LA RUINA DE LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA

¿Privatización o nacionalización?

por Marcos Chávez M.

México llega al 77º aniversario de la nacionalización del petróleo… ¡sin soberanía energética! En diciembre de 2013, una reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto puso fin al monopolio estatal sobre ese recurso natural y PEMEX se halla ahora en virtual quiebra técnica. El analista Marcos Chávez observa en Contralínea que el precio promedio del crudo mexicano destinado a la exportación ha caído de 98,79 dólares por barril, en junio de 2014, a 40,47 dólares en enero de 2015. Y compara seguidamente la situación de México con la de Argentina, país que prefirió nacionalizar su petróleo en abril de 2012.

Red Voltaire | Ciudad de México (México) | 24 de marzo de 2015 

 

El actual presidente mexicano Enrique Peña Nieto presenta su “Reforma energética” en agosto de 2013.

La ley energética aprobada en diciembre de 2013 puso fin al monopolio estatal sobre el petróleo mexicano, vigente desde la nacionalización cardenista de 1938. Dos son los cambios torales de la ley:

1. Se despoja a Petróleos Mexicanos (Pemex), como representante del Estado mexicano, de la responsabilidad exclusiva sobre el manejo integral de los hidrocarburos mexicanos. La relevancia constitucional de la empresa es reducida al mínimo. Pemex deja de ser un organismo descentralizado y para convertirse en una simple “empresa competitiva”, con una actividad limitada a la exploración y explotación de unas cuantas áreas petroleras y a la producción de unos cuantos derivados, la cual estará restringida por la escasez recursos financieros, los onerosos pasivos de Pemex y la excesiva carga fiscal, además de que la empresa estatal estará ambiguamente regulada, lo que le permitirá a sus administradores mantener la opacidad de sus operaciones y dificultará la supervisión de las mismas, una supervisión que debería ser la regla en una sociedad democrática. Pemex se convierte así en un jugador más del mercado y su futuro es incierto, ya que –en condiciones tecnológicas, operativas, financieras desfavorables– enfrentará un escenario competitivo adverso.

2. Se abre toda la cadena productiva petrolera a la participación del capital privado local y trasnacional, por medio de una diversidad de contratos que van desde la exploración y explotación de hidrocarburos hasta la comercialización de los productos terminados, y la redistribución de la renta petrolera desde el Estado hacia los nuevos participantes de la industria.
La reforma energética [mexicana] cierra el largo proceso de desmantelamiento y reprivatización de petróleo iniciado bajo la presidencia de Miguel de la Madrid, quien en 1986 cedió a la empresa privada la producción de 40 de los 70 productos petroquímicos básicos; medida seguida por la fragmentación de Pemex, los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas) del presidente Ernesto Zedillo y los “contratos incentivados de servicios” implantados por el presidente Felipe Calderón, entre otras medidas, con las que se pretendió resolver los problemas operativos y financieros que caracterizan a la industria referida, revertir el deterioro tecnológico y de la infraestructura, la declinación de las reservas y la producción de crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos así como la caída de las exportaciones.

Dos proyectos de nación

A menudo, el contraste de los resultados arrojados por dos proyectos de nación distintos, que dicen aspirar a los mismos objetivos por diferentes senderos, resulta francamente odioso. Sobre todo para aquel cuyos saldos son palmariamente desastrosos.
Es interesante comparar los casos de Argentina y México, cuyos gobiernos profesan credos ideológicos, políticos y económicos diametralmente distintos.
 El gobierno de Argentina milita en el bando antineoliberal.
 El gobierno de México pertenece a la internacional neoliberal.
Pero ambos, con sus reformas energéticas radicalmente opuestas, prometen avanzar estratégicamente hacia la soberanía y la autosuficiencia petrolera de sus países.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, busca alcanzar esas metas a través de la nueva nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Otro presidente argentino, Carlos Menem, la había subastado en 1992, justificando esa medida con una supuesta ineficiencia del organismo, ineficiencia que sería subsanada con su conversión en una virtuosa entidad privada y extranjerizada.
No obstante, en abril de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández recuperó YPF para el Estado y responsabilizó a la española Repsol, que se había apoderado de YPF en 1999, de la crítica situación energética de su país:
 caída drástica de las reservas probadas de petróleo y gas, debido a su sobreexplotación y a la falta de inversiones destinadas a su reposición y el mantenimiento de la infraestructura de la industria;
 reducción de la producción de esos productos, lo cual obligó el país a importarlos en 2011, por primera vez desde 1994, para compensar los problemas de abastecimiento interno;
 especulación con los precios domésticos de sus derivados;
 pérdida de ingresos fiscales del Estado;
 “política de vaciamiento” financiero de la filial YPF, con la transferencia de sus utilidades a la casa matriz.

