por Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Miércoles, 19 de Febrero de 2014
Miércoles 19, a las 10:30 en la Ciutat de la Justícia de Barcelona,
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca presenta el documento útil
elaborado a raiz de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo del 16 de octubre. Nueva herramienta para la defensa de los Derechos Humanos.
El documento estará disponible mañana aquí
El documento, basado en el derecho internacional en materia de derechos humanos y la resolución del Tribunal de Estrasburgo emitida a raiz del proceso de desalojo de uno de los bloques de la campaña de la Obra social la PAH propiedad de la SAREB, solicita
la suspensión del desahucio hasta que la administración pública no
garantice una alternativa habitacional para las familias afectadas.
El documento se presentará en juzgados para los casos de Eva, Kathia y
Sandra, afectadas por un desahucio tras una ocupación, un impago de
alquiler en un piso de Catalunya Caixa, y una ejecución hipotecaria
respectivamente.
El documento, elaborado juntamente con el Observatori DESC,
se puede utilizar tanto en el caso de ejecuciones hipotecarias,
alquileres y ocupaciones de viviendas, una realidad a la que cada día se
ven abocadas más familias. Sin ir más lejos, ya son más de 700 personas
las realojadas por la campaña de la Obra social la PAH en viviendas
vacías en manos de entidades financieras, y cada semana llegan a
nuestras asambleas familias que se han visto en la necesidad de ocupar
una vivienda para evitar dormir en la calle. El documento es también una herramienta para hacer frente a los desahucios con fecha abierta,
la última novedad en materia de vulneración de derechos, una estrategia
que genera una ansiedad aun más profunda a las familias que se ven en
la tesitura de perder su vivienda.
La resolución de Estrasburgo
puso en evidencia una deficiencia estructural de las administraciones
públicas: su falta de voluntad para dar respuesta a la vulneración de
derechos humanos que se da con la sangría hipotecaria e instaba a las
administraciones locales (gobierno central, autonómico y ayuntamiento) a
ofrecer una alternativa habitacional a las familias amenazadas por el
desalojo, tal y como indica el derecho internacional. En este
sentido, el documento se basa en la Constitución Española, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, jurisprudencia generada por
el Tribunal Constitucional, el PIDESC (observación 7), el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la resolución del Tribunal
de Estrasburgo de Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del
Niño.
La PAH lleva años denunciando que el Estado español y las
administraciones locales incumplen en materia de derecho a la vivienda
los compromisos internacionales adquiridos, denuncia ratificada por la
resolución del TEDH. Las administraciones tienen la
responsabilidad de intervenir en los casos en los que se produce una
vulneración de derechos, tal y como se apunta en el Informe sobre la Emergencia Habitacional en el Estado Español
(página 83) donde se recogen las recomendaciones hechas a las
administraciones públicas en materia de vivienda por la Relatoría
Especial de NNUU, el Comité DESC de NNUU, la defensoría del Pueblo, la
Sindicatur de GReuges de Cataluña, y el defensor del Pueblo de
Andalucía. Recomendaciones desoídas por las administraciones públicas
que, salvo en contadas ocasiones, han apostado por perpeturar los
privilegios de la banca; y solo han adoptado medidas parche cuando la
presión social les ha obligado a ello. En el documento se insta a los
jueces a que obliguen a las administraciones públicas a garantizar un derecho básico como es la vivienda. Se
atenta contra los derechos humanos cuando se producen desahucios sin
una alternativa habitacional para la familia desahuciada. Y para ellos es necesario afrontar el modelo especulativo de la banca y la SAREB.
Desde la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca sabemos que no podemos permitirnos no intervenir en
todas y cada una de las instancias relacionadas con un proceso de
desahucio, por ello, con este documento, la PAH genera una nueva
herramienta para intervenir en los juzgados frente a la sangría de los
desahucios, a día de hoy, la cara más encarnizada de la crisis.
La PAH anuncia que el documento puede generar un efecto masivo de
paralización de desahucios en los juzgados que han mostrado sensibilidad
con la vulneración de derechos, y al mismo tiempo se convierte en una
herramienta para producir jurisprudencia en la defensa de los derechos
humanos. El documento, junto con la presión cotidiana ejercida por las
PAHs, obligará a los bancos a cambiar de actitud a la hora de negociar
la paralización de los desahucios y los alquileres sociales. Hasta la
fecha, la gran mayoría de desahucios se han paralizado por el ejercicio
de la desobediciencia civil o la presión a los bancos por parte de la
PAH y de las entidades sociales, con este documento la lucha
contra los desahucios gana una herramienta que permite a los jueces
sensibles con los derechos humanos actuar para evitar más desahucios,
mientras la banca acumula cientos de miles de viviendas vacías.
En la situación de emergencia
habitacional en la que nos encontramos, con más de 500.000 ejecuciones
hipotecarias desde que comenzó la mal llamada crisis, es la ciudadanía
la que está actuando para evitar la vulneración sistemática de derechos humanos.
Y lo hace de nuevo compartiendo una herramienta jurídica. La Platadorma
de Afectados por la Hipoteca no solo ha paralizado casi 1000
desahucios, sino que ha forzado a los bancos a negociar centenares de
alquileres sociales y la campaña de la Obra Social ha realojado a más de
700 personas en viviendas vacías en manos de la banca. Así mismo,
desde la PAH se solicitará una reunión con los Colegios de Abogados con
el fin de que se facilite a los letrados que actúan con carácter de
oficio en procesos de desahucio el documento y articular formas de
colaboración frente a la pasividad de las administraciones públicas.
Las tres familias que presentarán el
documento han acudido a servicios sociales y no han optenido respuesta
positiva a la hora de contar con una alternativa habitacional. Eva tuvo
su segundo intento de desalojo el pasado jueves 13 de febrero del 2014,
Kathia tiene el desalojo previsto para el 7 de marzo del 2014, y Sandra
se encuentra en un proceso de ejecución hipotecaria. Las tres familias
forman parte de la Asocación de Vecinos de ciutat Meridiana, barrio barcelonés que ha sido bautizado popularmente como “Villa desahucio”
De nuevo, la PAH, la ciudadanía organizada actua frente a la vulneración de derechos humanos.
¡Sí, Se Puede!