20.03.2013.
Ruinas
del IES Lloixa de Sant Joan. centro abandonado por la Consellería de
Educación. Curiosamente, en ese terreno, cedido a la Universidad Privada
Religiosa, se construirá un centro de estudios privado.
El colectivo de trabajadores de la
Enseñanza Pública es, como otro de tantos, de los más afectados por los
recortes. Desde 2010, casí 6.000 profesores han dejado de trabajar para
siempre, muchos de ellos, a pesar de años de dedicación, de aprobar las
“oposiciones” y de una vocación de servicio público fundamental. El
maestro y el profesor son los que forman a todos aquellos que ejercen
cualquier profesión en el futuro.
Aunque desde determinados ámbitos se ha
pretendido criminalizar al colectivo como unos “privilegiados que solo
defienden lo suyo”, con el concurso de algunas AMPAs vinculadas al color
de la Administración -o directamente con presidentes que ostentan el
carnet de militante del PP-, como si los profesores, por el hecho de
serlo tuvieran vetada la defensa de sus intereses, la opinión pública
tiene una alta valoración del colectivo. Sin ir más lejos, los últimos
datos del CIS mostraban que, junto a los médicos, se trataban de uno de
los colectivos más valorados por la opinión pública.
En las últimas semanas, y surgido del
laboratorio de ideas de la FAES, se ha venido repitiendo machaconamente
un cambio en la forma de seleccionar al profesorado interino,
argumentando una supuesta mejora de la calidad educativa. No deja de
tener guasa que ese cambio sea propuesto por los mismos que están
llevando la Educación Pública y al país entero a la ruina. Los mismos,
exactamente, que despidieron a 6.000 profesores en la Comunidad
Valenciana. Los mismos gobernantes que han reducido el presupuesto en un
27% y que han masificado a los alumnos, creando situaciones
verdaderamente tercermundistas, como alumnos sentados en el suelo en un
Instituto de Benidorm, publicado en Información en septiembre.
Como no cuela, como entre la opinión
pública no es aceptable que los mismos que, durante años, han formado a
ingenieros, médicos o licenciados de todo tipo que son reclamados en
países extranjeros porque, desgraciadamente, aquí no tienen futuro, sean
ahora unos trabajadores listos para ser desechados, es necesario poner
en marcha la técnica tradicional para conseguir lo que racionalmente no
se puede conseguir: una buena campaña de desprestigio.
Para ello, desde la Comunidad de Madrid,
liderada en Educación por la legionaria de Cristo Lucía Figar, se
filtra un informe que se hizo a aspirantes en 2011, como si realmente
todos esos aspirantes estuvieran ejerciendo de profesores o maestros. Y
entonces, se difunde ampliamente, de forma sesgada, indignándose:
maestros que escribieron “havía”, etc. Cuando eran “aspirantes a
maestros”. Y entonces, con ello, se pretende justificar, por ejemplo en
la Comunidad Valenciana, una rebaremación de las bolsas para dar entrada
a los mejores, porque los que están trabajando no son “válidos” (aunque
la prueba, repito, se realice a aspirantes a maestro y no a maestros
interinos).
La realidad es que interesa deshacerse
de miles y miles de profesores de la Escuela Pública, porque no creen en
ella. Porque la detestan. Porque ya pasaron los tiempos en los que a
los maestros y profesores podían fusilarlos de verdad, ahora se
conforman con fusilarlos ante la opinión pública.
El estudio sería interesante si se
incluyera a los docentes de centros concertados que jamás superaron una
oposición y donde, a pesar de existir gran parte de profesionales,
también existen contrataciones vergonzosas de gente que no tiene
siquiera la titulación para impartir determinadas materias especificas
pero si la recomendación de fulano o mengano. O quizá también sería
interesante realizar dichas pruebas al profesorado de religión de
centros públicos, que a pesar de cobrar la nómina de la Administración,
jamás realizaron prueba alguna ni examen específico de entrada. Pero,
sobre todo, sería interesante hacerlo sólo a docentes, no a aspirantes a
docentes de la pública. Y tener, quizá también, los datos de cuantos de
esos aspirantes estudiaron en una universidad pública y cuantos en otro
tipo de universidades. Seguramente comprenderíamos muchas cosas.
Como trabajador de la Enseñanza,
interino, no puedo aceptar esa campaña contra mis compañeros de
profesión. Soy de los que, con el nuevo sistema, mantendrían su puesto
de trabajo, mientras no acabemos en el paro por nuevos recortes o en
tanto no se vuelvan a revisar los criterios para trabajar en la
Enseñanza. Pero no puedo aceptarlo. Es intolerable que la labor de miles
de profesores interinos, que contínuamente se están formando, que
desempeñan su labor de una forma profesional mayoritariamente, que
fueron contratados durante años porque a la Administración le salía más
barato mientras esa misma Administración se negaba a convocar procesos
selectivos para contratar profesorado estable, sea pisoteada y
ninguneada de esa forma. Es inaceptable.
Primero fueron a por los interinos que
han sido despedidos durante los últimos tres años. Ahora es el turno de
los interinos que tienen más tiempo trabajado, y en el futuro será de
quien quede trabajando dentro de la Escuela Pública. Porque no debemos
llevarnos a engaño. No se trata de calidad educativa. ¿Qué calidad
educativa defienden quienes han despedido a 6.000 docentes de 53.000 y
han recortado el presupuesto en Educación un 27%? La respuesta es fácil:
Ninguna. Aqui de lo que se trata es de ir cargándose al nervio de la
Enseñanza Pública para dejar que muera lenta y dolorosamente. Y el
nervio son sus trabajadores. Pobre de aquel que aún no lo haya
entendido. Pobre también aquel que piense que los pirómanos de
Consellería pueden ser bomberos al mismo tiempo.
El día que, si les dejamos, consiguiesen
su objetivo, comprenderíamos el porqué de todo este proceso, que no es
otro que convertir a la Enseñanza Pública en algo marginal y
asistencial, como lo era durante el siglo XIX. Y el que quiera
Educación, que se la pague. Curiosamente, que se la pague en las mismas
empresas y entidades no demasiado alejadas de los que apuñalan a la
escuela pública con decretazos desde oscuros despachos.
Quizá, a ellos, empezando por la
inmombrable e incompetente María José Català o por la ultracatólica
Lucía Figar, sí que habría que realizarles un test para ver si son
competentes o no para desarrollar la función que realizan, a pesar de
que ambas no han trabajado en otra cosa que no fuese cobrar el
sueldecito por los servicios prestados. Aunque tengo la seguridad de que
el resultado no sería necesario saberlo, lo podemos ver con nuestros
propios ojos.
