La crisis que estamos viviendo desde aproximadamente el verano del
2007 tiene que ver con la misma esencia, con la misma forma de funcionar
del modo de producción capitalista.
De un tiempo a esta parte, especialmente con la irrupción de
Podemos en las pasadas elecciones al Parlamento europeo, mucho se está
hablando de la necesidad de una “revolución democrática” en el Estado
español. Por su parte, Izquierda Unida, especialmente el diputado por
Málaga en el Parlamento español Alberto Garzón, también la invoca con
cierta frecuencia, de hecho, esta coalición tiene publicado un documento
“Revolución Democrática y Social” en el que se lanzan toda una serie de
medidas políticas (http://revoluciondemocraticaysocial.org/).
Por otro lado, el destacado economista catalán Vicenç Navarro publicó
no hace mucho un interesante artículo en el que también apelaba a una
“necesaria y urgente revolución democrática” en el Estado español (“La
necesaria y urgente revolución democrática”, http://www.vnavarro.org/?p=11358) .
Sin en ningún momento cuestionar la necesidad de una verdadera revolución democrática en el Estado español, sí se hace necesario aclarar qué se quiere con dicho término, qué propuestas políticas conllevan y, sobre todo, qué finalidad tendría dicha revolución democrática, especialmente si esa revolución es un fin en sí misma o debe de servir para conseguir más fines, desde un punto de vista marxista, haciendo por tanto, un “análisis concreto de la situación concreta”.
Este artículo no se propone ni analizar la situación de la izquierda en general en el Estado español, ni la particular de IU, ni entrar a valorar a Podemos como fenómeno político, aunque sí se analizarán sus propuestas de “revolución democrática” de forma crítica, sobre todo, si dichas propuestas pueden realizarse dentro del marco institucional y legal del Estado español y la Unión Europea, ya que justamente, la revolución democrática que aquí se viene a defender es el de la ruptura de o con esos marcos como garantía última para conseguir una auténtica democracia política y económica.
La crisis que estamos viviendo desde aproximadamente el verano del 2007 tiene que ver con la misma esencia, con la misma forma de funcionar del modo de producción capitalista. Esta crisis no es una estafa como algunos sectores se empeñan en difundir, esta crisis va mucho más allá de determinados comportamientos “inmorales”, criminales o egoístas de determinadas élites políticas o económicas, más allá de esa “economía de casino” de la que tanto se ha hablado y escrito. El capitalismo, como modo de producción, como relación dialéctica de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción no da más de sí, los aspectos positivos que en un momento histórico pudo tener el desarrollo del capitalismo se acabaron hace mucho. El capitalismo como sistema solo puede ofrecer miseria, opresión y barbarie para la inmensa mayoría de la Humanidad. La revolución democrática que aquí se propone tiene esa perspectiva y es concebida como un instrumento político anticapitalista de primer orden.
Esta crisis ha puesto en evidencia la podredumbre del régimen español surgido de la muerte de Franco y de la Constitución española de 1978: corrupción, clientelismo, autoritarismo, falta de mecanismos democráticos de control, abuso de poder, caciquismo, fanatismo nacionalista español, etc. Los pactos que en su momento dieron lugar a la España constitucional se han roto con la crisis, aunque el marco institucional español ya venía dando muestras de agotamiento desde antes.
Por otro lado, vemos en las diferentes propuestas de “revolución democrática” una ausencia total de la cuestión nacional en el Estado español. Solo el profesor Navarro se refiere a ella, defendiendo el derecho de autodeterminación de Catalunya desde una perspectiva no independentista. Consideramos que ignorar el potencial democrático radical de la lucha nacional de los pueblos del Estado español supone prácticamente ignorar o, más bien, traicionar la propia “revolución democrática” que se pretende.
Las propuestas de “revolución democrática”
El documento de IU antes mencionado comienza diciendo que los pilares de la “revolución democrática” que proponen son dos: uno, la revolución política, entendida como “radicalidad democrática en las reglas del juego democrático”, y dos, la revolución económica, entendida como ”alternativas sociales a la estrategia neoliberal de ajuste económico”. En la exposición de motivos de la revolución económica se dice: “El capitalismo no se plantea en este momentos mejorar la calidad de vida de las personas, pues para mantener sus beneficios necesita recortes, sufrimiento y represión, es decir, necesita que la mayoría asuma que tiene que vivir peor para que una minoría viva mejor” (…) “El capitalismo aprovecha la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa de beneficio, aumentando así la explotación, recortando los derechos sindicales y democráticos para hacerlo posible y acentuando los conflictos armados” (…)”En consecuencia, la mayoría social trabajadora necesita su propia alternativa, orientada a avanzar en la superación del capitalismo” (…). A continuación se desarrollan de forma breve propuestas concretas como la auditoria ciudadana de la deuda, la prioridad del gasto social, políticas de creación de empleo y subidas salariales, políticas de igualdad y tiempo de trabajo, reforma fiscal, banca pública, derecho social a la vivienda y políticas agrarias y ganaderas.
En cuanto a la revolución política, en su exposición de motivos encontramos lo siguiente:” El golpe de la Troika, que está limitando los espacios de una democracia formal y poniendo los cimientos de un régimen autoritario, es el resultado de un proyecto político europeo, pactado por la derecha y la socialdemocracia europea, concretado en todos los tratados europeos desde Maastricht hasta el último de Estabilidad, sobre la base de la desregulación económica y financiera, las privatizaciones, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central que incentiva la especulación financiera de la banca privada” (…) “Se trata de contraponer un modelo de integración horizontal y solidario, que empiece por consolidar las alianzas en el sur de Europa, frente al principio desregulador que garantiza el traspaso de las rentas del trabajo a las del capital haciendo retroceder las conquistas de las personas trabajadoras, su capacidad adquisitiva, sus condiciones laborales y sociales” (…) “En este marco, tenemos que señalar que la crisis que asola al Estado español no es solamente una crisis económica, sino también una crisis política que está anclada en la paulatina degeneración del sistema monárquico instaurado en 1978 y de su, desde largo tiempo instalada, dinámica bipartidista”. A continuación, como en el caso de la revolución económica, se desarrollan toda una serie de puntos como el estatus del cargo público, democracia participativa, procedimiento electoral y la democratización de los medios de comunicación.
