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lunes, 6 de abril de 2015

DOMINGO DE RESURRECIÓN


 6 de abril de 2015

Joe Arlauckas, ex jugador de baloncesto y comentarista deportivo.


NO TOMEN AL PIE DE LA LETRA LO QUE "INFORMAN" LOS MEDIOS IMPERIALISTAS


lunes, 6 de abril de 2015

Según ellos "el Estado Islámico aplasta Yarmuk", o bien "tomado Yarmuk, el Estado Islámico se planta a diez kilómetros del palacio de Bashar" o también "el Estado Islámico entra por primera vez en Damasco", incluso hablan de "ofensiva" contra Damasco, producto de su imaginación, en un tono de alegría que no deja lugar a dudas su simpatía por las bestias terroristas que comen corazones humanos (literal). Lo único cierto son los combates en ese campo de refugiados palestinos.

¿Qué sentido tiene que parte de las fuerzas sirias se hayan desplazado a recapturar Idleb-, donde los terroristas se dedican a saquear museos y no a romper esculturas como nos cuentan, para vender las piezas robadas a coleccionistas privados de EE.UU-, dejando Damasco abandonada? Eso no se lo traga ni el peor de los expertos. Lo último que hay sobre los operativos del Ejército sirio en el campo de Damasco es que un destacamento militar  eliminó a varios terroristas en las fincas occidentales del pueblo de Al Darkhyba.

Lo que ha sucedido en Yarmuk  (campo con 18.000 habitantes) no es que el Estado Islámico de Iraq, Levante y el Pentágono se haya "colado" allí por arte de magia como casi dice la propaganda de guerra occidental, claramente alineada con criminales monstruosos. Lo que ocurre es que existe un enfrentamiento fratricida entre palestinos que se han pasado a las filas del Estado Islámico contra otros palestinos, contrarios a EE.UU. Ahora inventarán que existían pasos subterráneos para acceder al campo, o mentiras por el estilo.

Y por supuesto (ya lo comentamos en Facebook) resulta que para TVE el culpable de los crímenes que se están cometiendo en el campo de Yarmuk es "el régimen" sirio porque está bombardeando a los terroristas. ¿Se puede tener menos vergüenza?

MULTAN CON 1.500 EUROS A PABLO HIJAR, ACTIVISTA DE STOPO DESAHUCIOS ZARAGOZA, POR " DEFENDER EL DERECHO A LA VIVIENDA"

Publicado en: 6 abril, 2015
Por Arainfo

Los hechos se remontan al 9 de abril, cuando activistas anti desahucios se desplazaron para realizar una protesta pacífica en las inmediaciones del domicilio del diputado del PP Eloy Suárez y frente a la sede del partido en Zaragoza. Las y los activistas fueron retenidos e identificados previamente en el Paseo de la Constitución por […]

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Los hechos se remontan al 9 de abril, cuando activistas anti desahucios se desplazaron para realizar una protesta pacífica en las inmediaciones del domicilio del diputado del PP Eloy Suárez y frente a la sede del partido en Zaragoza. Las y los activistas fueron retenidos e identificados previamente en el Paseo de la Constitución por las unidades de la UIP.

Como consecuencia de aquella acción pacífica, la Delegación del Gobierno propone sanciones para 51 personas, de 200 euros para 50 de ellas y una de 1.500 euros dirigida a Pablo Hijar que sumaban en conjunto más de 10.000 euros. En paralelo, la fiscalía promovió la imputación también de Hijar por un delito de coacciones.

El Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza decretó el sobreseimiento de las diligencias. Finalmente y en medio de una activa compaña de apoyo denominada #Los51deZaragoza, la Delegación del Gobierno dirigida por Gustavo Alcalde decide archivar los expedientes sancionadores de 50 personas, manteniendo una propuesta de multa de 1.500 euros a Pablo Hijar por “alteración del orden público” e “instigar” la convocatoria.

En este sentido, y tras conocerse la noticia de la multa impuesta a Hijar, las Plataformas aragonesas de la PAH / Stop Desahucios han hecho público un comunicado donde explican lo sucedido y rechazan la sanción contra su compañero y la criminalización de las plataformas de personas afectadas. Además, las redes sociales se han llenado de muestras solidarias con la etiqueta .

Comunicado de las Plataformas Aragonesas PAH / Stop Desahucios (Stop Desahucios Bajo Aragón; Stop Desahucios Cinco Villas; Stop Desahucios Huecha; Vivienda 15M Huesca; Stop Desahucios Jacetania; Stop Desahucios Ribera del Ebro; Stop Desahucios Tarazona; PAH Teruel; Stop Desahucios Zaragoza).- Rechazamos rotundamente la sanción contra Pablo Hijar y la criminalización de las plataformas de afectados

Era la primavera de 2013, la ILP -Iniciativa Legislativa Popular- por la moratoria de desahucios, la dación en pago y el alquiler social había llegado al parlamento con casi 1.500.000 de firmas de apoyo. Con anterioridad vivimos grandes manifestaciones el 16 de febrero en apoyo a las tres medidas de urgencia propuestas en la ILP, se mandaron también cartas a todos los diputados aragoneses del Partido Popular solicitando que escuchasen a las plataformas de afectados y apoyasen su propuesta. En Zaragoza se acudió incluso al pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para interpelar mediante una carta abierta al concejal y diputado del Partido Popular Eloy Suárez. Nunca se obtuvo respuesta, nunca hubo ningún encuentro.

Fueron los días de la intervención de Ada Colau en el Parlamento y semanas trágicas que acumularon -justo antes del debate de la ILP- cinco suicidios de afectados por desalojos forzosos. Sin respuestas, con un Partido Popular que en solitario pretendía dar carpetazo a todas nuestras esperanzas, la PAH lanzó la campaña de escraches. Una movilización que pretendió trasladar la voz de las familias afectadas por la hipoteca directamente a los diputados mediante acciones pacíficas y directas de encuentro y señalamiento público. Ni las manifestaciones, ni las cartas, ni las comparecencias en plenos nacionales, autonómicos o locales parecieron tener efecto y se decidió apelar a la responsabilidad personal de cada diputado y diputada. #HayVidasEnJuego les explicábamos.

