El organismo se ampara en el Acuerdo económico entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 y obvia que estaría facultado por la ley de Transparencia.
El dinero que reciben del Estado las autoridades
eclesiásticas españolas nunca ha sido fiscalizado por el Tribunal de
Cuentas, ante el que sí comparecen, por ejemplo, los partidos políticos o
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entidades sin ánimo de
lucro. La Iglesia Católica, bien protegida por los Acuerdos de España
con la Santa Sede (1979), se limita a presentar una memoria con el uso
que ha hecho de los fondos públicos, en el que tampoco
figura documentación alguna que acredite de forma fehaciente la citada
utilización.
Desde el propio Tribunal de Cuentas se apunta que, si
hubiese voluntad real de fiscalizar el dinero de los ciudadanos que
recibe la Iglesia Católica, podría hacerse aplicando la ley de
Transparencia aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. En el art. 3 de
esta norma, se declara sujetas a sus mandatos -entre los que se incluye
publicitar recursos económicos de los que dispone y actividades que
realiza- a las entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones
públicas, si cumplen alguno de los siguientes requisitos: "Que las
ayudas sean superiores a los cien mil euros, o que al menos, el 40% de
sus ingresos tenga carácter de subvención o ayuda pública".
Fuentes del Tribunal de Cuentas reconocen a Público, además, que "el problema es que la Iglesia Católica no se financia únicamente con el 0,7% del IRPF", sino que recibe también cantidades "desconocidas" imposibles de cuantificary procedentes de conciertos educativos, sanitarios o "a través de sus propias entidades destinadas a fines sociales, como Cáritas o Manos Unidas".
El 0,7% del IRPF destinado a la Iglesia Católica fue fijado según la "Disposición adicional decimoctava" de la ley que fija los PGE 2007 (42/2006) y que aborda la "Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia Católica de 2007", igualándola al 0,7% correspondiente a la casilla de "fines sociales". Con la diferencia, advierten desde el organismo fiscalizador, de que "a las entidades sin ánimo de lucro que atienden necesidades sociales -y entre las que se encuentra la citada Cáritas-, se les detalla un régimen de justificación muy estricto procedente de la ley de subvenciones", en cuyo art. 9 obliga a justificar el gasto de dinero público con la "presentación de los documentos que acrediten la ejecución de la obra", unos "documentos específicos" señalados en las convocatorias junto a los "plazos de presentación".
Los Programas de Fiscalización que aprueba el Congreso de un año para otro y a propuesta del Tribunal de Cuentas nunca han incluido a la Iglesia Católica. Sin embargo, desde el Departamento Primero del órgano fiscalizador, que engloba los ministerios económicos de la Administración General del Estado (AGE), "se solicitó en 2012" que se incluyese para el Programa de 2013, aseguran a este diario fuentes del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, según los mismos interlocutores de Público, el director de ese Departamento, Manuel Aznar (hermano del expresidente del Gobierno)"contestó formal y expresamente que esta línea no estaba dentro de las prioridades" de su sección.
Una "declaración de intenciones"
En el diseño del programa para 2015, volvió a solicitarse la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica vía PGE, pero en esta ocasión, el Departamento Primero lo rechazó por un "problema de tiempo". Con todo, según informan las fuentes internas del Tribunal fiscalizador consultadas, en el pleno donde se manifestó también la "necesidad de fiscalizar las exenciones fiscales concedidas a la Iglesia", se adoptó un acuerdo para introducir "las modificaciones necesarias en el Programa para posibilitar esos exámenes". Todo quedó, subrayan desde el Tribunal de Cuentas, en "una mera declaración de intenciones" sin concreción alguna.
¿Por qué se evita continuamente abordar el asunto de la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia Católica cuando la sociedad demanda más transparencia a sus instituciones? En el propio Tribunal de Cuentas se tiene la impresión de que "si se conociese la cuantía total recibida por todos los conceptos y se dispusiera del listado de actividades desarrolladas", se llegaría a la "conclusión de que la Iglesia está sobrefinanciada". Es más, y en "términos jurídicos", advierte un miembro del Tribunal de Cuentas, "es muy posible que la Iglesia esté obteniendo un enriquecimiento injusto con esta forma peculiar de financiación, que suma vías finalistas y otras de sostenimiento general".
El problema para sacar adelante la fiscalización del dinero público que recibe la Iglesia, se señala desde el mismo órgano, está en el Acuerdo con la Santa Sede del 79, donde late "la ausencia de un parámetro de validez en la justificación del 0,7%". Es decir, aclaran las fuentes, "si no hay una norma que me detalle cuáles son los requisitos que yo tengo que cumplir a la hora de justificar el destino de las cantidades entregadas, no hay institución que, posteriormente, me pueda hacer reproche alguno". Así ocurrió, por ejemplo, con la cuenta municipal de 7,1 millones de pesetas de la que disponía el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, para dar limosnas a quien él creyera conveniente y que incluía a afortunadas como la vigilia de la Inmaculada o las monjas de La Latina.
Fuente: http://www.publico.es/politica/tribunales/tribunal-cuentas-fiscalizado-dinero-publico.html
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