Unanimidad acerca del “estado policial” y el “despotismo” que se podrá instaurar legalmente una vez que ya ha sido aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, dentro de la tríada de leyes fascistas votadas en solitario por los parlamentarios del Partido Popular.
De nada sirvieron las campañas nacionales e internacionales, pronunciamientos de prestigiosas entidades y organismos de derechos humanos, movimientos sociales, de profesionales de la justicia ni siquiera de tribunales de derechos humanos de la Unión Europea para evitar la aprobación y la entrada en vigencia de este brutal recorte de libertades y derechos básicos de las personas, más propias de regímenes dictatoriales que de las “democracias parlamentarias europeas”.
Interesante la intervención del diputado de IU Ricardo Sixto que realizó un paralelismo entre esta norma y las vigentes durante la época franquista, fundamentando que ésta incluye la ejecución de sanciones administrativas por conductas que no configuran un delito. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, calificó como “innecesaria” la dura represión contemplada en la nueva ley, a la que calificó como “perversa”.
En el colmo del cinismo, el ministro del Interior ha dicho que, “Cuando entre en vigor esta ley se verá que queda garantizada la libertad”. Sin comentarios.
Diversos partidos se han comprometido a derogar la Ley Mordaza si acceden al poder, pero antes de ese im/probable escenario, deberemos convivir con un aumento de la represión ya existente, con penalidades económicas que serán difíciles de asumir y una brutal indefensión a la hora de protestar pacíficamente y manifestarnos.
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