La llamada "matanza de Atocha" de 1977 fue un atentado terrorista cometido por elementos de ultraderecha vinculados a las Fuerzas de Seguridad del Estado en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977, enn el que murieron asesinados cinco abogados.
Un comando ultraderechista irrumpió en un despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CC OO), algunos de ellos también militantes del Partido Comunista de España (PCE). El despacho estaba situado en el número 55 de la calle Atocha. Los terroristas dispararon indiscriminadamente contra los allí presentes, matando a cinco personas y dejando heridas a otras cuatro. El Tribunal que dictó sentencia el 4 de marzo de 1980 consideró que los procesados Francisco Albadalejo (secretario del Sindicato Vertical del Transporte Privado de Madrid y vinculado a FE de las JONS), José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jiménez Caravaca constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España". El fallo condenó a José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá a un total de 193 años a cada uno de ellos, y a Francisco Albadalejo, a un total de 73 años.
El periódico italiano Il Messaggero indicó en marzo de 1984 que neofascistas italianos habían participado en la matanza, tesis que fue respaldada en 1990, cuando un informe oficial italiano relató que Carlo Cicuttini, un neofascista italiano próximo a la organización Gladio (una red clandestina anticomunista dirigida por la CIA), había participado en la matanza. Cicuttini había escapado a España donde adquirió la nacionalidad española, después del atentado de Peteano de 1972, hecho con Vincenzo Vinciguerra.
En la actualidad hasta en 23 pueblos de la Comunidad de Madrid, existen calles y plazas, recordando a las víctimas de Atocha del número 55.
Los terroristas, al parecer, iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, Secretario General del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid, convocante de unas huelgas anteriores que, en buena medida, desarticularon a la que llamaban mafia franquista del transporte. Al no encontrarlo, ya que había salido un poco antes, decidieron matar a los presentes, concretamente dos jóvenes con armas de fuego, después de llamar al timbre del piso entre las 22:30 y 22:45 horas. Con ellos iba una tercera persona, encargada de cortar los cables del teléfono y registrar los despachos. En la misma noche, personas desconocidas asaltaron también un despacho del sindicato UGT, que se hallaba vacío.
Como consecuencia de los disparos resultaron muertos los abogados laboralistas Enrique Valdevira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil,Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Dolores González Ruiz, casada con Sauquillo.
El PCE seguía siendo ilegal. El secretario general del partido comunista, Santiago Carrillo, había regresado del exilio en febrero de 1976 clandestinamente. Sin embargo hizo acto de presencia sin mayores problemas, pues ya había pactado con Suárez y el rey la liquidación de los postulados comunistas a cambio de la legalización del PCE.
En los dos días anteriores habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierdas, una a manos de la misma Triple A y otra por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación en protesta por la muerte del primero. Debido a todo ello, se temía una reacción violenta que ayudase a desestabilizar aún más el país.
Al entierro asistieron más de cien mil personas, la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco, y transcurrió sin incidentes. Le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el Estado español, además de un paro nacional de trabajadores el día posterior al atentado. En abril, tres meses después, la legalización se oficializa durante el día conocido como Sábado Santo Rojo, por ser durante el sábado de la Semana Santa, festividad católica, para así aprovechar y mitigar parte de la oposición política y militar en vacaciones. En febrero el gobierno de Adolfo Suárez ya había comenzado a legalizar otros partidos como el PSOE o el PNV.
La matanza de Atocha es quizás el clímax o el momento más grave de los distintos sucesos violentos que van sucediéndose, poniendo en peligro un cambio político y social en el país, con atentados de ETA (responsable de 28 muertos en 1977), los GRAPO (en el mismo mes responsable de la muerte de dos guardias civiles y un policía nacional) u otras organizaciones como el Movimiento Para la Autonomía e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). En junio se convocan las primeras elecciones generales posteriores a la muerte de Franco en un ambiente de gran efervescencia o inquietud social y político.
Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir de Madrid. Desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarlos por motivos de imagen.
En pocos días, la Policía Armada detuvo a José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadalejo Corredera -secretario provincial del Sindicato Vertical del transporte, estrechamente vinculado con la mafia del transporte- como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas, y Gloria Herguedas, novia de Cerrá, como cómplice. Durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha, como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa.
No obstante, hubo dudas y polémica de si no habría alguien con una mayor responsabilidad en los atentados. El juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar más allá de los encausados comentados. La fuga de Lerdo de Tejada, que continúa en paradero desconocido a pesar que su delito prescribió en 1997, antes del juicio durante un extraño permiso penitenciario por Semana Santa que Gómez Chaparro le concedió en abril de 1979, contribuyó a profundizar estas dudas que han perdurado hasta la actualidad. Además, Simón Ramón Fernández Palacios, falleció el 23 de enero de 1979. La mayoría de los criminales estaban próximos a Falange Española.
La Audiencia Nacional condenó a los acusados a un total de 464 años de cárcel. José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá, autores materiales de los hechos a 193 años de prisión cada uno; 63 años a Francisco Albadalejo Corredera (fallecido en prisión en 1985); 4 años a Leocadio Jiménez Caravaca (fallecido en 1985 de cáncer de laringe), y a Gloria Herguedas Herrando, a un año. García Juliá se fugó también 14 años después, al serle concedida la libertad condicional con todavía pendientes más de 3.800 días o unos 10 años de prisión. Sería detenido a los dos años en Bolivia, esta vez por narcotráfico, y allí permanece en prisión, requerido por las autoridades judiciales españolas. Fernández Cerrá puesto en libertad tras 15 años en la cárcel, algunos lo sitúan trabajando en una empresa de seguridad. Jaime Sartorius, abogado de la acusación particular, declararía años después: "Faltan las cabezas pensantes. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero sólo apuntaban. Con esto no quiero decir nada".
Después de las revelaciones del primer ministro italiano Giulio Andreotti en octubre de 1990 acerca de la red Gladio, una organización secreta anticomunista durante la guerra fría, un reporte del CESIS italiano informaba de que Carlo Cicuttini había participado a la matanza de Atocha.
El 11 de enero de 2002, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los tres abogados y el estudiante fallecidos, mientras que a Ángel Rodríguez Leal, en tanto que administrativo, se le otorgó la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Esta condecoración es la más alta distinción con la que se reconoce en la Justicia de España a quienes han destacado a lo largo de su vida por sus méritos profesionales y humanos al servicio del Derecho.
En el mes de noviembre de 2005 falleció Luis Ramos, uno de los abogados heridos en el atentado. Sus amigos y la Fundación Abogados de Atocha le rindieron un homenaje que se celebró en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 2006. Como lema del homenaje figuró la frase de Paul Eluard: "Si el eco de su voz se debilita, pereceremos". Miguel Sarabia murió en Madrid el 20 de enero de 2007 tras una larga enfermedad.
Fuente: Wikipedia/inSurGente
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