Este
fin de semana, Izquierda Unida celebraba en Madrid su Conferencia sobre
Modelo de Estado, donde se discutía, entre otras cuestiones, la
posición de la organización sobre Catalunya y la posibilidad de su
separación del Estado español. Hoy el diario Público da cuenta del
resultado de la votación sobre la resolución final del encuentro
(http://www.publico.es/politica/500944/la-consulta-en-catalunya-divide-a-iu),
que recabó más votos en contra y abstenciones (60 votos en contra y 35
abstenciones) que favorables (85). ¿El motivo de la discordia? Que la
resolución propuesta por la dirección exigía que cualquier consulta
sobre autodeterminación en Catalunya debería realizarse dentro del marco
legal; es decir, la misma posición que viene sosteniendo el PSC, a
pesar de que cuando la cámara catalana votó la petición del traspaso de
competencias sobre materia de referéndums, estos votaron en contra.
Que la dirección de IU no consiga sacar
adelante de manera consensuada un documento de estas características, ya
es interesante y muy significativo de la cuestión, pero más lo es aun
cuando uno se detiene a observar la procedencia de los votos en dicha
conferencia y su sentido. Señala la noticia, que entre los delegados que
se han desmarcado de la propuesta, se encuentran miembros de Izquierda
Abierta (Llamazares), la CUT (Gordillo) y otros destacados dirigentes
independientes de IU. También es de suponer que algunos representantes
de EUiA no simpatizarían con la propuesta. Resulta en este momento
interesante, remontarse a los resultados de la IX Asamblea Federal de IU
para conocer los distintos niveles de apoyo que obtuvieron los
diferentes candidatos a Coordinador Federal para realizar una
aproximación al nivel de hegemonía interna que sustentan las diferentes
corrientes de esta organización. El candidato del PCE y vencedor de los
comicios internos, Cayo Lara, consiguió reunir el 43% de los votos,
mientras que las otras listas (las apoyadas respectivamente por IA,
EUiA, Ezker Batua y la CUT-BAI) obtuvieron el restante 57%. ¿Qué nos
indican estos datos? Pues que el sentido de las votaciones de este fin
de semana y, conociendo en parte cuáles son los sectores que se han
abstenido o votado en contra de la resolución de la discordia, podemos
sacar la conclusión certera de que el 47,3% de votaciones favorables se
corresponde más o menos ajustadamente con la fuerza proporcional y peso
del PCE dentro de los órganos de la organización, mientras que los votos
contrarios se corresponden precisamente con los de los demás sectores
que representaron la oposición a Cayo Lara en la IX Asamblea Federal.
¿Debemos entonces entender que el
respeto a la legalidad burguesa es el marco de actuación del PCE? O, en
caso de no ser así, ¿por qué no ejerce la hegemonía de sus
planteamientos dentro de IU, donde tiene fuerza para ello? También puede
ser que el problema no sea sobre legalidades o prohibiciones en el
marco del régimen, sino que el asunto espinoso sea la cuestión nacional
en sí misma, donde no hay valentía y determinación para plantear
abiertamente la negación del derecho a la autodeterminación —puesto que
dentro del marco legal español ésta es imposible, como bien saben
nuestros amigos del PSC e IU— de Cataluña por los motivos X que sean o,
por el contrario, apoyar este ejercicio democrático con todas sus
consecuencia. Habrá pues que ver si el problema del PCE es sobre
legitimidades y legalidades, sobre naciones y nacionalismos o, sobre
todos ellos a la vez, pero lo que está claro es que mientras siga con
esta política titubeante, el favor que nos hace a los comunistas
catalanes es poco o ninguno.
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