Por otro lado, hemos de tomar el programa presentado por Podemos a las pasadas elecciones al Parlamento europeo, también tomaremos en cuenta el borrador “Una revolución democrática. Propuesta de principios políticos” avalado por el Círculo de Podemos de la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a Podemos, hemos de tener presente que hasta su “Asamblea Ciudadana” prevista de este mes de octubre no se tendrá una propuesta clara más allá de los documentos antes referidos; al respecto, también podríamos referirnos a declaraciones de sus destacadas figuras mediáticas, pero vendría a complicar el análisis, además de no saberse hasta qué punto dichas declaraciones son asumidas por el conjunto de Podemos.
Básicamente, el programa electoral de Podemos para las Europeas pasadas proponía toda una serie de propuestas encaminadas a “democratizar la Unión Europea” en diferentes aspectos: auditoria de la deuda, derogación del artículo 135 de la Constitución española, control público de determinados sectores de la economía, apoyo a la banca pública, defensa de la pequeña y mediana empresa, reforma fiscal, cambio de modelo productivo, renta básica, extensión de las iniciativas legislativas populares, proceso constituyente europeo, igualdad entre hombres y mujeres, defensa de la educación pública, reconocimiento del “ derecho a decidir”, referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN, etc . En cuanto al borrador antes mencionado, se propone: recuperación de la soberanía popular a través de un proceso constituyente a nivel nacional (debemos entender en este caso “nacional” por el Estado español), recuperación de la soberanía nacional por medio de un proceso constituyente a nivel europeo (de nuevo, debemos entender “nacional” por Estado español), y por último, contribución a un nuevo modelo territorial, económico y social que satisfaga las necesidades colectivas. En este último documento se dice: ” En esta situación de precariedad democrática y de extrema debilidad del poder del pueblo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional (desde 2008), así como la salida de ella –aprovechada por los poderes financieros internacionales para reducir al mínimo los servicios públicos, recortar derechos y libertades, y hacer que los ciudadanos paguen los errores y las pérdidas de las grandes empresas y bancos–, han supuesto una crisis radical del sistema político postfranquista y la aparición de nuevas formas de poder y participación social que ponen también en crisis el aparente consenso social, político y cultural surgido de la Transición” , más adelante dice: “PODEMOS entiende que la rebelión popular de los últimos años está constituyendo un proceso destituyente de facto que ha acabado con la legitimidad política del estado postfranquista y su constitución de 1978, así como con la legitimidad económica de la economía desarrollista, extractivista, consumista y competitiva de corte neoliberal. Se hace necesario, pues, primero culminar tal proceso destituyente desde la participación social, y no desde el consenso de las élites, trasladándolo a las instituciones, para, después, iniciar un proceso constituyente realmente democrático, en el que la ciudadanía tenga un papel activo y verdaderamente libre. Es objetivo básico de PODEMOS poner en marcha este proceso, que lleve a una asamblea constituyente y a una nueva Constitución democrática en nuestro país, la cual, sin renunciar a los innegables logros sociales de la Constitución de 1978, resuelva sus defectos más evidentes, como la forma del Estado y el problema territorial, incluyendo procesos de
consulta ciudadana sobre estos y otros temas, y plantee un nuevo tipo de sociedad más justa, equilibrada y plural”.
Por su parte el profesor Navarro en su artículo nos dice lo siguiente: “Esta demanda, centrada de momento en la esfera política, de exigir democracia, es una demanda auténticamente revolucionaria, es decir, que se enfrenta directamente con las estructuras de poder, cuestionando su permanencia y existencia. Hoy, exigir que cada ciudadano tenga el mismo poder de decisión y de gobernar el país, a través de formas de participación tanto directa (como referéndums basados en el derecho a decidir) como indirecta (a través de la vía representativa), es una demanda auténticamente revolucionaria. No es ya la nacionalización de los medios de producción, sino la exigencia de que exista una democracia real, lo que crea pánico en los establishments de estos países, como lo muestra muy claramente el caso de España. La Transición, que, como documenté hace ya años (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002), distó mucho de ser modélica, no significó una ruptura con el Estado dictatorial, sino una modificación (resultado, predominantemente, de la presión del movimiento obrero) para permitir elementos y componentes democráticos en ese Estado, sujetos a enormes limitaciones. Y entre ellas, el funcionamiento de las instituciones representativas dentro de un contexto mediático altamente controlado por grupos financieros y económicos que ejercen una excesiva influencia sobre el Estado”.
Una necesaria visión crítica
La situación a priori parece bien clara: el Estado español surgido de la muerte de Franco y de la Constitución española de 1978 no da para más, los pactos que tuvieron lugar en aquellos años han saltado por los aires y no solo debido a la crisis sistémica, en este caso podemos afirmar que la crisis sistémica ha servido de acelerante de un fuego que ya se había encendido previamente.
Anteriormente hemos echado un vistazo a diferentes análisis de la situación y propuestas políticas concretas enmarcadas en una llamada “revolución democrática”. La pregunta que nos surge es si pueden esos análisis y esas propuestas llevarnos hacia una revolución democrática entendida como la ruptura de los actuales marcos institucionales y la acumulación de fuerzas para una verdadera transformación social.
Antes de empezar, en el caso concreto de Izquierda Unida, llama la atención la ausencia de una análisis histórico de por qué se ha llegado a esta situación, la explicación puede ser sencilla: porque ello implicaría una auténtica autocrítica del papel jugado por el Partido Comunista de España (PCE) durante la Transición, autocrítica que no se está de ninguna de las maneras dispuesta a hacer. Para IU está situación ha surgido de la nada, en todo caso, como se ha argumentado a veces, de una determinada lectura no progresista en lo político y en lo social de la Constitución de 1978. Igualmente, en el caso de Podemos, debemos hacer también dos breves puntualizaciones: la primera es que como proyecto político ahora mismo está en el aire, como ya hemos dicho anteriormente; la segunda es que Podemos aun teniendo la virtud de haber politizado o de haber integrado en la participación política a personas que antes estaban ajenas a la misma, está dando un discurso que ensalza la centralidad de la presencia institucional y de la participación electoral frente a la organización y la movilización popular, cuando, en nuestra opinión, debería ser al revés, es decir, la centralidad debería estar en la organización y la movilización popular, teniendo la presencia institucional y la participación electoral un papel de apoyo y sustento. Este discurso es especialmente peligroso ya que carga de potencialidades a unas instituciones que por naturaleza no las tienen ni las pueden tener, por tanto, siguiendo con esta visión, solamente con el voto sería suficiente para cambiar la situación. Ni que decir tiene que existen suficientes antecedentes históricos que no avalan dichos mensajes.
Pero la cuestión es la siguiente, más allá de los programas que en cada momento se puedan ofrecer, que lógicamente dependen de las diferentes coyunturas, está la falta de una visión estratégica, es decir, la carencia de un análisis del capitalismo como sistema global. De ahí que las propuestas que hemos visto antes se queden en reivindicar o bien una situación previa a la crisis o bien un “capitalismo de rostro humano”, es decir, volver a la situación previa a la irrupción de las políticas neoliberales a finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo XX. En esa falta de visión estratégica, vemos que es común refundir las teorías de Keynes con las de Marx, como si prácticamente ambas propuestas respondieran a una misma ideología. Supuestamente, según nos dicen economistas como Vicenç Navarro o Alberto Garzón, Marx y Keynes habrían coincidió en señalar que las crisis se dan por la escasez de demanda (subconsumo), por tanto la solución es bastante sencilla: el Estado tiene que encargarse de arreglar ese problema con políticas expansivas e inversiones públicas con el fin de aumentar la demanda. Por supuesto, de una forma muy resumida, esa era la visión de Keynes, pero no la visión de Marx.
Por tanto, las propuestas que hemos visto coinciden en los siguientes elementos:
Sin entrar en especulaciones sobre si IU o, sobre todo Podemos, tienen un programa oculto que podría implicar nacionalizaciones, el caso es que hoy por hoy, si de verdad se quiere poner la economía al servicio de los pueblos, si de verdad se desea un empoderamiento popular, la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía son el único camino que queda. En este sentido, tanto IU como Podemos divagan sobre la creación de una banca pública, empresas participadas por el Estado, control a las entidades bancarias, etc. El caso es que si se quiere evitar un verdadero riesgo de desinversión y una ola de deslocalizaciones, las nacionalizaciones son el remedio.
Todo esto que estamos diciendo en el plano de las políticas económicas es aún si cabe más aplicable en el plano de estrictamente político, así comprobamos la falta de una caracterización del Estado español, de un análisis histórico que ignora las reminiscencias y continuidades franquistas en la judicatura, el Ejército, o laa fuerzas de seguridad, sin una valoración crítica de la Transición o sobre la Unión Europea o la OTAN, o la falta de concreción sobre un posible proceso constituyente (o destituyente); en este caso, IU se limita a pedir un referéndum sobre monarquía o república, sin aclararnos lo más mínimo qué carácter tendría esa república, en el caso de Podemos, ni siquiera se concreta una opción claramente republicana, jugando sus líderes, especialmente Pablo Iglesias con una ambigüedad muy calculada al respecto. Todas estas ambigüedades también las observamos cuando se reivindica el “derecho a decidir”, a veces, ese derecho quiere decir que se está favor de la realización de meras consultas en determinados “territorios”, en otros se puede entender como un referéndum de autodeterminación.
Como curiosidad, Podemos en su programa electoral para las Europeas pedía un referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN, pero sin pronunciarse en dicho programa a favor o en contra. Como contrapunto, no se pedía un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea.
En definitiva, observamos programas políticos a realizar dentro de unos marcos legales, cuyo cambio se ve por parte de IU y Podemos en una perspectiva no cercana e imprecisa. Los programas que hemos analizados se contemplan realizar en el marco de la vigente Constitución española y de los tratados de la Unión Europea, ni que decir tiene qu esos programas no se pueden llevar a cabo en esos marcos, son irrealizables. Baste como ejemplo la propia Constitución de 1978, sus apartados más avanzados son ignorados continuamente, son papel mojado, mientras que sus apartados más reaccionarios se hacen cumplir con rigor y justamente, las dos modificaciones que ha sufrido la Carta Magna española han sido a instancias de Bruselas, la primera vez para permitir el voto a ciudadanos de otros Estados en las elecciones municipales, y la segunda, por orden de Merkel para priorizar el pago de la deuda frente a otros gastos (art. 135, CE). Irremediablemente, el mito del “buen gestor” despolitizado tropezará con el marco legal de la “casta”.
No se trata de mantener posiciones rígidas o dogmáticas, sino de que la táctica sirva a una estrategia. En este sentido, Podemos es una incógnita, en su favor debemos decir que al menos ha servido como revulsivo, que ha hecho hablar de nuevo a importantes sectores de la población de política y que incluso ha hecho entrar en política a no pocas personas antes ajenas. En las reuniones de los círculos hemos podido ver a muchas personas con un ansia verdadero de participar, de ser protagonistas de un cambio y crear poder popular, pero una cosa es eso y otra las diferentes intenciones de sus líderes mediáticos.