El caso argentino

¿Cuáles han sido los frutos de esas estrategias opuestas?
Para Argentina la cosecha no es despreciable. Según Miguel Galuccio, responsable de la era reestatizada de YPF, en 2014 las reservas probadas de su país aumentan en 11,9% con relación a 2013, año en que habían subido en un 10,6%. El índice de reemplazo de reservas, que mide la relación entre los hidrocarburos extraídos y las nuevas reservas incorporadas, es de 163%. En 2013, el índice había sido de 153% y fue considerado como el más alto de los últimos 14 años. Cuando el índice supera el 100%, indica que se incorporan más reservas de las que se extraen.
En Argentina, la producción de hidrocarburos se eleva en un 13,5%, el nivel más alto en la historia de YPF, superando el récord de 2013, cuando había aumentado en un 10,6%; la producción de petróleo crudo crece en un 5,3% y la de gas en un 25%. Esa mejoría se debe a la ampliación de la inversión pública (se eleva a 58 900 millones de pesos argentinos), 97,3% superior a 2013. De ese monto, 49 900 millones se destinan a la exploración y producción (sector upstream), 115% más que antes, y 8 400 millones van a la refinación del crudo así como al procesamiento y purificación del gas natural, la comercialización y distribución de sus derivados, gasolina, querosén, diesel, gas natural y licuado, petroquímicos (sector downstream), un 71% más.
La utilidad operativa de YPF en 2014 es de 19 700 millones de pesos, 64,3% más que en 2013. El beneficio antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBIDTA, por su sigla en inglés) crece en 73%. La utilidad neta, después del pago de esos conceptos asciende a 9 000 millones de pesos, 59% más que en 2013. O sea, 2 años de ganancias consecutivas y ascendentes, pese al desplome de los precios internacionales del crudo en 2014.
En el momento en que el Estado argentino recuperó el control de YPF –que en 2011 aporta un 36% de la producción nacional de crudo y condensados y un 23% del gas–, la situación energética de Argentina era crítica. Los indicadores petroleros básicos muestran que en ese momento “el modelo privatista está agotado”, como señalan los economistas Agustín Crivelli y Andrés Asiain en su informe La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF SA, opinión que comparte Mariano Barrera en su trabajo La lógica de acumulación del sector hidrocarburífero en Argentina.
El gobierno argentino tenía entonces 2 opciones:
 aceptar resignadamente la pérdida de la autosuficiencia y de la soberanía petrolera, debido a la decisión de Repsol que, en función de sus intereses particulares y no en interés de la nación huésped, había decidido maximizar la extracción de los campos adjudicados sin realizar las nuevas inversiones requeridas para compensar el agotamiento de las reservas explotadas, lo cual violaba el compromiso que Repsol había asumido en el momento de la reprivatización,
 o revocar la concesión.
Según los expertos citados, entre 1989 y 2010 el horizonte estimado de vida de las reservas de petróleo (relación entre la producción anual y las reservas, que incluye las probadas y la mitad de las probables) había caído de 14 años a 9,5 años y la de gas de 34 años a 7 años. Datos de la Agencia Internacional de Energía estadounidense indican que las reservas probadas habían caído de 12,6 años a 10,9 años entre 1998 y 2011. La Secretaría de Energía argentina indicaba que la producción de crudo de YPF-Repsol declinaba en un 3,5% como promedio anual entre 1999 y 2011. Sin embargo, entre 2004 y 2011, va decreciendo cada año y promedia una caída anual de 6,7%.
Entre 1998 y 2011, las exportaciones de Repsol pasaron de 904 millones de dólares a 669 millones de dólares; una caída de 26%. Mientras tanto, las importaciones a Argentina aumentaron de 96 millones a 1 180 millones, un alza de 1 125%. El saldo pasaba así de un superávit de 808 millones a un déficit de 510 millones. La balanza energética total pasaba de un saldo positivo de 1 500 millones de dólares a 3 700 millones. En 2013, ascendía a 8 100 millones de dólares y en 2014 a 7 400 millones de dólares. Es el coletazo postrero de la privatización petrolera.
Asiain y Crivelli sostienen que el creciente agotamiento de reservas de YPF

“no es consecuencia de una ineficiente gestión empresarial, sino fruto de una estrategia global de la multinacional española”.

Señalan que Repsol obtiene sus mayores ingresos en Argentina pero reparte más de 90% de sus dividendos e invierte en Alaska (Estados Unidos), en el Golfo de México, en el Caribe y en el norte de África:

“Usan las ganancias que les dejan los pozos descubiertos en la época en que YPF era estatal para fondear inversiones en otros países.”
“Se trata de una lógica predatoria que hace caer las reservas en forma vertiginosa”.

Barrera llega a la misma conclusión:

“El problema es que en las últimas 2 décadas las empresas petroleras no reinvirtieron utilidades ni generaron inversiones de riesgo. Sólo explotaron yacimientos ya conocidos.”

Los resultados de YPF en 2014 justifican la nacionalización de la empresa, tanto en el plano económico como político, así como el proyecto de desarrollo que la sustenta: la recuperación estratégica de los hidrocarburos.
Se necesitaba un golpe de mando, como lo hicieron Rusia, Bolivia, Ecuador o Venezuela, por mencionar algunos gobiernos progresistas.

El 9 de agosto de 2012, Cristina Fernández, presidenta de Argentina, inaugura una nueva refinería de YPF, nacionalizada en abril del mismo año.

El caso mexicano

En México, el gobierno federal prefirió la reprivatización. El Reporte de resultados 2014 de Pemex, del 27 de febrero, y los indicadores petroleros de enero de 2015 muestran a una empresa en virtual quiebra técnica y un sector de hidrocarburos en incontenible declive.
El estado de resultados consolidado de Pemex reproduce su incesante deterioro contable, registrado desde la década de 1980, como consecuencia de la crisis de la deuda externa gubernamental, los agobios financieros del Estado, la petrodependencia fiscal y las pérdidas arrojadas por la empresa casi todos los años en sus hojas de balance después del cúmulo de impuestos pagados a la hacienda pública.
En 2014, el segundo año del mandato del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Pemex es doblemente víctima. Por un lado, es víctima del agravamiento de sus contribuciones fiscales. En 2013 sus impuestos pagados superaban en un 24% el total de sus rendimientos. En 2014, en 55%.
Por otro lado, Pemex es víctima también de la disputa por el mercado petrolero y los conflictos geopolíticos entre las grandes potencias y los principales productores de crudo, que llevan a una guerra de precios. La cotización marcadora del crudo promedio (Brent, West Texas Intermediate y Dubai Fateh) se derrumba de 105,49 dólares por barril en junio de 2014 a 47,45 dólares por barril, su nivel más bajo desde 2005. En febrero de 2015 se ubica en 54,93%.
El colapso petrolero arrastra hacia el abismo el precio medio de la mezcla de exportación. Cae de los 98,79 dólares por barril, en junio de 2014, a 40,47 dólares por barril en enero de 2015. Es su cotización más baja desde abril de 2005, cuando fue de 39,86 dólares por barril.
La combinación del menor precio con la sistemática declinación del volumen de las exportaciones y el aumento de las importaciones de petrolíferos, gas y petroquímicos, reduce de manera importante el superávit comercial de Pemex y su rendimiento bruto, que cae en un 6%. El incremento de los gastos administrativos disminuye su rendimiento de operación en un 15%. Lo mismo ocurre con su rendimiento antes de impuestos y derechos, que declina en un 31%, afectado por el alza de los intereses pagados por sus pasivos internos y externos y por las pérdidas cambiarias.
Una vez cubiertos los compromisos tributarios (derechos sobre extracción de petróleo, gravámenes a los rendimientos petroleros, impuesto sobre la renta y otros), las menguadas ganancias se desvanecen en la bóveda hacendaria y Pemex aparece con una pérdida neta ascendente a 263 800 millones de pesos, 55% más que las pérdidas registradas en 2013.
Si a esos números rojos se añade el concepto de “otros resultados integrales” (inversiones disponibles para la venta, las ganancias o pérdidas actuariales por beneficios a empleados y efectos por conversión), la pérdida integral de Pemex se eleva a 532 700 millones, equivalente a 36 200 mil millones de dólares. En 2013 había sido superavitaria.
Cada año, entre 1998 y 2014, Pemex presenta pérdidas después del pago de impuestos, con excepción de 2006 y 2012.
Como es natural, la precariedad financiera de Pemex tiene al menos un par de efectos. Obliga a Pemex a endeudarse crecientemente para compensar sus restricciones presupuestales. En 2014, su deuda financiera total se eleva en un 36%, ubicándose en 77 700 millones de dólares, similar a la del gobierno federal, que es de 78 600 millones y equivale a un 6,3% del producto interno bruto (PIB).
Su balance general consolidado muestra que sus pasivos totales superan a sus activos, lo que arroja un balance patrimonial negativo por 770 000 millones de pesos, 52 000 millones de dólares. Esa cantidad es 315% peor que en 2013.

