La jueza argentina María Servini,
que investiga el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se muestra optimista por el devenir de la instrucción y confía en que
dentro de un año pueda confirmarse la imputación contra los nueve acusados actuales
(tres exministros, dos jueces y cuatro policías), según ha declarado en
la única entrevista que ha concedido desde que asumió la causa en abril
de 2010. Entre los nueve posibles imputados estaría José Utrera Molina,
exministro de Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el
exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, el
expolicía acusado de torturas apodado
Billy el Niño’.
María Servini es una jueza veterana -76 años- titular desde 1990 del
Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos
Aires que ha decidido romper su silencio públicamente con una entrevista
concedida al programa especializado
La Memoria de la emisora pública Radio Andalucía Información. Sus inéditas declaraciones se producen una semana
después de haber visto frustrado su intento de tomar declaración por videoconferencia
a 12 personas que tenía citadas durante varios días en el Consulado
argentino en Madrid. “Me pareció muy desagradable que, en el último
momento, cuando todo estaba preparado y veíamos a los declarantes en la
pantalla dispuestos a hablar desde el Consulado, esto se cortara, porque
era como cortar la ilusión a la gente y cortarla a nosotros para seguir
investigando”.
La jueza admite que recibió el pasado miércoles
una llamada del embajador argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática desde el Gobierno español
para que se suspendiera la toma de declaración. “No me sentí
presionada, sino defraudada. No quise ser artífice de que de esa
situación derivara en serias consecuencias para mí país y suspendí la
declaración. De todas formas –añade Servini-, ya se están corrigiendo
todos esos supuestos errores, aunque para mí no hay errores, y espero
que nos autoricen a tomar declaración por videoconferencia a algunas de
esas personas que están desesperadas por declarar y que carecen de
medios para pagarse un viaje a Argentina”.
No es la primera vez que Servini encuentra serios obstáculos en su instrucción desde el Gobierno español.
Incluso con Zapatero en el poder, el fiscal general del Estado frenó su intención de venir a España:
“Nos pusieron una serie de inconveniencias que hicieron imposible
nuestra ida a España. Creíamos que era más fácil hacer las
videoconferencias, pero ya es la segunda vez que me las paran”, se
lamenta la jueza.
Preguntada por la causa de esta reiterada resistencia oficial
española a facilitar su instrucción, gobierne quien gobierne, no
titubea: “No quieren que se investigue”. La jueza añade: “No soy yo la
que quiere investigar, es
la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.
Pese al retraso y a la progresiva acumulación de querellantes -ya van
150-, María Servini se muestra confiada: “Antes de fin de año se puede
terminar con la toma de declaraciones”. La cuestión es cómo, cuándo y
dónde poder desarrollar tanto trabajo pendiente, si
hasta ahora sólo han hablado ante la magistrada 5 de las 91 personas previstas.
La jueza sugiere a quienes tengan que declarar que sería mucho más
fácil para ella recibirlos en su despacho de Buenos Aires, e incluso
bromea con la posibilidad expuesta por el entrevistador de que se
lleguen a fletar vuelos charter desde España a modo de
“turismo o emigración judicial” con testigos y querellantes por el genocidio franquista.
“Si fuera así, yo estaría muy contenta. Sepan que todos los que quieran
viajar van a ser atendidos y se les va a tomar su correspondiente
declaración”.
De hecho en las próximas semanas van a ir cinco personas a declarar a
Buenos Aires, algún alcalde, algún parlamentario y hasta el exjuez
Baltasar Garzón, a quien conoce desde 1991 y que tiene cita para el 27
de mayo: “una excelente persona y una pena perder a una persona que
tanto ha luchado por la justicia en su país y en otros, como el mío”. El
exmagistrado español que rompió la impunidad de las dictaduras chilena y
argentina acude ahora a Argentina como experto a instancia de los
querellantes y, a juzgar por las palabras de Servini, parece que
su declaración puede influir en el desarrollo del procedimiento:
“Lo esperamos pensando que puede ser una declaración muy esclarecedora.
Por eso no he querido escuchar a los otros antes, porque primero quiero
escuchar a Baltasar para ver si pregunto lo mismo o si tengo que
ampliar las preguntas”.
María Servini, no obstante, piensa venir a España para tomar declaración, ya que
no cree que funcione la vía de la comisión rogatoria que propone el Gobierno de Rajoy.
“El inconveniente es que quieren que venga sola y yo necesito venir con
mi equipo, porque de otro modo casi me tendría que quedar a vivir aquí y
no puedo dejar mi juzgado, entre otras cosas porque hay elecciones en
mi país y yo tengo también responsabilidad sobre el proceso electoral”.
Pese a tantos inconvenientes, la magistrada argentina mantiene la
esperanza en que “en un año como mínimo” puedan sustanciarse las
primeras imputaciones en esta causa por el genocidio franquista con las
correspondientes órdenes de detención cursadas al Gobierno español: “Yo
me lo imagino.
A Pinochet no lo dejaron detener pero también fue perseguido en Chile.
Contreras y otras personas fueron detenidas en Chile en base a los
elementos acusatorios que nosotros les facilitamos. Acá estuvo detenido
Arancibia Clavel, que había pertenecido a la DINA chilena”.
María Servini traza en su horizonte una hoja de ruta similar a las
consecuencias que se derivaron de la intervención a finales del siglo XX
del juez Garzón en el Cono Sur americano, e sea, abrir el camino para
que la justicia autóctona reaccione y actúe contra los represores. Lo
dice con conocimiento de causa y proyectando su intención sobre España:
“El derecho internacional llega a los países, tarde o temprano llega y,
si a la larga no aplican nuestro derecho, sí que obligan a los países a
investigar o viene la condena internacional”.
Frente a la conocida petición de Garzón -en su intento fallido de
juzgar los crímenes del franquismo- del certificado de defunción de
Franco y su camarilla golpista, la jueza argentina desvela una
orientación más pragmática de su instrucción: “Hay que ir directamente
sobre los que están vivos. Eso no quita que también se investigue la
participación de los que ya están fallecidos, porque todo hace un
conjunto del expediente. La investigación es una sola sobre un grupo que
ha trabajado de forma conjunta. Entonces,
cuando usted está
investigando a una persona que está viva, es lógico que también tenga
alguna conexión con alguien que esté muerto. Hay que investigar
las dos conexiones y al muerto no se le puede dejar de lado. No se le
puede juzgar, ni detener, pero hay que saber qué hizo y ver si agrava o
beneficia al otro imputado vivo”.
María Servini es una jueza muy sensibilizada con el tema de los
derechos humanos cuya actuación fue determinante para condenar al
asesino del general demócrata chileno Carlos Prats en Buenos Aires, un
ex agente de la policía política de Pinochet. También cuenta con una
experiencia positiva en el tema de los niños robados, habiendo logrado
devolver a varios menores a sus familias biológicas. Contra viento y
marea, la jueza argentina, optimista, concluye su única entrevista
periodística lanzando un mensaje de esperanza a las víctimas del
franquismo: “Les pido un poquito de paciencia, que esto va a salir
adelante. Que
vamos a tomar declaración a todos los que
necesitan declarar, a todas las víctimas, que lo haremos yendo allá o
viniendo la gente acá. De alguna forma esto se va a solucionar. La justicia, tarde o temprano, llega. Que tengan esperanza, que va a haber justicia”.
Fuente:
http://www.publico.es/internacional/455538/la-jueza-argentina-calcula-que-habra-imputaciones-por-los-crimenes-del-franquismo-en-un-ano
