01.12.de 2013
Los terrenos “ya no serán de un puñado de ricos herederos, van a ser
de sus trabajadores”, dijo el Presidente Rafal Correa
HAVANA TIMES (dpa) — El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, anunció hoy que la hacienda bananera más grande
de Ecuador, de 12.000 hectáreas, pasará a ser propiedad de sus
trabajadores y será administrada por un fideicomiso.
El mandatario se reunió hoy con los
cerca de 2.000 trabajadores de la propiedad que está intervenida por el
Estado por una acción de rentas internas y les dijo que los terrenos “ya
no serán de un puñado de ricos herederos, van a ser de sus
trabajadores”.
La hacienda “La Clementina”, hasta ahora
de propiedad del magnate ecuatoriano Álvaro Noboa, cinco veces
candidato a la presidencia de la República, fue embargada por el
Servicio de Rentas Internas (SRI) que adujo una deuda de Noboa de 93
millones de dólares por no pago de impuestos.
La hacienda está valorada
en 118 millones de dólares.
Correa indicó que para lograr un país
más justo y equitativo se debe, entre otros aspectos, democratizar la
propiedad privada y lo hecho con esta hacienda “es histórico”.
El presidente indicó que a través del
ente Corporación Financiera Nacional se otorgarán créditos a los
trabajadores, para que creen un fideicomiso que comprará la hacienda y
la administrará.
Lo importante es que esta hacienda “es
de ustedes”, indicó Correa a los agricultores, a quienes les sugirió que
elijan gerentes profesionales y les pidió que no le defrauden: “Ustedes
no nos pueden fallar, no nos puede ir mal con esta hacienda en manos de
los trabajadores”.
Al mismo tiempo, las oficinas del
empresario bananero Noboa informaron que se presentó una denuncia de
persecución política ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIHD) por la incautación de sus bienes.
En la misma, se acusa al gobierno de una
“implacable” persecución política y ausencia de garantías para un
proceso judicial justo en Ecuador.
El caso del embargo de la hacienda “La
Clementina” y de otros bienes de Noboa, opositor político, se derivan de
un proceso judicial que desde hace cinco años ha buscado cobrar una
supuesta deuda tributaria del ex candidato presidencial con el Estado
ecuatoriano.
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