Análisis sobre la transformación en el sistema de partidos en el
Estado español, en el que un sistema pluripartidista está reemplazando
al bipartidismo. El análisis se centra sobre si el cambio puuede
alterar el dominio indiscutido que ha venido ejerciendo la burguesía con
su control del Estado
Jesús Sánchez Rodríguez[i]
Jesús Sánchez Rodríguez[i]
En todas las sociedades escindidas entre
dominadores y dominados, que en las formaciones sociales capitalistas
se expresa a través de la existencia de clases sociales, la dominación
se lleva a cabo a través de la existencia de un poder político
controlado por los primeros. En el capitalismo ese poder político lo
representa el Estado moderno, y en su versión más habitual configurada
por la democracia liberal, la mediación del control político del Estado
se realiza a través de los partidos políticos.
No obstante, el Estado para cumplir con
las funciones de su naturaleza clasista goza de un cierto grado de
autonomía, es decir, de una autonomía relativa que manifiesta la
complejidad de la relación entre la clase dominante y el poder político,
y que se expresa, por ejemplo, en la variedad de regímenes políticos o
formas que puede adoptar el Estado burgués, pero también en los
distintos sistemas de partidos que se pueden formar en cada Estado.
Estos dos aspectos son objeto de atención especial en las ciencias
políticas.
El tema central de este artículo se va a
centrar en el actual sistema de partidos políticos correspondiente a la
etapa de democracia liberal en el Estado español abierta con la muerte
del dictador, su función respecto a los intereses de acumulación
capitalista y el dominio de la burguesía española, y el cambio que se
está produciendo en dicho sistema de partidos como consecuencia de los
efectos de la crisis económica desarrollada desde 2008, para terminar
evaluando si este cambio puede afectar a las condiciones de control
político de las clases dominantes. Pero previamente creemos necesario
hacer una breve síntesis de la evolución de este sistema para
contextualizar y poder entender, luego, el cambio que está teniendo
lugar en los últimos meses.
Inicio del bipartidismo, las dificultades de la derecha española para dotarse de un partido propio.
En la primera fase del sistema de
partidos políticos en España, la denominada transición democrática, la
burguesía española se encontró en un momento delicado para mantener su
dominio a través del control del Estado. Al contrario que la clase
trabajadora, que había mantenido y reforzado sus partidos políticos,
especialmente el PCE, durante la lucha contra la dictadura, la burguesía
se encontraba con un gran vacío en este aspecto. Apenas podía contar
con la permanencia de los partidos burgueses de la periferia
nacionalista en Euskadi y Cataluña y algunos círculos democristianos o
liberales, algo absolutamente insuficiente para mantener su dominación
en la nueva etapa abierta con el fin de la dictadura. Por ello mismo se
la presentó como una urgencia inmediata dos tareas que resolvió con
éxito en breve tiempo, la primera fue levantar un auténtico partido
burgués, es decir, representante político directo de las clases
dominantes, que pilotase la transición según sus necesidades,
representación que había delegado durante más de tres décadas en la
dictadura. Ese partido capaz de obtener la victoria electoral en los
primeros comicios democráticos y asegurar el control del Estado no podía
ser la continuación directa de la vieja clase política franquista, como
era AP, sino la conjunción de diversas familias políticas de la derecha
como liberales, democristianos, socialdemócratas y ex-franquistas, que
conformaron la UCD.
La segunda tarea, también importante,
fue contrarrestar en el campo de la izquierda el peso adquirido por el
PCE durante la larga lucha contra la dictadura, revitalizando un
osificado PSOE que había dejado hace tiempo de tener una presencia real
en España. La misión que se le encomendaba era la de evitar una
hegemonía de la expresión comunista en la nueva etapa democrática,
evitando así repetir situaciones como las existentes en ese momento en
Francia e Italia, donde dos importantes partidos comunistas dominaban la
representación política de la clase trabajadora. Pero también debería
servir para poder disponer de una alternativa de gobierno que no pusiese
en peligro la dominación burguesa en caso de desgaste de su expresión
política genuina, el partido de Adolfo Suárez.
