Traducción de Alexandre García
Estos últimos meses la actualidad social
ha sido protagonizada por distintas noticias que, a priori, no están
directamente relacionadas las unas con las otras: la armonización de los
estatutos de obreros y empleados, los proyectos del gobierno de
reformar la ley sobre los salarios (ley de 1996), las Sanciones
Administrativas Comunales (SAC), las nuevas leyes antiterroristas… Sin
embargo, todas estas medidas siempre limitan un poco más las libertades
sindicales. Nos lo explica Jan Buelens, abogado de Progress Lawyers
Network.
Jonathan Lefèvre
En España, una nueva ley prevé penas de
prisión “que pueden ir de 3 meses a un año para aquel que haya
compartido o difundido por medios públicos acciones que perturban el
orden público, como por ejemplo una manifestación no autorizada”. En
Grecia, el gobierno recurre a una ley de excepción para prohibir las
huelgas y detener a los huelguistas. Estos son “sólo” los ejemplos más
recientes y cercanos. ¿Es esto imposible en Bélgica? No es seguro, según
el abogado Jan Buelens.
¿Lo que sucede en España y en Grecia puede ocurrir en Bélgica?
Jan Buelens. En los
países donde más se hace sentir la crisis, se han adoptado medidas
contra los movimientos sociales. Un hecho particular es que se va a por
los derechos de trabajadores y sindicalistas, algo sobre lo que se ha
dudado durante mucho tiempo, debido a la fuerza de estas organizaciones.
Estas medidas se adoptan en concierto entre los gobiernos nacionales y
la Troika (el FMI, La Unión Europea y el Banco Central Europeo). Estas
medidas no son una “respuesta” a la crisis, sino más bien una aplicación
de antiguos deseos de la patronal y del Estado de disminuir derechos
sociales que fueron conquistados por el mundo obrero tras la Segunda
Guerra Mundial, notablemente en los países del sur de Europa. En
nuestros días, hay una voluntad explícita de romper el derecho al
trabajo, el derecho social, de atacar las condiciones de vida. Y los
gobiernos reprimen cada movimiento de respuesta, de protesta contra
estas medidas. Ambas cosas van a la par.
En muchos casos, estos ataques van más
lejos de lo que se conoce en Bélgica de momento. Pero si la situación de
crisis se agrava, podemos esperar las mismas respuestas por parte de
los gobiernos. Está claro que en todas partes, las libertades sindicales
están en peligro. Si la gente no se opone desde ahora a lo que está
sucediendo en los países del sur de Europa, se debilita la correlación
de fuerzas.
Recientemente usted llevó ante
la justicia, en nombre de la MWB y de la CNE, el Decreto Real sobre la
congelación de salarios. Usted dijo que el gobierno ponía en cuestión
una libertad sindical arrancada hace más de 100 años. ¿Puede explicarlo?
Jan Buelens. Hay que
remontarse a la Constitución de 1830. Se reconocía la libertad de
asociación. Pero solamente para los burgueses y no para el pueblo… Se
prohibía penalmente la colación de obreros en sindicatos. Estaba
prohibido el hacer presión para un aumento de las calidad de las
condiciones de trabajo, un aumento de los salarios. Le estaba prohibido a
los obreros el unirse, asociarse y constituir sindicatos. Hubo
movimientos muy duros, que consiguieron que se suprimiera la prohibición
de la organización colectiva en 1866. Lo resulta llamativo es que este
“delito” de organización tiende a renacer en este momento.
Concretamente, este Decreto Real prohíbe
negociar a nivel de sectores, de empresas e incluso a nivel individual
sobre los salarios – lo cual constituye una cuestión central para los
sindicatos, evidentemente. Al prohibir las negociaciones, se le pone
trabas a la libertad de negociación colectiva, y por lo tanto la
libertad sindical. Y se prohíbe una libertad de asociación más general:
la de los ciudadanos. De momento, no se va a prisión con esposas, pero
ejerce una presión moral y jurídica sobre la gente.
¿Las presiones contra los movimientos sindicales también vienen de Europa?
Jan Buelens. Del lado
europeo la libertad de negociación colectiva no ha sido reconocida. Se
alude a las constituciones nacionales, a los textos internacionales que
también fueron adoptados tras la Segunda Guerra Mundial debido a la
fuerza del movimiento obrero, de los sindicatos. Pero a nivel europeo,
desde su construcción en 1957, es la economía lo que prima sobre todo lo
demás. Lo que explica el no-reconocimiento de esta libertad. Además, se
le ponen trabas a las negociaciones debido a la presión sobre los
países de Europa del sur. La Unión Europea juega un papel nefasto, cosa
sobre la que se arroja muy poca luz. Por ejemplo, con respecto a
Bélgica, hay recomendaciones de la Unión Europea que dicen que hay que
salir del mecanismo de negociación interprofesional. Estas
recomendaciones son a veces implícitas o a pie de página, pero las
intenciones son claras.
¿Con la adopción del proyecto
gubernamental sobre la armonización de los estatutos de obreros y
empleados, se le pone fin a la concertación social?
