pericial de un hepatólogo, y el 80 por ciento tenían prescritos desde hace seis meses a un año algunos de los nuevos fármacos que ha aprobado el Ministerio en el último año. No obstante, algunos de ellos ya la han recibido, gracias a la presión mediática, según ha reconocido la portavoz.

En estos casos que tenían los fármacos prescritos, el grado de fibrosis del hígado que presentan es F3. El resto son pacientes más graves, con fibrosis F4, que no la tienen prescrita pero “ya no existe otra posibilidad de tratamiento porque los anteriores han fallado o han provocado graves secuelas, y solo les queda una vía”.

Martínez ha avanzado que esta querella no será la última que presenten ante este tribunal, y que en los próximos 15-20 días presentarán una nueva iniciativa con otros 30 casos. “No vamos a parar hasta que los 35.000 casos graves que hay en este país reciban la medicación”, ha avanzado.
Agencias
 


DESCUBIERTA EN CUBA UNA VARIANTE AGRESIVA DEL VIH


 14.02.2015
 
Una nueva variante recombinante del VIH observada en pacientes en Cuba es mucho más agresiva que otras formas de la enfermedad. Según una investigación realizada por científicos delKU Leuven's Laboratory for Clinical and Epidemiological Virology y publicada en EBioMedicine, los pacientes infectados con esta variante desarrollan sida en tres años desde el momento de la infección.
Como recuerdan los investigadores, antes de entrar en las células, el virus tiene que anclarse a ellas. Para lograrlo, el VIH utiliza correceptores, que funcionan como puntos de anclaje. Estos correceptores son las proteínas que se encuentran en la membrana celular. En las infecciones por VIH "normales", el virus utiliza los puntos de anclaje CCR5. En numerosos pacientes, después de muchos años sin desarrollar sida, el virus se ancla en los correceptores CXCR4, que posibilitan que el paciente desarrolle sida muy rápidamente. En su estudio en Cuba, los expertos observaron que hay una forma recombinante del virus que realiza esta transición de manera mucho más rápida. El virus se ancla en los receptores CXCR4 mucho antes, por lo que la fase en la que el paciente está libre de sida es más corta.
Para llegar a esta conclusión, Anne-Mieke Vandamme, bioquímica del KU Leuven's Laboratory for Clinical and Epidemiological Virology, y un equipo internacional de expertos analizaron en Cuba la sangre de 73 pacientes que se acababan de infectar del VIH (52 de ellos tenían sida y 21 no). También compararon los resultados con los de 22 pacientes en los que el tiempo de desarrollo del sida había sido el habitual. En los pacientes infectados con la variante recombinante del VIH, los investigadores observaron una carga viral anormalmente elevada y una gran cantidad de moléculas RANTES. Estas moléculas forman parte de la respuesta normal del sistema inmune. Se unen a los correceptores CCR5, que son los puntos de anclaje de la mayoría de las variantes del VIH. Esta elevada concentración de moléculas RANTES sugiere que las proteínas CCR5 no están disponibles como puntos de anclaje y que el virus se ve obligado a anclarse en CXCR4. Los expertos creen que esta rápida transición se debe a la combinación de fragmentos de diferentes subtipos de VIH. Uno de estos fragmentos contiene una proteasa que facilita que el virus se replique y se ancle rápidamente en los puntos CXCR4.
 
Fuente: http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2015-02-13/especializada/descubierta-en-cuba-una-variante-agresiva-del-vih/pagina.aspx?idart=893045

ROUCO BUSCÓ Y BUSCÓ HASTA QUE ENCONTRÓ UN PISITO DE 400 METROS EN EL CENTRO DE MADRID

14.02.2015


Mucha gente sabe que organizar una mudanza puede convertirse en un sindiós.
El expresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, tiene previsto abandonar en los próximos días su residencia en el palacio arzobispal de Madrid. Su salida se produce cinco meses y medio después de que fuese sustituido como Arzobispo de Madrid por Carlos Osoro.

Tiempo ha tenido para empaquetar todos sus enseres.

Según informa la cadena Ser, en los últimos días se ha producido el traslado de algunos enseres y muebles desde el Palacio, situado en la callle San Justo en el centro de Madrid, a la nueva vivienda de Varela. No será un piso cualquiera: vivirá en uno de casi 400 metros cuadrados ubicado en la calle Bailén, muy cerca de la Catedral de La Almudena.

