Brid Brennan
Las demandas populares por
un tratado vinculante sobre las violaciones de derechos humanos
cometidas por empresas transnacionales serán el objeto de una audiencia
inaudita del Consejo de Derechos Humanos de la ONU este mes.
El 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que tendrá lugar del 10 al 27 de junio en Ginebra, podría suponer un primer paso histórico hacia el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. En una iniciativa sin precedentes, en septiembre de 2013, el Gobierno de Ecuador, junto con otros 84 países, presentó ante el CDH una Declaración en la que propone un mecanismo jurídico vinculante sobre las actividades de las transnacionales.
Un mecanismo vinculante significa que las empresas transnacionales serían jurídicamente responsables por sus violaciones de derechos humanos, lo que difiere de la perspectiva internacional actual, que propone códigos de conducta que son meramente voluntarios, sin ninguna responsabilidad jurídica.
El llamado por un mecanismo vinculante es una demanda que las comunidades afectadas que enfrentan diariamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes de las transnacionales vienen defendiendo hace tiempo. Como integrante de una red que trabaja sobre el poder corporativo, el Transnational Institute (TNI) ha colaborado en los últimos años con varias organizaciones para reunir a más de 500 movimientos sociales, redes de derechos humanos y comunidades afectadas en la Alianza para el Tratado. La Alianza demanda que el CDH abra un proceso para la elaboración de un tratado vinculante.
El impulso de la campaña ha tomado por sorpresa a las corporaciones y a los Gobiernos que las respaldan, ya que el número de Gobiernos que apoyan la posición de Ecuador no deja de aumentar. Sin embargo, los Estados Unidos, Japón y Gobiernos de la UE parecen resueltos a impedir cualquier tentativa de desviar la perspectiva puramente voluntaria, a pesar del evidente fracaso de esta a la hora de frenar los abusos corporativos en los últimos años.
Según Gonzalo Berrón, del TNI y de la campaña Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad, “se necesita una arquitectura internacional de derechos humanos que proteja los derechos de las personas de la asimetría de poder producida por la acumulación de riquezas de las corporaciones y las ventajas políticas que esta acumulación provee. Para ello, se necesita revertir el sistema económico y legal articulado a través de los paneles arbitrales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y los de la OMC, que solo protegen los derechos de los inversores”.
“Ha llegado el momento de que las corporaciones transnacionales –que son responsables de la mayoría de los flujos de inversión y del comercio internacional– sean jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos y los crímenes económicos y ecológicos sistémicos que cometen.”
En una declaración oral ante el CDH durante su sesión de apertura, Melik Ozden, del CETIM, hizo un llamado a los Gobiernos para que “creen un grupo de trabajo intergubernamental para negociar estas normas vinculantes, que representan una gran brecha en el marco internacional de derechos humanos, tras más de 40 años de debate en las Naciones Unidas sobre este asunto”, haciéndose eco de las demandas de las comunidades afectadas que habían presentado declaraciones escritas al CDH el mayo pasado.
Esta oportunidad histórica ha generado una intensa labor de cabildeo popular a favor de unas obligaciones vinculantes para las transnacionales, tanto en las regiones de donde proceden los miembros del CDH como en los pasillos de la sede de la ONU en Ginebra, donde el Gobierno de Ecuador ha lanzado una serie de consultas públicas sobre el proyecto de resolución que se presentará al CDH:
Información sobre semana de movilizaciones en Ginebra aquí >>
Apoyo al Movimiento Global por un Tratado Vinculante aquí >>
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
El 26º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, que tendrá lugar del 10 al 27 de junio en Ginebra, podría suponer un primer paso histórico hacia el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. En una iniciativa sin precedentes, en septiembre de 2013, el Gobierno de Ecuador, junto con otros 84 países, presentó ante el CDH una Declaración en la que propone un mecanismo jurídico vinculante sobre las actividades de las transnacionales.
Un mecanismo vinculante significa que las empresas transnacionales serían jurídicamente responsables por sus violaciones de derechos humanos, lo que difiere de la perspectiva internacional actual, que propone códigos de conducta que son meramente voluntarios, sin ninguna responsabilidad jurídica.
El llamado por un mecanismo vinculante es una demanda que las comunidades afectadas que enfrentan diariamente las violaciones de derechos humanos y los crímenes de las transnacionales vienen defendiendo hace tiempo. Como integrante de una red que trabaja sobre el poder corporativo, el Transnational Institute (TNI) ha colaborado en los últimos años con varias organizaciones para reunir a más de 500 movimientos sociales, redes de derechos humanos y comunidades afectadas en la Alianza para el Tratado. La Alianza demanda que el CDH abra un proceso para la elaboración de un tratado vinculante.
El impulso de la campaña ha tomado por sorpresa a las corporaciones y a los Gobiernos que las respaldan, ya que el número de Gobiernos que apoyan la posición de Ecuador no deja de aumentar. Sin embargo, los Estados Unidos, Japón y Gobiernos de la UE parecen resueltos a impedir cualquier tentativa de desviar la perspectiva puramente voluntaria, a pesar del evidente fracaso de esta a la hora de frenar los abusos corporativos en los últimos años.
