CRIMINALIZANDO LA PRACTICA HUMANITARIA

La reforma de Gallardón criminaliza prestar hospitalidad a sin papeles




Ayudar a inmigrantes irregulares podría ser penado con la cárcel. La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a quienes presten su hospitalidad a extranjeros no comunitarios.


Lejos de revisar sus polémicas medidas hacia los inmigrantes, el Gobierno sigue ahondando en la desprotección de este colectivo. Una modificación en la reforma del Código Penal prevista por el Ministerio de Justicia abre la puerta a que aquellas personas que colaboran con los inmigrantes en situación administrativa irregular prestándoles asistencia humanitaria puedan ser multadas y castigadas con hasta dos años de cárcel.

Según el artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma, pendiente aún de aprobación parlamentaria, "el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años".

Una plataforma integrada por juristas, sacerdotes, profesores y miembros de la sociedad civil que acogen en sus casas a inmigrantes en situación vulnerable, advierte del riesgo de que puedan ser tratados como "criminales" y ha lanzado una campaña para pedir al Alberto Ruiz Gallardón que corrija el "desafortunado" artículo.

"El nuevo artículo 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan "sin papeles" por España", afirma en su comunicado el colectivo ‘Salvemos la hospitalidad'.

La normativa también prevé penas similares para las personas que, con ánimo de lucro, ayuden a los inmigrantes irregulares a "permanecer" en territorio comunitario, lo que a juicio de la plataforma implica que pueden ser incriminados quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú, aunque sea a bajo precio, a los extranjeros sin la documentación en regla.

El CGPJ pidió en un informe que la nueva regulación fuera más precisa

Paradójicamente, la mayor ambigüedad del nuevo texto reside en la redacción de la última parte del punto primero donde se afirma que "El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate", lo que deja abierta la posibilidad legal a que en realidad pueda hacerse efectiva la acusación.

"Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave, pues esta forma de criminalización es una opción de política criminal del legislador", denuncia la plataforma, que considera que la propia ley podría eximir directamente a quienes presten su hospitalidad añadiendo que "quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria".

Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que analiza la reforma del Código Penal también considera que el texto debería ser más concreto y aconseja que no quede implícitamente derivada al Ministerio Público la posibilidad de pedir las multas.

Justicia asegura que no se pretende endurecer las penas sino "todo lo contrario"

Desde el Ministerio de Justicia, en cambio, sostienen que el sentido de esta reforma no es endurecer las penas "sino todo lo contrario". En declaraciones a Público, el departamento que dirige Ruiz Gallardón ha justificado la modificación de la regulación vigente "para ajustarla a las exigencias estrictas de la normativa europea impuestas en la Directiva 2002/90/CE" y ha asegurado que, al contrario de lo que sucede actualmente, la nueva regulación "deja claro que solamente se sancionan las conductas por medio de las cuales se facilita directamente la entrada ilegal o el tránsito en España" y rebaja "radicalmente" las penas.

"Se puede no perseguir el delito cuando se actúa por motivos humanitarios", insiste el Ministerio, que recuerda que el texto no es definitivo y subraya que el sentido correcto de la reforma es "justamente el contrario" del que se ha trasladado por plataformas como ‘Salvemos la hospitalidad'.

"Falacia argumentativa"

Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, considera sin embargo que las palabras de Justicia son una mera "falacia argumentativa". "Estamos en el terreno de la retórica, como cuando se habla de "modular" el derecho de huelga. En el nuevo artículo se incluyen supuestos que antes no estaban incluidos y si el Gobierno pretende cambiar la legislación es por algo", afirma en conversación con este diario.

JPD considera "inadmisible" y un "contrasentido" el nuevo artículo del Código Penal

"Es inadmisible que se puedan penalizar este tipo de conductas. Entendemos que de ningún modo la vía penal puede ser la solución a estos problemas porque lo que se pretende, una vez más, es meter en el ámbito de la delincuencia cuestiones sociales. Es un contrasentido. Hay que dejar el texto como está o bien eliminar cualquier duda interpretativa", añade.


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Yo me lo privatizo, yo me lo como

El caso de Juan José Güemes se suma a la lista de exconsejeros y altos cargos de la sanidad madrileña que ahora forman parte de las empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno regional.

El exconsejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, se lucrará ahora con la privatización que él mismo aprobó hace cuatro años. Es el tiempo que ha tardado en cruzar la puerta giratoria que comunica lo público con lo privado. El mecanismo consta de dos pasos, uno en cada lado de la puerta. En este caso, durante su paso por el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Güemes adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños a la Unión Temporal de Empresas. Y ahora, estando ya en el otro lado de la puerta, la empresa en la que es consejero de Administración (Unilabs) compra el 55% de esa compañía a la que adjudicó, para un periodo de ocho años, la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales y de los centros de atención primaria de su área de influencia.
El caso de Güemes se suma a la lista de exconsejeros y altos cargos de la sanidad madrileña que hoy forman parte de las principales empresas concesionarias de la privatización que lleva a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Güemes sigue el ejemplo del también exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela, que forma parte de Madrid Medical Center, una asociación para potenciar el turismo sanitario "de excelencia" que está formada por los principales hospitales privados de Madrid y entre cuyos clientes están Capio Sanidad, Clínica La Luz y Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz.
Otro ejemplo es el actual director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, que fue director médico de la aseguradora privada Adeslas e ideólogo del modelo privatizador de la sanidad valenciana y luego trasladad a Madrid. Asesoró a Capio para poner en pie el hospital de Valdemoro, que está inspirado en el proyecto del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), que resultó deficitario. También en el País Valencià Manuel existe el caso de Manuel Marín, que fue nombrado comisionado de la Conselleria de Sanitat valenciana en la comarca de La Ribera. Se dedicaba a fiscalizar a Ribera Salud UTE, la empresa adjudicataria de la atención sanitaria y la misma que, siete años después, lo contrató como director del departamento de salud.

Güemes sigue el ejemplo de Manuel Lamela, vinculado a empresas concesionarias de la privatización sanitaria

Pero la puerta giratoria no sólo la utilizan políticos y empresarios, también flirtean con ella sus familiares y allegados. Por ejemplo, Teresa Echániz, hermana del secretario de Sanidad del PP y consejero del ramo en Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, trabaja en Capio Sanidad. "Pero empezó después de que su hermano dejara de ser consejero de Aguirre y antes de que lo fuera en Castilla-La Mancha", explican fuentes de esta empresa beneficiaria de la privatización madrileña.
Elena Arias, actual gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, fue directora de Recursos Humanos del Grupo Sanitario IDC (ahora Capio Sanidad) entre 2001 y 2007. Aun así, actualmente aparecía como apoderada del Grupo Capio, algo que la empresa asegura que "se debe únicamente a un error material", informa Europa Press.
Algunas fuentes también asocian con Capio a dirigentes del Partido Popular, como el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, o María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. No obstante, la compañía ha desmentido a Público dichos "bulos y rumores sin fundamento" y ha asegurado que ningún líder conservador tiene relación con su empresa. La propia secretaria general del PP también salió recientemente a defender su no vinculación con el grupo privado, informa Efe. "Son bulos y panfletos falsos que cobardemente se amparan en el anonimato", denunció Cospedal.

Equo e Izquierda Unida, contra las 'puertas giratorias'

A raíz del caso Güemes, Equo Madrid ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción que actúe de oficio, ante las evidencias de "posibles intereses privados en el proceso de privatización de la sanidad madrileña que la Comunidad de Madrid emprendió hace años". La portavoz del partido, Inés Sabanés, denuncia que este proceso, iniciado en 2008, "lleva tiempo preparándose y ha generado unas obligaciones con el sector privado y una deuda -incluyendo la construcción de hospitales- que se ha utilizado, precisamente, para justificar, posteriormente, el proceso de privatización de hospitales y centros de salud en 2013". "La Comunidad de Madrid ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales", ha señalado, "cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero adeuda más de 4.000 millones".
Por otra parte, el coordinador general de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Eddy Sánchez, ha afirmado que el caso Güemes demuestra "las verdaderas intenciones que hay tras la privatización de la sanidad madrileña". Sánchez ha señalado que "aunque ya se han cumplido los plazos de incompatibilidad legal, se trata de una cuestión que tanto ética como estéticamente deja mucho que desear". "Hay quienes entienden que hay una puerta giratoria entre políticas y empresa, y no", ha concluido.
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Multitudinaria 'marea blanca' por la sanidad pública madrileña

Miles de personas vuelven a manifestarse en Madrid contra el plan de privatización sanitaria aprobado por el Gobierno regional. Los sindicatos aseguran que continuarán con las huelgas para presionar al Ejecutivo que preside Ignacio González.

