Esgrimiendo
el uso de aviones para la represión de las protestas pacíficas, el
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
adoptó una resolución, el 19 de marzo de 2011, para imponer sanciones
contra el gobierno oficial de Libia.
En virtud de esta resolución,
en los cielos de Libia se estableció una zona de exclusión aérea, por la
que los países que conforman la Organización del Tratado para el
Atlántico Norte (Otan) lanzaron bombardeos contra las fuerzas e
instalaciones gubernamentales en el país para derrocar al líder de la
revolución del país norafricano, Muammar Al Gaddafi, hecho que se
concretó con su asesinato en octubre de ese año, y luego apropiarse de
las inmensas reservas de petróleo y del mar de agua dulce que se
encuentra debajo de las arenas del desierto de Libia.
Según la Organización de los
Países Exportadores de Petróleo (Opep), Libia posee reservas petroleras
de unos 50 mil millones de barriles recuperables. Las acciones de la
italiana ENI, la española Repsol, la francesa Total y la británica BP se
dispararon el día de la caída de Trípoli.
Lo que antes hacía una empresa
estatal petrolera libia, pronto lo continuarían las petroleras europeas.
Ello se tradujo en un millón y medio de barriles de producción diaria,
que ya no está en manos de la población del país árabe, mientras que las
ganancias anuales superan los 30 mil millones de dólares, refiere el
sitio web elmalvinense.com.
Igualmente, sus reservas
gasíferas se calculan en 500 millones de metros cúbicos y el inmenso
desierto de Libia, también constituiría una de las reservas ideales de
la energía solar y eólica para Europa, continente en búsqueda angustiosa
de alternativas para salir de su profunda crisis económica.
La coalición “humanitaria”
La coalición “humanitaria”
Como ha sucedido en los últimos
30 años, Estados Unidos impulsó la intervención de la Otan, apelando a
la “colaboración” de sus aliados —Francia, Gran Bretaña, Italia, Qatar y
Emiratos Árabes Unidos—, a diferencia de la invasiones que encabezó en
Afganistán e Irak, donde desplegó su fuerza militar de forma unilateral.
Con esa zona de exclusión aérea
aprobada por la ONU, se prohibió el vuelo de aviones de la Fuerza
Armada libia en su propio territorio con la excusa, de las potencias
occidentales, de permitir agilizar la “ayuda humanitaria” y así
“proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo
amenaza de ataque”.
Sin embargo, en Estados Unidos
sectores del Partido Republicano hablaban aquel año de establecer “un
protectorado de la Otan” en Libia. Paul Wolfowitz, que fue subsecretario
de defensa de ese país, más tarde, presidente del Banco Mundial, y uno
de los arquitectos de la guerra en Irak, publicó una carta abierta al
presidente estadounidense, Barack Obama, incitándole a convertir Libia
en un “protectorado bajo el control de la Otan en nombre de la comunidad
internacional”.
Así las cosas, durante siete
meses, Estados Unidos y la Otan llevaron a cabo 30.000 misiones de las
cuales 10.000 eran ataques ofensivos de aire, con más de 40.000 bombas y
misiles. Además, las fuerzas especiales se infiltraron en Libia y
también se financió y armó grupos tribales hostiles al gobierno de
Trípoli. La operación en su totalidad fue dirigida por Washington.
El saldo oficial de la masacre
al pueblo libio es: 120 mil muertos, 240 mil heridos, 70 mil personas
encarceladas sin haber sido procesadas, 28 mil desaparecidos y más de un
millón de desplazados de esa “guerra humanitaria” de la Otan y el
llamado Consejo Nacional de Transición (CNT), que contó con el auspicio
de la ONU.
Medios de comunicación y el apoyo a la conspiración
Medios de comunicación y el apoyo a la conspiración
El ataque indiscriminado de la
coalición occidental contó con el espaldarazo de las grandes
corporaciones mediáticas que crearon mitos y mentiras sobre la situación
libia, así como una ola de racismo en esa nación.
Al respecto, en aquellos días
el periodista de Telesur Rolando Segura, enviado especial a Trípoli
(capital libia), manifestó que “en Libia había una cantidad de
inmigrantes, negros, chinos. Los chinos tuvieron la oportunidad de que
su país lo repatriaran, pero a los africanos les quedó sólo la salida
por tierra y la mayor parte tuvieron que salir por mar. Se habla de
miles de muertos africanos que intentaron salir por mar”.
Asimismo, indicó que “muchas de
las personas que se han visto en fotos asesinadas son personas negras.
Es una ironía porque Libia hizo una lucha por la unidad africana y los
pueblos de África”.
Segura enfatizó también que
otras grandes mentiras se propagaron por los medios de comunicación, que
hicieron ver que el conflicto en Libia fue interno entre los rebeldes y
el Gobierno.
“Mi primera impresión es que
esto es una guerra de la Otan, de las grandes potencias internacionales.
Se habla que desde el 2005 la CIA (Agencia Central de Inteligencia) ya
venía trabajando en la conspiración contra Libia”, resaltó.
La periodista Leonor Massanet
Arbona publicó el 11 de octubre de 2014, en el sitio Tercera Información
el artículo “En Libia no hay guerra civil”, en el que explica cómo la
política belicista de Estados Unidos pasó de acciones directas a
arremetidas solapadas, bajo la mirada cómplice de los medios de
comunicación.
“Es importante comprender el
cambio en la política de invasión de EEUU y los países autodenominados
‘avanzados’. Mientras en el pasado EEUU mandaba a sus jóvenes a invadir
otros países, la experiencia les enseñó que se creaban demasiados
enemigos dentro del pueblo norteamericano y les hacía quedar muy mal,
sobre todo cuando sus planes son de cambiar las fronteras de medio mundo
a costa de las personas. Por esto, el nuevo sistema de invadir países
es utilizando empresas de la guerra que adiestran y pagan a mercenarios
de todo el mundo y especialmente los de la misma raza del país a invadir
y, sobre todo, controlando los medios de comunicación lo que les
permite engañar a la gente y hacer creer a la población lo que les
interesa”, reflexionó la comunicadora.
En la actualidad, tras la
invasión estadounidense a Libia y la caída de Muammar Al Gaddafi, la
economía de ese país se ha desmoronado, los campos petroleros y los
puertos están inmovilizados; la educación, vivienda y alimentación, que
eran considerados como derechos fundamentales, han colapsado y se han
incrementado las guerras internas por el control de los recursos
naturales, desatados entre grupos rebeldes y el gobierno de transición.
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