Así, durante la etapa de transición
española se sentaron las bases del sistema de partidos españoles que
habría de durar casi cuatro décadas, un sistema bipartidista de
alternancia a nivel del Estado español entre conservadores y
socialdemócratas, solo alterado en Euskadi y Cataluña con dos partidos
nacionalistas fuertes.
La UCD cumplió su tarea histórica,
desactivada la posibilidad de ruptura democrática, consiguió llevar a
buen puerto la transición política manteniendo el dominio indiscutible
de la burguesía. Pero tanto las tensiones políticas con las que tuvo que
lidiar en ese período, como sus propias tensiones internas, derivadas
de su composición de amalgama construida en torno a una fuerte
personalidad como la de Adolfo Suárez, terminaron por hacer estallar a
ese partido , abriendo la segunda fase del sistema de partidos políticos
en España.
La desaparición de UCD llevó a una
victoria electoral histórica en 1982 al PSOE. Cumplida su primera
misión, evitar la hegemonía del PCE en la izquierda, se presentaba
entonces el momento de cumplir con la segunda, ser la alternativa de
recambio para el mantenimiento del poder de la burguesía. Ahora ésta no
iba a gestionar directamente el poder a través de un personal político
directamente vinculado a la clase dominante por pertenencia social,
identificación ideológica e intereses económicos, sino a través de un
partido con importantes vínculos con la clase obrera y otras capas
populares, pero que no ponía en cuestión ni la dominación de la
burguesía, ni las necesidades de la acumulación capitalista, como la
socialdemocracia había ampliamente demostrado en Europa.
El gobierno del PSOE tenía por delante
ahora una doble tarea necesaria para la burguesía que la UCD no había
tenido tiempo de completar, la incorporación del España a la OTAN y a la
Comunidad Europea. La primera conllevaba la necesidad de inferir una
grave derrota a la izquierda española, que había hecho de la no
pertenencia al bloque militar occidental una seña de identidad
importante, y violar una de las principales promesa electorales con la
que ganó el PSOE. La incorporación a la Comunidad Europea conllevaba, a
su vez, implementar un programa de reconversión, especialmente
industrial, impuesto por la burguesía europea para aceptar al nuevo
miembro comunitario, cuyo cumplimiento significó el desmantelamiento de
una parte importante del tejido industrial español y la derrota de los
sindicatos que se opusieron a él. En la última etapa de los gobiernos
socialistas el peso creciente de la ideología neoliberal en su seno se
tradujo, entre otras cosas, en el inicio de una serie de privatizaciones
del sector público como Telefónica, Repsol, etc. Nada mejor para
expresar el contenido funcional de la política gubernamental del PSOE
para la burguesía española que la huelga general exitosa que llevaron a
cabo los sindicatos españoles contra el gobierno de González en
diciembre de 1988. Seguramente el cumplimiento de estas tareas por parte
del gobierno del PSOE fue más funcional a la clase dominante que si
hubiese sido llevado a cabo directamente por el gobierno de un partido
conservador, las resistencias hubiesen sido mucho más fuertes y el
resultado final habría sido claramente más incierto. Hay que tener en
cuenta, tal como apuntan Cynthia Lub y Santiago Lupe que “el modelo de
expansión del capitalismo español en la época democrática se basó en los
servicios, la construcción y multinacionales de energía y
telecomunicaciones. Su base fue las privatizaciones preparadas por
Felipe y ejecutada por Aznar.”[ii]
Durante los gobiernos de Felipe González
la clase dominante también se dedicó a la tarea de construir una
expresión política directa para ejercer su poder político a través del
Estado, con unas bases más sólidas de las que gozó la UCD. El resultado
final fue la refundación de la expresión política de la derecha
española, recogiendo los restos de las formaciones políticas en que
había quedado dividido este campo, desde el centro hasta la extrema
derecha, y dando lugar la creación del PP. El sistema de partidos volvía
a estabilizarse en torno a un bipartidismo imperfecto debido a la
excepcionalidad existente en Cataluña y Euskadi. El resto de los
partidos de carácter nacional, como IU, o de carácter regional, como el
BNG, el Partido Andalucista o Coalición Canaria, no alteraban la
dinámica bipartidista dominante.
