13.02.2014
1. ¿De qué deuda hablamos?
Se
trata de la Deuda Pública, que es la cantidad de dinero que debe el
Estado a los acreedores de quienes recibió dinero mediante la emisión de “pagarés”.
Según el plazo de devolución se llaman: Letras del Tesoro ( 18 meses),
Bonos del Estado (de 3 a 5 años) u Obligaciones del Estado (10 años).
Ese
dinero se pide prestado, o bien para realizar grandes inversiones, o
pagos, porque los ingresos del Estado son inferiores a los gastos.
La
cantidad prestada ha de ser devuelta en un plazo fijado con un
determinado tipo de interés, que a su vez es marcado por la “prima de
riesgo”.
La
“prima de riesgo” es el interés más alto que se le pide a un país
(Grecia, Estado español, etc) en función de las dudas de los acreedores
acerca de sus posibilidades de recuperar el préstamo, con respecto a otro Estado que no las presente (Alemania).
2. ¿A cuanto asciende? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Es comparable a la de otros países?
En
2013 el Estado pagó 190.000 millones de euros por el capital que debía
ser devuelto en ese año (151.482 millones de euros), más los intereses
(38.590 millones de euros). Teniendo en cuenta que el PIB del Estado español (el valor de la riqueza producida en un año) es aproximadamente 1 billón de euros, pagamos cada año, por la Deuda, el 19% de lo que producimos y casi la mitad del gasto público total (40% del PIB en 2013).
La deuda pública acumulada se ha disparado desde 2007. Entonces era el 36% del PIB y en 2013 es el 93,5%. Y seguirá aumentando a mucha mayor velocidad que el PIB, generando una carga insostenible e impagable.
En términos relativos es semejante a la de Francia, 90% del PIB, inferior a la de EE.UU., 103% del PIB y mucho más baja que la de Japón 230% del PIB.
3. ¿Cómo se ha generado esa deuda pública?
La causa fundamental es la transferencia masiva de fondos públicos (más de 200.000 millones de euros) puestos a disposición de la banca privada, con el pretexto de evitar su quiebra, por
los gobiernos del PSOE y del PP. Aunque ese concepto es el más
importante, también han contribuido a generar esa deuda las subvenciones
a empresas inmobiliarias o del automóvil, el enorme gasto en obras
públicas innecesarias (aeropuertos,
autopistas, AVE,s, ..etc.), los descomunales gastos en armamento
(40.000 millones de euros), las privatizaciones de la gestión de
servicios con financiación pública (auténtica sangría de dinero público a
manos privadas), etc.
El incremento de la deuda en España esta también directamente relacionado con la caída de los
ingresos, en buena parte debida a políticas fiscales por las que
quienes más tienen pagan cada vez menos, mientras aumentan sin cesar los
impuestos indirectos. En el caso de las Administraciones Públicas del Estado español, además del enorme despilfarro de recursos públicos – directamente relacionados con la corrupción política, empresarial y la de la Casa Real – se ha producido desde hace décadas una gran estafa tributaria por parte de las grandes empresas y de las más importantes fortunas. Además
de todas las contrarreformas fiscales (bajada de impuestos a los más
ricos y subida a la gente más pobre, sobre todo a través del IVA)
realizadas desde 1991 por cada uno de los gobiernos del PSOE y del PP
(que incluye el escándalo de las SICAV que tributan al 1%, cuando las y
los trabajadores tributamos entre el 24 y el 43%), hay que contabilizar:
La evasión de capitales a paraísos fiscales, calculada en cerca de 1 billón de euros.
La
mayor economía sumergida de la UE, el 28% del PIB y la mayor cantidad
de dinero negro (los billetes de 200 y 500 euros suponen el 76% del
dinero circulante).
El fraude fiscal anual de los mayores empresarios y grandes fortunas, que según
los técnicos de la Agencia Tributar, estaría cerca de 70.000 millones
de euros (aproximadamente el gasto público estatal anual en sanidad).
*****
Otra causa importante del aumento de la deuda pública es
la elevación de la prima de riesgo, que controlan los propios
acreedores, y en consecuencia del interés que hay que pagar por los
préstamos.
