Publicado en: 15 marzo, 2015
Por Kaos. Derechos humanos
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils
Muiznieks, llama a España a “reconsiderar” la legalización de las
devoluciones en caliente aprobada este pasado jueves en el Senado porque
“se queda corta” a la hora de establecer “garantías claras” contra las
expulsiones colectivas y fijar “salvaguardas adecuadas” para el derecho
de solicitar asilo. […]
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, llama a España a “reconsiderar” la legalización de las devoluciones en caliente aprobada este pasado jueves en el Senado porque “se queda corta” a la hora de establecer “garantías claras” contra las expulsiones colectivas y fijar “salvaguardas adecuadas” para el derecho de solicitar asilo.
En un comunicado, Muiznieks se refiere a la reforma de la Ley de Extranjería emprendida con la adición de una disposición a la Ley de Seguridad Ciudadana que ayer recibió el visto bueno del Senado con los votos del PP y que permitirá entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas de Ceuta o Melilla sin que medie procedimiento administrativo.
El texto que viajará ahora al Congreso para su aprobación definitiva ampara la devolución en caliente bajo la figura jurídica del “rechazo en frontera” y recoge que se hará “respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. No incluye la obligación de redactar un protocolo para regular la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vallas que estaba prevista y que tanto Muiznieks como el ACNUR venían recomendando.
“La aprobación en el Senado de la disposición adicional a la Ley española de Extranjería se queda corta en establecer garantías claras del principio de no devolución y contra las expulsiones colectivas, y en fijar salvaguardas adecuadas del derecho que tiene toda persona a solicitar y conseguir asilo independientemente del modo en que haya alcanzado territorio español“, dice el comisario.
En su opinión, las autoridades españolas deben “reconsiderar” la reforma porque “este nuevo marco jurídico tiene el potencial de abrir una brecha en las garantías que la comunidad internacional ha trabajado muy duro para conseguir establecer desde la Segunda Guerra Mundial”, cuando se introdujo el derecho de asilo en la Convención de Ginebra.
“Llamo a las autoridades españolas a reconsiderar esta enmienda. Mientras tanto, tienen que aplicarla en estricta conformidad con las previsiones de la legislación nacional que garantiza sin ambigüedades la prohibición de las devoluciones en caliente“, declara Muiznieks.
Asimismo, afirma que las autoridades tienen que “adoptar un protocolo que asegure que la policía española en las fronteras de Ceuta y Melilla cuenta con instrucciones claras sobre el modo de gestionar los flujos migratorios de acuerdo a los derechos humanos y a los estándares internacionales de protección de los refugiados a los que está sujeto España”.
ACNUR
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España afirma que la puesta en práctica de la reforma de Extranjería aprobada en el Senado “exige ahora un marco procedimental claro para la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la suspensión inmediata de las devoluciones automáticas“.
En un comunicado, se refería así a la aprobación este jueves en el Senado y con los votos del PP de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye una disposición adicional por la que se modifica la de Extranjería para amparar bajo el concepto jurídico de “rechazo en frontera” la entrega sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas.
“ACNUR lamenta que el texto legal aprobado ayer no haga referencia a un procedimiento específico para llevar a cabo los ‘rechazos en frontera’ en el que se respete plenamente la normativa internacional, tal y como recomendó”, dice la institución, que pide al Gobierno que, en todo caso, “tome todas las medidas necesarias para la puesta en práctica de esta enmienda conforme a la legislación internacional y de la UE en la materia“.
En este sentido, considera que la aplicación de la reforma “exige” el citado marco procedimental para las fuerzas policiales en las vallas fronterizas, un protocolo que “requerirá la identificación individual por parte de las autoridades españolas de las personas que lleguen a ambas ciudades, sus posibles necesidades de protección internacional y su derivación al procedimiento de asilo“.
Para el Alto Comisionado, este procedimiento “tendrá que contemplar garantías como la asistencia legal, de intérprete y médica cuando sea necesaria” y “lo que es más importante”, hacer “referencia explícita al Principio de non-refoulement (no devolución), que protege a las personas frente al retorno forzoso a lugares donde su vida, integridad física o libertad puedan verse amenazadas“.
La institución, que recomendó desde un principio la retirada de esta modificación de extranjería, valora no obstante que se haya incluido en el texto “una referencia a las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos y protección internacional” y considera “un paso positivo la apertura de oficinas de asilo en Ceuta y Melilla”, asunto este que también está contemplado en la redacción de la reforma.
“Sólo en los últimos dos meses más de 1.000 mujeres, hombres y niños, principalmente sirios, han presentado solicitudes de asilo (en Ceuta y Melilla). Sin embargo, ACNUR recuerda que el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él es para todas las personas, con independencia de su nacionalidad u origen y de la forma de entrada en el país, ya que a menudo estas personas carecen de medios legales para acceder a la protección internacional”, añade la institución.
Por último, la Agencia de la ONU para los Refugiados reitera su invitación al Gobierno de España para continuar trabajando conjuntamente, tanto en Ceuta y Melilla como a nivel nacional, en todos los aspectos relacionados con la protección internacional, incluyendo la mejora de las condiciones de acogida en ambas ciudades autónomas, especialmente en Melilla.
