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domingo, 1 de diciembre de 2013

CÁDIZ: NUEVE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL OCUPAN EDIFICIO ABANDONADO SIN AGUA NI ELECTRICIDAD

Domingo, 01 de Diciembre de 2013 

Es el relato de Ana María, Pili, Teresa, Lucía, Rosario, Aysha y Nazaret. Han ocupado el número 43 de la avenida de San Severiano, entero, todo el edificio, cada piso. Obligadas por la pescadilla de la crisis que muerde una y otra. 
 
 
 

Pilar Solís

La historia que está a punto de leer es la de siete mujeres que han encontrado en la frialdad de una finca deshabitada lo más parecido a un hogar que han visto en los últimos años.

Es el relato de Ana María, Pili, Teresa, Lucía, Rosario, Aysha y Nazaret. Han ocupado el número 43 de la avenida de San Severiano, entero, todo el edificio, cada piso. Obligadas por la pescadilla de la crisis que muerde una y otra. Cada una tiene sus razones, su recorrido personal, ni siquiera comparten generación, pero todas ellas se han convertido en algo más que vecinas mientras intentan salir adelante con sus hijos. Hasta hace poco, eran 12 las familias que ocupaban el inmueble entero pero «no es fácil estar aquí y muchas se han ido a otro lado».

Ellas aguantan porque no tienen otra opción. «No quiero volver a la calle», confiesa una de ellas. Ahora quedan nueve familias, una decena de adultos y veinte menores. No son las únicas. En este año, la Policía Nacional ha recibido 15 denuncias por ocupación de viviendas. Un número que a priori puede parecer insignificante pero que cobra relevancia si se tiene en cuenta que no se registró ninguna en 2012 y que en Cádiz no ha tenido mucha repercusión el movimiento okupa salvo en contadas ocasiones como la casa Yoga, Valcárcel o el número 18 de Manuel Rancés.

Desde el grupo de Seguridad Ciudadana II de la Comisaría de Policía reconocen que a pesar de no disponer de estadísticas sí que ha «habido un aumento de 'okupaciones'». No hay una zona determinada, allí donde hay una casa disponible con un acceso fácil, entran. «En muchos casos son vagabundos que intentan reguardarse en alguna de las casas y que en cuanto les pedimos la identificación se van». El pasado julio requirieron su presencia en la calle Cristo de la Misericordia y tiempo después en el 14 de Rosario Cepeda. De la ocupación de San Severiano tienen algunas noticias aunque el caso se encuentra ya en manos de la Fiscalía después de que la propietaria de la finca interpusiera una denuncia contra los okupas.

A veces, en la mayoría de las ocasiones, resulta difícil tratar estas situaciones «porque hemos comprobado que en muchos de los casos son familias, personas que hasta ahora no pensaban que acabarían así».

«No tenía más opciones»

La línea para que la ocupación sea delito es muy fina y por ello en la gran mayoría de los casos hay que esperar al dictamen de un juez para poder actuar, algo que suele llevar varios meses. En San Severiano 43, Antonio Barrera ya ha recibido la notificación judicial por haber entrado en una de las viviendas el pasado febrero. «Me fui en julio porque después de mucho tiempo moviéndome y yendo a las distintas administraciones he conseguido una casa pero aún tengo pendiente el juicio». Tanto Antonio como su pareja se enfrentan a una multa superior a mil euros cada uno, una cantidad que ya advierten no saben si podrán abonar «porque yo llevo en el paro dos años y medio». Echando la vista atrás, sabe que volvería a hacerlo «porque la necesidad así me lo impuso, lo hice por mí y por mi familia. No tenía más opciones».

Hace cuatro meses que Antonio se fue del número 43 de San Severiano pero allí quedan todavía nueve familias, nueve mujeres que se agarran a la esperanza como a un clavo ardiendo. «Vivimos con el miedo en el cuerpo porque puede venir cualquiera y echarnos». Llevan una semana con la luz cortada y cuatro con sin agua. «Vamos con velas y nos ayudamos como podemos». Hoy lo cuentan siete de ellas.

Sentadas en el sofá de la casa que ocupa Rosario, aferrándose a las batas para combatir el frío que entra por la ventada, se juntan todas para hablar. En sus caras se reflejan los años duros vividos, en algunos casos al lado de las drogas. «Aquello ya se acabó», cuenta Ana María, «hace ocho años que estoy limpia y no pienso volver a eso. Estoy aquí para luchar por mí y por mi familia».

Aysha Elmortada, 23 años

Primer piso«No podía seguir en casa de mi abuela, vi la puerta abierta y entré»

De las nueve familias que quedan, la de Aysha fue de las primeras en llegar hace ocho meses. «Aquí ya había gente viviendo, yo sólo vi la puerta abierta y entré». Lleva cuatro años de un lado para otro con su hijo pequeño. Estuvo trabajando pero hace siete meses se quedó en paro. «Me fui entonces a casa de mi abuela porque yo no tengo padre ni madre. Allí vivía con ella, con mi hermano y tres primos. Yo dormía en el sofá con mi hijo y no podía seguir así».

Sabía que había viviendas vacías «porque conocía a gente del Cerro del Moro que estaba realojada aquí porque esto entonces era de la Junta». Aysha se refiere al convenio firmado entre la Administración andaluza con la propietaria del inmueble para el realojo de familias, un convenio que finalizó en mayo por lo que la titularidad volvió a la propietaria original. «Cuando yo llegué sólo había dos familias más, una de okupa y otra de realojo». Pronto corrió la noticia «y esto se llenó enseguida». Ahora dice que va «tirando» como puede. Es la primera de las que quedan que ha recibido una orden de desalojo, una especie de sentencia sin condena judicial pero con fecha fija: debe irse el 16 de diciembre. En apenas dos semanas. «No pienso irme», asegura.

Rosario Utrera

Primer piso«Lo único que pedimos es tener una vida en condiciones»

Rosario ha vivido siempre con sus cuatro hermanos «porque cuando tenía 16 años murieron mis padres». Al principio todo iba bien, «porque estábamos solteros» pero llega el momento de asentarse «y de tener los hijos». Allí vivían todos, pero «hemos llegado a un límite en el que no cabemos». Rosario asegura que ha estado siempre buscándose la vida. «He estado trabajando en Alicante, Benidorm, Tenerife pero al final, después de siete años dando vueltas, necesitas quedarte en un sitio. Hasta hace dos meses estuve trabajando de ayudante de cocina pero ahora no cobro nada». No entiende como se ha llegado a esta situación. «Tenemos derecho a vivir en Cádiz». Rosario cuenta que no lo ha tenido fácil: «Colegios internos, sin recibir ayudas. Nunca nos han dado nada pero ahora lo único que pedimos es una vida en condiciones, una que no hemos podido tener todavía».

Lucía Díaz, 36 años

Segundo piso«Aquí no ha venido nadie de Asuntos Sociales a preguntar»

Lucía Díaz llegó con su pareja y sus dos hijos. Hasta hace cuatro meses trabajaba como auxiliar de una clínica y vivía con su madre. Pero aquello era insostenible. «Me iba a trabajar y cuando volvía la encontraba medicada. No podía con mi hijo de 17 años. Ahora que llevo ocho meses aquí, la relación con ella es buena y eso no lo quiere mirar Asuntos Sociales». Lucía se queja que en ese tiempo no haya ido ningún trabajador de este área a verles. «No saben quién está aquí ni qué nos pasa».

Teresa Fernández, 61 años

Tercer piso«Esto es lo que hay. Si me echan me voy a la calle»

A sus 61 años, Teresa no se imaginaba de okupa. Pero «la vida es así». En abril le comunicaron que iba a ser desahuciada después de estar tres meses sin pagar el alquiler. Su marido se había quedado parado. «No esperé a que viniera el juez a echarme. No quería montar una feria. Mi hermana me dijo que había una vivienda libre y vine con mi marido y mis hijos: una de 16 años, otro de 25 y otra con su marido». Teresa resume su situación: «Esto es lo que hay. No tengo ningún sitio al que volver. Si me echan, me voy a la calle». Aquí lo pasa mal la gente «pero la que peor lo estoy pasando soy yo».

Pilar Mediavilla, 35 años

Tercer piso«Llevo cuatro años yendo al Patronato de Vivienda y nada»

Pilar es vecina de Guillén Moreno pero al igual que Rosario eran demasiados en la casa: 12. «En una habitación dormíamos los dos adultos con tres hijos». A eso se suma que su hermana y su cuñado tienen problemas de drogas «algo que no quiero cerca de mis hijos». Está cansada de ir al Patronato de Vivienda en busca de solución. «Cuatro años, hablando con el concejal, con los asistentes... Pero nada». Cuando se enteró de las viviendas vacías, «me lié la manta a la cabeza y me metí».

Ana María Álvarez, 32 años

Segundo piso«No puedo volver a mi casa. Tengo que buscarme la vida»

Ana María está harta de dar vueltas a la búsqueda de alguna esperanza. «He estado en San Severiano, en Puntales, en Chiclana, en una nave tirada de Cortadura y ya no puedo más». Está con un tratamiento de metadona a pesar de llevar ocho años rehabilitada. Lo único que pide es un techo «porque yo en mi casa no puedo estar porque allí hay muchas cosas. Me llevo muy mal con mi hermano y no puedo dar más disgustos y tengo que buscarme la vida por mí misma porque no podemos seguir así».


Nazaret Salido, 23 años
Tercer piso«He entregado siete solicitudes pero no me atiende nadie»

Nazaret habla deprisa, rápido, se atropella. «Son los nervios», reconoce. Ella es soltera, tiene dos hijos, uno de cuatro años y otro de doce meses y no recibe ni manutención ni ayudas. «No me atiende nadie, ni desde el Patronato ni desde la Junta. He entregado siete solicitudes para que me reciban pero aún no lo han hecho». Hace un año y medio que se fue de su casa porque convivían nueve personas «y sin entrar dinero». Al igual que sus vecinas, Nazaret no se niega a pagar un alquiler, «pero que se ajuste a nuestras necesidades». Todos piden lo mismo: una vivienda digna.

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