Jan Buelens. Sí. En el
proyecto del gobierno, se dice que ya no se puede negociar sobre el alza
de los preavisos a nivel sectorial. Se ve el mismo mecanismo con los
salarios: se le ponen trabas a las libertades de los sindicatos para
negociar a este nivel. Mientras que la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) dice que los sindicatos deben poder negociar en todos los
niveles, que no sólo le atañe al gobierno el escoger los niveles en los
cuales los sindicatos pueden actuar.
Se trata claramente de una tendencia
hacia la individualización de las negociaciones colectivas. Esto se
puede hacer al nivel de las empresas. ¿Por qué ha puesto toda la carne
en el asador el movimiento social, también en Bélgica, para concentrar
las negociaciones al nivel de un sector de empresas? Para hacer que no
haya competencia entre empresas, para neutraliza la competencia social a
nivel de sectores. Tenemos una base común a todas las empresas de un
sector. Si se dice que dicha base ya no está ahí, sólo es allá donde
haya una correlación de fuerzas a nivel de empresas que se podrán tener
negociaciones al alza. Esto le supone grandes dificultades a las
organizaciones sindicales.
Esta evolución es muy peligrosa. Las
negociaciones salariales y la armonización de los estatutos son dos
grandes cuestiones del derecho laboral. Si se empieza con cuestiones de
tanto peso, uno puede esperarse que continúe con otras cuestiones, de
ahí la importancia de la contraofensiva.
Es un poco lo que hemos visto en
Inglaterra con Thatcher. Se disminuye la negociación colectiva hasta el
nivel de empresa para llegar al individuo aislado. Y entonces, el patrón
reina y el trabajador ya no puede luchar colectivamente. Volvemos al
siglo XIX, el derecho al trabajo se convierte en un derecho al silencio.
¿La nueva ley antiterrorista entra en el contexto general de criminalización de los movimientos sociales?
Jan Buelens. Ciertamente.
De nuevo, vemos cómo la ley instaura un nuevo delito, la incitación
indirecta al terrorismo, que es definida por el artículo 137 del Código
Penal: “Constituye una infracción terrorista, la infracción como la
destrucción masiva de bienes produciendo pérdidas económicas
considerables, que acarree grave perjuicio al país y es cometida
intencionadamente con el objetivo de intimidar gravemente a la población
o desestabilizar las estructuras fundamentalmente políticas,
constitucionales, económicas o sociales del país”. Esta noción es muy
abstracta, lo que plantea el problema de la legalidad sino también el
problema de la libertad de asociación, de la libertad de opinión. Si la
gente ya no puede decir que está en desacuerdo o asociarse y movilizarse
contra las medidas antipopulares o anti-trabajadores bajo pena de ser
perseguido, la cosa va muy lejos. Es necesario que esta ley sea anulada.
¿Y las sanciones administrativas comunales (SAC)?
Jan Buelens. También
son una herramienta antidemocrática, originalmente concebida contra los
perjuicios. Al principio, esto fue presentado como algo inutilizable
contra los sindicatos o los movimientos sociales, pero, en los hechos,
éste es el caso. Miembro de la Red por la Justicia Fiscal (RFJ) han sido
multados por haber distribuido octavillas en Roulers (Roeselare)
denunciando el fraude fiscal de los diamantistas.
80 militantes anti-Monsanto recibieron
una SAC por haber “participado en una manifestación no-autorizado”
[estas sanciones fueron finalmente archivadas, bajo la presión del PTB
de Amberes, entro otros, nota de la redacción]. Constatamos que es una
herramienta de represión, para meterle miedo a la gente, para tocar su
monedero. Esto esconde un objetivo distinto del de la lucha contra los
perjuicios.
Usted hablaba de contraofensiva. ¿Cómo luchar contra todos estos ataques?
Jan Buelens. Lo más
importante es hacer primero un trabajo de concienciación. Tanto sobre la
cuestión de los estatutos como de la congelación salarial, se tiende a
decir “hay debates sobre la competitividad, esto no puede costarle
demasiado a los empresarios o al Estado, hay que ser realistas, etc.”
Pero lo que se olvida es que al mismo tiempo se sacrifican derechos
fundamentales. El debate va mucho más allá que las cuestiones muy
concretas de los salarios o los costes de despido. Mediante estas dos
cuestiones se tocan derechos fundamentales, derechos de cada ciudadano. Y
debemos encontrar las palancas sobre las que actuar. Primero ver sobre
el terreno cómo se pueden llevar acciones a cabo, hacer movilizaciones. Y
combinar eso con contraofensivas jurídicas. Por ejemplo, en Portugal,
la Corte constitucional ha anulado algunas disposiciones porque eran
contrarias a los derechos fundamentales. Ambos combates deben ir a la
par.
Para ganar en el plano jurídico, hace
falta una movilización. Hace falta ligar las medidas nacionales y
europeas, y hace falta ligar lo socio-económico con lo democrático,
porque conforman un todo. El gobierno y la patronal tratan de aislar las
medidas, pero son todo un paquete. Hay que lanzar un paquete contra el
paquete.
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