El 9 de abril, tras varios escraches en otras ciudades, en Zaragoza un grupo de unas 50 personas se unen para realizar un escrache al diputado Eloy Suárez. Lo hacen de forma pacífica acudiendo a las inmediaciones del céntrico domicilio del diputado. Previamente en Paseo Constitución son retenidos por unidades de la UIP de la Policía Nacional que proceden a la identificación una a una de todas las personas que participan en la acción. Finalmente el pequeño grupo logra llegar hasta su objetivo, y desde la acera de enfrente al portal del domicilio del diputado, distintas afectadas y afectados de Stop Desahucios Zaragoza, trasladaron sus mensajes y petición de apoyo ayudados por un megáfono. Eloy Suárez no apareció, de nuevo la callada por respuesta ante las demandas desesperadas de quienes esperaban una próxima fecha de desahucio. No respondió a la carta, no respondió en el pleno, no salió al encuentro de los afectados. Después del escrache, junto a cientos de ciudadanos, realizamos una concentración frente a la sede del Partido Popular en Gran Vía continuando con la exigencia de diálogo y apoyo a la ILP. El silencio continuó hasta que el Partido Popular rechaza definitivamente nuestras medidas y opta por una reforma parche que como la dura realidad demuestra no ha conseguido ni siquiera mitigar el fracaso colectivo que suponen los desalojos forzosos.

Como consecuencia de aquella acción pacífica, la Delegación del Gobierno decide proponer sanciones para 51 personas. De 200 euros para 50 de ellas y una de 1.500 euros dirigida a Pablo Hijar que sumaban en conjunto más de 10.000 euros. En paralelo, la fiscalía promovió la imputación también de Pablo Hijar por un delito de coacciones. Pese a las presiones del Gobierno -que trata de criminalizar nuestras acciones tildando a las plataformas de “nazis” o “etarras”- el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza decretó el sobreseimiento de las diligencias. Finalmente y en medio de una activa compaña de apoyo denominada #Los51deZaragoza, la Delegación del Gobierno que dirige Gustavo Alcalde decide archivar los expedientes sancionadores de 50 personas, manteniendo una propuesta de multa de 1.500 euros a Pablo Hijar por alteración del orden público e “instigar” la convocatoria.

La plataforma recurrió la sanción con un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior, después de agotar la capacidad de oposición frente a la Delegación del Gobierno en Aragón. Ahora, después de casi dos años desde la realización del escrache, el Ministerio del Interior ratifica y hace firme la sanción que deberá pagarse antes del 20 de abril. El partido que sustenta al Gobierno continúa teniendo oídos únicamente para escuchar al sector financiero y continúa con su política de “palo y tente tieso”, cuando después de años de crisis ya se han superado las 500.000 ejecuciones hipotecarias a las que hay que sumar otros cientos de miles de desahucios por impago de rentas de alquiler o de viviendas ocupadas. Nuestra ciudad ha sido testigo en los últimos meses de la desesperación que causa la inacción del gobierno. Dos personas que esperaban el desahucio de sus viviendas de alquiler se suicidaron en nuestra ciudad en febrero y este mismo mes de marzo. Y no son las únicas, en ‎Antsoain‬ (Navarra), una mujer se quitaba la vida cuando Caja Laboral Kutxa le comunicó “que no era posible reestructurar su deuda”.

La campaña #Los51deZaragoza logró fondos suficientes para hacer frente a la multa en una muestra de solidaridad que le dio la vuelta a la situación. Stop Desahucios Zaragoza decidió con anterioridad ir al contencioso administrativo y ya se está trabajando en el mismo, así como en una campaña para apoyarlo.

Las plataformas aragonesas PAH / Stop Desahucios queremos transmitir todo nuestro apoyo a Pablo Hijar y a Stop Desahucios Zaragoza frente a la actitud hostil del partido de gobierno con respecto a las plataformas de afectados. Hoy como en 2013 seguimos denunciando el genocidio social al que asistimos, seguimos atónitos de ver como el problema lejos de solucionarse profundiza en su alcance a cada vez más sectores de la sociedad. El Partido Popular tiene la solución a los desalojos forzosos encima de la mesa. Dicha solución continúa estando en los tres puntos de mínimos contenidos en la ILP (moratoria, dación en pago y alquiler social), así como en nuestra propuesta de Decreto Aragonés de la Vivienda que apuesta por una normativa aragonesa que mediante la moratoria, el realojo y alquiler social evite los desahucios forzosos de vivienda habitual en Aragón. Hay vidas en juego, los derechos humanos no son negociables. Detengan la criminalización de las plataformas y legislen de una vez.

FOTO DE PORTADA: Pablo Hijar, -activista de Stop Desahucios Zaragoza y candidato por Ganemos en la capital aragonesa

http://arainfo.org/2015/04/multan-con-1-500-euros-a-pablo-hijar-activista-de-stop-desahucios-zaragoza-por-defender-el-derecho-a-la-vivien

LA SOMBRA DEL KU KLUX KLAN SE EXTIENDE ENTRE LA POLICÍA ALEMANA Y LA TRAMA NEONAZI NSU

Publicado en: 5 abril, 2015

Por Roger Suso desde Berlín para La Directa

Tres testigos de la trama neonazi NSU han muerto en extrañas circunstancias y varios policías de Baden-Württemberg relacionados con el KKK vinculados también con el escándalo del NSU. El pasado martes 24 de marzo Melisa Marijanovic conducía su moto por el circuito de motocross de Odenheim cuando tuvo un pequeño accidente. Mientras entrenaba, entre curvas, […]


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Tres testigos de la trama neonazi NSU han muerto en extrañas circunstancias y varios policías de Baden-Württemberg relacionados con el KKK vinculados también con el escándalo del NSU.

El pasado martes 24 de marzo Melisa Marijanovic conducía su moto por el circuito de motocross de Odenheim cuando tuvo un pequeño accidente. Mientras entrenaba, entre curvas, rampas y desniveles en campo abierto, se cayó. Como consecuencia, la moto le cayó encima, causándole una contusión en la rodilla. Así le diagnosticaron en el hospital.

Cuatro días después, Marijanovic murió. La joven alemana de ascendencia croata de 20 años fue encontrada convulsionando en su domicilio de Kraichtal, cerca de Karlsruhe, en el suroeste de Alemania, por su compañero sentimental aquel 28 de marzo. Marijanovic murió en el hospital de la población de Heilbronn.
La autopsia sostiene que la contusión provocó un hematoma y un coagulo en la rodilla que derivó en una trombosis, que obstaculizó el riego sanguíneo provocando a Marijanovic la muerte por embolia pulmonar.

Sin embargo todas las alarmas saltaron cuando trascendió que Melisa Marijanovic era una testigo de la comisión de investigación parlamentaria del caso NSU en el Estado federado de Baden-Württemberg. El 13 de marzo, la joven participó en Stuttgart de una sesión a puerta cerrada de la comisión de investigación de la trama de Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) en el Land, donde expuso sus conocimientos del caso y de la escena neonazi en el suroeste de Alemania y afirmó sentirse incómodo y amenazada.

La comisión de investigación parlamentaria de Stuttgart investiga la involucración del KKK en la trama neonazi y también las muertes de los tres testigos

El NSU fue responsable de tres atentados con bomba, de 15 robos a bancos, de un incendio y de una decena de asesinatos cometidos partes de Alemania entre 2000 y 2007. Menos una mujer policía de Heilbronn, la resto de las víctimas eran migrantes que trabajaban en pequeños comercios y fueron asesinados con un tiro en la cabeza a la luz. Ocho tenían ascendencia turca, y uno, griega. Ahora, nuevas revelaciones implican a los servicios secretos internos en la campaña terrorista neonazi.

Marijanovic fue citada por haber sido, con anterioridad, la pareja sentimental de Florian Heilig, un militante neonazi que murió calcinado en su coche en Stuttgart en septiembre de 2013. Heilig, entonces de 21 años, había sido citado el día que murió por la policía criminal de Baden-Württemberg para ser interrogado sobre unas informaciones relativas a la escena neonazi. No asistió, antes fue encontrado quemado dentro de su Peugeot. Ahora la fiscalía, tras descartar la hipótesis de un asesinato de Marijanovic, investiga si la joven fue envenenada.
La testigo del caso NSU Melisa Marijanovic practicando motocross

El movimiento neonazi de Baden-Württemberg

Florian Heilig era originario de Eppingen, en la región de Heilbronn. Según fuentes policiales, el joven se suicidó. Por problemas personales. “Una ruptura con su novia [Marijanovic]” afirmó la policía. Sin embargo, testigos presenciales el día de los hechos informaron que poco después de que Heilig subiera a su coche se sintió una explosión. Posteriormente vieron el vehículo en llamas. Una versión totalmente diferente de la versión policial. La familia de la víctima también cuestionó el suicidio. Sostiene que fue asesinado. Heilig se movía por los ambientes ultraderechistas. Simpatizaba con los neonazis. Arrepentido, en 2012, intentó dejar la militancia neonazi.

Un neonazi arrepentido que afirmó que en el asesinato atribuido a la NSU estaban involucrados otras organizaciones neonazis fue el primer testigo que apareció muerto

La policía lo interrogó por primera vez en enero de 2012, después de haber recibido un anónimo sobre él relacionado con el asesinato de Michèle Kiesewetter, el agente de policía asesinada por el NSU en Heilbronn. Heilig declaró que cuatro neonazis del norte de Württemberg estaban implicados en el incidente mortal de 2007. Adicionalmente, afirmó que junto con el NSU había otro grupo neonazi armado que actuaba también en Alemania: las Neoschutzstaffel (NSS). Las Nuevas SS, sería la traducción. De la población de Öhringen, cerca de Heilbronn, donde se habrían reunido en una ocasión. Hacia allí en 2011, Heilig no recordaba cuándo.

La familia encontró el coche calcinado de Heilig, días después de que la policía cerrara la investigación y entregara el coche desguace, una pistola, medicamentos, un machete, dos teléfonos móviles, así como las llaves del coche que entregaron a la comisión parlamentaria de Stuttgart, preguntándose por qué la policía no custodiar todos estos objetos y si este hecho, de no haber custodiado, obedece a una estrategia para hacer sólida la versión policial del suicidio. El propio presidente de la comisión, el socialdemócrata Wolfgang Drexler, cuestionó la investigación policial. Si la policía pasó por alto a los objetos o si los depositó a posteriori es lo que pretende aclarar la comisión.
Tres testigos muertos en circunstancias poco normales

Ya son tres los testigos vinculados en la trama de la NSU que han muerto en circunstancias extraordinarias y misteriosas. Más allá de Heilig y Marijanovic, en marzo de 2014 fue encontrado muerto Thomas Richter, informando de los servicios de inteligencia con el código clave “Corelli” y uno de los activistas neonazis más importantes de los años noventa en toda Alemania. “Corelli” trabajó por los servicios secretos de 1993 a 2012 y fue miembro de varios grupúsculos neonazis.

“Corelli” también fue miembro del Ku Klux Klan (KKK), del que era responsable de la admisión de nuevos miembros, editor de varias publicaciones neonazis y fotógrafo antiantifa, y tuvo una estrecha relación con el trío que formaba el núcleo central del NSU, proporcionándole a través de sus actividades y de forma indirecta, financiación para sus actividades.

Tras el descubrimiento de la NSU en 2011, Richter pasó una temporada en Inglaterra hasta que regresó a Alemania bajo la cobertura de un programa estatal de protección de testigos. Instalado en la población renana de Paderborn, fue encontrado, en abril de 2014, muerto en su domicilio. Tenía 39 años. La causa de la muerte de Richter, según la autopsia, fue una subida de azúcar, ya que se ve que sufría diabetes, una enfermedad, hay que decir, hasta entonces desconocida al informante neonazi. Días antes de su misteriosa muerte, “Corelli” entregó un CD titulado “NSU / NSDAP” en una oficina de los servicios secretos de Hamburgo. El CD, datado de 2005, contiene unos 15.000 documentos, sobre todo fotografías de propaganda con contenido racista y antisemita de la época del Tercer Reich y otros documentos y fotografías relacionados con la NSU.
La alargada sombra del Ku Klux Klan

Según informaba esta semana el diario Stuttgarter Nachrichten, hasta 20 policías del Estado de Baden-Württemberg están relacionados con el KKK alemán y sus acciones supremacistas blancas. Uno de ellos es el comisario Jörg B., que participó en la investigación de la muerte de Florian Heilig. De hecho, fue él quien informó a la familia del suceso. Por su parte Jörg B. proporcionó el ingreso al grupúsculo secreto de encapuchados racistas a otro policía: Jörg W. Por otra parte, el hermano de Jörg B., Steffen B., fue uno de los fundadores, junto con el líder, Achim Schimd, de la sección alemana del KKK y era muy conocido entre la militancia hacia-rapada neonazi de Baden-Württemberg.

Varios policías vinculados al KKK involucrados con la trama neonazi del NSU, que también implica a los servicios secretos alemanes

Otro policía de este Land que militó en el KKK fue Timo Heß. Heß era el superior de la policía asesinada Michèle Kiesewetter y también, del colega de la misma, Jörg W. Para más estupefacción, Timo Heß, de las fuerzas de la ciudad de Böblingen, fue el jefe del operativo policial en la explanada donde fueron disparados Kiesewetter y otro policía en 2007 y de la investigación posterior. 

