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lunes, 20 de enero de 2014

ENTRE LADRONES Y JUECES DE POCA MEMORIA, ANDA EL JUEGO


 
 20.01.2014
Mercedes Alaya, la magistrada que imputa incluso a gente "virtual" no se acuerda de uno que es real y está vivo y coleando. El exgerente de Mercasevilla pide que se impute al marido de la jueza Alaya. Surrealismo "Made in Spain".

El exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet ha pedido el archivo de la causa contra él por delito societario en las cuentas de la lonja, en un escrito en el que afirma que debería ser imputado el marido de la juez instructora, Mercedes Alaya, puesto que como auditor ratificó dichos resultados.

El abogado de Mellet, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, revela la circunstancia de que el fiscal que ahora acusa a su cliente defendía, en un trabajo doctrinal de 2009, la posición opuesta sobre la responsabilidad de los directores generales y gerentes vinculados por relación laboral respecto a los "deberes de lealtad" que sí tienen los administradores de la sociedad.

El defensor de Mellet, José Manuel Carrión, afirma que en la causa concurren "hechos que afectan a la imparcialidad objetiva de la instructora" Mercedes Alaya por el hecho de que su marido, Jorge Castro García, auditó como experto de KPMG las cuentas de Mercasevilla antes de 2002 e informes posteriores afirmaron que sus resultados "no configuraban fielmente el estado de situación de la entidad".

Una segunda experta perteneciente al Instituto de Auditores Censores de Cuentas de España "detectó graves irregularidades en las Memorias de los ejercicios 2000 y 2001", dice la defensa.

Añade que, como consecuencia, "las cuentas corrientes se encontraban en números rojos debido a que no se cobraba nada ni se realizaba gestión de cobro alguna, encontrándose la empresa en números rojos dado que nada habían advertido los auditores a los administradores".

La imputación de Jorge Castro debería realizarse, según Carrión, por su intervención activa en las auditorías de cuentas que como socio de KPMG realizó sobre Mercasevilla, igual que ha sido imputado a José Ignacio Alonso Rivero, posterior auditor de la lonja.

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