Consolidación del bipartidismo, las alternancias de gobierno
Así, tras el desgaste de los varios
gobiernos encadenados de Felipe González (1982-96), y especialmente con
la oleada de escándalos de corrupción en la que se vieron envueltos los
socialistas a principios de los 90, la alternativa volvió a pasar a
manos del gobierno conservador de Aznar, y la burguesía española volvió a
recobrar el control directo del Estado a través de un partido y una
clase política con la que tenía vínculos directos y estrechos.
Como apunta Gregorio Valdelvira sobre
las tareas del nuevo gobierno Aznar respecto a las necesidades de la
burguesía española, “Correspondía al PP, tras su victoria relativa en
las elecciones generales de 1996, finalizar la liberalización económica,
reducir los gastos del Estado y cumplir los objetivos acordados por la
Unión Europea en Maastricht, sobre todo en lo relativo a la convergencia
de las economías de los países miembros y los requisitos exigidos para
acceder a la unión monetaria. Las primeras medidas del gobierno Aznar,
aprobadas en junio de 1996, pretendían impulsar la inversión con
estímulos fiscales. Otras medidas liberalizaban las telecomunicaciones,
el transporte, la vivienda, el suelo, la energía y los honorarios
profesionales. La reforma del IRPF de 1998 aspira a reducir la carga
fiscal de los contribuyentes en un 11%. También se pretendía reformar el
Estado del bienestar revisando las prestaciones sociales.” [iii]
Efectivamente, el gobierno Aznar cumplió
con los requisitos que imponía la UE para poder incorporar a España a
la moneda común, el euro, y terminó de completar, profundizándole, el
programa de privatizaciones iniciado por el último gobierno del PSOE.
Durante los gobiernos del PP entre 1996-2004, las políticas neoliberales
triunfantes en el mundo se terminaron de asentar en España y afianzaron
el dominio de la burguesía frente al retroceso de la clase trabajadora y
sus organizaciones, en medio de una coyuntura de bonanza económica que
si bien evitó recortes sustanciales del gasto social, también sirvió
para asentar el crecimiento en el sector inmobiliario que generaría la
burbuja que estallaría años después. No obstante, fue diferente el
primer gobierno entre 1996-2000, el cual, debido a la necesidad de
contar con otros apoyos parlamentarios debió de mantener una política
moderada, y el segundo gobierno entre 2000-2004 que, al apoyarse en una
mayoría absoluta, permitió a Aznar desplegar abiertamente su política
neoliberal.
La derrota del PP en 2004, en la que
pesó de manera especial asuntos como la participación en la guerra de
Irak, o la gestión de los atentados del 11-M de ese año, dio paso a un
nuevo gobierno del PSOE.
Rodríguez Zapatero puso el énfasis sobre
todo en políticas de defensa de las minorías con la extensión de
derechos civiles, pero en política económica se rodeó de un equipo de
liberales que marcaron su impronta. En la primera parte de sus gobiernos
buscó poner en práctica una política socialdemócrata redistributiva que
permitía la situación debido a una coyuntura económica favorable, pero
el estallido de la crisis en 2008 arruinó ese intento y puso a prueba
una vez más la funcionalidad de la socialdemocracia en el proceso de
acumulación capitalista. En mayo de 2010, presionado por las
instituciones europeas que se habían inclinado por las políticas de
austeridad bajo el liderazgo alemán, Zapatero dio un brusco giro
neoliberal y aplico un programa de austeridad y recortes sociales que le
supusieron la convocatoria de una huelga general. No obstante, antes
del estallido de la crisis, el gobierno socialista tampoco hizo ningún
intento serio por corregir las bases del sistema económico español,
basado en el dominio de la oligarquía financiera e inmobiliaria y que,
como hemos visto, se empezó a gestar en los últimos años del gobierno
González y se consolidó con los gobiernos de Aznar.
