Publicado en: 27 abril, 2015
Sietes meses se han cumplido de la
desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”
en Ayotzinapa, Guerrero, y del artero asesinato de 6 personas (3
estudiantes normalistas). Hasta la fecha el Estado no proporcionado más
que diferentes mentiras, ha pretendido montar diferentes escenarios con
el fin de engañar a la sociedad y distraer la atención del hecho
fundamental: la desaparición de los estudiantes normalistas es un CRIMEN
DE ESTADO.
Las historias casi fantásticas con que
el gobierno ha intentado cubrir su responsabilidad, se han acompañado en
todo momento con el incremento de la violencia represiva, el
hostigamiento y persecución de quienes no aceptan quedarse sentados
esperando que la justicia se establezca por mandato divino.
Los padres
de familia, el magisterio disidente organizado en la CETEG, la sociedad
civil guerrerense y millones de mexicanos y ciudadanos del mundo, han
mantenido vigente el reclamo y exigencia de la pronta aparición con vida
de los estudiantes normalistas. Siete largos meses transcurridos y aún
se ve lejos la posibilidad de establecer la justicia, en un claro caso
más de impunidad por parte del Estado mexicano, en el que se encubre la
verdad y se protege a los culpables materias e intelectuales cerrando el
pacto entre el gobierno y el crimen organizado.
El estado de Guerrero esta marcado de
forma particular por la violencia represiva de los gobernantes, en las
décadas de 1960 y 1970 la guerra sucia desapareció a centenares de
personas cuyo destino difícilmente se logre saber con certeza. En 1995
fueron masacrados campesinos desarmados en Aguas Blancas y en 1998 tuvo
lugar un hecho similar en el Charco. En las últimas fechas recordemos
que el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados dos normalistas de
Ayotzinapa, por parte de elementos de la Policía Ministerial en
Chilpancingo, todo esto junto a un sinnúmero de casos de ejecuciones y
de desapariciones forzadas. Estos casos son ejemplo del carácter
estructural de la violencia de Estado. En Guerrero la presencia del
ejército en las comunidades rurales e indígenas es común y forma parte
de la vida cotidiana, representa claramente la impunidad en que se
siguen reproduciendo diversas formas de violencia como el racismo y la
transgresión sistemática de los más elementales derechos humanos, la
existencia de cacicazgos es otro ejemplo de la complicidad entre
gobierno y crimen organizado.
La historia de la Escuela Normal de
Ayotzinapa se inscribe en la historia de lucha de las Escuelas Normales
Rurales, que si bien fueron creadas como parte de la política de Estado,
los años posrevolucionarios trajeron poco a poco enormes
contradicciones entre su existencia y su supervivencia, pues las
políticas educativas fueron alejándose cada vez más de su origen social,
para dar paso a la actual realidad neoliberal. El proyecto educativo
ruralista se ha visto amenazado desde décadas atrás, con el fin de
diversos programas, el cierre de muchas Escuelas Normales y la tensión
agudizada con el modelo político que privilegia la ganancia en
detrimento de la comunidad y los aspectos sociales.
Después de más de cien años de que
fueron creadas las Escuelas Normales Rurales, nuestro país cambio de un
modelo de Estado de bienestar, a un Estado controlado con por poderes
fácticos, el narcotráfico y la violencia organizada. Se paso de la
defensa de la soberanía nacional a la entrega de los recursos naturales a
los monopolios transnacionales. Se transitó de la reforma a la
contrarreforma agraria y demás reformas estructurales que van sepultando
toda herencia de la Revolución de 1910. La agresión a los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa es una paradoja, pues las Escuelas Normales
Rurales fueron creadas precisamente para defender lo que representan y
ahora son criminalizadas. Ayotzinapa representa la organización
colectiva, el autogobierno y la lucha campesina. Los valores
eminentemente sociales son los que se persiguen por el Estado y es
Ayotzinapa un ejemplo de ellos, cuyo origen se encuentra en los ideales
del socialismo mexicano.
La rabia que en estas fechas siente el
pueblo de Guerrero es compartida por millones de mexicanos, que han
sufrido en diferentes formas la explotación, marginación y represión que
el modelo económico impone. Su rabia es digna pues es la que siente
todo aquel que ve sus derechos pisoteados, y que sin embrago, no
desiste, no se entrega y no permite que pasen sobre su dignidad.
Ayotzinapa es ejemplo de resistencia. El no aceptar que se efectúen las
elecciones no es más que reflejo de esa rabia acumulada. La farsa que
significan las campañas políticas, las promesas y el despilfarro de
recursos públicos, no puede ni dará solución al dolor de un pueblo que
ha visto ser asesinados y desaparecidos sus hijos, hermanos y amigos.
Votar o no votar no es una disyuntiva para quien ha perdido todo. La
disyuntiva es como dar cauce a esa rabia de forma organizada y
colectiva.
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