Izquierda Unida, por el contrario, es una incógnita despejada hace ya tiempo, el ejemplo de la gestión de IU, junto al PSOE, en Andalucía nos da una buena medida de en dónde se quedan las propuestas programáticas “revolucionarias”. La Junta de Andalucía ha gestionado las políticas dictadas por la Troika con todo sus recortes presupuestarios y de derechos sociales, por otro lado, todas y cada una de las medidas de “regeneración democrática” pactadas por el PSOE e IU desde la extensión de las iniciativas legislativas populares, la banca pública andaluza, etc., están durmiendo el sueño de los justos, todo un aviso a navegantes. Como ejemplo, valgan la Ley de Memoria Histórica Democrática, una ley progresista pero que nacerá sin financiación, si es que ve la luz, o la Ley Antidesahucios, que ha quedado “desahuciada”, valga la expresión, por el Tribunal Constitucional español, de nuevo, otro aviso a navegantes. En ningún momento, la Junta de Andalucía en uso de las escasas competencias que posee ha tratado de plantear una alternativa a la obediencia ciega de los dictados neoliberales.
En Andalucía la revolución democrática es soberanía nacional
La táctica puede servir para operar cambios cosméticos que, tarde o temprano, acaban siendo subsumidos por el régimen y por la lógica del sistema, o puede servir, como hemos planteado antes, al empoderamiento popular. No importa si esos elementos tácticos son reformistas, si de verdad existe una estrategia de poder popular esas reformas terminarán por desbordar los marcos establecidos y romperlos. Para ello lo fundamental es la organización y la movilización obrera y popular, incluyendo la participación en instituciones, pero siempre como una herramienta más de organización y lucha.
No hay vuelta atrás, el keynesianismo y sus políticas fueron una excepción en el desarrollo del capitalismo como sistema; idealizar un pasado en el que el Estado regulaba las relaciones entre las diferentes clases evitando los conflictos no puede llevarnos a ningún lado. El capitalismo en su fase imperialista es incompatible con la democracia, incluso con la democracia formal burguesa, y más en momentos de crisis sistémica. El capitalismo actualmente es el dominio absoluto de los oligopolios, en el que los políticos de distinto signo son meros gestores de decisiones tomadas fuera de los parlamentos e instituciones. La lucha pues ha de centrarse en otro modelo de desarrollo de las fuerzas productivas y de relaciones sociales, la revolución democrática ha de servir a ese propósito.
En ese proceso, la lucha por la soberanía resulta una herramienta sumamente importante para naciones sin Estado como Andalucía, sumida históricamente en el subdesarrollo y la dependencia. La situación de Andalucía es dramática: cerca de 3 millones y medio de personas viven en el umbral de la miseria, más de un 40% de la población andaluza, llegando a casi a la mitad de la población quienes no pueden hacer frente a gastos imprevistos y al 12% los que tienen retrasos en el pago de las facturas de luz o el agua, mientras 600.000 personas no tienen ningún tipo de cobertura social. Según datos y estudios de diversas ONGs, el riesgo de pobreza afecta en Andalucía a un 36% de la población infantil. No nos olvidamos de los ya manidos datos del paro en Andalucía: cerca del 35%, según datos de la EPA del primer trimestre del 2014, siendo en las mujeres un 3% mayor al de los hombres, pero el drama del paro se hace mayor cuando observamos que la tasa de paro entre jóvenes de 20 a 24 años es del 61%, con estos datos en la mano podemos afirmar sin ningún tremendismo que nuestra juventud trabajadora no tiene futuro en su propia tierra y se ve forzada a emigrar. Sin embargo, esta grave situación no se puede achacar exclusivamente a la crisis que estamos padeciendo, Andalucía tiene un problema como país, como nación que ha de resolver políticamente. No se trata solamente de la situación social y económica, hay que tener en cuenta otros elementos como la especialización agrícola en el interior y turística en la costa, la militarización del territorio andaluz, la condición de Andalucía como frontera de la UE, o la manipulación de las señas de identidad andaluzas.
No hay fatalidad, Andalucía se ha configurado en la marginalidad y la dependencia porque así ha sido decidido desde el poder español, en un primer momento, y más tarde también por la Unión Europea. Toda solución política pasa por el empoderamiento andaluz, es decir, por la creación de un poder soberano andaluz al servicio del conjunto del pueblo trabajador.
La lucha por la soberanía nacional andaluza ha de implicar un proceso destituyente y constituyente propios donde el protagonista sea el conjunto del pueblo trabajador, sin tutelas, en el que será preciso romper con los marcos legales impuestos por el Estado español y la Unión Europea. Un poder soberano que ponga los recursos en manos de la clase obrera y el pueblo andaluz, que desarrolle planes económicos en función de esa mayoría social y para esa mayoría social, que ponga en marcha de una vez una reforma agraria, que saque a Andalucía de la OTAN, que nos libre de la presencia militar imperialista, que cuide de nuestro medio ambiente, que empodere de verdad al pueblo y recupere nuestras señas de identidad.
Los planes de “revolución democrática” de IU y Podemos ignoran las circunstancias históricas y culturales de Andalucía, siendo evidente la óptica nacionalista española con la que han sido redactados. Como ejemplo valga el papel secundario que tanto IU como Podemos asignan a la cuestión agraria, fundamental para Andalucía. La reforma agraria no existe por ninguna parte quedándose todo en vagos planteamientos de carácter secundario.
La única ruptura democrática que cabe en Andalucía es la soberanía como herramienta popular de transformación social.
Sin en ningún momento cuestionar la necesidad de una verdadera revolución democrática en el Estado español, sí se hace necesario aclarar qué se quiere con dicho término, qué propuestas políticas conllevan y, sobre todo, qué finalidad tendría dicha revolución democrática, especialmente si esa revolución es un fin en sí misma o debe de servir para conseguir más fines, desde un punto de vista marxista, haciendo por tanto, un “análisis concreto de la situación concreta”.
Este artículo no se propone ni analizar la situación de la izquierda en general en el Estado español, ni la particular de IU, ni entrar a valorar a Podemos como fenómeno político, aunque sí se analizarán sus propuestas de “revolución democrática” de forma crítica, sobre todo, si dichas propuestas pueden realizarse dentro del marco institucional y legal del Estado español y la Unión Europea, ya que justamente, la revolución democrática que aquí se viene a defender es el de la ruptura de o con esos marcos como garantía última para conseguir una auténtica democracia política y económica.
La crisis que estamos viviendo desde aproximadamente el verano del 2007 tiene que ver con la misma esencia, con la misma forma de funcionar del modo de producción capitalista. Esta crisis no es una estafa como algunos sectores se empeñan en difundir, esta crisis va mucho más allá de determinados comportamientos “inmorales”, criminales o egoístas de determinadas élites políticas o económicas, más allá de esa “economía de casino” de la que tanto se ha hablado y escrito. El capitalismo, como modo de producción, como relación dialéctica de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción no da más de sí, los aspectos positivos que en un momento histórico pudo tener el desarrollo del capitalismo se acabaron hace mucho. El capitalismo como sistema solo puede ofrecer miseria, opresión y barbarie para la inmensa mayoría de la Humanidad. La revolución democrática que aquí se propone tiene esa perspectiva y es concebida como un instrumento político anticapitalista de primer orden.
Esta crisis ha puesto en evidencia la podredumbre del régimen español surgido de la muerte de Franco y de la Constitución española de 1978: corrupción, clientelismo, autoritarismo, falta de mecanismos democráticos de control, abuso de poder, caciquismo, fanatismo nacionalista español, etc. Los pactos que en su momento dieron lugar a la España constitucional se han roto con la crisis, aunque el marco institucional español ya venía dando muestras de agotamiento desde antes.
Por otro lado, vemos en las diferentes propuestas de “revolución democrática” una ausencia total de la cuestión nacional en el Estado español. Solo el profesor Navarro se refiere a ella, defendiendo el derecho de autodeterminación de Catalunya desde una perspectiva no independentista. Consideramos que ignorar el potencial democrático radical de la lucha nacional de los pueblos del Estado español supone prácticamente ignorar o, más bien, traicionar la propia “revolución democrática” que se pretende.
Las propuestas de “revolución democrática”
El documento de IU antes mencionado comienza diciendo que los pilares de la “revolución democrática” que proponen son dos: uno, la revolución política, entendida como “radicalidad democrática en las reglas del juego democrático”, y dos, la revolución económica, entendida como ”alternativas sociales a la estrategia neoliberal de ajuste económico”. En la exposición de motivos de la revolución económica se dice: “El capitalismo no se plantea en este momentos mejorar la calidad de vida de las personas, pues para mantener sus beneficios necesita recortes, sufrimiento y represión, es decir, necesita que la mayoría asuma que tiene que vivir peor para que una minoría viva mejor” (…) “El capitalismo aprovecha la crisis para imponer una salida que recomponga su tasa de beneficio, aumentando así la explotación, recortando los derechos sindicales y democráticos para hacerlo posible y acentuando los conflictos armados” (…)”En consecuencia, la mayoría social trabajadora necesita su propia alternativa, orientada a avanzar en la superación del capitalismo” (…). A continuación se desarrollan de forma breve propuestas concretas como la auditoria ciudadana de la deuda, la prioridad del gasto social, políticas de creación de empleo y subidas salariales, políticas de igualdad y tiempo de trabajo, reforma fiscal, banca pública, derecho social a la vivienda y políticas agrarias y ganaderas.
En cuanto a la revolución política, en su exposición de motivos encontramos lo siguiente:” El golpe de la Troika, que está limitando los espacios de una democracia formal y poniendo los cimientos de un régimen autoritario, es el resultado de un proyecto político europeo, pactado por la derecha y la socialdemocracia europea, concretado en todos los tratados europeos desde Maastricht hasta el último de Estabilidad, sobre la base de la desregulación económica y financiera, las privatizaciones, una moneda única sin Tesoro Público y un Banco Central que incentiva la especulación financiera de la banca privada” (…) “Se trata de contraponer un modelo de integración horizontal y solidario, que empiece por consolidar las alianzas en el sur de Europa, frente al principio desregulador que garantiza el traspaso de las rentas del trabajo a las del capital haciendo retroceder las conquistas de las personas trabajadoras, su capacidad adquisitiva, sus condiciones laborales y sociales” (…) “En este marco, tenemos que señalar que la crisis que asola al Estado español no es solamente una crisis económica, sino también una crisis política que está anclada en la paulatina degeneración del sistema monárquico instaurado en 1978 y de su, desde largo tiempo instalada, dinámica bipartidista”. A continuación, como en el caso de la revolución económica, se desarrollan toda una serie de puntos como el estatus del cargo público, democracia participativa, procedimiento electoral y la democratización de los medios de comunicación.
Por otro lado, hemos de tomar el programa presentado por Podemos a las pasadas elecciones al Parlamento europeo, también tomaremos en cuenta el borrador “Una revolución democrática. Propuesta de principios políticos” avalado por el Círculo de Podemos de la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a Podemos, hemos de tener presente que hasta su “Asamblea Ciudadana” prevista de este mes de octubre no se tendrá una propuesta clara más allá de los documentos antes referidos; al respecto, también podríamos referirnos a declaraciones de sus destacadas figuras mediáticas, pero vendría a complicar el análisis, además de no saberse hasta qué punto dichas declaraciones son asumidas por el conjunto de Podemos.
Básicamente, el programa electoral de Podemos para las Europeas pasadas proponía toda una serie de propuestas encaminadas a “democratizar la Unión Europea” en diferentes aspectos: auditoria de la deuda, derogación del artículo 135 de la Constitución española, control público de determinados sectores de la economía, apoyo a la banca pública, defensa de la pequeña y mediana empresa, reforma fiscal, cambio de modelo productivo, renta básica, extensión de las iniciativas legislativas populares, proceso constituyente europeo, igualdad entre hombres y mujeres, defensa de la educación pública, reconocimiento del “ derecho a decidir”, referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN, etc . En cuanto al borrador antes mencionado, se propone: recuperación de la soberanía popular a través de un proceso constituyente a nivel nacional (debemos entender en este caso “nacional” por el Estado español), recuperación de la soberanía nacional por medio de un proceso constituyente a nivel europeo (de nuevo, debemos entender “nacional” por Estado español), y por último, contribución a un nuevo modelo territorial, económico y social que satisfaga las necesidades colectivas. En este último documento se dice: ” En esta situación de precariedad democrática y de extrema debilidad del poder del pueblo, la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional (desde 2008), así como la salida de ella –aprovechada por los poderes financieros internacionales para reducir al mínimo los servicios públicos, recortar derechos y libertades, y hacer que los ciudadanos paguen los errores y las pérdidas de las grandes empresas y bancos–, han supuesto una crisis radical del sistema político postfranquista y la aparición de nuevas formas de poder y participación social que ponen también en crisis el aparente consenso social, político y cultural surgido de la Transición” , más adelante dice: “PODEMOS entiende que la rebelión popular de los últimos años está constituyendo un proceso destituyente de facto que ha acabado con la legitimidad política del estado postfranquista y su constitución de 1978, así como con la legitimidad económica de la economía desarrollista, extractivista, consumista y competitiva de corte neoliberal. Se hace necesario, pues, primero culminar tal proceso destituyente desde la participación social, y no desde el consenso de las élites, trasladándolo a las instituciones, para, después, iniciar un proceso constituyente realmente democrático, en el que la ciudadanía tenga un papel activo y verdaderamente libre. Es objetivo básico de PODEMOS poner en marcha este proceso, que lleve a una asamblea constituyente y a una nueva Constitución democrática en nuestro país, la cual, sin renunciar a los innegables logros sociales de la Constitución de 1978, resuelva sus defectos más evidentes, como la forma del Estado y el problema territorial, incluyendo procesos de
consulta ciudadana sobre estos y otros temas, y plantee un nuevo tipo de sociedad más justa, equilibrada y plural”.
Por su parte el profesor Navarro en su artículo nos dice lo siguiente: “Esta demanda, centrada de momento en la esfera política, de exigir democracia, es una demanda auténticamente revolucionaria, es decir, que se enfrenta directamente con las estructuras de poder, cuestionando su permanencia y existencia. Hoy, exigir que cada ciudadano tenga el mismo poder de decisión y de gobernar el país, a través de formas de participación tanto directa (como referéndums basados en el derecho a decidir) como indirecta (a través de la vía representativa), es una demanda auténticamente revolucionaria. No es ya la nacionalización de los medios de producción, sino la exigencia de que exista una democracia real, lo que crea pánico en los establishments de estos países, como lo muestra muy claramente el caso de España. La Transición, que, como documenté hace ya años (ver Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, 2002), distó mucho de ser modélica, no significó una ruptura con el Estado dictatorial, sino una modificación (resultado, predominantemente, de la presión del movimiento obrero) para permitir elementos y componentes democráticos en ese Estado, sujetos a enormes limitaciones. Y entre ellas, el funcionamiento de las instituciones representativas dentro de un contexto mediático altamente controlado por grupos financieros y económicos que ejercen una excesiva influencia sobre el Estado”.
Una necesaria visión crítica
La situación a priori parece bien clara: el Estado español surgido de la muerte de Franco y de la Constitución española de 1978 no da para más, los pactos que tuvieron lugar en aquellos años han saltado por los aires y no solo debido a la crisis sistémica, en este caso podemos afirmar que la crisis sistémica ha servido de acelerante de un fuego que ya se había encendido previamente.
Anteriormente hemos echado un vistazo a diferentes análisis de la situación y propuestas políticas concretas enmarcadas en una llamada “revolución democrática”. La pregunta que nos surge es si pueden esos análisis y esas propuestas llevarnos hacia una revolución democrática entendida como la ruptura de los actuales marcos institucionales y la acumulación de fuerzas para una verdadera transformación social.
Antes de empezar, en el caso concreto de Izquierda Unida, llama la atención la ausencia de una análisis histórico de por qué se ha llegado a esta situación, la explicación puede ser sencilla: porque ello implicaría una auténtica autocrítica del papel jugado por el Partido Comunista de España (PCE) durante la Transición, autocrítica que no se está de ninguna de las maneras dispuesta a hacer. Para IU está situación ha surgido de la nada, en todo caso, como se ha argumentado a veces, de una determinada lectura no progresista en lo político y en lo social de la Constitución de 1978. Igualmente, en el caso de Podemos, debemos hacer también dos breves puntualizaciones: la primera es que como proyecto político ahora mismo está en el aire, como ya hemos dicho anteriormente; la segunda es que Podemos aun teniendo la virtud de haber politizado o de haber integrado en la participación política a personas que antes estaban ajenas a la misma, está dando un discurso que ensalza la centralidad de la presencia institucional y de la participación electoral frente a la organización y la movilización popular, cuando, en nuestra opinión, debería ser al revés, es decir, la centralidad debería estar en la organización y la movilización popular, teniendo la presencia institucional y la participación electoral un papel de apoyo y sustento. Este discurso es especialmente peligroso ya que carga de potencialidades a unas instituciones que por naturaleza no las tienen ni las pueden tener, por tanto, siguiendo con esta visión, solamente con el voto sería suficiente para cambiar la situación. Ni que decir tiene que existen suficientes antecedentes históricos que no avalan dichos mensajes.
Pero la cuestión es la siguiente, más allá de los programas que en cada momento se puedan ofrecer, que lógicamente dependen de las diferentes coyunturas, está la falta de una visión estratégica, es decir, la carencia de un análisis del capitalismo como sistema global. De ahí que las propuestas que hemos visto antes se queden en reivindicar o bien una situación previa a la crisis o bien un “capitalismo de rostro humano”, es decir, volver a la situación previa a la irrupción de las políticas neoliberales a finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo XX. En esa falta de visión estratégica, vemos que es común refundir las teorías de Keynes con las de Marx, como si prácticamente ambas propuestas respondieran a una misma ideología. Supuestamente, según nos dicen economistas como Vicenç Navarro o Alberto Garzón, Marx y Keynes habrían coincidió en señalar que las crisis se dan por la escasez de demanda (subconsumo), por tanto la solución es bastante sencilla: el Estado tiene que encargarse de arreglar ese problema con políticas expansivas e inversiones públicas con el fin de aumentar la demanda. Por supuesto, de una forma muy resumida, esa era la visión de Keynes, pero no la visión de Marx.