El giro neoliberal del gobierno del PSOE
le llevó a su derrota en noviembre de 2011, pero el sistema
bipartidista seguía funcionando perfectamente a favor de las clases
dominantes españolas. Zapatero había iniciado en mayo de 2010 las
políticas adecuadas para la burguesía para hacer frente a la crisis,
estás políticas serían continuadas y profundizadas por el nuevo gobierno
del PP que le sustituyó. El acontecimiento que escenificó el traspaso
del testigo de las políticas neoliberales fue el acuerdo entre el PP y
el PSOE para modificar la constitución e introducir el techo del
déficit. Todo parecía indicar que el poder político de las clases
dominantes, controlando el Estado, estaba asegurado bien a través de su
representación directa y genuina, el PP, o a través de quienes
representaban una variante plebeya, el PSOE.
Resquebrajamiento del bipartidismo, ¿qué nuevo escenario?
La tercera fase del sistema de
políticos en el Estado español se va a iniciar con las consecuencias
políticas derivadas de la grave crisis económica desencadenada en 2008,
que tendrán un cierto retraso con respecto a los efectos económicos y
sociales.
La profundización de las políticas de
austeridad por parte del PP a partir de 2012, la fuerte contestación
social a estas medidas, incluyendo dos huelgas generales, y los
continuos casos de escándalos de corrupción que le han salpicado de
manera intensa han producido un rápido desgaste del gobierno de Rajoy.
Pero el PSOE no ha sido capaz de reponerse de su desprestigio de la
etapa anterior y la fórmula de alternancia que venía funcionando desde
el inicio de la transición ha quedado bloqueada, abriéndose, así, una
crisis del bipartidismo con la aparición de nuevas fuerzas políticas en
un escenario rápidamente cambiante. Pero la cuestión esencial no es
tanto si un cambio a un sistema pluripartidista es en sí mismo
importante, sino qué efectos puede tener sobre la situación de dominio
de la burguesía española, de continuación del control del Estado, porque
pudiese darse el caso de que los nuevos actores políticos rompiesen o
se orientarse a romper ese dominio, como podría ser el caso de Syriza en
Grecia, o sirviesen de recambio político para continuar la misma
situación de dominación. Eso es lo que vamos a intentar discutir a
continuación.
Las clases dominantes españolas,
lideradas por la oligarquía financiera, necesitan continuar en la senda
iniciada en mayo de 2010, consolidar las importantes victorias
conseguidas con la excusa de la crisis sobre la clase trabajadora y las
demás clases populares. Mantener la redistribución de rentas que se ha
producido a favor de las clases altas, conservar los recortes de
derechos laborales producidos con las distintas reformas laborales,
evitar que se reviertan los recortes realizados en el Estado de
bienestar, consolidar la senda de recuperación de beneficios en
detrimento de los salarios, afirmar el dominio de la oligarquía
financiera y de las grandes multinacionales, y asegurar que cuando se
produzca un nuevo ciclo de recuperación económica la clase obrera entre
en él más debilitada y sometida que antes de la crisis.
El PP ya ha manifestado su voluntad de
continuar por la senda emprendida con el gobierno Rajoy, y el PSOE, a
pesar de haber renovado su dirección, no ha hecho ninguna autocrítica de
las políticas del gobierno Zapatero, con lo cual cabe interpretar que
ninguno de los dos componentes del bipartidismo tiene intención de
cambiar la senda iniciada en mayo de 2010. Pero los cambios que se están
produciendo en el panorama político no permiten pronosticar ni una
continuidad del gobierno PP, ni un gobierno alternativo del PSOE, lo más
probable es algún tipo de coalición gubernamental con alguno de los
nuevos actores políticos.
El primer desafío al sistema
bipartidista lo supuso la irrupción de Podemos a partir de sus buenos
resultados en las elecciones europeas de 2014. Durante unos meses se
tuvo la impresión de que la hegemonía bipartidista daría paso a un
sistema de tres partidos importantes, incluso con un peso principal por
parte de Podemos. Igualmente, este partido suscitó la esperanza o el
temor, según los casos, de que representase la versión española de
Syriza, tanto por su orientación política como por su importancia
electoral. El nerviosismo en algunos sectores del PP y del PSOE les
llevó a evocar la posibilidad de tener que llegar a un gobierno de gran
coalición, como se había experimentado en Grecia o Alemania, algo
inédito en España salvo en casos puntuales como fue el gobierno
socialista en Euskadi entre 2009-2012 apoyado por el PP. Pero
rápidamente la situación se volvió a transformar con un cuarto candidato
a conformar el nuevo sistema pluripartidista, Ciudadanos. Esta vez la
alternativa aparecía por la derecha.