Cada planta cuenta con dos viviendas de seis habitaciones y cuatro cuartos de baño, y una terraza con imponentes vistas. La habitación principal tiene baño incorporado y vestidor. El piso ha sido reformado recientemente, informa la cadena Ser. Hasta ahora vivían allí cuatro sacerdotes, profesores de la universidad de San Dámaso.

Carlos Osoro, mientras tanto, está viviendo en una residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.

huffingtonpost.es

LA ONU DENUNCIA LAS DESAPARICIÓNES FORZADAS EN MÉXICO Y LA IMPUNIDAD QUE LAS RODEA


 
 14.02.2015

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ha denunciado la grave situación que vive México en este sentido y la "impunidad" que rodea las despariciones, tal y como ha quedado patente en el caso Iguala.

El Gobierno mexicano no proporciona cifras de la desapariciones, lo que impide calcular la dimensión de esta tragedia, según el Comité, que recomienda crear una unidad fiscal para investigar todos los casos.
Las desapariciones forzadas en México son generalizadas y la mayoría de ellas quedan impunes, denuncia el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, informa Efe. El Comité divulgó el viernes su informe sobre la situación en México.
"El grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada en septiembre de 2014 en el Estado de Guerrero ilustra los graves desafíos que afronta México en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas", concluye el informe. "¿Cuántas desapariciones forzadas hay?: No lo sabemos porque el Estado no ha proporcionado la cifra, pero sabemos que son muchas, demasiadas", comentó Rainer Huhle, miembro del Comité.
Una de las principales conclusiones incide en la impunidad que rodea el fenómeno, ya que el problema de las desapariciones forzadas ha tenido lugar durante años y el "Estado no ha hecho suficiente para resolverlo”. "Hablamos de miles de casos de desapariciones forzadas y de solo seis personas condenadas", resaltó Huhle, agregando que el "Estado no debería buscar excusas y deberíaimplementar de inmediato todas nuestras recomendaciones".
Las tres recomendaciones principales del Comité son las siguientes: Empezar un registro nacional sobre desapariciones forzadas, aumentar los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes, y cambiar la situación actual donde existen "serias dificultades en la práctica en materia de búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos", ya que, entre otras cosas, "la búsqueda de las personas desaparecidas no siempre se inicia de forma inmediata”.
México debe responder a dichas recomendaciones en el transcurso de un año, mientras que para responder a otras recomendaciones dispone de 3 años. Para llevar a la práctica dichas recomendaciones el Comité sugiere a México crear una "unidad fiscal especializada para investigar desapariciones forzadas".
LEA TODO SOBRE EL CASO AYOTZINAPA AQUÍ

IU PIDE QUE NO HAYA COCA-COLA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



  • 14.02.2015

    El presidente portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, Cayo Lara, ha remitido una carta al presidente del Congreso,Jesús Posada, en la que le pide su "intervención", para que  esta institución "no se mantengan relaciones comerciales con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes". De esta forma, Lara expone que "debería ser retirada la autorización para venta de determinados artículos y productos de dichas empresas o marcas en el interior del Congreso de los Diputados, como sería el caso de Coca-Cola".

    En su misiva, según explica IU en una nota remitida a los medios, el también coordinador federal de IU realiza a Posada una detallada explicación del conflicto laboral y social protagonizado por el embotellador de esta multinacional en la Península -Coca-Cola Iberian Partners (CCIP)- y le recuerda sus reiterados incumplimientos de las resoluciones judiciales favorables a los trabajadores, de tal manera que "Coca-Cola, a día de hoy, no sólo no ha acatado lasentencia que la propia Audiencia Nacional ordenó cumplir, sino que ha tratado de desmantelar la fábrica de Fuenlabrada y evitar así el cumplimiento efectivo de la misma".
    "Toda esta situación expuesta -señala Cayo Lara- nos introduce de lleno en la necesidad de llamar la atención sobre la inexistenteResponsabilidad Social Corporativa (RSC) de Coca-Cola, pues ha bloqueado el uso de esa herramienta que sirve para aminorar el impacto negativo de las empresas en general y de las multinacionales en particular, sobre los derechos sociales, laborales, el medioambiente y, en definitiva, sobre los Derechos Humanos".

    Por todo ello "estimo necesaria su intervención a fin de que la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano rector del gobierno interior -responsable también de las contrataciones externas-, de la elaboración del presupuesto del Congreso, así como de la dirección y control de su ejecución, tome las medidas oportunas para que, bien a través de la subcontrata o bien en la contratación directa de esta Cámara, no se mantengan relaciones comerciales con empresas o marcas que incumplan las resoluciones de los órganos de justicia y vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores y sus representantes".