Desde el pasado verano se viene gestando una ley que contra todas luces se presenta como “Ley de seguridad ciudadana”, y que como bien comentaba Adelina Cabrera en su artículo de este verano no es más que una mordaza para que los ciudadanos y ciudadanas, además de tener que sufrir el maltrato vejatorio de las políticas de recorte y austericidio impuestas por la troika y el beneplácito de sus sirvientes del gobierno estatal, no puedan ya ni si quiera ejercer la libertad de expresión mostrando su rechazo y oposición, así como manifestarlo públicamente y dar difusión a esa protesta.
Pues ya llegó el día 11 de Diciembre y
ha sido tramitada a nivel parlamentario. El rodillo absoluto del PP ha
hecho que casi sin atender enmiendas correctivas por partes de las otras
formaciones políticas del estado español, la haya puesto en
funcionamiento, y por fin nuestros autoritarios gobernantes (por poco
tiempo) cuentan con una ley que limita la protesta social mediante la
imposición del miedo más puro y duro, miedo que nos retrotrae a épocas
anteriores de nuestra historia reciente, épocas oscuras llenas de
vileza, ensañamiento, y represión a los más débiles y no afines al
régimen. No hay que equivocarse por mucho miedo que quieran infundirnos,
esta ley no es más que una muestra evidente de su debilidad, la defensa
de sus propios intereses en contra de los de la mayoría de la
ciudadanía y su inoperancia para hacer frente con valentía a las
garantías sociales que un gobierno responsable hubiese llevado a cabo, y
que además como casi todo lo que hacen tendrá su efecto boomerang. Ya
les golpeará en la nuca, es solo cuestión de tiempo.
Esta ley, como decía, intenta
infundirnos con un estado de miedo permanente a la represión, y para
ello cuenta con tres herramientas principales:
1.- Represión económica: A través de
multas desproporcionadas a personas y colectivos por infracciones que en
comparación con otro tipo de infracciones (delitos o faltas) mucho más
graves establecidas en el código penal, hace que por ejemplo un
homicidio imprudente o una agresión con tentativa de homicidio tenga
sanciones económicas más bajas que convocar una manifestación que ellos
pudieran interpretar con esta ley como “ilegal”.
2.- Criminalización de la protesta
social: Con esta medida pasan a ser considerados delito muchos tipos de
protesta pacífica que hasta ahora son consideradas DERECHOS
FUNDAMENTALES de los ciudadanos, aumentan los años de cárcel y el número
de conductas que se consideran infracciones, como la resistencia
pacífica a la autoridad, que puede conllevar hasta 9 meses de prisión y
hasta 30000€ de multa.
3.- Impunidad policial: Con este último
punto dotan casi de poder absoluto a los agentes de los cuerpos de
seguridad del estado de manera que, si bien deben estar al servicio de
la ciudadanía, les sirve para convertirlos en perros de presa que actúen
como escudo entre ellos y los ciudadanos. Para ello se estipula:
- Prohibición de grabar a los cuerpos de seguridad del estado en el “ejercicio de sus funciones” (con lo importante que son estos documentos gráficos como pruebas en caso de abuso, ahora no solo se desestimarían, sino que incurriría en delito la persona que las aporte) y/o compartirlas y/o difundirlas.
- Se duplica casi el nº de infracciones administrativas que constituyen comportamiento delictivo, quedando a disposición de los cuerpos el enjuiciamiento de abrir causa por esas infracciones, en lugar del poder judicial.
- El testimonio de los agentes cuenta con presunción de veracidad, lo que diga un agente de la ley vale más que lo que alegue un ciudadano, ciudadana o colectivo. Como perjuicio añadido queda fijada en la redacción de esta ley un margen de interpretación de la misma muy alta, con lo que otorga un verdadero cheque en blanco a los jueces y fuerzas de seguridad del estado para ejercer un verdadero estado policial.
- Prohibición de grabar a los cuerpos de seguridad del estado en el “ejercicio de sus funciones” (con lo importante que son estos documentos gráficos como pruebas en caso de abuso, ahora no solo se desestimarían, sino que incurriría en delito la persona que las aporte) y/o compartirlas y/o difundirlas.
- Se duplica casi el nº de infracciones administrativas que constituyen comportamiento delictivo, quedando a disposición de los cuerpos el enjuiciamiento de abrir causa por esas infracciones, en lugar del poder judicial.
- El testimonio de los agentes cuenta con presunción de veracidad, lo que diga un agente de la ley vale más que lo que alegue un ciudadano, ciudadana o colectivo. Como perjuicio añadido queda fijada en la redacción de esta ley un margen de interpretación de la misma muy alta, con lo que otorga un verdadero cheque en blanco a los jueces y fuerzas de seguridad del estado para ejercer un verdadero estado policial.
El derecho a reunión considerará
ilegales las concentraciones o manifestaciones que no hayan sido
comunicadas previamente a las autoridades, y participar en ellas
conllevará sanciones que son absolutamente desproporcionadas y dignas de
la más bananera de las repúblicas bananeras existentes, contradiciendo a
la ya denostada y más que prostituida constitución española, que recoge
el derecho a la manifestación “espontánea” y la libertad de asociación
en las mismas, así como también a la carta de derechos humanos
fundamentales.
Las sanciones por convocar o difundir
información sobre una concentración o manifestación de estas
características que considerarían “ilegales” podría alcanzar hasta los
600000€ y una pena de hasta un año de cárcel.
Se considerará violenta una
manifestación en las que unas pocas personas se comporten violentamente,
por lo que boicotear una manifestación pacífica para que fracase como
tal y su disolución usando la fuerza será más fácil que nunca, incluso
para los propios agentes que se infiltran en ellas y generan estas
situaciones con esa finalidad.
Para poner la guinda, y como no podía
ser de otra manera, nuestro gobierno si puede superarse lo hace sin
duda; a última hora han incluido una enmienda a la ley, que autoriza las
devoluciones “en caliente” de las personas inmigrantes que tratan de
entrar por nuestras fronteras de manera desesperada y que ellos
consideran ilegales…
El PP en su afán por enfatizar la
“necesidad” de esta ley falsea hasta los datos de su ministro de
interior Jorge Fernández Díaz, pues si bien él catalogaba de violentas
72 manifestaciones en 3 años de gobierno popular, el PP eleva este
número hasta los 1000 sin ninguna otra explicación que porque sí,
cifrando también en 865 ciudadanos y ciudadanas heridos de diferente
consideración, también 618 policías nacionales y guardias civiles
heridos, y un coste de reparaciones personales y efectos de mobiliario
urbano de 47,5 millones de euros.
No nos vamos a callar, no nos van a
parar; ahora más que nunca hay que salir a gritar por nuestra libertad y
derechos, hasta que les resuenen en sueños nuestras voces y no les
dejen pegar ojo, están sintiendo nuestro aliento en sus cogotes… y si no
que se vayan preparando para un verdadero colapso del sistema judicial y
de instalaciones penitenciarias, porque no nos vamos a rendir en la
búsqueda de justicia y democracia real. Es el gobierno quien nos está
llamando a las luchas con esta ley, y en su escasa inteligencia e
imprudencia como hasta ahora han venido demostrando de manera
reiterativa, no se dan cuenta que llevamos más tiempo que ellos
combatiendo en ellas, como dijo “aquel”… ¡Hasta la victoria siempre!
¡Salud y fuerza!
¡Salud y fuerza!
Juanjo Moreno Checa. Candidato a Secretario General de Podemos Bormujos y miembro de En Lucha
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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