 Todos los policías vinculados al KKK, continúan trabajando actualmente por la policía de Baden-Württemberg. El rompecabezas del asesinato de Kiesewetter es uno de los capítulos más oscuros de la trama de la NSU. Nunca ha sido investigada a fondo esta trama ni las conexiones entre la NSU y el KKK, unas conexiones, que se remontan a la formación del trío ya su red de colaboradores y que ahora hay que sumar, presuntamente, las muertes de los tres testimonos.

https://directa.cat/lombra-del-kkk-sesten-entre-policia-alemanya-trama-neonazi-nsu

LA LARGA HISTORIA DEL CONTAGIO DE HEPATITIS "C" Y LA SUBORDINACIÓN DE LOS GOBIERNOS A LAS MUJLTINACIONALES FARMACÉUTICAS

Publicado en: 6 abril, 2015

Por Ángeles Maestro

“Al adentrarme en la jungla farmacéutica, llegué a la conclusión de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como una postal de vacaciones”.  Nota de John Le Carré al final de “El Jardinero fiel” Las movilizaciones de las personas contagiadas por el virus de la Hepatitis C para conseguir el acceso de […]


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“Al adentrarme en la jungla farmacéutica, llegué a la conclusión de que mi relato, comparado con la realidad, era tan inocuo como una postal de vacaciones”.  Nota de John Le Carré al final de “El Jardinero fiel”

Las movilizaciones de las personas contagiadas por el virus de la Hepatitis C para conseguir el acceso de todas ellas al medicamento Sovaldi (Sofosbuvir) ha servido – como toda lucha- para sacar a la luz el poderoso entramado de intereses que hacen de las multinacionales farmacéuticas el sector económico con más beneficios, sólo comparable a la industria armamentística, el narcotráfico o la prostitución.
Ha trascendido ampliamente que el tratamiento con Sovaldi, medicamento altamente eficaz y del que depende la vida de las personas afectadas por Hepatitis C, tiene un coste de producción de aproximadamente 100 euros. El precio inicial de venta establecido por la multinacional farmacéutica Gilead era de 60.000 euros, aunque al parecer ahora lo “rebajó” a 25.000. Con este precio, tratar a los 35.000 pacientes más graves absorbería el 10% del gasto farmacéutico público total que asciende aproximadamente a 14.000 millones de euros[1].
Hay otro dato esencial que ha trascendido mucho menos: todos los estudios que sirvieron para el desarrollo del Sovaldi fueron financiados por fondos públicos de EE.UU durante más de dos décadas. A partir de estas investigaciones se creó la empresa privada Pharmasset, con sede en Delaware (EE.UU), que funciona como un paraíso fiscal. En 2011 esta compañía fue comprada por la multinacional Gilead, que contó entre sus directivos a altos cargos del Gobierno norteamericano como Georges Schultz y Donald Rumsfield[2].
La parasitación de la I+D pública por parte de la empresa privada no ocurre sólo en EE.UU. No es coincidencia que tanto en gobiernos del PSOE (Cristina Garmendia) como del PP (Carmen Vela) se haya situado a científicas provenientes de la empresa privada a la cabeza de los departamentos ministeriales responsabilizados de la investigación pública.
Un importante trabajo realizado por Pablo Martínez Romero[3], militante de CNT de Córdoba, profundiza en estas inquietantes conexiones público/privadas. Tras ellas está indefectiblemente el derecho de patente que coloca el supuesto derecho de “propiedad intelectual” sobre descubrimientos científicos – que como se ha visto fueron en su inmensa mayoría realizados con dinero público – por delante del derecho a la salud y a la vida de las personas.
Esta colaboración público/privada no se detiene en el ámbito de la investigación, ni tiene límites nacionales. Un buen ejemplo es el caso de la “amenaza de pandemia” por Gripe Aviar. En este caso la misma Organización Mundial de la Salud colaboró decisivamente para la extensión de un pánico masivo absolutamente injustificado[4]. En esa ola de histeria colectiva la misma multinacional Gilead vendió a Roche el famoso Tamiflu – quedándose con un tanto por ciento de las ventas – que reportó fabulosos beneficios al ser adquirido masivamente por gobiernos de todo el mundo ante una amenaza de “pandemia de efectos devastadores” que resultó ser falsa.
Es inevitable relacionar la manipulación mediática a escala mundial con falsas noticias de epidemias, que sirven para atemorizar a la población al tiempo que reportan suculentos dividendos a las multinacionales farmacéuticas, con una estrategia del shock cada vez más usada por el imperialismo. El uso del terrorismo islámico para justificar intervenciones militares, al tiempo que acredita su eficacia como instrumento de control social, sirve para justificar la escalada armamentística de la que se beneficia el complejo militar-industrial, altamente vinculado con las grandes empresas químico-farmacéuticas.
La Hepatitis C, una larga historia de sufrimiento y responsabilidades. 
Se calcula que en el Estado español hay 900.000 personas (el 2% de la población) contagiadas por el virus de la Hepatitis C, de las cuales 650.000 desarrollarán una hepatitis crónica. Apenas se habla de que una buena parte de ellas se contagiaron entre 1982 y 1995 a través de transfusiones de sangre o tratamientos con hemoderivados infectadas con el virus[5] a los que no se habían realizado las pruebas pertinentes.
Entre 1982 y 1995, 1800 personas enfermas de hemofilia adquirieron el virus de la hepatitis B, C, o del SIDA tras ser tratadas con Hemofil, medicamento de la empresa BAXTER. En esa época (la situación ahora no ha cambiado) el 80% del plasma y derivados de la sangre se importaba a través de empresas de EE.UU. Estas empresas obtenían la materia prima de la población carcelaria de EE.UU (que tiene diez veces más prevalencia de sífilis, hepatitis y SIDA que la población general) a través de un intrincado engranaje de corrupción y negocio en el que estaba implicada, obviamente, la administración penitenciaria[6].
Aunque el 29 de diciembre de ese mismo año 1983 un telegrama del ministerio de sanidad canadiense alertaba al gobierno español de la entrada de plasma posiblemente contaminado, no se tomó ninguna medida encaminada a detectar la presencia de los virus y poder desechar en consecuencia los productos infectados.
En 1990, cuando la alarma por la cantidad de personas contagiadas empezaba a trascender, presenté en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley exigiendo que el Gobierno (del PSOE, con mayoría absoluta) ordenara la realización sistemática y generalizada de “pruebas para acreditar la ausencia de anticuerpos del virus de la Hepatitis C y del SIDA en todas las donaciones de sangre y derivados, así como exigir la acreditación correspondiente del resultado negativo para tales virus en los productos importados”[7]. La Proposición fue rechazada con la mayoría absoluta del PSOE estimando que la medida “de ninguna manera debía tener carácter obligatorio”, ni adoptarse con carácter general porque la “prevalencia del virus es muy poca” y por los graves problemas que podrían acarrarse.
Como relata Miguel Jara[8], la Directora General de Farmacia con el Gobierno de Felipe González, Regina Revilla, posteriormente máxima responsable en España de Relaciones Institucionales de la multinacional farmacéutica Merck, no emitió hasta febrero de 1993 una Orden que permitía que ¡hasta el 31 de diciembre de 1995! se siguieran utilizando hemoderivados que no hubieran pasado el control preceptivo de detección de anticuerpos de Hepatitis C. Como denunciaron los padres de dos hermanos fallecidos, en una época en que las dimensiones y la gravedad del contagio eran ya ampliamente conocidas, Regina Revilla no obligó a retirar del mercado los productos sospechosos, ni siquiera obligó a realizar técnicas de destrucción de la carga viral.
El 94% de las personas afectadas o las familias de las fallecidas, aceptaron ridículas indemnizaciones a cambio de su silencio.
Quienes no lo hicieron y siguieron adelante con la denuncia relatan truculentos episodios de amenazas sobre ellos, conminándoles a aceptar las indemnizaciones sin ir ajuicio, por parte del despacho de un curioso personaje: José Federico de Carvajal, Presidente del Senado entre 1982 y 1989[9].
Recientemente el Tribunal Supremo ha desestimado una demanda de pacientes de Hepatitis C contra las empresas BAXTER y Grifols que exigía cuantiosas indemnizaciones por considerar que el hecho denunciado había prescrito[10].
En aquella misma época, febrero de 1990, se debatió y votó una Proposición No de Ley presentada por mí en representación del Grupo Parlamentario de IU, que instaba al Gobierno a la creación de una empresa estatal de transfusión[11]. En el debate hice referencia expresa a las recomendaciones de la OMS que en 1975 y 1981 instaban a los gobiernos a asegurar la autosuficiencia en el abastecimiento de sangre, plasma y hemoderivados, mediante la creación de los servicios estatales correspondientes. Se daba además la circunstancia de que el Estado aún poseía el 29% de los laboratorios Hubber, que habían sido reprivatizados tras su nacionalización completa junto al resto de empresas de RUMASA y que poseían una importante división de hemoderivados. La propuesta pretendía que el Gobierno utilizara ese departamento como base de la nueva empresa estatal. La iniciativa se rechazó, otra vez por la mayoría del PSOE. Laboratorios Hubber, tras ser declarada “estratégica”, fue vendida a precio de saldo a ICN Pharmaceuticals[12].
Una única solución: autosuficiencia pública en la producción, distribución y dispensación de medicamentos esenciales.
Sirva el anterior relato como un ejemplo entre miles de las graves repercusiones inherentes al hecho de que la fabricación, distribución y dispensación de medicamentos estén en manos, no solamente de empresas privadas, sino de grandes multinacionales capaces de ejercer enormes presiones sobre los gobiernos e incluso de poner a su servicio a la hasta hace poco respetada Organización Mundial de la Salud.
El aumento continuado del gasto farmacéutico público (el 25% del gasto total) ha servido de pretexto para la exclusión progresiva de fármacos de la financiación del Estado – los sucesivos ”medicamentazos” del PSOE y del PP –, para el incremento del % pagado por las y los trabajadores activos y a la introducción del copago para pensionistas.
Directamente relacionado con el precio astronómico de medicamentos como el Sovaldi está la Resolución de la Dirección General de Farmacia (2013) por la que se impone el copago de medicamentos para enfermedades graves (hepatitis, cáncer, SIDA, degeneración macular, etc) y de dispensación hospitalaria[13]. A pesar de que este aspecto del copago no ha llegado a ser aplicado, por el escándalo desencadenado y por la negativa a aplicarlo de numerosas CC.AA, es más que probable que tras el periodo electoral entre en vigor.
La locura privatizadora ha llevado a la Consejería de Sanidad de Madrid a la adjudicación a la Cruz Roja, desde 2014 a 2020, de la gestión de las donaciones de sangre por 9, 3 millones de euros, 67 euros por cada donación altruista. En consecuencia la gente, debidamente informada, ha disminuido drásticamente sus donaciones a través de este servicio privatizado.
Como es evidente, el problema no es sólo de las personas enfermas de Hepatitis C. Es la imposibilidad absoluta de que todo el sistema sanitario, financiado con recursos públicos pueda cumplir su – teórico – principal objetivo: mejorar el estado de salud de la población, disminuyendo la enfermedad y retrasando la muerte. Y es imposible que lo haga porque, mediante los sobornos correspondientes, funciona prioritariamente al servicio del negocio privado de multinacionales farmacéuticas, aseguradoras privadas, bancos, inmobiliarias, empresas de capital riesgo, etc.
Por lo tanto, se trata de algo mucho más complejo que de “recortes”. Por supuesto, las personas enfermas de Hepatitis C y todas las demás tienen todo el derecho a exigir que se les proporcionen de forma inmediata los medicamentos que necesitan pero eso será materialmente imposible si no se rompe la dependencia de las multinacionales farmacéuticas.
No cabe otra solución (y esa reivindicación debería sonar con más fuerza en las movilizaciones de personas afectadas por la Hepatitis C y de aquellas que defienden la sanidad pública) que exigir al Gobierno y a todas las fuerzas políticas la adopción de medidas que garanticen la independencia de la sanidad pública en materia de medicamentos de laempresa privada. Para ello es imprescindible adoptar medidas como las que propone CASMadrid[14]:
· Poner en marcha una industria farmacéutica pública que fabrique y distribuya los medicamentos esenciales de forma que se garantice el acceso a todos los fármacos realmente útiles a quienes los necesiten.
· Derogar todas las normas que imponen el copago de medicamentos de uso hospitalario, a las personas pensionistas y el aumento del copago para las activas. Medicamentos gratuitos para todas las personas desempleadas.
· Eliminar del Registro todos los medicamentos inútiles, perjudiciales para la salud o con precios comparativos injustificadamente elevados. Todos los medicamentos admitidos en el Registro deberán tener financiación del sistema público.
· Dispensar directamente los medicamentos en los centros sanitarios a la dosis necesaria.
· Prohibir la financiación por parte de la industria farmacéutica de congresos, actividades científicas y de investigación, que deberán ser sufragadas con fondos públicos.
· Acabar con todo tipo de publicidad de medicamentos.
27 de marzo de 2015

