Publicado en: 15 mayo, 2015
Por Tom Kucharz , miembro de Ecologistas en Acción
El TTIP afectará a la libertad de decisión de los entes locales y
dificultará la remunicipalización de servicios. Una ley antidesahucios,
cambiar la gestión de los servicios públicos externalizados, auditar la
deuda o remunicipalizar servicios privatizados. Son propuestas que
asustan a los partidos responsables de la crisis (PP, PSOE, C’s, CiU,
PNV) y al poder […]
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El TTIP afectará a la libertad de decisión de los entes locales y dificultará la remunicipalización de servicios.
Una ley antidesahucios, cambiar la
gestión de los servicios públicos externalizados, auditar la deuda o
remunicipalizar servicios privatizados. Son propuestas que asustan a los
partidos responsables de la crisis (PP, PSOE, C’s, CiU, PNV) y al poder
económico.
El objetivo es blindar los privilegios de las empresas y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político
Hoy existe aún un margen muy amplio para
llevar a cabo políticas municipales (y autonómicas) que acaben con la
corrupción, el despilfarro y el mal gobierno. Pero la UE –con el
respaldo de PP/PSOE– busca acabar con la soberanía parlamentaria y
organizativa de los entes locales y regionales. Las herramientas son los
tratados que negocia con terceros: el CETA con Canadá, el TTIP con
EE UU y el Tratado de Comercio de Servicios (TISA) con 23 países, unas
negociaciones que incluyen ámbitos que recaen dentro de las competencias
jurídicas de todos los niveles de gobierno y de administración. La
firma de estos tratados funcionaría como una chaqueta de fuerza para las
instituciones imposibilitando cambios en las políticas relativas al
sector privado. El objetivo está claro: blindar los privilegios de las
empresas y sus negocios ante posibles cambios en el mapa político local y
autonómico.
Las candidaturas de unidad popular
como Barcelona en Comú, Zaragoza en Común o Ahora Madrid, contrarias a
la firma de estos tratados, proponen medidas urgentes como la auditoría
de los contratos de gestión privada del agua, hospitales y residuos, la
revisión o anulación de concesiones blindadas o de la venta de vivienda
pública a fondos especulativos, así como la remunicipalización de
servicios.
El camino a la privatización
TTIP, CETA y TISA preparan el terreno
jurídico para una mayor privatización del suministro de agua y de la
energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios
de emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el
transporte público o la vivienda, entre otros. A través de la cláusula
trinquete (ratchet), un mecanismo por el que no se podrán revocar
determinadas liberalizaciones de servicios ya firmadas o se recortarán
ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios como la
posibilidad de remunicipalizar los servicios públicos anteriormente
privatizados.
Medidas políticas y administrativas legalmente establecidas podrían ser puestas en tela de juicio
La cláusula de trinquete –que contiene
el tratado comercial UE-Canadá (negociado entre 2009 y 2012, actualmente
en proceso de ratificación y un tratado prototipo para lo que sería el
TTIP)– fija el nivel de la liberalización de servicios públicos para el
futuro y prohíbe retroceder a una etapa anterior de liberalización. Con
ello se limita la libertad de decisión de los entes locales a la hora de
adjudicar un contrato de concesión de servicios.
Además, las disposiciones sobre
protección de las inversiones y mecanismos de solución de diferencias
entre inversores y Estados (ISDS) incluidos en estos tratados, que
eluden los tribunales ordinarios competentes, permitirían a las
multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales privados y
amenazar así los procesos de remunicipalización.
Medidas políticas y administrativas
legalmente establecidas y legitimadas democráticamente –como una ley
antidesahucios, garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua)
para eliminar la pobreza energética, paralizar privatizaciones o
recuperar vivienda pública– podrían ser puestas en tela de juicio por
órganos privados de arbitraje, y propiciar reclamaciones posteriores por
“daños y perjuicios”.
Contratación pública
Si el TTIP incluye reglas de
contratación pública similares al CETA, se abriría la licitación
municipal y autonómica de contratos públicos al capital transnacional. Y
se podría obligar a las administraciones locales a tratar a las grandes
multinacionales de la misma forma que a las pymes. Esto viola el
principio de subsidiariedad y la libertad de organización municipal en
el ámbito de los servicios de cuidados. En consecuencia se perderían
empleos, se encarecerían los servicios, y personas sin recursos
quedarían excluidas. Además, desaparecerían ventajas importantes en la
contratación pública, como la cooperación intermunicipal y las
excepciones para determinados sectores, como el del agua o los servicios
de emergencia.
Teniendo en cuenta que la contratación
pública de bienes y servicios supone el 16% del PIB de la UE
(aproximadamente dos billones de euros en 2013), hay mucho en juego para
corporaciones como ACS, FCC, Ferrovial o Martinsa.
La mal llamada cooperación reguladora
–otro capítulo del TTIP que se está negociando actualmente– daría al
interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las fases
prelegislativa de los procesos legislativos de la UE, los Estados
miembro y los entes locales y regionales, o incluso le permitiría
retrasar los procedimientos legislativos exigiendo evaluaciones de
impacto de la normativa sobre libre comercio.
IMAGEN DE PORTADA: Manifestación en Madrid contra el TTIP el 24 de abril de 2015. / Irene Lingua / Diso Press
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