Por tanto, las propuestas que hemos visto coinciden en los siguientes elementos:
- Resucitar un momento histórico en el que por una confluencia de circunstancias (aumento de la demanda debido a la destrucción provocada por el conflicto mundial, auge de las luchas obreras y de los movimientos de liberación nacional, derrota del fascismo, aparición de la URSS y de un conjunto de Estados de democracia popular en el Este europeo, liberación de países oprimidos y orientación antiimperialista y/o socialista de muchos de ellos, etc.) determinadas políticas económicas inspiradas en las teorías de Keynes, en el New Deal de Roosevelt y en los partidos socialdemócratas europeos fueron efectivas: crecimiento económico, aumento de los salarios, políticas de cobertura social, etc. Con la crisis de los años 70 del siglo pasado, el keynesianismo fue abandonado, políticamente fue incapaz de hacer frente a una crisis sistémica, del propio funcionar del modo de producción capitalista.
- La concepción del Estado como un elemento neutro ajeno al modo de producción capitalista y, por tanto, capaz de controlar la economía.
- Ausencia de un análisis clasista, es decir, las políticas públicas son algo más que simples decisiones administrativas o técnicas más o menos acertadas, sino que responden a unos intereses de clase muy determinados. Al hilo de esto, hay que señalar el ensalzamiento que se hace desde Podemos y desde determinados sectores de IU hacia el “buen gestor”, es decir, si esta crisis es en realidad una estafa basta con tener un buen cuerpo técnico, personas que no sean “ni de derechas ni de izquierdas”, con “sentido común”, honradas, a ser posible jóvenes que no se puedan asociar a esa “casta” de políticos y empresarios nacida al calor de los pactos firmados tras la muerte de Franco y la Constitución de 1978. El colmo de ese afán por ser un “buen gestor ni de derechas ni de izquierdas” no contaminado por “viejos esquemas” lo tenemos en un texto redactado por Francisco Moreno, miembro del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos en el que se dice: “Aún más importante, ¿existen alternativas más eficientes y justas que el despido? A modo de ejemplo podemos considerar el modelo alemán de reducción de jornada (kurzarbeit). Este modelo que se puso en práctica con éxito durante la crisis alemana de 2009 permitió mantener el desempleo por debajo del 10% al tiempo que las empresas evitaban conflictos y mantenían su capital humano disponible para reaccionar con más agilidad durante los periodos de recuperación de la demanda” (¿Es Podemos una alternativa viable desde un punto de vista económico?, http://www.kaosenlared.net/component/k2/97112-%C2%BFes-podemos-una-alternativa-viable-desde-un-punto-de-vista-econ%C3%B3mico) . Al final, los técnicos si no tienen ideología acaban haciendo una propuesta claramente de derechas, como hizo Merkel en Alemania. Los “buenos gestores” no son ajenos a las relaciones sociales que se imponen en el capitalismo ni a su ideología.
Sin entrar en especulaciones sobre si IU o, sobre todo Podemos, tienen un programa oculto que podría implicar nacionalizaciones, el caso es que hoy por hoy, si de verdad se quiere poner la economía al servicio de los pueblos, si de verdad se desea un empoderamiento popular, la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía son el único camino que queda. En este sentido, tanto IU como Podemos divagan sobre la creación de una banca pública, empresas participadas por el Estado, control a las entidades bancarias, etc. El caso es que si se quiere evitar un verdadero riesgo de desinversión y una ola de deslocalizaciones, las nacionalizaciones son el remedio.
Todo esto que estamos diciendo en el plano de las políticas económicas es aún si cabe más aplicable en el plano de estrictamente político, así comprobamos la falta de una caracterización del Estado español, de un análisis histórico que ignora las reminiscencias y continuidades franquistas en la judicatura, el Ejército, o laa fuerzas de seguridad, sin una valoración crítica de la Transición o sobre la Unión Europea o la OTAN, o la falta de concreción sobre un posible proceso constituyente (o destituyente); en este caso, IU se limita a pedir un referéndum sobre monarquía o república, sin aclararnos lo más mínimo qué carácter tendría esa república, en el caso de Podemos, ni siquiera se concreta una opción claramente republicana, jugando sus líderes, especialmente Pablo Iglesias con una ambigüedad muy calculada al respecto. Todas estas ambigüedades también las observamos cuando se reivindica el “derecho a decidir”, a veces, ese derecho quiere decir que se está favor de la realización de meras consultas en determinados “territorios”, en otros se puede entender como un referéndum de autodeterminación.
Como curiosidad, Podemos en su programa electoral para las Europeas pedía un referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN, pero sin pronunciarse en dicho programa a favor o en contra. Como contrapunto, no se pedía un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea.
En definitiva, observamos programas políticos a realizar dentro de unos marcos legales, cuyo cambio se ve por parte de IU y Podemos en una perspectiva no cercana e imprecisa. Los programas que hemos analizados se contemplan realizar en el marco de la vigente Constitución española y de los tratados de la Unión Europea, ni que decir tiene qu esos programas no se pueden llevar a cabo en esos marcos, son irrealizables. Baste como ejemplo la propia Constitución de 1978, sus apartados más avanzados son ignorados continuamente, son papel mojado, mientras que sus apartados más reaccionarios se hacen cumplir con rigor y justamente, las dos modificaciones que ha sufrido la Carta Magna española han sido a instancias de Bruselas, la primera vez para permitir el voto a ciudadanos de otros Estados en las elecciones municipales, y la segunda, por orden de Merkel para priorizar el pago de la deuda frente a otros gastos (art. 135, CE). Irremediablemente, el mito del “buen gestor” despolitizado tropezará con el marco legal de la “casta”.
