El Derecho, y por tanto la
leyes, siempre ha sido la manera que tiene una sociedad de
autoorganizarse, por lo que el estudio de su contenido nos da una idea
de quien tiene el poder en el Estado y quien está dictando las reglas
que marcan nuestro día a día. Un ejemplo de este asunto es la reciente
reforma del Código Penal, que ha sido una modificación claramente
ideológica.
Maquillando la corrupción
Las últimas encuestas revelan que el
segundo problema que los españoles consideran más grave, después del
paro, es la corrupción política. Por esta razón, el Gobierno ha decidido
hacer eso que a ciertos políticos se les da tan bien: cambiarlo todo
para dejarlo igual (o peor). La reforma en cuestiones de corrupción ha
sido una mera operación de maquillaje, que no ha solucionado el
problema, sino más bien todo lo contrario, dándole a las empresas y
empresarios (que son quienes corrompen a los políticos) una impunidad
escandalosa.
Los delitos fiscales seguirán siendo
sólo delito a partir de la cifra de 120.000 €, por lo que aquellos
inferiores a esa cifra sólo serán castigados con una multa, de la misma
manera que este delito podrá ser perseguible durante 5 años, tiempo tras
el que los delincuentes quedarán impunes. Además, para ahondar más en
las medidas anticorrupción, el PP ha creado un tipo penal de
financiación ilegal de partidos con un tope máximo de 500.000 €, cifra
por debajo de la cual no tendrán sanción corruptores ni corruptos. Por
último, el nuevo Código Penal blinda a las empresas contra cualquier
investigación penal siempre que tengan un programa de prevención, que ni
siquiera tiene por qué ser eficaz.
El miedo como excusa
Tras los atentados del 7 de enero contra
la revista satírica Charlie Hebdo, se abrió el debate sobre el
terrorismo y la libertad de expresión. Este debate ha sido aprovechado
por los grandes partidos del régimen para seguir fomentar la política
del miedo, que tan buen resultado ha dado en otras épocas, y que había
pasado a un segundo plano después del cese de la actividad armada de
ETA. En los últimos días PSOE y PP han firmado un pacto antiterrorista
sin contar con la opinión del resto de fuerzas parlamentarias. Esto ha
conducido a endurecer las penas a los condenados por terrorismo de una
forma totalmente populista y oportunista. Además, se abre la puerta a
una posible reinterpretación del término de terrorismo, puesto que se
define que podría dar lugar a una interpretación torticera que
criminalizase la protesta social incluyendo algunos actos dentro del
término. Pero si algo ha llamado la atención en este pacto es la medida
de la prisión permanente revisable, que no es otra cosa que una cadena
perpetua camuflada con palabras distintas. Esta última medida, además,
es de dudoso encaje constitucional puesto que se deja a la libre
elección del juez cuándo puede salir un preso, cosa que va contra la
voluntad de reintegración en la sociedad que dispone la Constitución
Española, por lo que no sería de extrañar la declaración de
inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional.
Los mencionados atentados han dado pie a
una gran campaña propagandística de los Estados occidentales contra el
“yihadismo”, término que se ha asimilado al islami, utilizando la
libertad de expresión como arma arrojadiza para ocultar los intereses
geopolíticos y económicos que se esconden tras esta campaña mediática.
En las últimas semanas se han dado grandes discursos en favor de la
libertad de expresión, pero esto no se ha visto reflejado en la
legislación puesto que no ha habido una verdadera voluntad política de
protección de este derecho fundamental. En este sentido es especialmente
ilustrativo el artículo 525 CP, que tipifica como delito el hacer
escarnio público de una religión. Por esto hemos de entender esta
defensa súbita de la libertad de expresión como otra campaña populista
de obtención de votos, de la misma forma que podemos asumir como tal el
incremento de 13 a 16 la edad de consentimiento sexual, por lo que se
dará una paradoja por la que un menor pueda casarse pero no mantener
relaciones sexuales libres sin ser delito. Esto debemos considerarlo
como una medida para contentar al sector de la sociedad más reaccionario
y conservador, que prefiere criminalizar el sexo antes que proporcionar
una educación sexual apropiada que trate el tema como algo normal y
sano.
El derecho a huelga en entredicho
Por último, el ejemplo que quizá deje
más patente el carácter ideológico de esta reforma es el de la
modificación de las penas relacionadas con la huelga. Se reduce la pena a
aquellos empresarios que impidan ejercer el derecho de huelga a sus
trabajadores a menos de 2 años, por lo que por norma general no
entrarían en prisión, mientras que se agravan las penas a los
trabajadores que realicen un piquete con el que contrarrestar la
coacción de la patronal en las jornadas de huelga.
Desde la eliminación de cualquier
responsabilidad a las empresas hasta la bajada de penas a los
empresarios por coaccionar a los trabajadores, esta reforma denota que
las leyes no son asépticas y apolíticas. Por el contrario, se trata de
normas hechas a medida para que quienes ostentan el poder económico y
político continúen ampliando su control sobre el resto de la sociedad.
No son leyes hechas por nosotros, ni para nosotros.
Antonio Rod
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