Según Gonzalo Berrón, del TNI y de la campaña Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad, “se necesita una arquitectura internacional de derechos humanos que proteja los derechos de las personas de la asimetría de poder producida por la acumulación de riquezas de las corporaciones y las ventajas políticas que esta acumulación provee. Para ello, se necesita revertir el sistema económico y legal articulado a través de los paneles arbitrales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y los de la OMC, que solo protegen los derechos de los inversores”.
“Ha llegado el momento de que las corporaciones transnacionales –que son responsables de la mayoría de los flujos de inversión y del comercio internacional– sean jurídicamente responsables por las violaciones de derechos humanos y los crímenes económicos y ecológicos sistémicos que cometen.”
En una declaración oral ante el CDH durante su sesión de apertura, Melik Ozden, del CETIM, hizo un llamado a los Gobiernos para que “creen un grupo de trabajo intergubernamental para negociar estas normas vinculantes, que representan una gran brecha en el marco internacional de derechos humanos, tras más de 40 años de debate en las Naciones Unidas sobre este asunto”, haciéndose eco de las demandas de las comunidades afectadas que habían presentado declaraciones escritas al CDH el mayo pasado.
Esta oportunidad histórica ha generado una intensa labor de cabildeo popular a favor de unas obligaciones vinculantes para las transnacionales, tanto en las regiones de donde proceden los miembros del CDH como en los pasillos de la sede de la ONU en Ginebra, donde el Gobierno de Ecuador ha lanzado una serie de consultas públicas sobre el proyecto de resolución que se presentará al CDH:
- 12/06 Sala XVIII de las 15:00 hasta las 17:00
- 17/06 Sala XVII de las 17:00 hasta las 19:00
- 19/06 Sala VII de las 17:00 hasta las 19:00
Información sobre semana de movilizaciones en Ginebra aquí >> Apoyo al Movimiento Global por un Tratado Vinculante aquí >>LA O.N.U. :¿UNA MULTINACIONAL AL SERVICIO DEL CAPITALISMO?
Para
millones de escépticos y militantes de la izquierda, la ONU es
sospechosa de actuar de forma diferente ante una nación como EE.UU.,
responsable de agresiones terroristas, invasiones, guerras y bloqueos de
toda índole, que cuando se trata de una nación como Venezuela, cuyo
gobierno revolucionario demuestra su eficacia acabando con el hambre y
el analfabetismo, la corrupción y los intentos de golpe de estado a una
democracia ya asentada en el pueblo.
Como en la Libia arrasada, ocupada y expoliada por el neoliberalismo. Como en Siria, donde el gobierno hace más de tres años que combate contra un terorrismo financiado desde Occidente, exactamente el mismo que hoy lacera Irak y salpica a otras naciones vecinas.
Hoy, Naciones Unidas semeja un foro en el que las empresas multinacionales hablan por boca de los poderosos, a quienes esas mismas corporaciones han colocado al frente de gobiernos como el de EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, etc., financiando campañas de partidos políticos anclados en la derecha, capaces incluso de utilizar a los más violentos grupos neonazis en su propio interés.
Aunque la ONU trabaje en campos tan necesarios como la infancia, la alimentación y la educación (UNICEF, FAO, UNESCO), parece que esas labores fueran un escudo mediático que ocultara aquella doble moral, ante la permisividad y protección de que gozan las multinacionales de las armas y los medios de comunicación.
El reglamento de Naciones Unidas no es democrático, ya que impide que naciones como Israel o EE.UU. violen sistemáticamente los derechos humanos de comunidades nacionales y extranjeras, al no existir un compromiso tácito sobre la obligatoriedad del cumplimiento de una resolución, excepto si esta se firma en el Consejo de Seguridad.
Las opiniones mayoritarias no son respetadas ni aceptadas, como luego se demuestra en organizaciones paralelas (Países No Alineados, Grupo G.77 + China) y otros, donde los reclamos y manifiestos contradicen las medidas de aquel Consejo Supremo.
Por ello, no resulta extraño que se produzcan protestas frente a la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, como muestra de rechazo contra el poder de las multinacionales, a propósito de la reunión donde se discutirá la posibilidad de introducir un código vinculante a estas empresas.
Los indignados, de diversas nacionalidades -sobre todo latinoamericanas-, han exigido poner coto al poder que ejercen las grandes corporaciones. Se han manifestado con pancartas en las que se podían leer mensajes sobre las desigualdades que originan las especulaciones financieras.
Además, han pedido que se frene la hegemonía de los mercados y las élites financieras. Entre sus reivindicaciones también están el respeto de los derechos humanos así como que se ponga fin a la destrucción del medio ambiente.
Como rezaba en una de las pancartas exhibidas durante ese acto de protesta: “¿Es necesario esperar a que todo un pueblo desaparezca, para saber que este ha existido?”
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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