No se trata de mantener posiciones rígidas o dogmáticas, sino de que la táctica sirva a una estrategia. En este sentido, Podemos es una incógnita, en su favor debemos decir que al menos ha servido como revulsivo, que ha hecho hablar de nuevo a importantes sectores de la población de política y que incluso ha hecho entrar en política a no pocas personas antes ajenas. En las reuniones de los círculos hemos podido ver a muchas personas con un ansia verdadero de participar, de ser protagonistas de un cambio y crear poder popular, pero una cosa es eso y otra las diferentes intenciones de sus líderes mediáticos.
Izquierda Unida, por el contrario, es una incógnita despejada hace ya tiempo, el ejemplo de la gestión de IU, junto al PSOE, en Andalucía nos da una buena medida de en dónde se quedan las propuestas programáticas “revolucionarias”. La Junta de Andalucía ha gestionado las políticas dictadas por la Troika con todo sus recortes presupuestarios y de derechos sociales, por otro lado, todas y cada una de las medidas de “regeneración democrática” pactadas por el PSOE e IU desde la extensión de las iniciativas legislativas populares, la banca pública andaluza, etc., están durmiendo el sueño de los justos, todo un aviso a navegantes. Como ejemplo, valgan la Ley de Memoria Histórica Democrática, una ley progresista pero que nacerá sin financiación, si es que ve la luz, o la Ley Antidesahucios, que ha quedado “desahuciada”, valga la expresión, por el Tribunal Constitucional español, de nuevo, otro aviso a navegantes. En ningún momento, la Junta de Andalucía en uso de las escasas competencias que posee ha tratado de plantear una alternativa a la obediencia ciega de los dictados neoliberales.
En Andalucía la revolución democrática es soberanía nacional
La táctica puede servir para operar cambios cosméticos que, tarde o temprano, acaban siendo subsumidos por el régimen y por la lógica del sistema, o puede servir, como hemos planteado antes, al empoderamiento popular. No importa si esos elementos tácticos son reformistas, si de verdad existe una estrategia de poder popular esas reformas terminarán por desbordar los marcos establecidos y romperlos. Para ello lo fundamental es la organización y la movilización obrera y popular, incluyendo la participación en instituciones, pero siempre como una herramienta más de organización y lucha.
No hay vuelta atrás, el keynesianismo y sus políticas fueron una excepción en el desarrollo del capitalismo como sistema; idealizar un pasado en el que el Estado regulaba las relaciones entre las diferentes clases evitando los conflictos no puede llevarnos a ningún lado. El capitalismo en su fase imperialista es incompatible con la democracia, incluso con la democracia formal burguesa, y más en momentos de crisis sistémica. El capitalismo actualmente es el dominio absoluto de los oligopolios, en el que los políticos de distinto signo son meros gestores de decisiones tomadas fuera de los parlamentos e instituciones. La lucha pues ha de centrarse en otro modelo de desarrollo de las fuerzas productivas y de relaciones sociales, la revolución democrática ha de servir a ese propósito.
En ese proceso, la lucha por la soberanía resulta una herramienta sumamente importante para naciones sin Estado como Andalucía, sumida históricamente en el subdesarrollo y la dependencia. La situación de Andalucía es dramática: cerca de 3 millones y medio de personas viven en el umbral de la miseria, más de un 40% de la población andaluza, llegando a casi a la mitad de la población quienes no pueden hacer frente a gastos imprevistos y al 12% los que tienen retrasos en el pago de las facturas de luz o el agua, mientras 600.000 personas no tienen ningún tipo de cobertura social. Según datos y estudios de diversas ONGs, el riesgo de pobreza afecta en Andalucía a un 36% de la población infantil. No nos olvidamos de los ya manidos datos del paro en Andalucía: cerca del 35%, según datos de la EPA del primer trimestre del 2014, siendo en las mujeres un 3% mayor al de los hombres, pero el drama del paro se hace mayor cuando observamos que la tasa de paro entre jóvenes de 20 a 24 años es del 61%, con estos datos en la mano podemos afirmar sin ningún tremendismo que nuestra juventud trabajadora no tiene futuro en su propia tierra y se ve forzada a emigrar. Sin embargo, esta grave situación no se puede achacar exclusivamente a la crisis que estamos padeciendo, Andalucía tiene un problema como país, como nación que ha de resolver políticamente. No se trata solamente de la situación social y económica, hay que tener en cuenta otros elementos como la especialización agrícola en el interior y turística en la costa, la militarización del territorio andaluz, la condición de Andalucía como frontera de la UE, o la manipulación de las señas de identidad andaluzas.
No hay fatalidad, Andalucía se ha configurado en la marginalidad y la dependencia porque así ha sido decidido desde el poder español, en un primer momento, y más tarde también por la Unión Europea. Toda solución política pasa por el empoderamiento andaluz, es decir, por la creación de un poder soberano andaluz al servicio del conjunto del pueblo trabajador.
La lucha por la soberanía nacional andaluza ha de implicar un proceso destituyente y constituyente propios donde el protagonista sea el conjunto del pueblo trabajador, sin tutelas, en el que será preciso romper con los marcos legales impuestos por el Estado español y la Unión Europea. Un poder soberano que ponga los recursos en manos de la clase obrera y el pueblo andaluz, que desarrolle planes económicos en función de esa mayoría social y para esa mayoría social, que ponga en marcha de una vez una reforma agraria, que saque a Andalucía de la OTAN, que nos libre de la presencia militar imperialista, que cuide de nuestro medio ambiente, que empodere de verdad al pueblo y recupere nuestras señas de identidad.
Los planes de “revolución democrática” de IU y Podemos ignoran las circunstancias históricas y culturales de Andalucía, siendo evidente la óptica nacionalista española con la que han sido redactados. Como ejemplo valga el papel secundario que tanto IU como Podemos asignan a la cuestión agraria, fundamental para Andalucía. La reforma agraria no existe por ninguna parte quedándose todo en vagos planteamientos de carácter secundario.
La única ruptura democrática que cabe en Andalucía es la soberanía como herramienta popular de transformación social.
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