Por LA PIRENAICA DIGITAL
Noticias de las luchas protagonizadas por los trabajadores y las
trabajadoras en la defensa de sus legítimos intereses, contra los
ataques de la burguesía.
ÍNDICE:
- LOS INSTALADORES DE TELEFÓNICA CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA
- LOS SINDICATOS PROTESTAN POR “MÁS DE 200 DESPIDOS” EN CORREOS EN EXTREMADURA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA
- DESPIDOS A TODA PRISA EN EL AYUNTAMIENTO ALMONTE
- LOS TRABAJADORES DE ACOREX HACEN HUELGA EN PROTESTA POR LOS 81 DESPIDOS
- HUELGA EN CORREOS EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES
- PRISA SANCIONADA POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA
- ARCELOR SE ENFRENTA A DOS DÍAS DE HUELGA EN VERIÑA POR UN DESPIDO
- EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA “INJUSTIFICADO” UN ERE “EN VENGANZA POR UNA HUELGA”
- ENTREVISTA AL, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CESPA, EMPRESA DE LIMPIEZA DE GETXO
- EMPLEADOS DE COCA-COLA PROTESTAN EN EL SUPREMO
- EMPLEADO DE EVEREST IRÁ EN BICI A SANTIAGO PARA CAPTAR FONDOS PARA PLANTILLA
- IBERCAJA PLANTEA CERRAR UN MÁXIMO DE 70 OFICINAS
- OSTA PROTESTA POR LOS CIERRES Y LOS DESPIDOS EN LOS ANTIGUOS SCHLECKER
- TRABAJADORES DEL ESTADIO DENUNCIAN DESPIDOS TRAS UNA SENTENCIA JUDICIAL
- LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA DE ARMAS, LLAMADA A LA CUARTA JORNADA DE PARO
- LA PLANTILLA DE BANCO MADRID TRATA DE ORGANIZARSE PARA NEGOCIAR EL ERE
- CONCENTRACIÓN 09 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE TARRAGONA
POR LA READMISIÓN DE ARTURO FERNÁNDEZ Y LOS 299 DESPEDIDOS DE GRUPO
NAVECES
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LOS INSTALADORES DE TELEFÓNICA CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA
Por su parte, la operadora asegura que ha comunicado la prórroga de los actuales contratos.
El personal técnico de contratas, subcontratas y autónomos
subcontratados por Telefónica-Movistar, colectivo que suma unas 15.000
personas, ha sido convocado a secundar una huelga indefinida.
“Es la primera vez que Telefónica va a tener que hacer frente a una
huelga estatal”, ha asegurado a Efe un representante del comité de
huelga, quien ha negado que Telefónica les haya comunicado la prórroga
de los contratos y ha advertido de que la protesta puede provocar que
muchos abonados se queden sin servicio.
La convocatoria estatal se suma a la huelga comenzada en la comunidad
de Madrid el 28 de marzo, según el sindicato convocante AST, que, en un
comunicado detalla que CGT y co.bas convocarán huelga el 13 de abril y
que UGT y CC.OO. también harán sus propias convocatorias para protestar
por sus condiciones laborales.
Además, el personal de Atento, que trabaja en un 60% en los
departamentos de telemarketing de Telefónica-Movistar está también
llamado a realizar paros parciales el 8 de abril por CGT, STC, CSI-F y
CIG.
Desde Telefónica, se asegura que la compañía ha comunicado a sus
empresas colaboradoras la extensión por tres años de los contratos en
vigor, valorados en unos 500 millones de euros anuales, sin hacer una
nueva licitación -habitualmente la hace cada tres años-.
Con la prórroga, Telefónica muestra su compromiso con sus contratas, a
las que considera “aliadas clave” para continuar con el despliegue de
fibra óptica hasta los hogares, y evita que el sector “entre en una
espiral de competencia en precio que acabaría por precarizar la
actividad y pondría en jaque la estabilidad de una industria”, según la
misma fuente.
Trabajo precarizado
“Es un bulo. No nos han comunicado nada y, además, sería insuficiente
porque llevamos 15 años en los que con cada licitación han bajado los
precios y precarizado las condiciones de trabajo”, ha afirmado el
representante del comité de huelga.
Según el sindicato AST, Telefónica-Movistar y sus contratas (Abentel,
Cotronic, Cobra, Comfica o Elecnor) apuestan desde hace años por una
estrategia de substitución de la plantilla fija “por cadenas de
subcontratación en la que cada nuevo eslabón sufre condiciones más
precarias que el anterior”.
Al final de la cadena se encuentra un número cada vez mayor de
autónomos a los que las propias contratas y subcontratas alquilan
herramientas y vehículos y quienes, contratados por 2 o 4 horas diarias,
se ven obligados a trabajar hasta 12 horas cada día “todos los días de
la semana para poder llegar a cobrar 800 euros netos”.
El desencadenante del conflicto ha sido la nueva reducción por parte
de Telefónica-Movistar del precio de los servicios que le prestan las
contratas a la multinacional, añade el sindicato.
Desde la operadora se defiende que en 2014 promovió conjuntamente con
sus empresas colaboradoras la incorporación de más de 5.000 nuevos
técnicos, a los que facilitó tanto formación como la adquisición del
equipamiento necesario.
Pese a las incertidumbres sobre qué obligaciones tendrá que asumir en
los próximos meses respecto al mercado de fibra óptica, Telefónica ha
decidido mantener su apuesta por las nuevas redes lo que garantiza “un
importante volumen de actividad que permitirá mantener los empleos”,
según fuentes cercanas a la compañía.
Este año, la compañía prevé llevar fibra a 3,5 millones más de hogares y continuar conectando clientes a esta nueva red.
LOS SINDICATOS PROTESTAN POR “MÁS DE 200 DESPIDOS” EN LA EN CORREOS EN EXTREMADURA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA
CC.OO., UGT y CSI-F han estado presentes en una concentración de
trabajadores de Correos para protestar por “recortes” en esta entidad,
entre ellos, los “más de 200 despidos” que según indican se han llevado a
cabo en Extremadura en lo que va de legislatura.