El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de México, anunciaba la nacionalización del petróleo, principal recurso natural de la nación mexicana. La ley energética aprobada en diciembre de 2013 pone fin al control estatal del petróleo mexicano.

Con indicadores de esa naturaleza y sin estrategia razonable que la vuelva sustentable financiera y operativamente, que garantice utilidades netas aceptables después del gasto de impuestos, cualquier empresa será considerada en quiebra técnica. Hace tiempo se hubiera declarado en bancarrota. La reforma energética del presidente Peña Nieto vuelve inviable el futuro de Pemex y no sería sorprendente su ulterior extinción.
El otro efecto es su incapacidad para cumplir sus metas operativas. Prácticamente todos sus indicadores evidencian su creciente deterioro: declinan los pozos terminados y el promedio de los pozos en operación y los equipos de exploración. Cae la extracción de crudo y la producción de petrolíferos –gasolinas automotrices, combustóleo, diesel, gas licuado de petróleo (GLP), turbosina y otros– y de petroquímicos básicos y secundarios. La precariedad productiva tiene que ser compensada con la creciente importación de los mismos para evitar el desabasto del mercado interno.
Con el castigo presupuestal al que ha sido sometida Pemex desde 1983, y la sobrecarga fiscal que padece desde 1998, difícilmente podría esperarse un desenlace distinto.
Pero esa situación no es más que el resultado de un proyecto de nación que supone que la reestructuración energética y petrolera transita por el desmantelamiento de la estructura paraestatal, la reducción de la rectoría estatal al papel de administradora de concesiones –que no recaerá en Pemex–, la reprivatización y la transnacionalización. Al interés privado del capital se le trasfiere el interés nacional de la “modernización energética”.

Dos años difíciles

Por si no fueran suficientes los tormentos de Pemex de los 33 años precedentes, su tragedia se agudizará en 2015 y 2016, merced al desplome de los precios internacionales del crudo, iniciado en el segundo semestre de 2014 y el cual se ha mantenido en el primer trimestre del año en curso; sus secuelas desestabilizadoras sobre las finanzas públicas y el programa económico propuesto para el tercer año peñista, el cual es desbordado por la realidad petrolera desde su discusión en el Congreso de la Unión; el ajuste fiscal ortodoxo impuesto el 30 de enero ante la pérdida de divisas e ingresos fiscales petroleros (el recorte del gasto público en 124 300 millones de pesos, equivalente a 0,7% del PIB), y los esperados en lo que resta del año, ya que la pérdida de recursos estatales puede ser del orden de 200 000 millones de pesos; y la carencia de un plan gubernamental de contingencia anticrisis que guie una economía que navega a la deriva.
Es el retorno de los tiempos de la improvisación de la infausta fortuna. Como en los dorados tiempos del neoliberalismo criollo, aferrados al madero del destino inescrutable.
El presupuesto para 2015 fue planeado, primero, sobre la base de un precio promedio de 82 dólares por barril de petróleo, precio que se ha reducido a 81 dólares y posteriormente a 79. Aun cuando éste cierra 2014 en 52,36 dólares, la plataforma de producción y exportación es estimada en 2,4 millones de barriles diarios y 1,09 millones de barriles, respectivamente.
Sin embargo, según Pemex, el precio en enero se ubica en 40,15 dólares por barril, 49% por debajo del estimado, en 39 dólares menos. La producción de crudo es de 2,3 millones de barriles diarios y las exportaciones de 1,3 millones de barriles diarios.
El saldo comercial se derrumba en 75% al pasar de 1 547 millones de dólares a 392 millones, lo que representa una pérdida de 1 155 millones de petrodivisas.
Los ingresos petroleros del sector público presupuestario se desploman en 43%, en términos reales; el déficit crece exponencialmente, de 4 900 millones de pesos en enero de 2014 a 95 100 millones de pesos en el mismo mes de 2015, déficit que tuvo que ser financiado con el endeudamiento externo, que se dispara en 77%, en términos reales, y pasa de 72 000 millones de pesos a 131 000 millones de pesos. El saldo negativo del gobierno federal pasa de un superávit por 10 000 millones de pesos a un déficit de 40 400 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ante el desorden de los ingresos públicos, las nulas probabilidades de que el precio del crudo de exportación recupere el nivel previsto en el presupuesto (salvo que ocurra una contingencia relevante que los impulse hasta ese nivel) y el escaso esfuerzo oficial por elevar los impuestos para compensar los ingresos perdidos, sólo quedaba la opción del ajuste fiscal ortodoxo: recortar el gasto.
En la redistribución de los costos del ajuste dentro de la administración pública, a Pemex, que proporciona un tercio de los ingresos estatales, le corresponde la mayor carga: el 49% del total. Es decir, su gasto se reducirá en 62 000 millones de pesos, equivalente a 11,5% del total originalmente presupuestado para 2015 (540 000 millones de pesos, 35 500 millones de dólares).
En esas circunstancias, la flamante “empresa competitiva” llega al mundo bastante maltrecha. Al iniciar su segundo año de vida “competitiva”, Pemex se verá obligada a postergar parte de sus inversiones productivas y operativas, según declara su director Emilio Lozoya.
En el efecto en cascada, hasta la misma reforma petrolera ha sido afectada.
Ante las escasas posibilidades de que llegue la avalancha de inversiones privadas previstas, estimadas oficialmente en unos 35 000 millones de dólares anuales, y cuyo monto ha sido reducido en 10 000 millones, prácticamente han sido cancelados los proyectos en aguas profundas y en los yacimientos de esquisto, en espera de mejores tiempos.
El problema es que podría terminarse al actual mandato presidencial [de 6 años] sin que lleguen los “tiempos mejores”.

El consejo de Chicago:
aprovechar la conmoción

Milton Friedman siempre aconsejó aprovechar las épocas de crisis porque éstas “facilitarían el proceso de ajuste”. Asimismo, recomendó que las medidas debieran aplicarse rápidamente. Como un “tratamiento de choque” económico.
Los gobiernos mexicanos han sabido aprovechar plenamente las adversidades. Y el actual no parece ser la excepción: aprovechará la conmoción fiscal para avanzar en la reprivatización y transnacionalización petrolera.
Podría retrasarse la concesión de contratos privados en aguas profundas y en lulitas. Pero no en aguas someras, mientras Pemex, inhibida por el recorte presupuestal, está obligada a retrasar sus programas de inversión en exploración y extracción, procesamiento y distribución.
“Como hay menos dinero, tenemos que disminuir el ritmo de inversión de estos proyectos”, dijo Lozoya.
Por ejemplo, Fomento Económico Mexicano (Femsa) acaba de anunciar la ampliación de sus puntos de venta de gasolina. En el reparto de la renta petrolera, Pemex compartirá un proyecto de licuefacción de gas natural ubicado en su terminal de recibo, almacenamiento y regasificación Energía Costa Azul, localizada en Ensenada, Baja California, con las empresas Infraestructura Energética Nova, SAB de CV (IEnova) y su filial Sempra LNG.
También habría perdedores. La decisión de Pemex por cambiar su estrategia de transporte de combustibles por ductos, para evitar los robos, podría perjudicar la calidad, lo cual afectaría a los consumidores.
Pero quizá lo más relevante hasta el momento sea la oportunidad que aparece para llevar adelante un aspecto importante de la reforma petrolera: despedir a trabajadores petroleros, modificar el contrato colectivo de trabajo y privatizar las pensiones de los futuros trabajadores del ramo, entre otras medidas. Los trabajadores petroleros serán sometidos a la lógica del mercado laboral, que no ha sido generoso con el resto de los trabajadores.
La próxima importación de 100 000 barriles diarios de crudo acelerará la integración energética a Estados Unidos.

Marcos Chávez M.

Fuente

ANDALUCIA ANTE EL TIP

Antonio Torres (Antón)

5 marzo, 2015 ~ admin

 

Aunque las alarmas sobre las posibles consecuencias del TTIP, o Asociación Trasatlántica para el Comercio y la Inversión, empezaron a sonar con fuerza a mediados del  pasado año 2014, concretamente cuando en marzo se filtró un primer borrador del proyecto, lo cierto es que el TTIP se viene negociando en secreto desde 2013. El Presidente de EEUU, Barack Obama, en su discurso del estado de la Unión del 12 de febrero de 2013 apeló a un acuerdo que facilitará los flujos y rebajara las tensiones comerciales a ambos lados del Atlántico, al día siguiente, el Presidente de la Comisión Europea por aquel entonces, el portugués José Manuel Durao Barroso, anunció el inicio de las conversaciones para el acuerdo, que, como se ha dicho antes, se han mantenido en la más estricta opacidad.

Antonio Torres en una conferencia en Marin (Galiza)

Entre los objetivos declarados del TTIP filtrados en su momento estaban la reducción hasta el máximo posible todas las obligaciones aduaneras entre la Unión Europea y los EEUU, si bien este objetivo se podría dar ya por conseguido en la actualidad, aún existe cierto “proteccionismo” europeo a las importaciones agrícolas desde los EEUU, donde se mantienen  fuertes aranceles. El TTIP se propone también reducir al máximo las llamadas barreras no arancelarias, es decir,  diferentes normas que evitan los flujos comerciales que afectan a diferentes campos: normas  de carácter ético, político, sociales, laborales,  de protección de la salud o del medioambiente, financieras, etc. Por último, y quizá lo más polémico de lo conocido hasta ahora, es la intención del TTIP  de proporcionar a las corporaciones privadas el  derecho de litigio contra las leyes y regulaciones de los diversos estados, en aquellos casos en los que las corporaciones sientan que tales leyes y regulaciones representen obstáculos innecesarios para el comercio, el acceso a los mercados públicos y a las actividades de suministro de servicios; la intención es que estos litigios no se establezcan bajo las jurisdicciones de los estados nacionales, sino a través de estructuras privadas de arbitrio denominadas “mecanismos de resolución de conflictos”.

No hay que ser un sesudo analista para darse cuenta que este Tratado supone un ataque frontal contra la clase obrera y los pueblos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Un tratado que busca eliminar cualquier barrera a la obtención de beneficios por parte de las grandes multinacionales europeas y norteamericanas a costa de una mayor tasa de explotación de la clase obrera. Es profundamente antidemocrático, tanto lo es que cualquier multinacional podrá denunciar a cualquier Estado cuando ésta crea o sienta  que cualquier cambio legislativo la puede perjudicar, pero no solo eso, sino que el llamado “mecanismo de resolución de conflictos”, es decir, el tribunal que tendría que velar por la justeza de dicha reclamación, está al margen de cualquier legalidad estatal, para ser más claros: las multinacionales serían jueces y partes en esas reclamaciones.

El TTIP es una seria amenaza contra el sector público, especialmente,  contra la sanidad y la educación públicas, pero también contra cualquier control público de servicios básicos para la comunidad, como el agua, por poner un ejemplo.  También es una seria amenaza contra nuestro medio ambiente y  contra nuestra salud, tanto en lo que puede suponer de comercialización de transgénicos o de inseguridad alimentaria, ya que con este acuerdo las 30.000 sustancias ahora prohibidas por la UE pero que se permiten en los EEUU podrían colarse en alimentos, cosméticos, etc.,  como, por otro lado, con la preeminencia de las patentes de las multinacionales farmacéuticas frente a los genéricos.

Antes de analizar las posibles consecuencias que la aplicación del TTIP puede tener para una nación sin Estado como Andalucía, debemos hacer un esquema más general sobre el TTIP desde el punto de vista de la lucha de clases, contextualizándolo en una situación de crisis sistémica capitalista y de la consecuente agudización de las contradicciones interimperialistas, concretamente entre el bloque capitalista neoliberal occidental, Unión Europea y Estados Unidos, y el bloque euroasiático, representado por Rusia y China.

El TTIP, la lucha de clases y las contradicciones interimperialistas

Son muy frecuentes los análisis en los que la lucha de clases se acota sólo y exclusivamente a las contradicciones que se dan en el seno de la base económica entre el trabajo, la fuerza de trabajo, concretamente, y el capital. Sin embargo, escasean los análisis donde se ponen en una relación dialéctica las contradicciones en la base y la superestructura, ya que, por el lado contrario, también abundan los análisis en los que las cuestiones políticas, o los problemas democráticos, de genero o medioambientales se desvinculan del modo de producción capitalista y de sus leyes de funcionamiento más elementales.  Desde el marxismo, reivindicamos una explicación global, dialéctica, que ponga en relación los problemas de la superestructura con una base económica, que es determinante, no lo negamos, pero, como solían decir nuestros clásicos: lo es en última instancia.

Al respecto, recientemente, ha sido publicado un artículo muy interesante que puede servir para explicar mejor esta cuestión que entendemos fundamental. Se trata del artículo de Diego Farpón  “Algunas notas sobre el TTIP y la lucha de clases” (http://kaosenlared.net/algunas-notas-sobre-el-ttip-y-la-lucha-de-clases/). Consideramos muy acertada la propuesta central de este artículo: “La lucha contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, conocido como TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) es una nueva oportunidad para la izquierda de volver a sus valores: revolución socialista e internacionalismo, lucha contra los estados burgueses y lucha contra las estructuras supranacionales del capital.”, también es, como no, muy acertada la tesis principal del artículo: “El TTIP no surge porque sí, no es ningún capricho de la oligarquía internacional, ni muestra ninguna maldad de dicha oligarquía: el TTIP es la concreción histórica del desarrollo del capital y sus necesidades objetivas. El capitalismo tiende a la concentración y centralización de capitales, y el TTIP es un gran avance legislativo para el desarrollo de la economía capitalista –el sistema jurídico es en lo fundamental, aunque no sólo, un reflejo de las necesidades del sistema productivo-. El capitalismo, fruto del proceso de concentración y centralización de capitales tiende a los monopolios. En este sentido el TTIP supone allanar el camino a la tendencia del capital, en un contexto de crisis –en las crisis, de por sí, se acentúan los mecanismos del capitalismo para producir su refundación- para favorecer, especialmente, a la oligarquía y perjudicar toda aquella economía que no sea monopolista u oligopólica. La crisis orgánica del capitalismo se ha producido cuando ha sido imposible revertir la caída de la tasa de ganancia. El capitalismo muestra en estas crisis como tiene, objetivamente, un final: se produce un colapso del sistema económico que es imposible evitar”.   Pero no solo eso, sino que da en el clavo en una cuestión fundamental: “La lucha revolucionaria siempre es una lucha concreta. Ninguna lucha que carezca de objetivos concretos en función del momento histórico es revolucionaria: se convierte en una abstracción incapaz de incidir en la lucha de clases y en la historia. Hoy necesitamos un análisis concreto del TTIP, algo que, como ya he señalado, se ha elaborado, pero también una propuesta concreta: ¿por qué luchamos contra el TTIP? ¿queremos parar el TTIP o queremos canalizar la lucha contra el TTIP para avanzar en la construcción del nuevo bloque histórico hegemónico que luche por otro modelo económico y social?”.

¿Dónde está entonces el problema en el artículo mencionado de Diego Farpón? Está en que, justamente, se queda en no relacionar la contradicción en la base económica con los problemas en la superestructura, cuando están íntimamente relacionados y cuando, además, precisamente es la clase obrera la mayor perjudicada por los problemas democráticos, medioambientales o de salud pública. Pongamos un  buen ejemplo de lo que estamos planteando, la multinacional francesa Veolia demandó al Estado egipcio nada más y nada menos que por subir el salario mínimo interprofesional de 41 a 72 euros mensuales ante uno de estos tribunales ad hoc a los que hemos hecho referencia antes. Las necesidades del capitalismo en esta fase exigen el fin de la democracia, el fin del poder político y acabar con la ficción de que el Estado es un ente neutro; o el Estado y sus instituciones sirven a sus intereses única y exclusivamente o se socava, se mina cualquier resquicio de soberanía nacional y democracia.

Si, como es de prever, la aplicación de este Tratado puede suponer un aumento del paro, una reducción de salarios y un aumento en los precios de productos básicos al darse una mayor concentración de la oferta, podemos suponer, como consecuencia, que será la clase obrera la que consumirá en masa alimentos con sustancias dañinas y perjudiciales para la salud, la que tendrá más problemas para acceder a medicamentos o a servicios como la educación o la salud, como de hecho ya está ocurriendo. Por supuesto, un Tratado como éste afecta al conjunto de lo que podíamos denominar como pueblo, es decir, trabajadores autónomos, profesionales, pequeños  y medianos propietarios, etc., es más, el capitalismo actualmente no tiene más remedio que acentuar su lucha contra los pueblos, abriendo la oportunidad de crear verdaderas alianzas revolucionarias del pueblo frente a las oligarquías y las multinacionales, por una democracia popular socialista.  Hoy más que nunca la democracia no es un significante vacío de significado, hoy defender la democracia es enfrentarse al capitalismo, no cabe otra. La clase obrera  y sus organizaciones han de ponerse al frente de la lucha de los pueblos, por la democracia, por la soberanía nacional,  por la defensa de lo público, por la defensa del medio ambiente, etc.