Los dos nuevos partidos han aparecido y
crecido apoyados en un discurso regeneracionista para acabar con el
ambiente de corrupción imperante, que durante el gobierno Rajoy ha
alcanzado cotas realmente alarmantes. Pero aparte de este tema se
diferencian en todo lo demás. Podemos se inclina, en medio de
contradicciones y vaivenes internos, por recuperar el programa original
de la socialdemocracia, abandonado por el PSOE hace tiempo a favor de
otro de carácter social-liberal. Ciudadanos representa el programa de la
derecha española sin la carga de la corrupción que lastra al PP.
Durante unos meses, cuando el sistema de
partido parecía evolucionar hacia la hegemonía de tres partidos más o
menos equilibrados, el PSOE aparecía como el eje de cualquier gobierno,
bien como gran coalición, bien en solitario con apoyos puntuales del PP o
Podemos. Pero la irrupción, también meteórica, de Ciudadanos
reequilibró de nuevo la balanza más a la derecha, convirtiéndose este
partido en el nuevo eje gubernamental, bien con el PP o con el PSOE,
reduciendo drásticamente cualquier poder condicionador de Podemos. La
clase dominantes española volvía a recuperar la seguridad en el control
del aparato estatal y mantener firme el poder político.
Conclusiones
El sistema de partidos en el Estado
español en la etapa democrática se ha basado en un bipartidismo
imperfecto. La expresión conservadora del mismo, la representante
directa de los intereses de la clase dominante, ha sido y es la parte
más inestable, primero con un partido de aluvión y efímero como fue la
UCD que estalló debido a las tensiones políticas de la época y sus
propias contradicciones; luego con un partido, el PP, que consiguió
reagrupar a la dispersa derecha española tras la desaparición de la UCD y
que mantuvo la hegemonía en ese campo durante más de dos décadas, hasta
que el desgaste por sus políticas de austeridad y, sobre todo, los
casos de corrupción le han minado y han hecho ascender a primer plano a
una de las formaciones disponibles de recambio en el panorama de la
derecha, ha sido Ciudadanos, pero también podía haber sido UPyD. La
recomposición de la derecha se hace ahora en un doble partido, de manera
que su base electoral de apoyo no se debilite. La competencia entre
ambos será superficial, en lo fundamental ambos se orientarán, con
matices si se quiere, a la defensa de los intereses de la clase
dominante.
La componente socialdemócrata del
bipartidismo, el PSOE, ha sido más estable, tras marginar al PCE en los
primeros tiempos de la transición, ha transitado por épocas de gobierno y
oposición sin que sintiese la amenaza de ser desplazado por otra
alternativa. Sus políticas, como las del resto de la socialdemocracia
europea, nunca han puesto en cuestión el poder de las clases dominantes,
ha tenido una orientación más redistributiva, pero dentro de los
parámetros que garantizasen el proceso de acumulación capitalista, y
cuando ésta ha entrado en crisis ha sacrificado los intereses de la
clase trabajadora y el resto de las clases populares como demostró
claramente el giro neoliberal de Zapatero en mayo de 2010. Ahora se
siente amenazado, por primera vez, con la alternativa que representa
Podemos. Este partido quiere disputarle su proyecto original, el de la
socialdemocracia clásica, aderezado con dosis de populismo.
En conclusión, y sin querer pecar de
pesimistas, creemos que el sistema pluripartidista que va a reemplazar
al anterior bipartidismo no representa ninguna amenaza para el poder de
la clase dominante. Su control del poder político estatal y la defensa
de sus intereses esenciales no parecen que vayan a ser puestos en
peligro. La única incógnita por resolver será el papel a jugar por
Podemos desde la oposición.
[i] Se pueden consultar otros artículos y libros del autor en el blog : http://miradacrtica.blogspot.com/
[ii] Cynthia Lub y Santiago Lupe, El fin de la “España prospera”
[iii] Gregorio Valdelvira González, Las ondas largas de la política en el siglo XX, pág. 47
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