Diversas organizaciones de prestigio internacional han denunciado,
a través de un escrito, la actual situación de violación de los
derechos humanos en España y especialomente la llamada “ley mordaza”.
ACSUR-Las Segovias – Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)
La Red Euro Mediterránea para los
Derechos Humanos (REMDH), la Organización Mundial Contra la Tortura
(OMCT), la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FJDH), la
Asociación Europea para la Defensa de Los Derechos Humanos (AEDH) y sus
organizaciones miembro condenan enérgicamente la ley, justamente
calificada de “ley mordaza”, y reiteran su seria preocupación por las
crecientes restricciones de la libertad de expresión y de reunión
pacífica en España.
Con el pretexto de asegurar la seguridad
pública, la “ley mordaza” establece sanciones administrativas, algunas
de ellas muy severas, con el objeto de disuadir a la ciudadanía de
expresar sus posiciones a través de demostraciones públicas. Esta ley
criminaliza las nuevas formas de expresión y de acción colectiva que se
han desarrollado en los últimos años, entre las cuales los escraches
(manifestaciones para hacer denuncias públicas), las sentadas, las
ocupaciones de espacios públicos, las acciones pacíficas como rodear los
parlamentos y las caceroladas.
La Ley Orgánica para la Protección de la
Seguridad Ciudadana impone multas por organizar encuentros públicos y
manifestaciones sin notificación previa, lo que vuelve imposibles las
concentraciones espontáneas a pesar de ser pacíficas. Incluso las
concentraciones pacificas en las inmediaciones del Congreso de los
Diputados, del Senado o de las cámaras legislativas de las Comunidades
Autónomas pueden ser consideradas “faltas graves” con multas que pueden
llegar a los 30.000 euros. La difusión de imágenes de miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad también puede ser considerada falta muy
grave, lo que puede dificultar la documentación de los abusos cometidos
por las fuerzas del orden y reforzar el clima de impunidad.
Por otra parte, esta ley afianza la
práctica de las expulsiones sumarias de migrantes desde los enclaves
españoles de Ceuta y en Melilla hacia Marruecos, restringiendo su
derecho a pedir asilo y violando el principio de no devolución
automática y la prohibición de las expulsiones colectivas. Expone a los
migrantes a un serio riesgo de tortura y malos tratos al negárseles la
posibilidad de presentar una reclamación en contra de las fuerzas del
orden en caso de abusos.
El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que ” vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo.”
El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que ” vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo.”
El Comisionado para los Derechos Humanos
del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también expresó su preocupación
por la amenaza que supone esta ley para el ejercicio del derecho de
reunión pacífica y declaró que la propuesta de legalizar las expulsiones
automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla es
incorrecta e ilegal según el derecho internacional.
Nuestras organizaciones urgen a España a
revocar esta ley que viola la Constitución Española, así como el
derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos y
refugio. También conminamos a las instituciones europeas, en línea con
nuestras demandas expresadas previamente en una carta enviada a los
Comisarios europeos y a los miembros de la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, a
adoptar una posición clara con el fin de proteger los valores
fundamentales en los que se basa la UE y tomar medidas para garantizar
que éstos no sean violados en los Estados miembros de la UE. La Comisión
Europea en tanto que guardiana de los tratados tiene que asegurar que
los Estados Miembros cumplan con los derechos y las libertades
fundamentales garantizadas por el Derecho de la UE, incluida la Carta
Europea de Derechos Fundamentales.
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)
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