Publicado en: 24 enero, 2015
Por Kaos. Derechos humanos
Las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes y la
Ley de Seguridad Ciudadana. Estos son dos de los proyectos políticos del
Gobierno español que más preocupan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
que esta semana ha sometido a España al Examen Periódico Anual para
evaluar el nivel de compromiso de nuestro país con los derechos humanos.
Además, la mayoría de los países que han condenado este tipo de expulsiones, se han mostrado preocupados también por el excesivo uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad contra los inmigrantes en la frontera y por la reforma sanitaria que ha dejado sin atención completa a los extranjeros en situación irregular.
El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ignacio
Ybáñez, que ha sido el encargado de contestar todas
las preguntas (excepto las referidas al sistema sanitario) ha
justificado a España señalando que la reforma legislativa para aprobar
las deportaciones en caliente aún está en trámite parlamentario y que
“se aprobará conforme a las obligaciones internacionales”. No obstante,
ha aludido a la “singularidad geográfica fronteriza de España” y a los “asaltos masivos y violentos” a las fronteras españolas.
Ignacio Jovtis, miembro de Amnistía Internacional presente en el examen, ha asegurado en conversación con este diario que otra de las iniciativas españolas por la que los Estados miembros se han mostrado más preocupados es la Ley de Seguridad Ciudadana y sus posibles restricciones a los derechos de reunión, manifestación o libertad de expresión.
“Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?”, ha preguntado Reino Unido.
Memoria, desahucios y corrupción
Otro asunto cuestionado fue el régimen de incomunicación de los detenidos por delitos ligados al terrorismo, aunque Ybáñez lo defendió argumentando que cuenta con todas las garantías.
Argentina, Chile, Panamá y Suiza se refirieron al hecho de que los crímenes del franquismo no se hayan resuelto ni se hayan tenido en cuenta a las víctimas e India se refirió a las medidas de ajuste que han afectado gravemente la población más desfavorecida y a los niveles de pobreza y desigualdad que se han incrementado como causa de ellas.
Por otra parte, Estados Unidos expresó su “preocupación por la corrupción oficial” en España y recomendó al Gobierno que refuerce el sistema para evitarla y perseguirla.
Venezuela y Ecuador, a su vez, recomendaron a España promocionar acuerdos entre particulares y entidades financieras para evitar los desahucios de personas vulnerables de sus hogares.
Jovti, no obstante, mostró su preocupación porque otras cuestiones, como las limitaciones a la Justicia Universal o la tipificación de la tortura en el Código Penal no hayan tenido apenas repercusión.
Agencias
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