A esta protesta se une, por parte de CC.OO., sindicato mayoritario de
Correos, la propuesta al resto de organizaciones sindicales de la
convocatoria de 11 jornadas de paros y huelgas generales en todo el
Estado el próximo 30 de abril, y el 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y
24 de mayo.
En nota de prensa, se subraya que el motivo es “el bloqueo” de más de
año y medio del Convenio Colectivo “por parte de los responsables
políticos de Hacienda, SEPI y Correos”, y contra su propuesta de seguir
recortando empleo a pesar de los 14.000 empleos menos en los últimos 5
años.
De esta manera y tras el paréntesis de cuatro meses sin que los
responsables políticos de Hacienda, de SEPI y de Correos hayan sido
capaces de hacer una “propuesta seria” para el desbloqueo del Convenio
Colectivo de los 52.000 trabajadores de Correos, “y con la amenaza de
imponer un nuevo recorte extra de puestos de trabajo” a pesar del
“salvaje” ajuste de empleo de 14.000 puestos en los últimos cinco años,
CC.OO. ha anunciado que retoma las movilizaciones aparcadas en noviembre
por las cuatro organizaciones convocantes (CC.OO., UGT, CSI·F y SL).
Esta propuesta será trasladada por parte de CC.OO. al resto de
organizaciones sindicales convocantes para mantener aquel criterio
unitario.
Para CC.OO., ha quedado de manifiesto “la falta” de impulso y
respaldo por parte de los responsables políticos y directivos “de turno”
a la empresa pública Correos, ocasionando “un grave deterioro al
servicio postal público” al que, según indica este sindicato, “están
dejando sin trabajadores”, y hacia unos ciudadanos a los que “están
privando de recibirlo con calidad” y con la periodicidad de cinco días a
la semana.
Además, ha asegurado que, de forma “absolutamente rechazable por
inmoral”, los responsables de Hacienda, de SEPI y de Correos, han
provocado un “recorte salvaje” de empleo de 11.000 puestos menos en lo
que se lleva de legislatura (3.000 más desde 2010), de los que 8.000 son
fijos, sin cobertura en la contratación, con más trabajo y kilómetros y
multivalencia funcional.
También, CC.OO. ha criticado que se han negado a cualquier
contrapartida salarial y “han incumplido” los acuerdos de empleo
alcanzados con las organizaciones sindicales en el actual Convenio,
indicando que “todo ello está provocando un aumento de la presión, del
estrés y de las bajas y un claro perjuicio a la prestación del servicio a
la ciudadanía”.
De esta manera, ha avisado de que si la empresa y los responsables de
Hacienda y SEPI “continúan por la senda del recorte y de asfixia al
operador postal público”, la movilización continuará en octubre y
noviembre “por irresponsabilidad de los políticos y de los directivos”,
añadiendo que la “única vía de solución al conflicto” pasa por un
incremento salarial, la paralización del ajuste de plantilla y la
regulación de la ultraactividad, en el marco de una nueva regulación
laboral.
DESPIDOS A TODA PRISA EN EL AYUNTAMIENTO ALMONTE
La sección sindical de Almonte de la FSP UGT Huelva denuncia la
persecución sindical y política de los expedientes disciplinarios que el
alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP) gestiona de forma
desproporcionada y fuera del derecho administrativo contra alguno de sus
trabajadores.
Lo último es la pretensión de despedir a un trabajador municipal con la acumulación de expedientes disciplinarios.
La llegada del PP a la alcaldía de Almonte se basa en judicializar y
perseguir a los empleados municipales, este es el caso de Jorge Estéfano
Leyva abriéndole cuatro expedientes disciplinarios bajo argumentos de
poco peso con el fin de acumular diversas faltas que desembocasen en el
despido del trabajador.
Este trabajador tiene categoría de encargado de servicios y desde la
llegada en 2011 del PP al ayuntamiento fue desplazado a tareas de
conserje en el polideportivo.
No conformes con el cambio de tareas y categoría, no han cesado en el
intento permanente de ir abriendo expedientes al trabajador con el fin
de echarlo. De hecho, en 2013 ya cumplió una sanción de tres meses de
empleo y sueldo que será revisado en vía judicial en este mes de abril.
Los dos últimos expedientes disciplinarios contra Jorge Estéfano
están siendo instruidos por el teniente de alcalde José Joaquín de la
Torre, ya condenado como presidente de la entidad pública Doñana TV por
despido nulo a una trabajadora y calificado por el juez como despido
ideológico.
Debido a esto, una de las alegaciones de Jorge fue la dudosa imparcialidad de este instructor a la luz de los hechos ya vividos.
Otro caso en el tema de expedientes disciplinarios ha sido, la que
hizo que un empleado público de la Guardería Rural estuviera suspendido
de empleo y sueldo por quince días, todo ello sin fundamento para tal
pena. El trabajador interpuso un contencioso administrativo ante el
juzgado, que pierde el alcalde a favor del trabajador, y donde el juez
estima que no había hechos para proponer sanción alguna al empleado
público.
La libertad de expresión no parece ser el fuerte del PP de Almonte, y
cualquier trabajador cuya ideología sea distinta a la de este partido
pues está condenado a un expediente disciplinario, que sin duda, y está
demostrado, que al final los juzgados dan siempre la razón a los
trabajadores,
LOS TRABAJADORES DE ACOREX HACEN HUELGA EN PROTESTA POR LOS 81 DESPIDOS
El cien por cien de los trabajadores de la Agrupación de Cooperativas
de Regadío de Extremadura (ACOREX), según los sindicatos, ha secundado
la jornada de huelga general que había convocado en contra el Expediente
de Regulación de Empleo (ERE) que contempla 81 despidos.
Con motivo de este paro varias decenas de trabajadores se han concentrado a las puertas de la sede de la empresa en Mérida.
Únicamente ha habido unos servicios mínimos para atender la
ganadería, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Lucas
Fernández.
Fernández, que ha apuntado que el ERE es “muy agresivo”, ha destacado
la importante repercusión que la empresa tiene a nivel agroalimentario y
lo que supone socialmente.
Por ello, ha abogado por “presionar” para que la Junta de Extremadura
se implique y “unificar criterios que lleven a la empresa a una
viabilidad que ha demostrado durante más de 30 años”.
Por su parte la secretaria general de FITAG UGT Extremadura, María
José Ladera, ha dicho que las negociaciones están en “stand by”,
pendientes de la asamblea de socios y de una posible reunión de la
dirección con el Gobierno regional.
Está prevista una reunión de los sindicatos con la vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente.
Ladera, que ha expresado “la oposición frontal” de su sindicato a los
81 despidos planteados, ha considerado fundamental para encontrar una
solución la reintegración en ACOREX de las grandes cooperativas de San
Isidro de Miajadas, Granja de Torrehermosa y Santa Amalia.
Asimismo, el sábado, 11 de abril, habrá una manifestación a la que
pretenden arrastrar también a los agricultores y no solo a los
trabajadores de la empresa, para hacer una acción multitudinaria con el
fin de que el Gobierno de Extremadura escuche su voz, según Ladera.
Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria
de CC.OO., Francisco Rodríguez, ha informado de que los sindicatos van a
mantener reuniones con las organizaciones agrarias COAG, APAG y UPA.
También mantendrán encuentros con distintos partidos políticos, con
representación parlamentaria o que puedan tenerla, todo ello para que
“siga abierto ACOREX”, ha apuntado.
Para Rodríguez, “si desaparece ACOREX, desaparece gran parte del mundo rural con pequeñas cooperativas”.
Ha declarado que “si no hay un apoyo a los agricultores y socios
cooperativistas y no hay una asamblea en la que se pronuncien y tiren de
ACOREX, lo conseguido en 30 años desaparecerá de un plumazo”.
A su juicio, la Administración autonómica “tiene mucho que decir” ya que ha subrayado que “ACOREX se salvará si Monago quiere”.
El sindicalista de CC.OO. ha afirmado que ACOREX era rentable en el
2012, pero “en el 2013 y 2014 hubo injerencias” tras la aportación de la
Junta de 10 millones de euros y “empezaron a cambiar presidentes,
consejos rectores, directores generales”.
“Treinta años lleva funcionando ACOREX y en dos años se la van a cargar”, ha subrayado.
Respecto a la reunión con los grupos parlamentarios convocada por el
presidente regional, José Antonio Monago, para esta tarde, Rodríguez ha
lamentado que ahora que se avecinan las elecciones se empiecen a
preocupar por ACOREX, y ha deseado que no se quede en un “acto de buena
fe”.
En su opinión, hay que llevar a la empresa a como estaba en 2012, con sus 42 cooperativas.
HUELGA EN CORREOS EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES
Los sindicatos convocarán huelga y paros en vísperas de las
elecciones autonómicas y municipales y coincidiendo con el voto por
correo.
El sindicato UGT, mayoritario en el sector, ha convocado una huelga
general en Correos para el próximo 4 de abril mientras que CC.OO., CSIF y
Sindicato Libre han convocarán 11 jornadas de paros y huelgas en mayo
en todo el Estado coincidiendo con la campaña de elecciones autonómicas y
locales y tras el bloqueo del IV Convenio General Colectivo.
Los 52.000 trabajadores del operador postal público están convocados a
once jornadas de paros y huelgas entre los días 30 de abril y 24 de
mayo, en vísperas por tanto de las elecciones autonómicas y municipales,
en las que la compañía se encarga de gestionar el voto por correo.
En concreto, el calendario de paros o huelgas que CC.OO. y CSIF prevé
convocar incluye los días 30 de abril, y 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22,
23 y 24 de mayo y continuará las movilizaciones en los próximos meses
de octubre y noviembre si “los máximos dirigentes de Correos continúan
por la senda del recorte y la asfixia al operador postal”. UGT, por su
parte, ha anunciado la convocatoria de una jornada de paro para el
próximo 4 de abril.
Los sindicatos manifiestan así su rechazo al “bloqueo” del nuevo
convenio colectivo, cuya negociación, a cargo de Correos, SEPI y
Hacienda, está bloqueada, aseguran. Reclaman un incremento salarial, la
paralización del ajuste de plantilla del operador postal y la regulación
de la ultraactividad.
También protesta por la intención de Correos de “seguir recortando
empleo” en la sociedad postal tras, según sus datos, “eliminar 14.000
puestos de trabajo en los últimos cinco años”.
Sin respuesta
El sindicato CSIF señala que “se mantienen vivas las causas que
motivaron la huelga y la gran manifestación del pasado 27 de noviembre,
motivo por el cual hacen un llamamiento a la unidad sindical para ir
juntos en la convocatoria de unos paros que, añaden, pueden dificultar
mucho la tramitación del voto por correo para las próximas elecciones
locales y autonómicas”.
“Han pasado cuatro meses de la huelga general y la multitudinaria
manifestación en Madrid (…) motivada por una legislatura de continuos
recortes y ante el bloqueo injustificado de un Convenio y Acuerdo
General que la empresa y los políticos responsables de Correos aún deben
a miles de trabajadores que han estado cargando a sus espaldas los
mayores recortes en empleo, salario y derechos de la historia postal”,
señalan en un comunicado.
La repercusión de esta movilización sirvió para que la propia
Dirección de Correos, con el beneplácito de SEPI, desbloqueara una
negociación que estaba parada desde hacía meses (…). Sin embargo, cuatro
meses después no hemos recibido ninguna respuesta”, relatan. Creemos
que la Dirección está actuando de forma irresponsable, con pasotismo
empresarial, acusa el sindicato.
PRISA SANCIONADA POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA
El Supremo considera probado que vulneró el derecho de huelga y la
libertad sindical de los trabajadores de Pressprint. Vocento imita su
mala praxis en su planta de Bilbao.
http://www.larepublica.es/wp-content/uploads/2015/04/huelga-prisa-615-interior.jpg
El Supremo ha concluido que la editora de los diarios El País, AS y
Cinco Días entre otras publicaciones, ha vulnerado el derecho de huelga y
la libertad sindical de los trabajadores de la rotativa Pressprint,
perteneciente al mismo grupo.
Los hechos se remontan a 2012, cuando sus trabajadores convocaron
diez jornadas de huelga entre el 13 y el 27 de diciembre como medida de
protesta y de presión contra el despido colectivo de más de 180
empleados.
Entonces, la empresa desvió su producción a otras imprentas del
sector; en Cataluña, hicieron la impresión Imprintsa e Indugraf. En
Madrid, Bepsa, Printolid, Impresa Norte e Imprintsa.
El Supremo entiende que Prisa vulneró el derecho a la huelga al
sustituir externamente la actividad de los trabajadores, especialmente
si se tienen en cuenta los vínculos societarios que existen entre la
rotativa y el resto de empresas editoras del grupo.
Por lo cual deberá indemnizar con 100.000 euros al sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en concepto de daños y perjuicios.
Señala en el fallo que “Ninguna duda cabe de que el hecho de la
normal aparición durante los días de huelga de los diarios editados por
las demandadas priva de repercusión apreciable a la huelga,
arrebatándole su finalidad de medio de presión y de exteriorización de
los efectos de la huelga al presentar una apariencia de normalidad
contraria al derecho de huelga”.
Sin embargo, no fija indemnización para los huelguistas que
raclamaban el abono de la cantidad detraída por la empresa de sus
retribuciones (40.132 euros) y el pago de las cotizaciones a la
Seguridad Social no realizadas durante esos días de huelga.
El pasado 28 de marzo los trabajadores de la rotativa Bilbao
Editorial Producciones (BEPSA, del grupo Vocento) realizaron un paro
como muestra de rechazo a las medidas adoptadas por sus directivos, que
cuestiona la viabilidad de la empresa.
Como consecuencia del paro, la rotativa no pudo imprimir ese día los
diarios El Comercio, Diario Montañés, Diario de la Rioja, ABC y Mundo
Deportivo; por lo cual la dirección de BEPSA, desvió esa producción a
otras rotativas. Un caso de vulneración del derecho a la huelga similar
al caso fallado contra Prisa.
ARCELOR SE ENFRENTA A DOS DÍAS DE HUELGA EN VERIÑA POR UN DESPIDO
Los sindicatos decidirán las fechas de los paros tras la negativa a la readmisión
http://fotos00.lne.es/2015/04/08/646×260/arcelor-enfrenta.jpg
El pleno del comité de empresa de Arcelor-Mittal en la factoría de
Veriña decidirá probablemente convocar dos días de huelga en toda la
factoría por el despido de una mando del sínter, después de que el acto
de conciliación en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación
(UMAC), previo al recurso judicial contra el despido, acabara sin la
avenencia de la empresa a la readmisión de la trabajadora.
El despido ya dio lugar a tres días de paro en el sínter y en el
parque de minerales de la factoría gijonesa el mes pasado. Los dos días
de huelga en toda la factoría de Veriña, en la que trabajan más de 2.800
personas, no es la última medida de presión que plantean los
sindicatos.
En el caso de se mantenga el conflicto, la huelga se extenderá con
más jornadas de paro en todas las instalaciones de Arcelor-Mittal en
Asturias, tanto las de Veriña y el parque de carbones de Aboño en Gijón,
como las de Avilés.
Un grupo de trabajadores y representantes sindicales se manifestaron a
las puertas de la UMAC, donde se celebró el acto de conciliación, en
apoyo de la trabajadora despedida, afiliada de CC.OO., sindicato que
emitió un comunicado en el que recalca que el despido ha sido “injusto y
arbitrario” y lo vincula a una cuestión de discriminación por haber
solicitado la trabajadora en dos ocasiones sendas reducciones de jornada
por maternidad.
“Desgraciadamente no es la primera vez que se dan casos de
discriminación en nuestra empresa hacia compañeras que se han acogido a
beneficios que la ley contempla en caso de maternidad, algunas llegando
incluso a perder su puesto y categoría al trasladarlas a otros talleres,
con grave perjuicio económico. La empresa en esta ocasión ha ido un
paso más allá”, señala el comunicado. Arcelor ha venido negando que ese
sea el motivo del despido, si bien fue imposible conocer la versión de
la empresa tras el acto de conciliación en la UMAC.
EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA “INJUSTIFICADO” UN ERE “EN VENGANZA POR UNA HUELGA”
El Tribunal Supremo ha considerado “injustificado” el ERE de
suspensión que afectó durante 16 días en 2012 a 83 trabajadores de la
antigua FUASA (empresa del Grupo Aernnova actualmente integrada en
Aernnova Aeroestructuras Álava), “en venganza por haber realizado una
huelga”, según el comité de empresa.
Para este órgano de representación de la plantilla, la sentencia es
un “claro ejemplo” del “uso incorrecto y abusivo” de los expedientes por
parte de Aernnova.
En un comunicado, los representantes sindicales han explicado que los
trabajadores realizaron una huelga de cerca de tres meses de duración
en el 2011 para mantener sus condiciones laborales, un “objetivo que
lograron”.
El ERE de suspensión fue denunciado por el comité de empresa, que
solicitó que se declarase “injustificado”, una petición que fue
“desestimada” en primera instancia en el juzgado de Vitoria. El comité
interpuso un recurso ante la resolución, estimado por el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, que “declara injustificada la
medida adoptada por la empresa relativa a las suspensiones de contratos
entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2012″.
