Por Kaos. Derechos humanos
Los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como
Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos tendrán que
probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese
apoyo, así como participar en itinerarios de inclusión socio laboral o
programas similares en su municipio. Así lo ha explicado este miércoles
el […]
Los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos tendrán que probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese apoyo, así como participar en itinerarios de inclusión socio laboral o programas similares en su municipio.
Así lo ha explicado este miércoles el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, al término de un Consejo Territorial en el que ha dado cuenta a los responsables autonómicos, entre otros asuntos, de las novedades del Fondo De Ayuda Europea para las personas desfavorecidas por el que España va a recibir 563,4 millones de euros de aquí a 2020.
Según ha señalado, este fondo, que España cofinanciará hasta un importe de 665 millones, está destinado a ayudas en alimentos y viene a reemplazar al que tradicionalmente gestionaba el Ministerio de Agricultura para dotar de comida a las entidades que como el Banco de Alimentos, reparten entre familias con dificultades para acceder a productos básicos como la leche o el arroz.
A partir de ahora, por instrucción de la Comisión Europea, se impone la obligación de “garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan” y que estas personas reciben además otro tipo de atenciones, pues, como ha dicho Alonso, “no es solo dar asistencia sino todo un acompañamiento”.
Así, tendrán que acreditar con un informe de servicios sociales que necesitan la ayuda. Además, deberán tener información “sobre todos los recursos sociales que están a su disposición” y disponer de “medidas complementarias, a poder ser derivadas de los servicios sociales de su ayuntamiento” o participar “en un programa de inserción socio laboral”.
“Esto no es fácil de hacer. Lo hacen ya algunas comunidades autónomas y también Cruz Roja y los Bancos de Alimentos pero para implantarlo exige un elevado nivel de coordinación”, ha añadido el ministro, tras anunciar la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para el seguimiento de este fondo.
Este ha sido uno de los asuntos centrales de un Consejo Territorial en el que se ha aprobado también la distribución de 32 millones de euros para familias en riesgo de pobreza p exclusión social que se repartirán teniendo en cuenta tanto el volumen de población (80%) como la tasa de población vulnerable (20%) de cada una de las comunidades autónomas.
De este modo, Sanidad solventa las críticas del último ejercicio, cuando con carácter extraordinario se repartió un fondo de 17 millones contra pobreza infantil que primaba la tasa de riesgo de exclusión, haciendo que regiones con menos población afectada en términos cuantitativos recibieran más dinero.
Agencias
Los beneficiarios de los alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos tendrán que probar con un informe de servicios sociales que realmente necesitan ese apoyo, así como participar en itinerarios de inclusión socio laboral o programas similares en su municipio.
Así lo ha explicado este miércoles el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, al término de un Consejo Territorial en el que ha dado cuenta a los responsables autonómicos, entre otros asuntos, de las novedades del Fondo De Ayuda Europea para las personas desfavorecidas por el que España va a recibir 563,4 millones de euros de aquí a 2020.
Según ha señalado, este fondo, que España cofinanciará hasta un importe de 665 millones, está destinado a ayudas en alimentos y viene a reemplazar al que tradicionalmente gestionaba el Ministerio de Agricultura para dotar de comida a las entidades que como el Banco de Alimentos, reparten entre familias con dificultades para acceder a productos básicos como la leche o el arroz.
A partir de ahora, por instrucción de la Comisión Europea, se impone la obligación de “garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan” y que estas personas reciben además otro tipo de atenciones, pues, como ha dicho Alonso, “no es solo dar asistencia sino todo un acompañamiento”.
Así, tendrán que acreditar con un informe de servicios sociales que necesitan la ayuda. Además, deberán tener información “sobre todos los recursos sociales que están a su disposición” y disponer de “medidas complementarias, a poder ser derivadas de los servicios sociales de su ayuntamiento” o participar “en un programa de inserción socio laboral”.
“Esto no es fácil de hacer. Lo hacen ya algunas comunidades autónomas y también Cruz Roja y los Bancos de Alimentos pero para implantarlo exige un elevado nivel de coordinación”, ha añadido el ministro, tras anunciar la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para el seguimiento de este fondo.
Este ha sido uno de los asuntos centrales de un Consejo Territorial en el que se ha aprobado también la distribución de 32 millones de euros para familias en riesgo de pobreza p exclusión social que se repartirán teniendo en cuenta tanto el volumen de población (80%) como la tasa de población vulnerable (20%) de cada una de las comunidades autónomas.
De este modo, Sanidad solventa las críticas del último ejercicio, cuando con carácter extraordinario se repartió un fondo de 17 millones contra pobreza infantil que primaba la tasa de riesgo de exclusión, haciendo que regiones con menos población afectada en términos cuantitativos recibieran más dinero.
Agencias
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