Las 'batas blancas' han salido a la calle por segunda vez en lo que va de 2013. Miles de personas se han manifestado este domingo en una marcha desde la plaza de Colón hasta el Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado, para protestar contra las privatizaciones aprobadas por el Gobierno madrileño. Convocados por los sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad -CCOO, Satse, Amyts, CSIT, UGT y USAE-, la marcha ha arrancado pasadas las doce del mediodía de Colón con la presencia de representantes del PSOE e Izquierda Unida, entre otros.

Al igual que en el resto de manifestaciones sanitarias, la cabecera de la marcha la ha conformado una pancarta con la consigna 'La Sanidad no se vende, se defiende', pero también se han podido observar otras como 'Por la salud', 'Pacientes sí, clientes no', 'La sanidad no es del PP, es de los madrileños' o ' Islandia, campeones'. Por su parte, a lo largo del recorrido hasta llegar al Ministerio de Sanidad se han diferenciado distintos cánticos, como 'Sí se puede', 'Sanidad pública', 'Menos asesores y más trabajadores' o 'Luego diréis que somos cinco o seis', entre otros.

Asimismo, y como sucediese en la 'marea blanca' del pasado lunes, una orquesta ha tocado instantes después del inicio de la marcha canciones en contra de los 'recortes' y especialmente contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Los cánticos han ido cobrando más fuerza según la 'marea blanca' se aproximaba al Ministerio de Sanidad, donde los consignas de 'Sanidad pública' se sentían a su paso a lo largo del Paseo del Prado, cortado desde Cibeles en dirección a Atocha.

Unidad sindical contra la privatización

Unos minutos antes de que comenzara la marcha, Julián Esquerra, portavoz de Amyts, ha asegurado que sindicatos, asociaciones y ciudadanos seguirán saliendo a la calle "unidos" contra los planes privatizadores de la Comunidad. "Seguiremos así hasta que se retire este plan de poner en manos de empresas privadas la salud pública de los ciudadanos", ha avisado, antes de anunciar que continuarán convocando huelgas mientras la Comunidad no paralice su programa privatizador.

Igual que Esquerra, la secretaria general de la federación de Sanidad de CCOO, Rosa Cuadrado, ha destacado que las movilizaciones continuarán a pesar de que ya esté aprobada la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -conocida como Ley de Acompañamiento- que da vía libre a las privatizaciones.

"Que se ejecute esta ley", ha continuado Cuadrado, "solo depende de la voluntad de seguir adelante con el ideario de la Comunidad", porque se trata de una "cuestión política", y por eso los sindicatos seguirán movilizándose para demostrar que "hay alternativas para conseguir el ahorro" que el Gobierno madrileño demanda en materia de sanidad.

Esta marcha pone fin a una semana en la que se ha reactivado el conflicto sanitario con el anuncio de dos nuevos llamamientos de los sindicatos a la huelga y la decisión del Gobierno central de recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta.

Lasquetty desacredita a los sindicatos

Coincidiendo con la convocatoria de esta manifestación, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que ha calificado de "irresponsabilidad" las movilizaciones, ha insistido en que el anuncio de nuevos paros se debe a "piques entre los sindicatos médicos". Lasquetty, que ha asegurado que no piensa dimitir y que tampoco hoy ha ofrecido datos sobre las cifras de ahorro con el plan de privatización, ha asegurado que "las huelgas están teniendo unas consecuencias muy negativas y destructivas: están generando mucha tensión en el ámbito sanitario".

En cuanto a la polémica suscitada esta semana por la pertenencia del antiguo consejero de Sanidad, Juan José Güemes, al Consejo de Administración de Unilabs, que tiene el 55% de la empresa a la que él mismo adjudicó el servicio de análisis de seis hospitales públicos, Lasquetty le ha restado importancia asegurando que la actuación es "absolutamente correcta" porque no ha habido ningún "trato de favor" a Unilabs.

 

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA