En nuestro anterior artículo de “El Laberinto Andaluz” realizábamos
un análisis bastante crítico del pacto de gobierno de coalición en
Andalucía entre el PSOE y la coalición Izquierda Unida. En dicho
artículo señalábamos los flecos oscuros que ha tenía dicho “matrimonio”
: Juntarse y realizar pactos con un partido tradicional de la
oligarquía que ha estado durante más de 30 años consecutivos gobernando
la comunidad autónoma más pobre de todo el Estado. El coste coste
político que podía traer gobernar junto con un partido que en 30 años
no ha hecho nada por mejorar el nivel de vida y desarrollo de Andalucía,
a parte de unas pocas obras con fondos europeos, subsidios, etc.. Un
partido que ha gobernado Andalucía como si fuera un cortijo, haciendo y
deshaciendo a su antojo en las administraciones públicas, cuyos
principales dirigentes políticos se han visto salpicado por escándalos
de corrupción mayúsculos en donde también se han visto implicados
empresarios y burócratas sindicales afines.
Este partido en marzo del 2012 se
encontraba desprestigiado ante las masas populares andaluzas
respondieron en las elecciones autonómicas con un trasvase masivo de
votos a IU y una abstención significativa, bajo esta base se formó el
gobierno de coalición PSOE-IU en Andalucía. En el anterior artículo
señalábamos las enormes limitaciones que existían en la pretensión de
gobernar para los intereses de la mayoría exclusivamente desde las
instituciones y coaligado con un partido oligárquico. Este pacto sólo
podía terminar de dos formas, la ruptura cuando las relaciones y
convergencia de intereses entre ambos grupos político no diesen más de
sí o la progresiva quemazón y desprestigio de Izquierda Unida ante sus
militantes de base y votantes tradicionales al ver que la izquierda transformadora
no gobierna de manera muy diferente al partido social-liberal o incluso
a la derecha más rancia, por su parte su participación en el gobierno
supondría la recuperación por parte del PSOE en Andalucía de la imagen
de izquierdas ante una parte del electorado.
En los últimos días debido a un hecho
relevante todas las contradicciones han saltado de repente. El pasado
domingo 6 de abril se producía el desalojo de la famosa Corrala “La
Utopía” en Sevilla, una serie de edificios ocupados por decenas de
familias sin hogar, a pesar de que la Junta llevaba desde febrero
intentando frenar el auto del Juez. El desalojo se realizo con una
violencia extrema, el delegado del gobierno no tuvo empacho de mandar 20
furgonetas repletas de policías para golpear a hombres, mujeres y niños
y echar familias enteras a la calle. 2 personas fueron detenidas
durante el desalojo y enseguida se convocaron multitud de protestas
vecinales por toda Sevilla, por su parte las familias desalojadas
acamparon enfrente del Ayuntamiento en señal de protesta.
Con un valiente gesto la Consejería de
Vivienda de Andalucía, controlada por Izquierda Unida, decidió saltarse
todas las trabas burocráticas y realojar inmediatamente a las familias
desalojadas en Viviendas de Protección Oficial pertenecientes a la
Junta. Sin embargo ocurrió algo inesperado, de manera unilateral, y sin
consultar con sus socios de gobierno, la Presidenta de la Junta de
Andalucía Susana Díaz decidió emitir un decreto por el cual quitaba las
competencias a la consejería en materia de adjudicación de viviendas
V.P.O.
Susana Diaz justificó este gesto
diciendo que las viviendas se habían asignado “sin cumplir los
procedimientos exigidos”, como si quitar de manera unilateral las
competencias a una consejería fuese “cumplir con los requisitos
exigidos”. No nos engañemos Izquierda Unida a llegado a unas acciones
que, aún siendo tímidas y moderadas, la oligarquía no puede tolerar.
¡Como puede la chusma sin casa ni empleo acceder con esas facilidades a
una casa! ¡Las instituciones ayudando a una panda de vagos sin oficio ni
beneficio! ¡El Estado sólo puede decretar ayudas saltándose la
burocracia a los que verdaderamente la merecen, es decir banqueros y
grandes empresarios!
Susana Diaz ha querido quitar hierro al
asunto y ha convocado una reunión de urgencia con sus socios de
Izquierda Unida, que se han ratificado en su decisión de seguir adelante
con la adjudicación de casas. Por su parte el portavoz de Izquierda
Unida en el Parlamento Andaluz, José Antonio Castro ha negado que esto
vaya a provocar una “crisis de gobierno” y defiende que la decisión de
la Consejería de Vivienda se hizo “en consonancia con el Auto judicial”.
En mi opinión este desplante ejemplifica perfectamente el carácter del
PSOE como un partido de la oligarquía y el desprecio que dicho partido
siente tanto ante las clases más humildes como hacia sus socios de
gobierno. Si la dirección de Izquierda Unida quiere recuperar algo de la
credibilidad perdida debe romper con esa caterva de ladrones, bajar de
las altas instituciones o utilizarlas para subvertir el orden político y
social existente, construyendo el empoderamiento de la mayoría desde la
base. Sólo así podrán ser un instrumento viable para los trabajadores.
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