El TTIP también es fruto de la fuerte agudización de las contradicciones interimperialistas en el mundo. No podemos olvidar que el TTIP no se puede desligar de su “tratado hermano”, el TTP, el Tratado Transpacífico, firmado por EEUU, Chile, Colombia, México, Japón y Vietnam.  A poco que nos fijemos, veremos que entre los firmantes de estos tratados no encontramos a ninguno de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), países que en estos años han venido experimentando un espectacular crecimiento y desarrollo económico, y que a pesar de la crisis capitalista que estamos sufriendo, han conseguido fuertes ritmos de crecimiento, especialmente China. Sin embargo, estos países no componen un bloque homogéneo en absoluto, India, por ejemplo, no ofrece ningún signo de rivalidad hacia los EEUU o la UE, por otro lado, tanto Brasil como Sudáfrica suelen tener posiciones ambiguas y vacilantes, pero en todo caso no ofrecen tampoco signos apreciables de rivalidad frente a los EEUU o el bloque europeo, más allá de posiciones puntuales  fruto de presiones por la izquierda que existen en los partidos de gobierno de ambos países, PT en Brasil, ANC en Sudáfrica, de la defensa de determinados aspectos relacionados con la soberanía e independencia económica de ambos países, o con la defensa de determinados “intereses regionales” latinoamericanos o africanos, respectivamente, así como la defensa de las relaciones y las alianzas comerciales de ambos países especialmente con China.  Sin embargo,  el que estos países no den muestras de rivalidad e incluso, en el caso de la India, mantengan excelentes relaciones comerciales y diplomáticas con los  EEUU y los Estados de la UE, no significa que no sean vistos  por éstos como auténticos rivales geopolíticos, ni que multinacionales norteamericanas y europeas instiguen a sus respectivos Estados a “disciplinar” a esos países, especialmente en lo que se refiere al posible abandono del dólar o del euro en las transacciones comerciales y al uso del yuan, el rublo u otras monedas nacionales.

Sin embargo, la cuestión cambia en lo que se refiere a Rusia y China. Ambos países no solo son advertidos por los EEUU y la UE como “auténticos peligros para la humanidad”, sino que la rivalidad es ya evidente, lo que no quita que, por ejemplo, en el caso de China se mantengan intensas las relaciones comerciales.  A pesar de que China ha crecido menos que en años anteriores, un 7,4% en el tercer trimestre de 2014, son ya muchos los indicadores que la sitúan como la primera potencia económica; por primera vez desde 1872, Estados Unidos no ocupa el primer lugar de PIB ajustado por paridad de compra, según datos del FMI, ese puesto habría sido ocupado en el 2014 por la República Popular China.  Por su parte, Rusia, desde la llegada al poder de Vladimir Putin la pasada década, comenzó una estrategia de desarrollo nacional  que superase el caos derivado de la caída de la Unión Soviética, basándose en una oligarquía  que no desea someterse a los dictados de occidente y que, sobre todo, es consciente de que sus intereses como clase solo pueden ser defendidos por un Estado nacional ruso fuerte e independiente.

Las tensiones en la arena internacional, desde el conflicto ucraniano, pasando por los conflictos en Siria, la presencia del llamado Estado Islámico o el acoso y cerco a Irán, hasta los problemas planteados en el Mar de China o por el programa nuclear en Corea del Norte, están empujando cada vez más a la Federación Rusa y a la República Popular China a entenderse. Frente al divide y vencerás que intenta una y otra vez Washington, y también Bruselas, lo que se ha dado es una mayor integración política y económica euroasiática. Pero no solo eso, este eje euroasiático está jugando un importantísimo papel económico en Latinoamérica junto a Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, y también en África, junto a Sudáfrica, fundamentalmente, o Nigeria.

En este sentido, debemos entender el TTIP,  como una respuesta occidental al reto euroasiático con los siguientes objetivos:

1. Limitar la soberanía de los Estados y disciplinar a los mismos en beneficio de las multinacionales norteamericanas y europeas y en detrimento de decisiones soberanas de los Estados que pudieran beneficiar a empresas rusas o chinas.
2. El TTIP es un movimiento estratégico de EEUU para mantener su hegemonía, la hegemonía de un capitalismo neoliberal, bajo la cual también, no lo olvidemos, quedaría Europa subsumida, que no tendría el estatus de socio en igualdad de condiciones. Para ello contaría con una poderosa arma, pues de conformarse el bloque TTIP-TPP, éste englobaría en torno a un 75% del comercio y del PIB mundial. Esto permitiría tomar decisiones dentro del bloque sin apenas resistencias y sin tener en cuenta los intereses de los países externos, reglas que posteriormente se impondrán a los países que queden fuera del bloque. Legislar a voluntad las reglas de juego del comercio mundial es determinante en la estrategia hegemónica norteamericana; todo ello forzaría a China a tener que aceptar estas normas de comercio impuestas por Occidente y doblegaría, o al menos contendría de forma efectiva a Rusia, al poder aislarla económicamente.

Hay que señalar que la negociación del TTIP ha provocado ciertas disensiones en el seno de determinadas élites en Europa, especialmente en Alemania, donde los ex cancilleres  Schmidt o Schröder se han pronunciado en contra del TTIP, al entender que supondría una subordinación a Washington, igualmente Sigmar Gabriel, actual vicecanciller, también ha expresado sus reticencias al TTIP.

Como resumen, no podemos dejar de enmarcar el TTIP dentro de la lógica del capitalismo en su fase imperialista, tal y como fue teorizado por Lenin: “Por eso, sin olvidar la significación condicional y relativa de todas las definiciones en general, las cuales no pueden nunca abarcar en todos sus aspectos las relaciones del fenómeno en su desarrollo completo, conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus cinco rasgos fundamentales siguientes, a saber: 1) la concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía financiera; 3) la exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular; 4) la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y 5) la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. El imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital, ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre los países capitalistas más importantes” (http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/IMP16s.html). Estas palabras de Lenin, de hace casi un siglo, no pueden estar de más relevancia en la actualidad.

¿Y Andalucía?

Para concretar el TTIP al marco andaluz, debemos recordar los objetivos concretos fundamentales: 1) acabar con las barreras arancelarias, especialmente las relacionadas con la producción agrícola; 2) acabar con las llamadas barreras no arancelarias, entendidas como la legislación que pueda impedir lo obtención de beneficios a las grandes multinacionales; y 3) el derecho de litigio a las multinacionales contra las instituciones.  A su vez estos objetivos tienen que ser puestos en relación con la consideración de Andalucía como un país configurado históricamente en la opresión, la marginación y la dependencia política, económica y cultural.

El conjunto de instituciones políticas andaluzas consideradas como propias, esto es, la Comunicad Autónoma de Andalucía, de ninguna de las maneras pueden ser consideradas como instituciones de un ente político soberano. Sin entrar en más consideraciones, dichas instituciones son el resultado de una desconcentración y, en algunos casos, de una descentralización de la gestión administrativa de determinados asuntos.  Por tanto, el TTIP no puede suponer un ataque a lo que no tenemos: soberanía nacional, poder de decisión.

Una primera visión nos debe llevar a concluir que la aplicación del TTIP ha de profundizar en los rasgos de marginación, sumisión, especialización económica y dependencia de Andalucía.  Este tratado, por la lógica seguida en años atrás, reforzará nuestro papel de país turístico, en el litoral, y suministradora de materias primas, fundamentalmente producción agrícola, aunque capítulo aparte merecería la cuestión agraria, es decir, analizar las consecuencias del TTIP en el campo andaluz.  No podemos olvidar el hecho de que sector agroalimentario supuso en el 2011 aproximada mente el 20% del PIB andaluz.

El TTIP, sin lugar a dudas, profundizará, como viene haciendo la PAC, en el acaparamiento en manos privadas de la tierra, según datos del INE del 2011, el 2% de los propietarios acapara el 50% de la tierra. Este proceso de acaparación tiene como consecuencia la especulación y la subida del precio de la tierra.  Si las tierras públicas no han sido capaces de desarrollar una alternativa, definitivamente, con el TTIP lo serán menos aún, siendo objeto de privatizaciones, ya más del 95% de las explotaciones de la tierra andaluza están bajo regímenes de propiedad privada. A la vez, grandes corporaciones están detrás de este proceso de acaparamiento de tierras. Entre las 16 comarcas españolas con mayor presencia de sociedades mercantiles propietarias de tierra, diez se encuentran en Andalucía.

La reivindicación de soberanía alimentaria, tal y como se ha venido reivindicando desde el SAT y las organizaciones ecologistas, viene a chocar frontalmente contra el TTIP, es decir, conseguir abastecer a la población andaluza con su producción agrícola, manteniendo razas y semillas, de una forma respetuosa con el medio ambiente, choca inevitablemente con una gran industria que solo busca el valor de cambio, que busca una agricultura de exportación, con puestos de trabajo de semiesclavitud, y sin una industria transformadora local que fije a la población rural en sus pueblos. Estamos hablando de una visión colonial del campo andaluz desde un punto de vista económico.

La alimentación de la población es un gran negocio para las multinacionales, el TTIP puede suponer la derogación de toda la normativa europea que regula la seguridad de la producción agrícola. Detrás están conocidas multinacionales norteamericanas como Monsato y Cargill. La producción agrícola norteamericana se encuentra con grandes dificultades a la hora de acceder al mercado europeo, no solo con dificultades arancelarias, sino con normativas sobre seguridad alimentaria y medio ambiente. En el punto de mira se encuentra el llamado principio de precaución, por el que cualquier sustancia sospechosa de ser tóxica no puede sacarse al mercado sin que la empresa previamente haya demostrado su inocuidad. Sin embargo, en EEUU las cosas ocurren de un modo diferente. La empresa saca el producto al mercado y después tiene que ser la administración quien demuestre que es tóxico para poder prohibirlo.  También se pretende el llamado reconocimiento mutuo de productos: esto significa que un producto norteamericano que cumpla los estándares de Estados Unidos se permitiría de forma automática en la UE incluso si no cumple las normas de la UE, y viceversa.  Tampoco podemos olvidar que lo que se pretende es inundarnos de productos genéticamente modificados, al respecto, hay que señalar que Andalucía es un auténtico campo de experimentación de transgénicos, entre el 2009 y el 2011, saltaron las alarmas por las solicitudes de plantaciones experimentales de transgénicos, especialmente en la provincia de Sevilla en localidades como  Alcalá del Rio, Marchena, Lebrija, Dos Hermanas, Guillena, Écija, Utrera o El Cuervo, detrás, como no, estaban la tenebrosa Monsanto, pero también Bayer y Pioneer.

Por otro lado, la eliminación de aranceles (recordemos que el sector agrario es de los pocos sectores donde los aranceles son algo más altos) y la autorización de una serie de productos y prácticas propias de las grandes explotaciones estadounidenses (hormonas, uso masivo de antibióticos, etc.) harán muy difícil que las explotaciones andaluzas puedan competir con las explotaciones norteamericanas,  más penetradas por el capital de las empresas multinacionales. Estamos ante la recta final de un proceso de implantación de un modelo agrario basado en grandes explotaciones propiedad de grandes empresas dedicadas al monocultivo. En aras de la competencia, la calidad de la producción agrícola andaluza deberá bajar en calidad y adaptarse  a las normas del mercado, y como no, los trabajadores del campo andaluz sufrirán las consecuencias con sueldos cada vez más miserables.

Andalucía como país colonial, objeto de grandes inversiones especulativas en el litoral, con una economía extractiva en el interior, en el que las instituciones autonómicas surgidas del régimen español del 78 serían si cabe más inútiles que nunca, ese es el panorama y como complemento: mayor tasa paro, y eso que en la actualidad tenemos un 34% de paro, todavía peores condiciones laborales y sociales, mayores desigualdades, peor sanidad, peor educación, etc. No exageramos si decimos que Andalucía puede vivir una regresión al siglo XIX con la aplicación del TTIP si no se pone remedio, ¿y cuál sería el remedio? Para un país como Andalucía, concretamente, para el conjunto del pueblo trabajador, es decir, su mayoría social, la solución no puede ser otra que la conquista del poder político, de unas instituciones libres y soberanas que estén al servicio de la clase obrera y del conjunto del pueblo oprimido andaluz.