“ACNUR permanecerá atento al desarrollo de las prácticas en estas fronteras externas de la Unión Europea tras la aprobación de la enmienda y analizará con las autoridades cualquier posible obstáculo o laguna que surja en materia de protección internacional”, añade.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, llama a España a “reconsiderar” la legalización de las devoluciones en caliente aprobada este pasado jueves en el Senado porque “se queda corta” a la hora de establecer “garantías claras” contra las expulsiones colectivas y fijar “salvaguardas adecuadas” para el derecho de solicitar asilo.
En un comunicado, Muiznieks se refiere a la reforma de la Ley de Extranjería emprendida con la adición de una disposición a la Ley de Seguridad Ciudadana que ayer recibió el visto bueno del Senado con los votos del PP y que permitirá entregar sobre la marcha a Marruecos a los migrantes interceptados en las vallas de Ceuta o Melilla sin que medie procedimiento administrativo.
El texto que viajará ahora al Congreso para su aprobación definitiva ampara la devolución en caliente bajo la figura jurídica del “rechazo en frontera” y recoge que se hará “respetando la normativa internacional de Derechos Humanos y de protección internacional de la que España es parte”. No incluye la obligación de redactar un protocolo para regular la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las vallas que estaba prevista y que tanto Muiznieks como el ACNUR venían recomendando.
“La aprobación en el Senado de la disposición adicional a la Ley española de Extranjería se queda corta en establecer garantías claras del principio de no devolución y contra las expulsiones colectivas, y en fijar salvaguardas adecuadas del derecho que tiene toda persona a solicitar y conseguir asilo independientemente del modo en que haya alcanzado territorio español“, dice el comisario.
En su opinión, las autoridades españolas deben “reconsiderar” la reforma porque “este nuevo marco jurídico tiene el potencial de abrir una brecha en las garantías que la comunidad internacional ha trabajado muy duro para conseguir establecer desde la Segunda Guerra Mundial”, cuando se introdujo el derecho de asilo en la Convención de Ginebra.
“Llamo a las autoridades españolas a reconsiderar esta enmienda. Mientras tanto, tienen que aplicarla en estricta conformidad con las previsiones de la legislación nacional que garantiza sin ambigüedades la prohibición de las devoluciones en caliente“, declara Muiznieks.
Asimismo, afirma que las autoridades tienen que “adoptar un protocolo que asegure que la policía española en las fronteras de Ceuta y Melilla cuenta con instrucciones claras sobre el modo de gestionar los flujos migratorios de acuerdo a los derechos humanos y a los estándares internacionales de protección de los refugiados a los que está sujeto España”.
ACNUR
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España afirma que la puesta en práctica de la reforma de Extranjería aprobada en el Senado “exige ahora un marco procedimental claro para la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la suspensión inmediata de las devoluciones automáticas“.
En un comunicado, se refería así a la aprobación este jueves en el Senado y con los votos del PP de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye una disposición adicional por la que se modifica la de Extranjería para amparar bajo el concepto jurídico de “rechazo en frontera” la entrega sobre la marcha a Marruecos de los migrantes interceptados en las vallas.
“ACNUR lamenta que el texto legal aprobado ayer no haga referencia a un procedimiento específico para llevar a cabo los ‘rechazos en frontera’ en el que se respete plenamente la normativa internacional, tal y como recomendó”, dice la institución, que pide al Gobierno que, en todo caso, “tome todas las medidas necesarias para la puesta en práctica de esta enmienda conforme a la legislación internacional y de la UE en la materia“.
En este sentido, considera que la aplicación de la reforma “exige” el citado marco procedimental para las fuerzas policiales en las vallas fronterizas, un protocolo que “requerirá la identificación individual por parte de las autoridades españolas de las personas que lleguen a ambas ciudades, sus posibles necesidades de protección internacional y su derivación al procedimiento de asilo“.
Para el Alto Comisionado, este procedimiento “tendrá que contemplar garantías como la asistencia legal, de intérprete y médica cuando sea necesaria” y “lo que es más importante”, hacer “referencia explícita al Principio de non-refoulement (no devolución), que protege a las personas frente al retorno forzoso a lugares donde su vida, integridad física o libertad puedan verse amenazadas“.
La institución, que recomendó desde un principio la retirada de esta modificación de extranjería, valora no obstante que se haya incluido en el texto “una referencia a las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos y protección internacional” y considera “un paso positivo la apertura de oficinas de asilo en Ceuta y Melilla”, asunto este que también está contemplado en la redacción de la reforma.
“Sólo en los últimos dos meses más de 1.000 mujeres, hombres y niños, principalmente sirios, han presentado solicitudes de asilo (en Ceuta y Melilla). Sin embargo, ACNUR recuerda que el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él es para todas las personas, con independencia de su nacionalidad u origen y de la forma de entrada en el país, ya que a menudo estas personas carecen de medios legales para acceder a la protección internacional”, añade la institución.
Por último, la Agencia de la ONU para los Refugiados reitera su invitación al Gobierno de España para continuar trabajando conjuntamente, tanto en Ceuta y Melilla como a nivel nacional, en todos los aspectos relacionados con la protección internacional, incluyendo la mejora de las condiciones de acogida en ambas ciudades autónomas, especialmente en Melilla.
“ACNUR permanecerá atento al desarrollo de las prácticas en estas fronteras externas de la Unión Europea tras la aprobación de la enmienda y analizará con las autoridades cualquier posible obstáculo o laguna que surja en materia de protección internacional”, añade.
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