El ejemplo más claro de que la UE y el BCE son instrumentos del gran capital y, sobre todo, de la gran banca, es el siguiente:
En
contra de la lógica más elemental, las normas de la UE prohíben que el
dinero público del BCE – el nuestro – sea prestado a los Estados. Ese
dinero del BCE sólo se presta a la banca privada a intereses bajísimos –
actualmente al 0,25% - quien después exige a los Estados intereses del
4, 5 o 6% por prestarles ese mismo dinero, -público en su origen- mediante la compra de deuda pública.
No hay negocio más redondo ni más seguro. Eso explica por qué la banca no da crédito a las empresas.
Sólo esto sería suficiente para exigir la salida del Euro y de la UE.
4. ¿Quiénes son los acreedores del Estado?
Es evidente que son los bancos privados,
fundamentalmente alemanes y del Estado español. ¿Pero quiénes
exactamente? Eso se considera secreto de Estado. Amaiur hizo el año
pasado una Pregunta Parlamentaria pidiendo información y se rechazó por
improcedente.
Se guardan de decir que esos
mismos banqueros a quienes se han dado cientos de miles de millones de
euros de dinero público, son quienes engordan como garrapatas chupando
el dinero público de los intereses de la deuda.
LO
MÁS IMPORTANTE ES QUE EL CHANTAJE DEL PAGO DE LA DEUDA – CON LA AMENAZA
DE QUE SUBA LA PRIMA DE RIESGO Y SE PRODUZCA LA QUIEBRA ECONÓMICA DEL
ESTADO – SIRVE PARA IMPONER EL SALVAJE PROGRAMA DEL GRAN CAPITAL CONTRA
EL PUEBLO TRABAJADOR.
5. El pago de la Deuda: el final de los servicios públicos y de cualquier soberanía.
El
capitalismo sabe que está en una gravísima crisis general en la que no
se vislumbra salida y ha decidido utilizarla en la lucha de clases como
arma de destrucción masiva de derechos laborales, pensiones y servicios
públicos. Para ello utiliza el chantaje interminable del pago de la Deuda, clave para que continúe la reproducción ampliada de capital y para que Alemania fortalezca su hegemonía.
El
PP, el PSOE, UPyD y las derechas nacionalistas votaron el Tratado de
Estabilidad, Gobernanza y Coordinación (TSCG) de la Unión Económica y
Monetaria de 2012, que exige a los Estados cuya moneda es el Euro
adoptar todas las medidas necesarias para que en 2020 la Deuda pública
no sobrepase el 60% del PIB y el déficit estructural (el gasto en empleo
y servicios públicos de todas las administraciones) sea cero. Para eso
se comprometían a llevar a cabo las reformas legales necesarias “al
nivel más alto”.
El
gobierno PSOE fue tan aventajado, que seis meses antes de la
publicación del Tratado, en agosto de 2011, ya había realizado – en una
semana y con el apoyo sólo del PP y UPN – la reforma de la supuestamente
sacrosanta e intocable Constitución. Introdujeron el nuevo Artículo 135 que declara la “prioridad absoluta del pago de la deuda y de sus intereses por encima de cualquier otra partida de gasto”.
Poco
después del TSCG se promulgó la Ley Orgánica 2/2012 en la que se
establecen medidas tan brutales como la intervención de las CC.AA o la
disolución de los gobiernos municipales que no cumplan los plazos[i].
Si
se tiene en cuenta que para pasar, desde ahora a 2020, de una Deuda
pública de cerca de un billón de euros, a 600.000 euros, hay que reducir
el gasto público en seis años en 400.000 millones de euros (casi seis
veces el gasto anual de la sanidad pública de todo el Estado), la
consecuencia directa es la liquidación de prácticamente la totalidad de los servicio públicos.
Además
la Ley 2/2012 establece que si hubiera crecimiento económico por encima
del 2%, el aumento de ingresos públicos iría destinado a reducir el
techo de deuda por debajo del 60% y eso hasta el final de los tiempos.
En función de estos datos y en la medida en que es absoluta la imposición de las políticas a los diferentes gobiernos elegidos, es evidente, que estamos ante el final de cualquier soberanía. Y
que, en términos políticos, no podrá haber diferencias esenciales entre
unas fuerzas políticas y otras si aceptan el marco de la UE y del Euro.
También
está muy claro que quienes como la Cumbre Social (PSOE, IU, CC.OO. y
UGT) ponen como objetivo de las luchas sociales la dimisión del Gobierno
del PP y la “vuelta del Estado del Bienestar y del modelo social
europeo”, están intentando encubrir fines electorales mediante el engaño
vergonzoso a la clase obrera y a los movimientos sociales.