Contra esta decisión, la empresa interpuso recurso de casación ante
el Tribunal Supremo, que lo inadmitió y declaró firme la sentencia
emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El comité de empresa de Aernnova Aeroestructuras Álava, que agrupa
las antiguas Moasa, Fuasa y Hegal, ha denunciado “el uso incorrecto,
injustificado y abusivo” por parte de Aernnova de la figura de los
expedientes y considera que “esta sentencia un claro ejemplo”.
En este sentido, ha censurado que en 2015 Aernnova Aeroestructuras
Álava “está viviendo un nuevo ERE suspensivo” que, a su entender, “a
todas luces también injustificado y evitable”.
Complicidad de las instituciones
Asimismo, ha criticado “la complicidad de las instituciones en estas
situaciones”. En este sentido, ha destacado que, a finales del año
pasado, “el mismo día que se celebraba en los juzgados de Vitoria el
juicio contra el ERE que hemos parecido en el 2014, el lehendakari
visitaba las nuevas ampliaciones de la planta de Aernnova en México,
donde se hace una parte del trabajo que se llevan de Berantevilla”.
“Vistos los precedentes y teniendo en cuenta la frecuencia del uso de
los ERE que por parte de esta empresa se hace, se antoja necesario un
cambio de criterio por parte de las administraciones que, pese a su
responsabilidad teórica, admiten siempre y sin criterio los expedientes
que tanto esta como otras empresas tienen por vicio utilizar”, ha
denunciado.
ENTREVISTA A FERNANDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CESPA, EMPRESA DE LIMPIEZA DE GETXO
Unidad y Lucha
UyL: ¿Podrías comentarnos el conflicto? ¿Por qué se da y cuáles son las razones para la huelga?
F: Bueno, el conflicto viene a la hora de negociar
un convenio que tenemos desde 2012 sin negociar. Resulta que en
noviembre de 2014 adjudican finalmente la contrata a la empresa Cespa,
que ahora se llama ut servicios urbanos de limpieza.
Empezamos a negociar un convenio que teníamos atrasado desde 2012
cuando comenzamos a hablar del primer tema que nos interesa, que es el
de las vacantes, en el que se quiere producir por un exceso de plantilla
según la empresa de 9 personas, sin contabilizar 6 personas que llevan
sin cubrirse desde 2012, a base de jubilaciones, esperando a la
adjudicación nos encontramos que son 15 personas menos las que pretende
la empresa quitarse para dar un nuevo servicio, en el cual se incrementa
el número de servicios nuevos, como la recogida puerta a puerta, la
recogida de poda, la recogida de aceites, la limpieza de fuentes
ornamentales, la limpieza de verdín…
Bueno, una serie de servicios mayores de los que tenemos. Y lo
pretenden hacer con menos personal y ese es el punto en el que nos hemos
plantado desde el primer día, no queremos que desaparezcan puestos de
trabajo, hay que mantener todos los puestos de trabajo y más cuando
quieren incrementar el número de servicios. Ahí empieza el conflicto.
UyL: ¿Qué tipo de movilizaciones habéis planteado?
F: Antes de la huelga ya habíamos tenido una serie
de movilizaciones explicando a los vecinos lo que pretendía hacer la
empresa y las consecuencias que iba a traer, bien por la calle, bien en
plenos, avisando a asociaciones de vecinos como la de Romo, que tienen
contactos con otras asociaciones de vecinos del municipio. Empezamos un
poco así, ya una vez que ha empezado el conflicto las movilizaciones han
sido mayores y acudiendo a medios de comunicación.
UyL: ¿Y la empresa y el ayuntamiento están cumpliendo con los servicios mínimos?
F: A nuestro parecer no, de hecho, el otro día
encontramos una empresa externa que nos estaba boicoteando los servicios
mínimos , que ya nos parecían excesivos y resulta que nos llamaban y
comunicaban los comerciantes y vecinos que estaban viendo otros
vehículos a deshoras recogiendo basura. Nosotros no nos lo podíamos
creer.
Hasta que una noche se encuentran los mismos operarios con esa
empresa haciendo unos servicios que, con la excusa de que estaban
recolocando unos contenedores para su recogida, mandados por el
ayuntamiento y por un encargado de Cespa, el cual en nuestro organigrama
no aparece, se da el aviso a los municipales, se hace un informe y al
final, la misma empresa es la que afirma que es verdad; cuando está
totalmente prohibido que en una huelga se pueda coger gente externa. Esa
sorpresa ha sido para nosotros un varapalo una desconfianza total
UyL: ¿Y el ayuntamiento ha puesto facilidades para negociar? ¿Os ha llamado?
F: El ayuntamiento el otro día con la excusa de unos
servicios mínimos nos cita en el gobierno vasco con la intención de que
sea el que intermedie, entre empresa y el comité de huelga. Asumiendo y
llegando a un acuerdo en una mesa ante tres organismos, como son el
gobierno vasco, el ayuntamiento y la empresa, unos pocos trabajadores
del comité de empresa coaccionados por tres partes, tres contra uno.
Nosotros no queremos eso para nada del mundo, uno contra uno nos podemos
defender, tres contra uno es imposible porque te coaccionan desde tres
bandas, por eso hemos renunciado a que haya ningún intermediario ni
nada. El conflicto es entre empresa y trabajadores. Cuando el
ayuntamiento dice que es nuestro conflicto, que ellos son externos, y
ahora de repente quiere mediar… no, la mediación será empresa y
trabajadores, el ayuntamiento es parte, por supuesto, porque el
conflicto está en su municipio, pero no tiene por qué mediar en una
negociación entre trabajadores y empresa.
UyL: ¿Y vais a continuar con las movilizaciones?
F: Sí, sí, por supuesto, habrá que plantear más, si esto no encuentra solución habrá que seguir actuando lo mejor posible
UyL: ¿Y ha habido unidad de los trabajadores de cara a la huelga?
F: Sí, desde el primer día ha habido unidad, desde
el primer día que se hizo una asamblea para ver sí íbamos o no íbamos a
la huelga donde salió una mayoría prácticamente absoluta. No huelguistas
apenas tenemos, no sé si hay 9 personas, pero de 160 personas 9 no me
parece un porcentaje importante. Se han vuelto a hacer otras asambleas
según ha ido transcurriendo la huelga ¿seguimos o no seguimos? y siempre
ha habido mayoría a favor de la huelga, hay fuerza y queremos una
solución, pero una solución beneficiosa para nosotros y más después de
tres semanas de huelga, no podemos tirar esto abajo, seguimos peleando,
seguiremos hasta el final.
UyL:
¿Creéis que esta es una medida que ha tomado una empresa privada, que
está dando unos servicios como la limpieza de la vía público que
deberían ser públicos, lo hace para obtener más beneficios?
F: Bueno, ya sabemos que todos los ayuntamientos
tienden a externalizar sus servicios, con contratas. Yo recuerdo que
esto lo tenía el ayuntamiento y lo sacaron a subasta y a contratas
externas y lleva así funcionando más de treinta años. El ayuntamiento lo
que tiende es a privatizar todos los servicios por contratas, contratar
empresas externas y así no tiene funcionarios, no tiene ningún problema
y es responsabilidad de la empresa que tiene contratada.
UyL: Y se quita así de problemas obteniendo beneficios…
F: Exactamente, sí, tendrán sus trapicheos, como se
ve en la tele, de hecho hace poco salió una noticia de que algunas de
estas empresas de servicios han tenido una multa porque entre ellas se
repartían los destinos de las contratas. Hay un pastón por ahí.
UyL: Claro, que todo esto va en detrimento de los trabajadores y habitantes de Getxo.
F: Claro, al final alguien lo tiene que pagar, y con
mi dinero es muy fácil jugar si fuera suyo seguro que lo mirarían más,
pero con el dinero público puedes hacer lo que quieras.
UyL: Muchas Gracias.
F: A vosotros.
EMPLEADOS DE COCA-COLA PROTESTAN EN EL SUPREMO
EuropaPress – Madrid
Año y medio de conflicto
Las disputas empezaron tras el ERE que afectó a 1.190 trabajadores y que conllevó el cierre de cuatro plantas
Un centenar de trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada
se han manifestado este mediodía entre la Audiencia Nacional y el
Tribunal Supremo para reclamar al Supremo que confirme las sentencias de
la Audiencia, que declararon nulo el Expediente de Regulación de Empleo
(ERE) interpuesto en las plantas de Fuenlabrada y Asturias.
Los empleados, que no han parado durante horas de cantar consignas y
lemas contra los dueños de la embotelladora y a favor de un boicot a la
marca en la plaza de la Villa de París, han contado con el apoyo de la
candidata de IU a la Alcaldía de Madrid, Raquel López, y del líder del
Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.
En declaraciones a los medios, López ha señalado que Izquierda Unida
“ha estado desde el minuto uno en la lucha de estos trabajadores” y
considera que “ya está bien de que en este país falte costumbre de que
los trabajadores digan no a que aplasten sus derechos”.
“Los trabajadores de Coca-Cola han peleado mucho de un derecho
fundamental, el derecho al trabajo y a que no precaricen sus puestos, y
en esto han tenido mucho que ver la reforma laboral del PP y la del
PSOE”, ha dicho.
La nueva aspirante de IU a la Alcaldía cree que es “escandaloso” que
los empleados “tengan que pelear en la Justicia con sus recursos lo que
el Gobierno les está negando”.
Un Año Y Medio De Conflicto
La Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de noviembre al
embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución
provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio de
2014 el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de
cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).
El embotellador finalmente se decantó por ofrecer un puesto de
trabajo a los 351 trabajadores forzosos a los que les afecta la
ejecución provisional de la sentencia del ERE en alguno de los centros
que mantiene abiertos de la multinacional.
Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. exigieron a la multinacional
que la reincorporación de los afectados por el ERE fuera en sus
empresas y puestos de trabajo, y no bajo las condiciones que la compañía
había impuesto.
En nuevo auto, en enero Audiencia Nacional consideró “irregular” la
readmisión de los empleados afectados por el ERE en centros de trabajo
que suponen un cambio de residencia, y obligó a la compañía a pagarles
los salarios de sustanciación.
Por su parte, el embotellador único de Coca-Cola en España ha
informado que pagaba el salario de los 278 trabajadores que “rechazaron
todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía” en otra ciudad
durante el ERE, que incluía un paquete de compensación de 500 euros al
mes para ayuda a la vivienda durante dos años.
La multinacional subrayó que el auto de la Audiencia Nacional
“confirmó que los centros están cerrados” y que ésta fue una decisión
empresarial valida e independiente de la ejecución, mientras que ha
recalcado que el tribunal ha dictado que “no ha habido fraude de Ley ni
dolo ni mala fe”.
Ahora, tras un recurso de casación, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo tiene previsto reunirse el día 15 de abril para estudiar el
recurso planteado por el embotellador único en España.
EMPLEADO DE EVEREST IRÁ EN BICI A SANTIAGO PARA CAPTAR FONDOS PARA PLANTILLA
León (EFECOM)
Javier Robles, un trabajador de la editorial leonesa Grupo Everest,
comenzará a recorrer en bicicleta los 320 kilómetros que separan el
lugar en el que se encuentran las instalaciones de la empresa, en León, y
Santiago de Compostela para captar fondos para la caja de resistencia
destinada a la plantilla.
Los trabajadores se encuentran en huelga desde hace más de un mes
tras el impago de siete nóminas, el cierre de una de las tres empresas
del grupo y la aplicación de un expediente de regulación de empleo
temporal para 120 de los 320 empleados de la empresa leonesa.
Robles partirá en dirección a Santiago, un trayecto que realizará en
dos etapas y que, en los primeros kilómetros, estará acompañado por una
caravana de bicis y coches de trabajadores y amigos, han informado
fuentes del comité de empresa en un comunicado.