[1] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=132&limit=&titulo=COMUNICADOS
[2] http://lacienciaysusdemonios.com/2015/01/13/el-caso-del-medicamento-sovaldi-contra-la-hepatitis-c-como-ejemplo-de-la-ruinosa-privatizacion-de-la-investigacion-biomedica/
[3] http://cordoba.cnt.es/gilead-hepatitisc-bolsa-o-vida
[4] http://actualidad.rt.com/actualidad/view/93369-oms-gripe-virus-amenaza-pandemia
[5] El contagio no fue sólo con el virus de la Hepatitis C, sino también con el del SIDA y la Hepatits B, transmitidos exclusivamente a través del contacto directo con la sangre de personas infectadas.
[6] Miguel Jara explica como a los reclusos de les pagaba 7 dólares por unidad que luego era revendida a 50$. El Departamento de Prisiones se quedaba con la mitad del dinero. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=339
intervenciones de todos los Grupo Parlamentarios en este enlace al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados entre las páginas 4.123 y 4.126.
[8] Op. Cit. http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=339
[9] Jose Federico de Carvajal es citado por Joan Garcés en su libro “Soberanos e Intervenidos”, junto a Carlos Zayas, Mariano Rubio y Joan Raventós como integrantes del grupo de socialistas que se ofrecían al Embajador de EE.UU. en Madrid, para informar “sobre personas de sensibilidad socialista dispuestas a combatir al Partido Comunista si recibieran los apoyos materiales que buscaban”. Garcés, J. (1966). “Soberanos e Intervenidos”.Pag 161.
[10] http://elpais.com/diario/1986/04/15/economia/513900013_850215.html
[11] http://www.congreso.es/public_oficiales/L4/CONG/DS/CO/CO_139.PDF
[12]http://elpais.com/diario/1986/04/15/economia/513900013_850215.html
[13]http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-967
[14]http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=127&limit=&titulo=COMUNICADOS

INFOREM FORENSE PONE DE MANIFIESTO LA " SIGNIFICATIVA CONTRIBUCIÓN" DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL ASESINATO DE LOS 15 MIGRANTES DE CEUTA


Publicado en: 6 abril, 2015

Por Kaos. Derechos humanos

Un nuevo informe forense elaborado por la Universidad del País Vasco cuestiona la versión oficial sobre la muerte de 15 personas al intentar acceder a España por la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014. El documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye tras el análisis […]


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Un nuevo informe forense elaborado por la Universidad del País Vasco cuestiona la versión oficial sobre la muerte de 15 personas al intentar acceder a España por la playa del Tarajal el 6 de febrero de 2014. El documento, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye tras el análisis de los cadáveres de los 5 jóvenes fallecidos que “existieron elementos relacionados con la intervención de terceras personas (uso de pelotas de goma, botes de humo, creación de un ambiente de pánico y una situación de agotamiento de las personas) que pudieron contribuir de manera significativa como un elemento coadyuvante en el fallecimiento de estas personas”.

Las 19 páginas de la investigación, dirigida por Luis F. Callado -doctor en Medicina y Cirugía, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador en la Univesidad de Oxford y el Royal London Hospital-, fueron presentadas en el Juzgado de Instrucción nº6 de Ceuta que investiga las muertes de El Tarajal el pasado 25 de marzo por la acusación particular que ejerce la Asociación Coordinadora de Barrios.

El nuevo informe califica de “marcadamente deficiente” la investigación forense sobre tres de los cadáveres llevada a cabo por el juzgado ceutí y destaca que no se practicaron pruebas fundamentales, como las toxicológicas, para determinar los condicionantes que pudieron dar lugar a los ahogamientos. “A la vista de los datos existentes se deberían haber obtenido muestras para intentar objetivar o excluir la presencia de compuestos que componen los gases lacrimógenos”, indica el informe, que subraya que no se siguieron los protocolos de referencia en el primer análisis de los cuerpos.

Frente a la versión oficial

Frente a las tesis de un ahogamiento provocado por el “apelotonamiento” de los propios fallecidos defendido por la cúpula del Ministerio del Interior y los 16 agentes de la Guardia Civil imputados por las muertes, el nuevo informe señala que algunas de las víctimas “presentaban lesiones altamente compatibles con los efectos del material antidisturbios (bolas de caucho)”. En concreto, las autopsias describen lesiones contusas en la cabeza en cuatro de las víctimas.

De la misma forma, la investigación dirigida por Luis F. Callado destaca también que algunos de los lesionados en los sucesos del 6 de febrero de 2014 “relatan sintomatología compatible desde un punto de vista técnico con los efectos de gases fumígeros o lacrimógenos”.

En ese sentido, el estudio indica que, aunque se aceptara la sumersión como causa de la muerte, debe tenerse en cuenta la existencia de “factores predisponentes de la sumersión” como los anteriormente descritos. El forense destaca que los botes de gas lacrimógeno contienen un agente irritante cuya “inhalación puede producir la muerte del sujeto debido a la aparición de severos daños pulmonares que originan la asfixia y el fallo circulatorio”.

“Se han descrito numerosos casos de muertes en los que la exposición a gases lacrimógenos o fumígeros puede ser no solo la causa directa de la muerte sino un factor determinante que contribuye a ella”, subraya el informe.

Dada la divergencia entre las conclusiones de este nuevo informe forense y las del encargado por el juzgado, la acusación popular ha solicitado a la jueza encargada del caso que admita este documento como prueba pericial. También ha solicitado que su autor sea citado a declarar en calidad de perito independiente para explicar sus conclusiones y metodología.

LO QUE USTED NO SABE SOBRE LOS ACUERDOS ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN

El plan de Washington para los 10 próximos años en el Medio Oriente


Hace 2 años que Estados Unidos viene negociando en secreto una tregua regional con Irán. Después de llegar a un entendimiento bilateral, anunciaron una solución al diferendo nuclear y a las sanciones económicas en el marco de las negociaciones bilaterales que se mantenían estancadas desde 2003. Testigo privilegiado de este proceso, Thierry Meyssan revela lo que está juego y cómo Washington pretende organizar el Levante y el Golfo para los 10 próximos años.
| Damasco (Siria)  
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John Kerry y Mohammad Javad Zarif llegaron a un preacuerdo político bilateral secreto. Y concluyeron a la vez un acuerdo público en el marco de las negociaciones multilaterales 5+1.

Las conversaciones bilaterales secretas

Estados Unidos e Irán vienen conversando en secreto desde marzo de 2013. Esos contactos secretos se iniciaron en Omán. Ahogados por un asedio económico y monetario sin precedente en la historia, los iraníes no tenían intenciones de ceder ante el imperialismo sino de obtener varios años de tregua, un tiempo para respirar y recuperar fuerzas. Para Estados Unidos, que quiere desplazar sus tropas del Medio Oriente hacia el Lejano Oriente, esta oportunidad tenía que venir acompañada de garantías precisas de que Teherán no aprovechará ese respiro para seguir extendiendo su influencia.

Dos negociadores excepcionalmente hábiles, Jake Sullivan y William Burns, encabezaban el equipo estadounidense. Se desconoce la composición de la delegación iraní.

Sullivan había sido uno de los principales consejeros de la secretaria de Estado Hillary Clinton, con quien no compartía sin embargo ni el respaldo incondicional a Israel ni la fascinación por la Hermandad Musulmana. Organizó las guerras contra Libia y contra Siria. Cuando el presidente Obama decidió deshacerse de la señora Clinton, Sullivan se convirtió en consejero de seguridad nacional del vicepresidente Joe Biden y fue desde ese puesto que inició los contactos con Irán. William Burns, por su parte, es un diplomático de carrera, se dice que uno de los mejores de Estados Unidos, y se unió a las conversaciones a título de adjunto del secretario de Estado John Kerry.

