Julio AnguitaAnte nuestros ojos de ciudadanos, ante los sindicatos, ante las fuerzas políticas y ante intelectuales, juristas y personalidades del pensamiento, se está acabando de instalar un modelo productivo cuya principal característica es la ausencia de derechos sociales de ningún tipo. Y se está instalando por la vía de los hechos consumados y bajo el paraguas de la crisis y la respuesta a la misma.
Que en definitiva estemos asistiendo a un golpe de Estado incruento y a cámara lenta no es sino la evidencia que surge de comparar el texto constitucional de 1978 y la realidad que nos enmarca y nos angustia y el futuro que nos depara. Hace ya dos décadas que los economistas europeístas lo confesaban paladinamente en conferencias, diversos foros y en revistas.
Su lógica era impecable, tan impecable como su coherencia ideológica con el alma matriz de la Escuela de Chicago. Una lógica, por otra parte, a distancias abisales de los DDHH, la justicia social o el sentido común. Es ahora, cuando los cándidos europeístas de antaño se rasgan las vestiduras y confiesan haber sido engañados, cuando debemos pedirles consecuencia con su descubrimiento e instarles a la construcción de un nuevo paradigma porque corre una especie de consigna, proyecto o deseo, consistente en plantear un proceso constituyente; es más, algún que otro político de campanillas anuncia la necesidad de cambiar o modificar el texto constitucional.
La idea no estaría mal si antes no reparasen en que cambiar un documento es relativamente fácil. Lo que ya es harina de otro costal es cambiar lo que se denomina Constitución Material, es decir, los intereses económicos y sociales que hacen posible una nueva constitución. Con estos mimbres no se puede hacer nada. En consecuencia si queremos cambiar de constitución y de paradigma se impone un bloque social alternativo que ponga en cuarentena los ucases de la troika. Todo lo demás son brindis al sol.
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