Durante estos días se ha recogido la aportación de varios leoneses
que han apadrinado kilómetros de la ruta que realizará entre León y
Santiago, para lo que se ha habilitado una mesa recaudatoria en la plaza
de Botines, que permanecerá hasta el viernes.
IBERCAJA PLANTEA CERRAR UN MÁXIMO DE 70 OFICINAS
Negociación de un Expediente de Regulación de Empleo
El 70% de las clausuras se llevará a cabo en la comunidad. La entidad
fija sus condiciones para un máximo de 375 afectados por el ERE
Ibercaja desveló buena parte de los números que hay detrás del
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está negociando con los
sindicatos.
La entidad mostró sus cartas a una semana de que expire el plazo (el
día 15 de abril) para negociar el ajuste laboral que a día de hoy pivota
sobre tres ejes:
– la salida de un máximo de 375 empleados
– el cierre de hasta 70 oficinas para evitar las duplicidades con la red de la extinta CAI
– un tope de 80 traslados, según apuntaron los sindicatos al término del encuentro.
Pero la plataforma de Ibercaja tendrá que incluir algunas
reivindicaciones sindicales si quiere sellar un acuerdo en tiempo y
forma. Y estas peticiones se traducen en la garantía de empleo en la
plantilla hasta que la entidad salga a bolsa –hasta 2017 ó 2018 como
máximo–, es decir, que no haya ningún recorte más hasta esa fecha, que
todavía está por concretar. Además, reclaman compensaciones para paliar
los cambios fiscales que, en esta ocasión, sí repercutirán en los
trabajadores afectados por este ERE.
Esos serán los aspectos que habrá que limar en las reuniones previstas hasta el día 15 de abril.
De los 70 cierres de oficinas que contempla Ibercaja, el 70% se
realizará en Aragón (unos 49 aproximadamente) y, a su vez, la mayor
parte afectará a Zaragoza capital para evitar duplicidades con la red
heredada de CAI.
Rebajar la cifra
Una de las aspiraciones de los sindicatos será rebajar la cifra de
375 salidas a través de bajas incentivadas para los empleados de más
edad. En estos momentos hay 233 trabajadores (245 si se añaden
excedencias) nacidos entre los años 1956 y 1957, un colectivo al que va
dirigido principalmente el ERE y que percibirá el 80% del salario–.
A ellos se añade un cupo de 25 personas –de entre 52 y 57 años– que
recibirían dos salarios brutos. La entidad reserva otras 150 salidas
para quienes no acepten finalmente el traslado. Estos tendrían unas
condiciones e indemnizaciones diferentes. Ibercaja también oferta un
salario bruto para los que tengan menos de 52 años y quieran dejar el
banco.
COMPENSAR LA FISCALIDAD
Pero la fiscalidad y las garantías de empleo centrarán las reuniones
de los próximos días. A partir de ahora, el importe de la indemnización
exenta de tributación tiene como límite los 180.000 euros. En estos
casos, Ibercaja podría compensar esa merma con una prima al trabajador
que se acoge al ERE, aunque los sindicatos quieren que también existan
compensaciones tributarias a los afectados por los traslados a otras
zonas.
OSTA PROTESTA POR LOS CIERRES Y LOS DESPIDOS EN LOS ANTIGUOS SCHLECKER
La cadena de droguerías y cosmética Clarel (antiguo Schlecker),
perteneciente al grupo de supermercados DIA, continúa con el calendario
de cierres previsto y ha echado la persiana de dos tiendas en Zaragoza
capital, lo que ha provocado el despido de cuatro trabajadoras.
Así lo informa el sindicato OSTA, que ha convocado una concentración,
a las 12.00 en el establecimiento de la calle San Miguel, para rechazar
las clausuras y las extinciones de contratos.
La sección sindical de OSTA en la empresa se reunirá con la compañía
el jueves, día 16, en la que espera que se traten estos asuntos “de
manera prioritaria”.
Asimismo, reivindica la “recolocación de todas las afectadas en
cualquiera de las tiendas del grupo DIA” y critica la “falta de
empleadas para mejorar la atención al cliente que se reitera en los
cursos de formación que DIA imparte a las trabajadoras, pero que
realmente no se lleva de la teoría a la práctica”.
Los mencionados cierres han tenido lugar en las calles Batalla de
Lepanto y Pablo Ruiz Picasso. OSTA no descarta nuevas movilizaciones “si
la empresa sigue con su política de despidos desmantelando la marca
Schlecker”. Durante el pasado mes de marzo, DIA ha reconvertido a Clarel
10 tiendas Schlecker en Aragón.
TRABAJADORES DEL ESTADIO DENUNCIAN DESPIDOS TRAS UNA SENTENCIA JUDICIAL
Trabajadores del Estadio se han concentrado frente a la sede de Caja
Vital en Postas para denunciar dos despidos que se han producido tras
las últimas reivindicaciones laborales. Una veintena de trabajadores se
han manifestado para apoyar a estos dos trabajadores y denunciar al
mismo tiempo la mala gestión de Mikel Urdangarin y de Fernando Aránguiz.
Los trabajadores denuncian que la empresa ya les amenazó con
“consecuencias” tras ganar en los tribunales la equiparación salarial
que venían reivindicando en la negociación del convenio. Ahora reclaman
la readmisión de los dos empleados despedidos, uno de los cuales lleva
43 años en la institución y se encontraba con una incapacidad temporal.
Los trabajadores han pedido también el apoyo de los abonados del
Estadio en sus próximas reivindicaciones, que seguirán produciéndose
mientras no se readmita a los trabajadores despedidos.
LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA DE ARMAS, LLAMADA A LA CUARTA JORNADA DE PARO
EFE
Los trabajadores de la planta de General Dynamics Santa Bárbara en
Trubia (Oviedo) están llamados a secundar la cuarta de las siete
jornadas de paro convocadas por el Comité de Empresa en defensa de los
55 despedidos en el expediente de regulación de empleo aplicado hace dos
años.
Los paros, de una hora de duración, han sido convocados en todos los turnos, según informa el Comité de Empresa.
Además, a partir de las 13.00 horas, está previsto que los
trabajadores se concentren frente a las instalaciones de la fábrica y
allí se dará a conocer la movilización prevista para este mes de abril.
El próximo paro tendrá lugar el 11 de mayo.
LA PLANTILLA DE BANCO MADRID TRATA DE ORGANIZARSE PARA NEGOCIAR EL ERE
EFECOM
Los administradores concursales de Banco Madrid han planteado un
Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para prescindir de los 270
trabajadores de la entidad, que ahora tratan de organizarse para
negociar las condiciones de su despido.
Según han explicado fuentes próximas al banco, éste no tiene comité
de empresa, por lo que sus administradores concursales -Pedro Martín
Molina, de Legal y Económico; el auxiliar delegado Francisco Vera, de
Data Concursal; y el representante de la Agencia Tributaria- han dado
quince días a los trabajadores para que designen a 13 de ellos para
iniciar la negociación.
Lo hizo mediante una comunicación escrita que entregó a varios de los
empleados, aunque el plazo comenzará a contar cuando se notifique a
todos a los que no fue posible hacerlo mediante burofax, precisan las
mismas fuentes.
Esta decisión de la administración concursal llega como consecuencia
de la liquidación de la entidad que decretó el magistrado encargado de
tramitar su concurso, Carlos Nieto, una vez que el FROB le informó de
que no iba a rescatar a Banco Madrid, con lo que la entidad se veía
abocada a la liquidación por la vía concursal.
Nieto explicaba en su resolución que “el pánico y la desconfianza de
los clientes de la entidad” provocó una fuga de depósitos acumulada
entre el 10 y el 13 de marzo pasado de 124 millones de euros, a los que
se unían otros 52,3 millones de euros de órdenes pendientes de ejecución
y el “riesgo” de que gestoras de fondos pudieran cursar órdenes de
retirada por un importe cercano a otros 150 millones.
Ello habría colocado a la entidad “en una situación de tesorería
negativa de más de 100 millones de euros”, con lo que si este ritmo de
fuga de fondos hubiese proseguido el Banco Madrid se habría quedado sin
liquidez, por lo que le declaraba en concurso ante una situación de
“insolvencia inminente”.
CONCENTRACIÓN 09 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE
TARRAGONA POR LA READMISIÓN DE ARTURO FERNÁNDEZ Y LOS 299 DESPEDIDOS DE
GRUPO NAVECES
El 9 de abril a las 9.45h el sindicato CGT ha convocado una
concentración ante el Departamento de empresa y empleo de Tarragona para
exigir la readmisión inmediata del Delegado sindical, Arturo Fernández
Hierro, y de sus compañeros, casi 300 personas despedidas durante las
últimas semanas por la empresa GRUPO Naveces SERVICIOS INDUSTRIALES SL A
la misma han asistido delegados, afiliados y miembros del Secretariado
Permanente de la Federación Intercomarcal de CGT Tarragona.
El intento de conciliación previo que se ha llevado a cabo el
Servicio de Conciliaciones individuales, ubicado en el Departamento de
Empresa y Empleo, ha finalizado sin acuerdo, ya que el Delegado sindical
ha rechazado cualquier tipo de compensación económica por su despido
exigiendo la readmisión inmediata en su puesto de trabajo y la de sus
compañeros. Pero la mercantil se negó a readmitir a los trabajadores
despedidos.
GRUPO Naveces es la empresa más grande en cuanto a número de
trabajadores en el sector del metal en la provincia de Tarragona, con
una plantilla de aproximadamente 1.500 trabajadores que prestan
servicios en Repsol Química y Petróleo, Port Aventura (todo el
mantenimiento), Dow norte y sur, Basell, Bayer, etc., teniendo presencia
en todo el complejo petroquímico de Tarragona. Cuenta con cuatro
divisiones (ingeniería y fabricación, montaje, mantenimiento e
ingeniería aplicada) y delegaciones en Bolivia, Perú, México y Portugal,
entre otros. La empresa tiene previsto expandirse aún más en Europa y
América.
Aunque el proceso de expansión sigue en marcha ya pesar de haber
obtenido unos beneficios millonarios durante el último año, la empresa
ha extinguido el contrato de 299 personas, por lo que está realizando un
despido colectivo encubierto y en fraude de ley. Sorprendentemente el
único trabajador al que se le ha aplicado un despido objetivo es Arturo
Fernández Hierro, Delegado sindical que durante los últimos ocho años ha
cursado numerosas denuncias ante inspección de trabajo, ha asistido
como testigo en juicios contra la empresa instados para otros
trabajadores y ha promovido asambleas para reivindicar la aplicación del
convenio colectivo del metal.
Remarcar que este Delegado, como la mayoría de la plantilla, ha
encadenado varios contratos temporales desde el año 2001 y que se han
mantenido vigentes durante 15 años cuando la normativa vigente estipula
que los contratos temporales por obra y servicio no pueden superar los
tres años (ampliables a cuatro según el convenio de aplicación).
El pasado mes de octubre una denuncia interpuesta por Fernández hizo
que la Dirección General de Relaciones Laborales impusiera GRUPO Naveces
una sanción por falta grave, entendiendo que la actuación de la empresa
era contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores,
concretamente vulneraba el artículo 24 de la Constitución Española sobre
el derecho a la tutela judicial efectiva. Y es que se da la
circunstancia de que la mercantil firmó un acuerdo con el comité de UGT
advirtiendo a los trabajadores que si reclamaban la totalidad de sus
pagas extraordinarias, la empresa reduciría sus percepciones salariales y
eliminaría determinados complementos.
El despido de Fernández Hierro es una represalia más contra su
actividad sindical y una demostración de fuerza de la empresa, que
pretende imponer la ley del miedo para evitar que los trabajadores
reclamen sus derechos laborales.
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