De esos contactos salieron al menos 2 decisiones. En primer lugar, el Guía de la Revolución, ayatola Ali Khamenei, se ocuparía de excluir de la carrera presidencial a Esfandiar Rahim Mashaie –el ex responsable del servicio de inteligencia de los Guardianes de la Revolución, convertido en jefe de la oficina del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. El objetivo era garantizar que Irán bajara el tono en las instancias internacionales. Posteriormente, Estados Unidos se ocuparía de que sus aliados anti-iraníes también bajaran el tono y desbloquearan las negociaciones con el grupo 5+1 sobre el tema nuclear para preparar el fin de las sanciones.

De hecho, para sorpresa general, el Consejo de los Guardianes de la Constitución (la mitad de sus miembros son nombrados por el ayatola Khamenei) rechazó la candidatura de Esfandiar Rahim Mashaie, a quien los sondeos de opinión daban como ganador desde la primera vuelta de la elección presidencial iraní. Fue gracias a la división así creada en el campo de los revolucionarios, y hábilmente alimentada por el Guía, que el jeque Hassan Rohani ganó la elección.
Rohani era el hombre de la situación. Este religioso nacionalista había sido negociador en jefe sobre la cuestión nuclear desde 2003 hasta 2005.

Había aceptado todas las exigencias europeas antes de que Mahmud Ahmadinejad, al llegar a la presidencia, decidiera sustituirlo. Rohani había estudiado derecho constitucional en Escocia y fue el primer contacto iraní de Israel y Estados Unidos en el escándalo Irángate. En 2009, durante el intento de revolución de color organizado por la CIA con ayuda de los ayatolas Rafsanjani y Khatami, Rohani se puso del lado de los pro-occidentales en contra del presidente Ahmadinejad. Y de paso, el estatus clerical de Rohani permitía a los molas reconquistar el Estado iraní de manos de los Guardianes de la Revolución.

Por su parte, Estados Unidos impartía instrucciones a sus aliados sauditas para que también bajaran el tono y aceptaran la mano tendida del nuevo gobierno iraní. Durante varios meses hubo sonrisas entre Riad y Teherán mientras que el jeque Rohani se ponía personalmente en contacto con su homólogo estadounidense.

El plan de la Casa Blanca

La idea de la Casa Blanca era tomar nota de los éxitos iraníes en Palestina, Líbano, Siria, Irak y Bahréin y permitir que Teherán goce de su influencia en esos países a cambio de que renuncie a seguir expandiendo su revolución.

Después de abandonar la idea de compartir el Medio Oriente con los rusos, Washington preveía distribuirlo entre Arabia Saudita e Irán antes de retirar sus propias tropas de esa región.

El anuncio de esta posible división fortaleció abruptamente la lectura de los acontecimientos regionales como un conflicto entre sunnitas (sauditas) y chiitas (iraníes), lo cual resulta absurdo ya que la religión de los cabecillas a menudo no corresponde con la de quienes los apoyan.

Pero esa división devolvía el Medio Oriente a la época del Pacto de Bagdad [1], o sea a los tiempos de la guerra fría, con la diferencia de que Irán ocuparía el lugar que antes tenía la URSS y que la repartición de las zonas de influencia sería diferente.

Además de que eso obligatoriamente molestaría a la actual Federación Rusa, esta nueva repartición devolvía Israel a la época en que no disponía del paraguas estadounidense. Algo inaceptable desde el punto de vista del primer ministro Benyamin Netanyahu, partidario de la expansión de Israel «desde el Nilo hasta el Éufrates». Así que Netanyahu hizo todo lo posible por sabotear la continuación del programa.

Es por eso que, a pesar de que a principios de 2014 ya se había alcanzado en Ginebra un acuerdo sobre la cuestión nuclear, la negociadora estadounidense Wendy Sherman utilizó las exigencias israelíes para tratar de obtener más concesiones y afirmó sorpresivamente que Washington no se conformaría con eliminar la posibilidad de que Irán obtuviese la bomba atómica sino que también exigía que Teherán renunciara a desarrollar sus misiles balísticos. Esta sorprendente exigencia fue rechazada por China y Rusia señalando que no tenía absolutamente nada que ver con el Tratado de No Proliferación nuclear ni entraba en el campo de competencia de los 5+1.

Eso demuestra que la bomba atómica nunca fue la preocupación de Estados Unidos en todo este asunto y que Washington sólo utilizó ese pretexto para contener a Irán imponiéndole un terrible cerco económico y monetario.

Lo más interesante es que el propio presidente Obama lo reconoció implícitamente en su discurso del 2 de abril cuando mencionó la fatwa del Guía de la Revolución prohibiendo el arma atómica. En realidad, la República Islámica de Irán puso fin a su programa nuclear militar poco después de la declaración del ayatola Khomeiny contra las armas de destrucción masiva, en 1988. A partir de aquel momento, Teherán se ha limitado a la investigación nuclear de carácter civil, que en algunos casos puede tener implicaciones militares, como –por ejemplo– garantizar la fuerza motriz en navíos de guerra. La decisión del imam Khomeiny adquirió fuerza de ley con la fatwa del ayatola Khamenei, el 9 de agosto de 2005 [2].

En todo caso, como en Washington estiman que Benyamin Netanyahu es un «fanático histérico», los estadounidenses pasaron el año todo el año 2014 tratando de llegar a un acuerdo con Tsahal [las fuerzas armadas de Israel]. Poco a poco, fue imponiéndose la idea de que, en la repartición de la región entre Arabia Saudita e Irán, habría que imaginar un sistema de protección para la colonia judía. De ahí surgió el proyecto de crear una especie de nuevo Pacto de Bagdad, algo así como una OTAN regional, presidida oficialmente por los sauditas –para que fuese aceptable para los árabes– pero dirigida en realidad por Israel, como el antiguo Pacto presidido de facto por Estados Unidos a pesar de que este país no era miembro. El presidente Obama hizo público este proyecto en su Doctrina de Seguridad Nacional, el 6 de febrero de 2015 [3].

Así que el acuerdo nuclear y el fin de las sanciones fueron pospuestos. Washington organizó la rebelión de Tsahal contra Netanyahu, creyendo que al primer ministro no le quedaba mucho tiempo en el poder. Pero, a pesar de la creación de Commanders for Israel’s Security y de los llamados de casi todos los ex oficiales superiores a no votar por Netanyahu, este último logró convencer a sus electores de que él único defensor de la colonia judía y acabó siendo reelecto.