La propuesta de pedir una auditoría de la deuda,
es decir que expertos analicen qué parte de la deuda es legítima o
ilegítima, es inaceptable porque supone tratar mediante maniobras
contables un asunto estructural esencialmente político. En ningún caso
el pueblo ha participado en las decisiones y sin embargo paga. Es una maniobra de distracción de una izquierda vergonzante que
no se atreve a enfrentar la Deuda en lo que fundamentalmente es, una
herramienta de dominación del capitalismo a largo plazo.
De forma parecida, la reivindicación de un “proceso constituyente” carece de credibilidad si no plantea con carácter previo el único marco político desde el que se pueda hablar de soberanía: NO PAGAR LA DEUDA y romper con el marco político, institucional, económico y normativo de la Unión Europea.
Que
el marco legal imponga el pago de la Deuda por encima de todo, no
significa que sea inexorable. Las luchas obreras y populares pueden y
deben desbordar esas normas, dejando a quienes las apoyaron y a los
intereses que representan en el basurero de la historia. Pero para ello
es imprescindible que se tengan las ideas claras y no se acepten
engañifas de imposible retorno al pasado.
6. La pregunta que se suele hacer es: ¿Qué pasará si salimos del euro?
Ésa
es la pregunta que los poderes económicos y los políticos que les
representan quieren que nos hagamos, para, a continuación anunciarnos
poco menos que el Apocalipsis.
Por el contrario, lo urgente es analizar que es lo que va a seguir pasando, seguro, si continuamos por el camino que nos llevan. Lo que ya se está instaurando es la generalización de salarios y pensiones de miseria, la precarización total y la indefensión obrera en las condiciones laborales, la privatización de todo lo rentable que queda, la subida de los impuestosindirectos que pagamos todxs y la sanidad y la educación para quien pueda pagarla.
Ese es el futuro abismal que nos
espera, gobierne quien gobierne, si lo hace dentro de este marco legal y
constitucional, estatal y europeo. Finiquitada la tan cacareada
“soberanía nacional”, somos Estados intervenidos.
La
negativa a pagar la Deuda es la herramienta política para erigir un
pilar fuerte sobre el que edificar el poder del pueblo; es decir,
construir una nueva correlación de fuerzas favorable al pueblo
trabajador.
No
le estamos “pidiendo” a Rajoy que no pague la Deuda. No pagar la Deuda
es condición indispensable para plantear en serio cualquier
reivindicación social y laboral. Precisamente porque es la clave de
bóveda del programa general del capitalismo, es por lo que su
cuestionamiento debe vertebrar las luchas sociales y articular la
construcción del poder del pueblo. Por eso la respuesta a la pregunta
acerca de qué pasará si no pagamos la Deuda y salimos de la UE y del
Euro, no es de técnica económica, es esencialmente política.
7. Un programa internacional.
No
cabe ninguna duda de que el Euro es insostenible a largo plazo y que la
Unión Económica y Monetaria es un fracaso histórico gigantesco que se
intenta mantener imponiendo enormes agresiones sociales.
No
pagar la deuda y romper con el Euro es condición necesaria – aunque no
suficiente – para la credibilidad de cualquier programa de emancipación
social. A ello hay que añadir la propiedad pública de la banca, de los recursos naturales y de las grandes empresas estratégicas.
Es una responsabilidad histórica de la izquierda dejar esa reivindicación en manos de la extrema derecha.
El
objetivo es construir en torno al no pago de la Deuda y la consiguiente
salida del euro el fortalecimiento del poder del pueblo trabajador y
servir de base a un nuevo internacionalismo.
Las
causas esenciales de los problemas y las respuestas de los gobiernos
son prácticamente las mismas en toda la UE y especialmente en todos los
Estados intervenidos por la UE, el BCE y el FMI (Grecia, Italia,
Portugal, Irlanda y el Estado español). Por ello el programa y la
articulación de las luchas, como lo es el capitalismo, debe ser
internacionalista.
Un
internacionalismo que tenga como base la soberanía popular sobre todos
los aspectos de la vida social y que se asiente sobre el Derecho de
Autodeterminación de los Pueblos.
De ello, y no de problemas de técnica económica, dependen nuestras posibilidades de victoria.
Madrid, febrero de 2014
Unidad Popular de Clase
