La degeneración de CCOO y UGT, verdaderos instrumentos del capital y
de su gobierno contra la clase trabajadora, vuelve a mostrarse en toda
su crudeza: acaban de firmar un acuerdo para que algunos parados de
larga duración cobren una miserable prestación de 426 euros por seis
meses, condicionada además a que realicen formación.
Lo que sí hace falta -pero eso sería pedir peras al olmo teniendo en cuenta de quienes estamos hablando- es denunciar la maniobra del gobierno y, entre otras medidas elementales, exigir el derecho universal a cobrar el subsidio de empleo indefinido mientras no se proporcione a los parados el empleo digno que la monárquica constitución reconoce como derecho (esa con que tanto se llenan la boca los herederos de Franco), reivindicar las 35 hores semanales sin reducción salarial para crear empleo, y preparar una amplia y sostenida movilización de la clase trabajadora por sus derechos y contra el gobierno que los cercena, para que estas reivindicacones sean posibles. Pero para ello hay justamente que remover obstáculos, y los Toxo y Méndez y toda la casta burocrática de dirigentes burocráticos que los rodean, son uno de ellos. Esperemos que la clase trabajadora los ponga, más pronto que tarde, en el lugar que se merecen.
Kaos. Laboral y Economía
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Toxo dice que el acuerdo sobre la ayuda a parados "no tiene peros" y que ha costado mucho conseguirlo
Gobierno y agentes sociales firman en La Moncloa el nuevo programa para atender a desempleados de larga duración
Los sindicatos aseguran que ha sido un pacto difícil porque el Ejecutivo no quería incrementar el déficit
Rajoy matiza su discurso sobre la recuperación y asegura que "no ha llegado a todos ni a todos por igual"
El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado este lunes que el acuerdo sobre la nueva ayuda a parados de larga duración
"no tiene peros", porque es un acuerdo "positivo" que además ha costado
conseguir debido a que el Gobierno no quería incrementar el déficit.
"El calendario de consolidación fiscal era el que era y
había que sacar los recursos de debajo de las piedras. Ha sido difícil.
Ha habido una reconversión mental de todos los negociadores, seguramente
también nuestra, pero me alegro de que se haya producido y espero que
ahora esto no se pare aquí, porque las necesidades de mucha gente siguen
estando presentes", ha subrayado el dirigente sindical.
Toxo, en declaraciones a RNE, ha señalado que este
acuerdo para parados de larga duración sin ingresos y con
responsabilidades familiares no ha sido posible alcanzarlo antes porque
se rompió el diálogo social, pero ha precisado que "llega en un tiempo
adecuado para dar cobertura a mucha gente que ahora no tiene ninguna
posibilidad". "Me alegro que, aunque sea tarde, haya llegado", ha
añadido.
El secretario general de CC.OO. ha recordado que este
acuerdo sólo es un aspecto parcial de la declaración que firmaron
Gobierno y agentes sociales en julio, por lo que espera que ahora se
siga adelante con el resto de proyectos "ambiciosos" contenidos en la
misma, porque hay 5,5 millones de parados en España. En la reunión de
julio, los sindicatos volvieron a reclamar a Rajoy un subsidio para las personas que ya no percibían ninguna prestación.
Toxo ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, sigue teniendo sobre la mesa propuestas "serias, muy consistentes
y financiables" para ayudar a las personas con necesidades. Así, ha
instado al Gobierno a completar el mapa del estado de la protección
social en España antes de que finalice este año y a negociar el
establecimiento de una renta mínima garantizada.
Toxo ha advertido de que, aunque la recesión ya ha
quedado atrás, "de una crisis no se sale hasta que se recuperan los
pasos perdidos", es decir, hasta que el país recupere los estándares de
calidad de vida, de protección de empleo que tenía antes. Por eso,
"aventurar salidas de la crisis", como hizo la semana pasada Rajoy, le
parece "demasiado aventurar", y ha pedido que "la propaganda no
despiste" a nadie.
El líder sindical ve el horizonte con "bastante
preocupación", porque, aunque las cosas han mejorado, muchísima gente
todavía no lo nota en su vida, y a ello hay que añadir la situación
internacional. Toxo cree que la UE lleva mucho tiempo "fabricando humo" y
que ahora le ha dado una especie de tregua a España porque ha puesto el
foco sobre Italia y Francia, "a las que está acogotando como antes hizo
con España".
El dirigente de CC.OO. piensa que 2015 será un año de
transición, pero teme lo que pueda pasar en 2016 y 2017 porque España
tiene comprometido un "durísimo" programa de ajuste fiscal para esos dos
años. "O se hacen políticas de verdad que atiendan las necesidades o lo
podemos pasar muy mal en esos años, no diré tanto como en 2009 y 2010,
pero las cosas se pueden poner duras. Por eso es importante reaccionar
ahora e impulsar políticas que lo eviten", ha subrayado.
Gobierno, sindicatos y patronal se han dado cita en La
Moncloa para firmar el acuerdo. Los primeros en estampar su firma han
sido los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi.
Esta imagen ha tenido un significado especial ya que ambos
representantes se disputarán este miércoles la Presidencia de la
patronal en las elecciones que celebrará CEOE.
A continuación, los firmantes han sido los secretarios
generales de CC.OO y UGT, Ignacion Fernández Toxo y Cándido Méndez,
quienes han pasado el testigo, finalmente, a la ministra de Empleo,
Fátima Báñez.
Para terminar el acto, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha tomado la palabra y ha matizado sus palabras de la
pasada semana: después de reiterar que "en muchos aspectos la crisis es
historia del pasado", ha admitido que "no son historia sus secuelas".
"La recuperación no será completa hasta que no llegue a
cada español que no tiene trabajo y no se sienta en los bolsillos de
todos los españoles", ha dicho, para volver a admitir que "la
recuperación no ha llegado a todos ni a todos por igual".
Con todo, Rajoy ha mantenido el tono optimista de los
últimos días y, si el ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestaba
horas antes que las previsiones oficiales de crecimiento del 2% en 2015
son hoy por hoy "moderadas", el presidente del Gobierno señaló que "no
es lo mismo que la economía se contraiga o que crezca por encima del 2%
el próximo año".
"No es lo mismo que se destruya empleo a que el desempleo
se haya reducido en más de 500.000 personas en un año, o la sangría de
afiliados a la Seguridad Social a que, con el último dato disponible,
ésta haya crecido en 400.000 personas en doce meses", ha apostillado.
Así es el nuevo subsidio para parados de larga duración que firman hoy el Gobierno y los sindicatos
La ayuda será de 426 euros durante seis meses e irá acompañada de acciones de orientación y formación
Se estima que entre 400.000 y 450.000 personas puedan percibirla
Hará falta tener al menos un familiar a cargo y llevar como mínimo seis meses sin cobrar ninguna prestación
El Gobierno y los agentes sociales se reúnen este lunes
en La Moncloa para estampar la firma a una medida que los sindicatos
llevan meses reclamando: un nuevo subsidio para parados de larga
duración. Será uno de los pocos acuerdos concretos que las centrales y
el Ejecutivo cierran durante esta legislatura. El objetivo: aumentar la
tasa de cobertura del sistema de protección social, que ha caído veinte
puntos desde 2010 y trece desde que comenzó a gobernar Rajoy a finales
de 2011.
¿En qué consiste la ayuda?
Se trata de un subsidio de 426 euros que podrán percibir
durante seis meses los parados de larga duración. Además de la
prestación económica, los servicios públicos de empleo tendrán que hacer
un itinerario personalizado de cada beneficiario y ofrecerles servicios
de orientación y formación para recualificarles. La idea es, según han
explicado los sindicatos, que estas personas reciban también ofertas de
empleo acordes a su recualificación. De ser así, la prestación económica
sería compatible con el empleo.
¿Quién puede cobrarla?
Las personas que sean paradas de larga duración, es
decir, que lleven al menos doce meses en el paro. Esa situación de
desempleo tiene que haber sido ocasionada por la pérdida de un trabajo,
es decir, no es una prestación asistencial como puede serlo la Renta
Activa de Inserción ni una ayuda para los que buscan su primer empleo.
Hará falta también tener al menos un familiar a cargo. Los beneficiarios
no pueden tener ingresos superiores al 75% del IPREM (unos 480 euros
mensuales) y deben llevar al menos seis meses sin percibir ninguna
prestación, un plazo que se ha reducido desde la anterior propuesta del
Gobierno, que planteaba que hubiera transcurrido un año.
¿Cuánto dura?
La ayuda entrará en vigor en enero de 2015 y estará
vigente hasta el 15 de abril de 2016. Tres meses antes de que venza, el
Gobierno y los sindicatos se sentarán para evaluar el programa y
considerar una prórroga. Aunque este es el plazo de vigencia, la ayuda
económica solo podrá cobrarse durante seis meses, aunque las acciones de
orientación y formación podrán prolongarse durante todo el periodo.
¿A cuánta gente se estima que llegue?
Se espera que entre 400.000 y 450.000 personas perciban
esta ayuda. Según los cálculos de los sindicatos, esta prestación hará
que la tasa real de cobertura crezca entre 7 y 8 puntos por encima de la
actual, que se sitúa en el 57,3%.
¿Cómo puede hacerse compatible con un empleo?
Si durante el tiempo que dura la prestación económica, la
persona encuentra un empleo, podrá hacer compatibles ambas cosas. En
ese caso, la ayuda serviría para abaratar el coste económico del
trabajador: se detraería del sueldo que cobre. Es decir, si a una
persona le ofrecen un sueldo de mil euros, de ellos 426 serán pagados
por el Servicio Público de Empleo. De esta forma, el empresario abonaría
menos dinero. Será, además, acumulable a todas las bonificaciones a la
contratación que ya existen, aunque se fijará un límite.
¿Cuál es el presupuesto para este programa?
El Gobierno cifra el coste entre 1.000 y 1.200 millones
de euros. Esa sería la cantidad destinada a sufragar las prestaciones
económicas, pero el Gobierno tendrá que aumentar también la partida de
políticas activas para que los servicios públicos de empleo lleven a
cabo las acciones de orientación y recualificación. La cantidad, sin
embargo, se desconoce por el momento.
¿Tienen algo que ver las comunidades autónomas?
Sí. Aunque las prestaciones son competencia del Estado,
las políticas activas lo son de las comunidades autónomas. Es por eso
que el Gobierno también ha consultado con ellas. Serán las comunidades
las que implanten, por tanto, las acciones de formación y orientación.
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