En lo tocante a Palestina, Washington y Teherán habían previsto congelar la situación de Israel y crear un Estado palestino, conforme a los acuerdos de Oslo.

Netanyahu, que estaba espiando no sólo las negociaciones de los 5+1 sino también las conversaciones bilaterales secretas [4], reaccionó anunciando públicamente que mientras él esté vivo Israel nunca aceptará que se reconozca un Estado palestino. Al hacer esa declaración, Netanyahu reconocía implícitamente que Tel Aviv no tiene intenciones de respetar la firma israelí estampada en los acuerdos de Oslo y que ha venido negociando con la Autoridad Palestina durante 20 años únicamente para ganar tiempo.

La Fuerza Común Árabe

Apurados por completar su plan, Washington y Londres decidieron utilizar la rebelión yemenita para concretar todo el asunto. Los chiitas hutis aliados a los soldados fieles al ex presidente Saleh habían exigido y obtenido la renuncia del presidente Hadi, quien a última hora decidió tratar de recuperar su puesto.

Aunque la verdad es que su estancia en el cargo ya no era ni legal ni legítima desde hacía mucho tiempo. Hadi se había mantenido en el poder después de terminar su mandato sin haber cumplido ninguno de los compromisos que había contraído sin intenciones de respetarlos. Ni Estados Unidos ni el Reino Unido tenían ningún tipo de simpatía por ninguno de los dos bandos, después de haberlos respaldado alternativamente en diferentes momentos. Así que permitieron que Arabia Saudita afirmara que la revolución era un golpe de Estado y que justificara así su nuevo intento de anexar Yemen. Londres montó una operación militar para respaldar a Adén desde el Estado pirata de Somalilandia. Al mismo tiempo, con el pretexto de la crisis yemenita, la Liga Árabe hizo pública la parte árabe de la nueva OTAN regional: la Fuerza Común Árabe.

Tres días más tarde, también se hacía público el acuerdo de los 5+1 negociado un año antes. Sin embargo, el secretario de Estado John Kerry y el ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohammad Javad Zarif dedicaban todo un día a pasar revista a todos los puntos políticos en discusión. Se decidió que Washington y Teherán reducirán la tensión en Palestina, Líbano, Siria, Irak y Bahréin durante los próximos 3 meses y que el acuerdo de Ginebra no se firmaría hasta finales de junio y por 10 años si ambas partes respetaban su palabra.

Consecuencias

- Es probable que Netanyahu trate nuevamente, en los 3 próximos meses, de hacer fracasar el plan estadounidense. No sería por lo tanto sorprendente que veamos toda una serie de actos de terrorismo o de asesinatos políticos no reivindicados pero cuya responsabilidad será atribuida a Washington o a Teherán para impedir la firma prevista para el 30 de junio de 2015.

Lógicamente, Washington estimulará en Israel una evolución política que limite los poderes del primer ministro. Eso es lo que se desprende del durísimo discurso que pronunció el presidente israelí Reouven Rivlin cuando encargó a Netanyahu la formación del próximo gobierno.

- La cuestión de Yémen nunca llegó a mencionarse en las discusiones bilaterales. Si se firma el acuerdo, ese país podría mantenerse como único punto de conflicto en la región durante los próximos 10 años.

- Al concluir un acuerdo con Teherán y promover una alianza militar en torno a Arabia Saudita, Washington favorece, por un lado, una división de la región entre Estados. Por otro lado, fragmenta las sociedades utilizando para ello el terrorismo e incluso acaba de crear un sub-Estado terrorista: el Emirato Islámico, también conocido como «Daesh».

- Estados Unidos había previsto originalmente conformar la Fuerza Común Árabe con las monarquías del Golfo y Jordania, con la posibilidad de incorporar posteriormente a Marruecos. Existe en ello una coherencia entre los regímenes implicados. Sin embargo, Omán se ha mantenido al margen, a pesar de ser miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, mientras que Arabia Saudita está tratando de utilizar su influencia para incluir a Egipto y Pakistán, a pesar de que este último no es un país árabe.

En el caso de Egipto, El Cairo no dispone de ningún margen de maniobra y tiene que plegarse a todas las presiones sin implicarse en materia de actuación. El país no dispone de medios sustanciales y sólo puede alimentar a su población gracias a la ayuda internacional, o sea gracias a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Estados Unidos. Egipto se ve implicado en la operación «Tempestad Decisiva» contra Yemen, nuevamente junto a la gente del sur, como en la guerra civil (1962-1970), con la diferencia de que en vez de estar con los comunistas ahora está del lado de los miembros de al-Qaeda y que El Cairo es ahora aliado de la monarquía saudita. Es evidente que Egipto debería tratar de salir de ese enredo lo más rápido posible.

- Más allá del Levante y del Golfo, la evolución de la situación regional planteará problemas a Rusia y a China. Para Moscú, el cese del fuego de 10 años es una buena noticia pero le resultará amargo tener que renunciar a sus esperanzas mientras que Irán se beneficia únicamente porque la dirigencia rusa tardó en reconstituir sus fuerzas después de la disolución de la URSS. Esto explica el acuerdo concluido con Siria para desarrollar el puerto militar de Tartús. La marina de guerra rusa debería implementar de forma duradera su presencia en el Mediterráneo, tanto en Siria como en Chipre.

En cuanto a China, el cese del fuego entre Estados Unidos e Irán se traducirá rápidamente en un traslado de las tropas estadounidenses hacia el Lejano Oriente. El Pentágono ya se plantea la construcción de la mayor base militar estadounidense del mundo en Brunei. Para Pekín, poner sus fuerzas armadas al nivel de esa amenaza se convierte desde ahora en una carrera contra reloj: China debe estar lista para hacer frente al Imperio estadounidense antes de que este último esté en condiciones de atacarla.
[1] El Tratado de Organización del Medio Oriente (CENTO) o «Pacto de Bagdad» era una alianza regional, primeramente piloteada por Londres y más tarde por Washington –a pesar de que Estados Unidos no era miembro–, destinada a contener la influencia soviética y a reagrupar las potencias pro-occidentales. Fue firmado en 1955 y se terminó con la guerra turco-chipriota. Sus miembros eran Irak, Irán, Pakistán, Turquía y el Reino Unido. Su disolución oficial tuvo lugar en 1979, a raíz de la Revolución iraní.
[2] Los lectores interesados podrán encontrar un estudio muy completo de la crisis nuclear iraní en «¿Quién le teme al programa nuclear civil de Irán?», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de julio de 2010.
[3] «Obama réarme», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 9 de febrero de 2015.
[4] «El Wall Street Journal denuncia complot de Israel contra Estados Unidos», Red Voltaire, 25 de marzo de 2015.