sábado, 30 de agosto de 2014
El PP multará con 15.000
euros a los funcionarios de la sanidad pública que se manifiesten
reivindicando los derechos que les han robado.
El gobierno de Dolores
Cospedal (Castilla-La Mancha) ha realizado el experimento para comprobar
si surte efecto a la hora de frenar manifestaciones y de callar a
determinados sectores reivindicativos. Concretamente se utilizó el caso
de la 'marea blanca' de funcionarios sanitarios. El gobierno de la
Junta, a través de los responsables del SESCAM, les amenazó con 15.000
euros de multa a cada uno de los participantes si se manifestaban con
sus batas blancas o si colocaban algún anuncio o cartel en una zona
prohibida.
Castilla-La Mancha es el conejillo de indias del gobierno
La aprobación de esta
ley se realiza en tres fases: en primer lugar se usa Castilla-La Mancha
como campo de pruebas para comprobar si se reducen las manifestaciones.
Una vez probado, desde el gobierno central se pide a las comunidades
autónomas controladas por el PP que empiecen a realizar las mismas
prácticas, mientras que desde Madrid se aprueba la ley que prohíba estas
manifestaciones a nivel nacional. Una vez aprobada la ley, las
comunidades que no controla el PP no tendrán más remedio que cumplir ese
dictamen.
Estas medidas llegan a
nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas, pensando
principalmente en ellas, y también a medio plazo de cara a las generales
para las que quedan más de un año. Se unen a las medidas de
"regeneración democrática" del gobierno y a los diversos copagos que se
contemplan para las comunidades autónomas.
Concretamente en el caso
de Castilla-La Mancha, la secretaría general del SESCAM aprobó una
directriz el 30 de enero de este año por la que amenaza a los
funcionarios que se manifiesten con multas de 15.000 euros e incluso
pide a los funcionarios que delaten o se 'chiven' sobre compañeros
funcionarios que lo hagan.
El gobierno nacional
esgrime los artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público, donde se habla de su código de
conducta, para aprobar esta ley, aunque no obstante desde el gobierno
señalan que simplemente van a controlar su cumplimiento.
Los retrógrados se amparan en los Artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público
El artículo 52 señala:
“Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán
actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad,
neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad,
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad,
accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y
medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres".
El artículo 54 son
determinados puntos de buena conducta para los funcionarios, entre los
que están: "Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus
superiores y a los restantes empleados públicos. El desempeño de las
tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma
diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Obedecerán
las instrucciones y órdenes profesionales de superiores, salvo que
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo
caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de
inspección procedentes".
Dichos artículos tienen
una interpretación bastante ambigua y en ningún momento se especifica
nada del derecho a manifestarse para el funcionariado, de hecho como
derecho de todos los trabajadores se podría decir que incluso se
defiende en la frase "obedecerán las instrucciones y órdenes de sus
superiores salvo que constituyan una infracción". Según esa frase un
superior, de prohibir manifestarse a un empleado, debería poder ser
investigado ya que negaría derechos fundamentales del trabajador
Elrevolucionario.es
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