EXTRADICIÓN DE MARTIN VILLA Y UTRERA MOLINA : UNA ORDEN CONTRA EL RÉGIMEN DEL 78

Escrito por  Roberto Laxe

La orden de extradición emitida por la jueza argentina Servini contra 20 ex altos cargos del franquismo, a instancias de descendientes de represaliados del franquismo, es un torpedo a la línea de flotación del régimen del 78.

Cuestiona una de sus columnas vertebrales, la ley de amnistía / Punto Final que permitió reconvertirse en demócratas a los que había participado activamente de la dictadura.
El franquismo en 1970 se vio obligado, por la movilización social interna y externa, a conmutar las penas de muerte del Juicio de Burgos contra militantes de ETA. A partir de ese momento da comienzo realmente la Transición; pues es cuando la burguesía española busca un recambio a un régimen agónico, para salvar los muebles. No quería aventuras que condujeran a situaciones irreversibles en una década, los 70, caracterizada por las explosiones revolucionarias. En esa década se produce la victoria del Vietnam, la revolución portuguesa, la caída de la dictadura griega, la revolución nicaragüense, ... todo como resaca del mayo del 68 francés.
En lo interno, el estado español vive un auge de las movilizaciones obreras y populares sin precedentes en décadas, con picos como la huelga general de Ferrol del 72, las huelgas en el “cinturón rojo” de Madrid, etc., y en 1976 la huelga general de Vitoria.
De qué los acusan
Utrera Molina, ministro de Franco en su momento, es acusado de firmar en 1973 la sentencia de muerte de Salvador Puig Antic, militante libertario, y del ciudadano polaco Heinz Chec para “justificar” la muerte de Antic. Era un intento del régimen de demostrar su fortaleza ante una población cada vez más insumisa, de que no cedía como tuvo que hacer en los Juicios de Burgos. Fue un crimen político en toda regla.
El caso de Martin Villa es más grave, si cabe. En 1976 era ministro de Relaciones Sindicales (sic), y Fraga el ministro de la Gobernación (actual Interior). Cuando miles de obreros vascos se concentran en la Iglesia de San Francisco de Vitoria, la policía recibe la orden de disparar. El resultado son cinco muertos y decenas de heridos. Martin Villa, como Fraga, quién en un alarde de chulería afirmó, “la calle es mía” y hace tres años se ratificó, “volvería a actuar como lo hice”, fueron los responsables políticos de aquella carnicería.
La aprobación de la Ley de Amnistía en el 77 los libró de tener que responder, como sucedió con todos los cargos del franquismo, que de aquella muchos vivían.
Se perdonaron y quisieron que se olvidaran las responsabilidades de los que todavía mantenían 120 mil muertos en cunetas y tapias de cementerios, donde siguen gracias a los pactos de la Transición. La burguesía no podía prescindir de ellos porque muchos se habían convertido en burgueses gracias a la cobertura de la represión y la dictadura, a través del robo y el saqueo, estraperlo / contrabando, etc.; por eso negoció con la oposición democrática la amnistía de los presos políticos que no hubieran cometido delitos de sangre, mientras perdonaban los crímenes de los franquistas que sí habían cometido delitos de sangre.
El régimen del 78 nacía con una flagrante doble moral: bajo el manto de la reconciliación nacional, los franquistas se libraban de lo que no se libraron sus “admirados” nazis y fascistas italianos.
La ley de la des memoria histórica
En el 2004 llega al gobierno Zapatero; uno de los motores que lo impulsa es la reivindicación cada vez más fuerte de la reparación de los crímenes del franquismo. Son los hijos y los nietos de las victimas de la represión los que a pesar de todas las trabas burocráticas y políticas, van recuperando el pasado. ZP se compromete a aprobar una ley de la memoria histórica que de respuesta a la reivindicación, pero se queda en el saludo a la bandera de la Ley que hoy conocemos.
El franquismo sigue vivo en las instituciones fundamentales del régimen, en los consejos de administración de las grandes empresas, que no pueden admitir que se reivindique la memoria de los represaliados porque es acusarlos de beneficiarse de delitos de lesa humanidad.
No es neutral esa reivindicación, tras cada muerto hay un “quién dio la orden”, “quien disparó”,... Muchos dicen que ya han desaparecido y por lo tanto es un ejercicio vano, puestos que sus descendientes no son responsables de sus crímenes. Sería cierto si esos descendientes rechazaran las prebendas, las propiedades y el capital que sus antepasados acumularon gracias al franquismo. “En la herencia llevan la responsabilidad”, y solo renunciando a ella podrían demostrar que sí rompen con el pasado.
Pero hay otro motivo más prosaico, ¿cómo Villar Mir –ministro del 1er gobierno de la Monarquía y hoy uno de los grandes del capitalismo español-, los duques de Alba o cualquier otro capitalista cuya familia acumulo su riqueza bajo el franquismo va a renunciar a su herencia?. El franquismo vive en el presente porque el capitalismo español se forjó a lo largo de 40 años bajo su manto, sus leyes antiobreras, de su represión como en Vitoria, de crímenes políticos como la ejecución de Puig Antich.
Por este motivo la Ley de la Memoria histórica solo podía llegar a buen puerto derogando la ley de amnistía que los ampara. La única manera de conseguir la reparación y la justicia por lo sucedido pasa por su derogación y, por ende, la desaparición del régimen que sustenta.
La orden de extradición debe servir para allanar el camino en esta lucha; una sociedad que vive en el olvido de 120 mil de sus gentes que dejaron la vida por una sociedad mejor, es una sociedad enferma y atemorizada incapaz de enfrentarse a sus propios fantasmas. El silencio clamoroso de todas las fuerzas políticas de la izquierda ante el órdago que supone la orden de la jueza Servini, los convierte en cómplices del mantenimiento de un régimen que se sustenta en crímenes de lesa humanidad.
El principio de justicia universal y los delitos de lesa humanidad
Las dictaduras nazis y fascistas fueron derrotadas en la II Guerra Mundial no solo por los ejércitos “aliados”, sino por las poblaciones trabajadores de las naciones ocupadas y oprimidas. El fin de Hitler y Mussolini,... fue un grito de libertad que obligó a las potencias vencedoras a ir más allá de lo que realmente les gustaría, tuvieron que juzgar y en casos ejecutar a los responsables de los terribles crímenes cometidos.
Para evitar que la situación en Alemania tomara el camino de Italia o Francia, donde la población hace justicia contra los dictadores, ejecutando a Mussolini, su amante Clara Petaci, o en Francia contra los colaboracionistas, las potencias vencedoras buscan la manera de encauzar el odio popular, y se realizan los Procesos de Nuremberg, juzgando y condenando a la plana mayor del nazismo.
Son unos juicios donde se aplica el principio de “justicia universal”, por encima del de territorialidad de la justicia. A los criminales nazis los juzgan tribunales no alemanes, sino norteamericanos, rusos, británicos, etc.; junto con este “nuevo” principio jurídico, se crean “nuevos” delitos, e incumpliendo uno de los principios de la justicia burguesa, se hace con efectos retroactivos. Esos nuevos delitos son los de “lesa humanidad”, como el genocidio, etc., etc., que son imprescriptibles, es decir, son perseguibles siempre.
Tanto el principio de justicia universal como los nuevos delitos que se crean, son una gran conquista democrática de la población que no han llegado al Estado Español, aunque hipócritamente suscriba todos los tratados que los garantizan.

OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA