Publicado en: 10 marzo, 2015
Por Kaos. Derechos Humanos
Los gastos sanitarios en prisión cayeron casi un 8% en el año
2014. Ante un reclamo interpuesto el año pasado las autoridades
justificaron la falta de atención medica adecuada y oportuna basados en
la falta de presupuesto. Organizaciones humanitarias lamentaron que los
recortes del Gobierno “llegan a justificar decisiones tan indignas como
éstas, que vulneran […]
Según parece, el problema no es que no se les prescriba el fármaco adecuado para tratar su dolencia, sino que ese medicamento no se le administra posteriormente. El problema radica en el elevado precio de estos tratamientos, que según Saiz de la Hoya no está pagando Instituciones Penitenciarias.
No obstante, desde Instituciones Penitenciarias
niegan que se esté dando un trato discriminatorio a los presos frente al
resto de afectados por la hepatitis C. El Subdirector General de
Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, ha indicado a
la emisora que pese a la existencia de “demoras” a la hora de
suministrar los nuevos fármacos, no hay discriminación de ningún tipo.
Sin embargo, sí que ha admitido que “algunas comunidades han puesto impedimentos” para dar esos medicamentos. Es el caso de Valencia, que según este responsable “sistemáticamente, además de prescribir en abundancia estos tratamientos, se ha negado a dispensarlos”, y para evitar el trato discriminatorio de esta comunidad a los presos desde Instituciones Penitenciarias “hemos tenido que actuar para asegurar con nuestros medios propios”.
Sea como sea, lo cierto es que los médicos se quejan de los impedimentos que les ha puesto la institución carcelaria a la hora de recetar los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, todo ello pese al ‘aviso’ que ha dado la Defensora del Pueblo, que ha exigido a la administración penitenciaria que deje de lanzar el balón al tejado de las comunidades autónomas y pague los medicamentos para evitar que empeore el estado de los reclusos.
Además, insta a adoptar esta medida sin perjuicio de que Instituciones Penitenciarias inicie las acciones judiciales que considere oportunas para reclamar el pago a las comunidades.
Fuentes: APDHA, ASI, El Boletín, Cadena Ser, Agencias
Los gastos sanitarios en prisión
cayeron casi un 8% en el año 2014. Ante un reclamo interpuesto el año
pasado las autoridades justificaron la falta de atención medica adecuada
y oportuna basados en la falta de presupuesto. Organizaciones
humanitarias lamentaron que los recortes del Gobierno “llegan a
justificar decisiones tan indignas como éstas, que vulneran
flagrantemente los derechos humanos”. En este sentido, subraya que “hay
que tener en cuenta que los gastos sanitarios y medicamentos en prisión
dentro de los presupuestos de 2014 caen respecto al ejercicio anterior
un 7,83 por ciento”.
Al respecto la Apdha advertía en su
momento de “vulneración flagrante” de los derechos humanos de las
personas presas por los recortes presupuestarios en medicamentos en los
centros penitenciarios, donde se están estableciendo “cupos” para la
dispensación de fármacos para enfermedades graves la hepatitis C o se
niega la medicación más efectiva y única alternativa posible a los
enfermos coinfectados de VIH y hepatitis C.
Por otra parte, según E.B. publicaba en el día de ayer, las críticas por la gestión de la hepatitis C siguen sucediéndose, y ahora son los médicos penitenciarios
los que denuncian que les han prohibido recetar los nuevos medicamentos
a los reclusos que padecen esta enfermedad. Según recoge la Cadena SER,
las restricciones han llegado a las cárceles y a los facultativos sólo
se les permite tratar a los afectados con los medicamentos antiguos
(Interferón y Ribavirina).
Así lo ha asegurado el doctor Pablo Saiz de la Hoya, de la Sociedad
Española de Sanidad Penitenciaria, a la emisora del Grupo Prisa. “No se
está tratando igual a los presos que al resto de la población”, afirma
este facultativo, que se queja de que los reclusos con hepatitis C no
están recibiendo los tratamientos de última generación.Según parece, el problema no es que no se les prescriba el fármaco adecuado para tratar su dolencia, sino que ese medicamento no se le administra posteriormente. El problema radica en el elevado precio de estos tratamientos, que según Saiz de la Hoya no está pagando Instituciones Penitenciarias.
A los
médicos de las cárceles, asegura, se les ha prohibido recetar los nuevos
medicamentos contra la hepatitis C y se les ha dado orden de remitir a
todos los reclusos que los necesiten a Madrid. Explica este facultativo
que los presos tienen que ser derivados a la Unidad de Custodiados del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero el problema es lo que las
administraciones no se pone de acuerdo sobre quién debe pagar los
tratamientos.
Sin embargo, sí que ha admitido que “algunas comunidades han puesto impedimentos” para dar esos medicamentos. Es el caso de Valencia, que según este responsable “sistemáticamente, además de prescribir en abundancia estos tratamientos, se ha negado a dispensarlos”, y para evitar el trato discriminatorio de esta comunidad a los presos desde Instituciones Penitenciarias “hemos tenido que actuar para asegurar con nuestros medios propios”.
Sea como sea, lo cierto es que los médicos se quejan de los impedimentos que les ha puesto la institución carcelaria a la hora de recetar los nuevos tratamientos contra la hepatitis C, todo ello pese al ‘aviso’ que ha dado la Defensora del Pueblo, que ha exigido a la administración penitenciaria que deje de lanzar el balón al tejado de las comunidades autónomas y pague los medicamentos para evitar que empeore el estado de los reclusos.
Además, insta a adoptar esta medida sin perjuicio de que Instituciones Penitenciarias inicie las acciones judiciales que considere oportunas para reclamar el pago a las comunidades.
Fuentes: APDHA, ASI, El Boletín, Cadena Ser, Agencias
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