La  lucha revolucionaria por la soberanía nacional

Recientemente, con la victoria electoral de Syriza en Grecia se ha reavivado el debate sobre el margen de maniobra de un gobierno de izquierdas en el marco de la Unión Europea y cabría también decir de la OTAN.  Hemos visto como después de un momento inicial en el que el nuevo gobierno griego parecía plantar cara a Bruselas se ha pasado a aceptar, al menos, que todo siga igual, dando al traste  momentáneamente con las promesas del fin de la austeridad y con el programa de “salvamento social” propugnado por Syriza. Todo este debate tiene que ver lógicamente con la soberanía nacional como instrumento en manos del pueblo trabajador para hacer frente a las agresiones imperialistas.

Como afirmaba hace poco el dirigente crítico de Syriza, Stathis Kouvelakis: ”Algunos de los debates que hemos tenido en Syriza se han resuelto de una manera negativa. La idea de que podríamos romper con las políticas de austeridad y sin embargo, evitar la confrontación con la Unión Europea ha sido refutada en la práctica. La tendencia mayoritaria en Syriza evitó dar una respuesta clara a lo que sucedería si los acreedores de Grecia se negaban a negociar. Los que mantenían esta posición también pensaban que nuestros socios europeos estarían obligados a aceptar la legitimidad de Syriza y a aceptar las demandas del gobierno griego. Y hemos podido ver claramente que este no es el caso. La tendencia dominante dentro del liderazgo de Syriza tiene la ilusión de que es posible cambiar las cosas, incluso dentro del marco de la Unión Europea actual. Estas instituciones han mostrado su verdadero rostro, que es la imposición de políticas neoliberales extremadamente duras y otras políticas que conducen a la marginación económica y social de países enteros (…) Hay un obstáculo real, no sólo una barrera psicológica, sino también una barrera que tiene que ver con la estrategia política. Como casi toda la izquierda radical europea, Syriza cree en la idea de que es posible reformar y transformar las instituciones europeas existentes desde dentro”  (https://borrokagaraia.wordpress.com/2015/02/25/coyuntura-griega-tras-triunfo-de-syriza/) .

Como se ha señalado al  principio, debemos enmarcar el TTIP en el contexto general de la lucha de clases, pero en una visión global de la lucha de clases, sin economicismos ni visiones unilaterales. La lucha de los grandes corporaciones por aumentar la tasa de beneficios está llevando a la humanidad a la ruina, pero la solución no puede venir de la ilusión en creer que se puede negociar de tú a tú con las instituciones del imperialismo o a pensar que el imperialismo da legitimidad a los resultados electorales, bueno, en realidad, los imperialista  si  respetan y  legitiman los procesos electorales cuando sus candidatos resultan ganadores.  El imperialismo no respeta ni sus propias normas de juego.

La lucha contra el TTIP, pero en general contra el capitalismo en su fase imperialista, posibilita a la clase obrera la creación de alianzas políticas con otros sectores de la población oprimidos. Un gran frente popular antiimperialista, contra el TTIP, contra la UE, la OTAN, las grandes corporaciones y las injerencias norteamericanas es más posible y necesario que nunca, pero el caso griego nos advierte que encabezando ese gran frente ha de estar la clase obrera y que sus organizaciones políticas que hagan romper con la ilusión ingenua de que es posible negociar con el imperialismo de igual a igual. La unidad popular ha de ser hacia la ruptura de los marcos establecidos por los imperialistas, en buena lógica tácticamente se pueden definir muchos y diferentes escenarios de ruptura hasta incluso renuncias temporales, siempre y cuando persigan la estrategia rupturista.

Al respecto, debemos luchar contra toda ilusión de restaurar un capitalismo ajeno a las doctrinas neoliberales, ya sean bajo las propuestas socialdemócratas, keynesianistas o neokeynesianas de izquierdas.  Estas propuestas coinciden en señalar que  la crisis que vivimos es de falta de demanda, por tanto, estimulando la demanda se solucionarían todos los problemas. Se idealiza el papel del Estado, se niega la lucha de clases, pero sobre todo, se idealiza un periodo histórico único del capitalismo en el que fueron posibles en el Occidente capitalista cierta redistribución de las rentas y cierto bienestar social obrero y popular, dependiendo del país. Ese periodo fue único e irrepetible, hoy, el capitalismo no se puede entender sin las recetas políticas neoliberales, el TTIP es buen ejemplo de esto que estamos diciendo. El capitalismo si quiere sobrevivir tiene que ser neoliberal, es decir, profundamente antidemocrático, destructor del medio ambiente, opresor de los pueblos y de su soberanía,  y más agresivo que nunca contra la clase obrera que nunca.

También es necesario aprovechar las contradicciones interimperialistas, en el caso griego, observamos como Syriza, al principio, parecía querer explotar dichas contradicciones, especialmente cuando se insinuó la posible compra de deuda griega por parte de Rusia.  Hoy por hoy, cualquier estrategia de ruptura y de desconexión con las instituciones o con los acuerdos de los imperialista ha de implicar la explotación de sus contradicciones, concretamente, ha de implicar un acercamiento al bloque euroasiático ruso-chino, en conjunto a los BRICS, así como al bloque progresista latinoamericano.  Acercamiento que no ha de estar exento de crítica y que por supuesto no puede condicionar un camino propio desarrollo, al respecto queremos hacer notar que a pesar de considerar tanto a China como a Rusia como países imperialistas, no podemos de ninguna de las maneras asimilarlos al imperialismo norteamericano o al de los Estados de la Unión Europea caracterizados por su voracidad, injerencias, y sobre todo, agresividad y violencia. Insistimos, estamos hablando de esta coyuntura, quizá en otra, las formas agresivas corresponderían a otros actores, pero hoy esas formas les corresponden a norteamericanos y europeos como hemos podido observar en Libia, Mali, o actualmente en Ucrania, Siria, Irak o Venezuela.

Hillary Clinton definió al TTIP como la “OTAN económica”, debemos recordar que la OTAN se creó contra la URSS y las democracias populares del este europeo bajo la locura anticomunista, hoy, se trata de la locura neoliberal, de pura supervivencia del capitalismo como medio de producción. En esa locura neoliberal, de contradicciones interimperialistas hace falta disciplinar a los viejos aliados de la “guerra fría” contra el peligro euroasiático.

Antonio Torres “Antón” para A Jierro 24 Horas