Un detenido y seis heridos en Lavapiés en el intento de paralización de un desahucio
Mientras partidos y empresas de comunicación se afanan por difundir
el bulo de la paralización de los desahucios, el pasado 14 de noviembre
hubo dos desalojos en el barrio. En el intento de paralización de uno de
ellos, una brutal carga policial se saldó con seis heridos y un
detenido.
Mientras los partidos políticos y
sus empresas de comunicación de masas se afanan por difundir entre la
población el bulo de la paralización de los desahucios, el pasado 14 de
noviembre, durante la jornada de huelga, se intentaron ejecutar dos
desalojos en el barrio. En el intento de paralización de uno de ellos
hubo una brutal carga policial que se saldó con varios vecinos heridos y
un compañero de la Asamblea de Lavapiés apaleado y detenido. Por
solidarizarse con sus vecinos desahuciados, ahora se enfrenta a un
juicio en el que le acusan de atentado a la autoridad y daños.
El pasado miércoles 14 de noviembre fue
una intensa jornada de lucha contra los desahucios en el barrio de
Lavapiés. El paro general de 24 horas convocado para ese día por las
principales centrales sindicales del Estado no hizo mella en los
funcionarios del Juzgado nº 32 de Madrid, que se personaron hasta en dos
ocasiones en el barrio con la intención de desalojar a vecinos.
El primer intento de desahucio estaba
previsto para las 10:30 en una vivienda del número 15 de la Calle
Cabestreros. Desde las 10:15 de la mañana, una pareja de funcionarias
del juzgado, acompañadas por una representante de Bankia, acudieron a la
puerta del inmueble con la intención de desahuciar a seis vecinos.
Estos eran arrendatarios de un piso propiedad de un desaprensivo, Abdul
Khalek, quien había seguido cobrándoles en mano el alquiler de 500 euros
mensuales a pesar de que la vivienda había sido subastada a favor de
Bankia hacía más de un año. De nada habían servido los diferentes
documentos que, una vez notificado el lanzamiento, los inquilinos habían
presentado en el juzgado en prueba de su condición de arrendatarios y
solicitando la asunción de su contrato de alquiler por la entidad
financiera. Tampoco habían sido atendidos los escritos presentados por
los trabajadores sociales del Centro San Lorenzo de Lavapiés,
demostrando la vinculación de los inquilinos con la comunidad, su
situación de vulnerabilidad (cinco de ellos están en trámites de
regularización de sus permisos de residencia) y su absoluta carencia de
una alternativa habitacional.
Varios miembros del Grupo de Trabajo de
Vivienda de la Asamblea Popular de Lavapiés intentaron establecer un
diálogo con las desahuciadoras, apelando de nuevo a la precariedad en
que dejarían a los habitantes de la vivienda en caso de practicar el
desalojo e incluso hablándoles de la importancia de secundar la huelga.
Ante el nulo interés demostrado por las ejecutoras del desahucio, el
piquete móvil de las asambleas del sur que recorría en esos momentos las
calles del barrio fue alertado de la situación. En pocos minutos, hasta
doscientas personas acudieron a la puerta del inmueble y expulsaron de
forma pacífica a la comisión judicial y a la usurera de Bankia, que
emprendieron la huida por la calle de Embajadores arriba, con gritos de
“¡asesinas, asesinas!” como música de fondo. No debían estar
acostumbradas estas personas a una respuesta de este tipo por parte de
vecinas hartas de los desahucios, de modo que, para evitar el escarnio
público, decidieron esconderse en la iglesia de San Cayetano. Allí, el
cura párroco, en consonancia con la política de la institución a la que
representa, una de las principales inmobiliarias de la ciudad, decidió
cerrar las verjas de entrada a su iglesia, para proteger, según palabras
textuales suyas, a aquellas “pobres trabajadoras”. Unos pocos minutos
después, y en medio de infructuosos diálogos entre los vecinos
solidarios con los desahuciados y el párroco protector de los
desahuciadores, la representante de Bankia compareció de nuevo a las
puertas de la iglesia. Desde detrás de las rejas informó a los vecinos
de que había hecho las pertinentes gestiones y el desahucio había
quedado paralizado con carácter indefinido.
La noticia fue recibida con alegría por
los vecinos del barrio, especialmente por los inquilinos de la vivienda,
que pudieron llevar de nuevo al interior de su casa las maletas que
tenían arrumbadas en el pasillo de entrada al inmueble en previsión del
inminente desahucio.
Poco duró, sin embargo, la alegría para
los vecinos del barrio. De forma espontánea, una familia del barrio
acababa de comunicarles su desahucio del piso en el que vivían en la
Calle Mesón de Paredes. Cuando el piquete llegó corriendo al lugar, dos
policías municipales, la comisión judicial y un representante de la
entidad bancaria habían entrado ya en la vivienda y habían practicado el
desahucio. Otra docena de agentes de Policía Municipal custodiaban la
puerta del inmueble, impidiendo a los vecinos acercarse. Después de una
media hora larga en que los vecinos estuvieron en la puerta
visibilizando el drama de los desahucios y coreando consignas contra
políticos, banqueros y fuerzas de seguridad del Estado, el piquete
decidió marcharse para continuar sus tareas de información sobre la
jornada de huelga por los comercios del barrio. En el momento en que se
desplazaban por la plaza de Agustín Lara hacia la calle de Embajadores,
hacia la una de la tarde, un comando de las UIP de la Policía Nacional
arremetió contra ellos por la espalda. Hasta seis vecinos fueron
heridos, uno de ellos de gravedad por un porrazo en la mandíbula. Todos
ellos presentaron sus correspondientes partes de lesiones en el centro
de salud de la plaza de Agustín Lara e interpondrán denuncias en los
juzgados de Plaza de Castilla por las agresiones recibidas.
Jorge, compañero de la Asamblea de
Lavapiés, se llevó la peor parte. Después de ser apaleado en el suelo
por varios agentes, fue esposado y detenido. Pasó 24 horas de vejaciones
en los inmundos calabozos de la comisaría de Leganitos, hasta que
finalmente pasó a disposición judicial a mediodía del jueves. Finalmente
fue liberado a las 13:30 p.m., con cargos de atentado, resistencia a la
autoridad y daños.
Todo por haber acudido a paralizar un desahucio de esos que los políticos y sus medios de comunicación dicen haber suspendido.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario