Un 54,86 y un 55,1 fueron los porcentajes de abstención en las elecciones europeas en España en 2004 y 2009 respectivamente[1]. Más de la mitad de los censados españoles no se acercaron a votar para las elecciones al parlamento europeo. Sin embargo el país no dejaba de funcionar. La desconfianza hacia las instituciones europeas aumentó a partir de 2007 como consecuencia de la crisis pero no se plasmó, ni por asomo, en una intención de rechazo generalizado a las mismas[2] ¿Qué estaba ocurriendo en España para que, en 2004, aun amparados por la paz social y el fantasma del crecimiento económico inmobiliario nadie se acercara a votar sus europarlamentarios?, ¿por qué la gente no rechazaba la Unión Europea pero no se implicaba en la elección de los cargos representativos cuando tenía posibilidad de hacerlo?
Mucha gente atacó a la ciudadanía española acusándola de no estar interesada en los asuntos políticos. Otras tantas voces aseguraban que el parlamento europeo “no servía para nada”. Algunos lo usaron para intentar construir un argumentario dónde la UE estaba siendo desacreditada “activamente” por los ciudadanos al no votar en los comicios.
En este artículo intentaremos, de manera escueta, describir qué factores han sido decisivos en la construcción política de las instituciones europeas que explica la consecuente desidia ante la celebración de las citas electorales europeas en nuestro país.[3]
Cómo construyeron la Unión Europea
La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, primero paso de importancia para el largo camino hacia la actual UE, fue fundada en 1951 por el acuerdo entre los diferentes estados miembros interesados en asegurar un mercado común sobre estas materias primas fundamentales para el desarrollo de las economías de Europa occidental. Los organismos creados de esta primera unión nunca se sometieron a un control popular directo y eran nombrados por las instituciones de gobierno o legisladoras nacionales.
A partir de este primer gran acuerdo la construcción europea respondería a la diplomacia de los Estados nacionales y nunca a una lógica de participación ciudadana fundada en una cesión democrática de representatividad. Los tratados de Roma, el Acta Única Europea o el Tratado de Maastricht fueron, como el resto de tratados que construyeron la arquitectura política europea, consecuencia de la negociación y los acuerdos de los diferentes gobiernos de los estados europeos. Nunca se preguntó al pueblo español sobre estos tratados y nunca se buscó que participara en su elaboración, ni si quiera en su ratificación plebiscitaria.
Alguno podría aducir que las circunstancias no permitieron esta participación, sin embargo es reconocido mediante la experiencia que la apertura de procesos de decisión democrática ha dificultado la construcción europea. Uno de los casos más paradigmáticos en sus inicios fue el de Noruega, que tras celebrar dos referéndums para ingresar en la UE en 1972 y en 1994 la opción de no ingresar triunfó en ambos casos. De manera más actual podemos remitirnos al intento de aprobar la Constitución Europea, rechazado por Francia y Países Bajos. También debemos recordar las dificultades para aprobar el tratado de Lisboa en Irlanda, dónde fue necesario repetir el referéndum un año después de que este hubiera sido rechazado por la mayoría del pueblo irlandés.
En España ni si quiera se preguntó al pueblo si quería formar parte de la Unión Europea. Sólo hemos votado un tratado europeo en referéndum, el proyecto de constitución europea, siendo la participación y el conocimiento del texto a votación muy reducido y no siendo aprobado este tratado por la declinación francesa y holandesa. Las reformas constitucionales consecuentes de los procesos de relación con otros Estados europeos como la de 1992 a raíz de Maastricht y el de 2011 para poner el techo de déficit público para evitar el rescate frente a las presiones de los capitales financieros y gobiernos de la eurozona fueron resueltas en las cortes, no abriendo ningún proceso de participación popular y apenas un proceso de información y conocimiento de estas reformas a la ciudadanía. A día de hoy, para constituir los organismos europeos el pueblo español no ha participado directamente ni una sola vez.
La Unión Europea es, para los españoles, un ente que construyen unas instituciones y personas alejadas de su vida cotidiana y su dinámica ordinaria de participación política. Saben que sus gobiernos interceden con ella, saben de su gran relevancia por los medios de comunicación y el protagonismo de los actores europeos y saben que existen instituciones europeas aunque no tengan muy claro cuáles son sus competencias. Aunque pueden votar cada cinco años al parlamento europeo sienten que participan en algo que no han construido ellos. No cuestionan abiertamente su existencia de manera mayoritaria, sin embargo tampoco muestran interés por participar en ella. Para los españoles la Unión Europea es algo que han construido otros y que está muy alejado de algo que represente a sus intereses o que puedan llegar a entender.
Si bien es erróneo que la mayoría popular española no pueda llegar a comprender cómo funciona y para qué sirve la Unión Europea, no está desencaminada cuando, intuitivamente, siente que sirve a otros intereses que no son los de la voluntad popular.
Una UE dónde no se puede actuar sin el aval de los grandes poderes
Que la UE se haya construido en los despachos y no en las calles no es una casualidad. Es una manifestación evidente de que su diseño responde a los intereses de grupos y clases sociales ajenos a la gran mayoría de la población. Frente a los sueños de una unión de los “pueblos europeos”, la construcción de una UE “social” o las aspiraciones a que sea el reflejo de una demanda generalmente democrática de las y los europeos la realidad es más bien diferente. La UE se ha construido en base a los intereses de las oligarquías y grupos de interés empresarial y bancario más poderosos de los países miembros del continente. ¿Es de extrañar que el primer tratado considerado como la piedra angular de la UE fuera relativo a cómo comerciar con el carbón y el acero?
La Unión Europea ha respondido a la arquitectura interesada de los intereses de los grandes monopolios, del capital financiero europeo. La lógica de estos acuerdos ha desbordado el límite de un acuerdo internacional entre estados para llegar incluso a cuestionar elementos vinculados a la soberanía nacional de los países miembros. Sin embargo a medida que un organismo se aleja de la ciudadanía y empieza a coger relevancia es necesario poder legitimarlo. En ese sentido se han fortalecido las competencias de instituciones electas como el parlamento europeo, que anteriormente disponían de un papel meramente testimonial y estrechamente limitado[4].
Pese a este aumento de competencias, el escepticismo atraviesa los posibles sueños de que una “eurodemocracia” fuera plausible bajo las condiciones de arquitectura política de la UE. Con el actual modelo de asignación de representantes al Parlamento Europeo, los seis primeros países de Europa concentrarían más de la mitad de los eurodiputados[5]. ¡Estamos hablando de que los diputados de seis países podrían imponerse sobre un total de 28 países que conforman la eurocámara! Es cierto que la cámara luego se divide por grupos parlamentarios de carácter europeo, pero este dato nos permite dar una aproximación de qué países configuran de manera determinante el peso de la arquitectura parlamentaria europea[6]. Aun construyendo órganos que rehuyeran del carácter confederal y sólo respondieran al carácter electo la posibilidad de construir una “eurodemocracia” chocaría con las diferencias entre los países miembros y los intereses de los monopolios de las grandes potencias que vertebran la UE.
Sin embargo pese al aumento de las competencias de estos órganos directamente electos las principales funciones son aún compartidas con órganos de carácter confederal. El caso más ejemplificante es el del Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea, dónde los 28 gobiernos de los Estados miembros se ven representados mediante sus ministros. Este órgano constituye en relación con el Parlamento Europeo un modelo de bicameralismo perfecto[7]. Así los grandes poderes industriales y financieros de Europa se blindan ante la remota posibilidad de que el parlamento europeo pudiera escapar a su control. La legislación de la Unión Europea no podrá salir adelante si no es con la aprobación de las dos cámaras, o lo que es lo mismo, sin el visto bueno de los grandes monopolios europeos mediante sus dos órganos de control (Si ya es improbable que un parlamento europeo se escape a su control – por lo antes descrito de cómo se compone – ya sería un ejercicio de ciencia ficción si quiera imaginar que pudieran hacerlo el parlamento europeo y los gobiernos nacionales de los principales Estados miembro).
Además, aunque no es el cometido de este artículo, no debemos olvidar la existencia de instituciones “sin aparente carácter político” que tienen una gran influencia o incluso en ocasiones la capacidad de marcar el rumbo y la dirección de la Unión Europea. Es el caso de los poderosos grupos patronales como “Business Europe” y la “European Round Table”[8]. Así Henri Houben y Herwig Lerouge afirman en su obra en su artículo “La Europa que no queremos” que estos grupos patronales “al principio de los 80 dictan las normas de mercado y moneda única que se adoptarían en Maastricht. A principios de 2002, trazan la siguiente etapa de gobernanza económica. Esas normas consistentes en que los déficits públicos no excediesen el 3% y su deuda pública, el 60% del PIB no se pudieron alcanzar por culpa de la crisis, las ayudas a los bancos y grandes empresas, y la resistencia de los trabajadores al desmantelamiento de los sistemas de protección social”
Y por si todo esto fuera poco para referirnos al pantanoso proceso legislativo de la Unión Europea (y no hemos entrado en detalle con el ejecutivo o el judicial que exigirían de otro artículo) tenemos, para acompañarnos, unos 15.000 miembros de lobbies estacionados en Bruselas de grandes empresas y federaciones industriales[9]. Si algún representante europeo olvida cuál es su cometido hay de sobra quien pueda hacerle una visita para recordárselo.
¿Podemos construir otra Europa?
Cuando se esgrimen las pancartas que rezan “otra Europa es posible” se suelen generar dos sensaciones encontradas y contrapuestas. Por un lado la ilusión de los que creen que la UE puede democratizarse mediante una reforma de sus instituciones y por otro lugar los que predican que la Unión Europea es una unión de monopolios y grandes poderes y que jamás responderá a los intereses de los pueblos de los diferentes países. Nos encontramos ante la afirmación de un hecho imposible (reformar la UE) y ante la negación de esta imposibilidad (la UE es una unión de monopolios y es irreformable), sin embargo estamos muy lejos de encontrar una solución plausible en este estrecho binomio.
Es cierto que la Unión Europea no puede reformarse porque su arquitectura ha respondido a la de una unión de grandes intereses empresariales y bancarios, sin embargo la respuesta no suele ir más allá de esta afirmación. Se salta directamente a la necesidad de “salir de la Unión Europea” e incluso como receta se habla de construir “La Unión Europa del Socialismo”[10].
Los fantasmas realistas del regreso a la peseta y el aislamiento internacional chocan con los llamamientos maximalistas a construir una Europa del socialismo. Algo que, si bien es posible, no se conseguirá de la noche a la mañana y seguramente habrá que trabajar durante muchísimo tiempo después de que nuestro país (o cualquier otro) ya hubiera dado el valiente peso de romper con las instituciones europeas.
A mi juicio la solución de nuestro país no puede articularse dentro de la Unión Europea. Evidentemente la salida de esta institución debe hacerse alrededor de las exigencias de las reivindicaciones políticas y económicas del pueblo español y una vez este comprenda que la realización de sus necesidades se muestra incompatible con la sed de beneficios de los grandes holdings europeos. Este proceso de salida debe tener un carácter popular[11] y debe venir acompañado de un proceso que nos permita recuperar nuestra soberanía monetaria a su vez que construir una economía socializada donde los grandes capitales se pongan a trabajar en favor de las necesidades de todo el pueblo mediante su nacionalización y control democrático.
Sin embargo, aunque la reclama de la “Europa del socialismo” es bienintencionada no se amolda a las concepciones del desarrollo de los procesos de transformación y revolución social que manejamos. Es cierto que el Socialismo es la solución a nuestros problemas, pero no es menos cierto que el mismo no se construye de golpe ni tampoco de una sola vez en todos los países. Buscar ese objetivo es loable y justo, utilizarlo como consigna como alternativa a la UE es engañar al pueblo con la ilusión de que todos los pueblos europeos se levantarán y construirán su alternativa al capitalismo de una sola vez o en un lapso muy corto de tiempo.
Sería más realista visualizar la salida de España de la Unión Europea reconfigurando sus relaciones internacionales con el grupo de países que ha sido definido como “BRICS”. Especialmente provechoso podría ser el apoyo en países como China o Rusia, cuyo peso económico y papel geopolítico permitirían reestablecer unas relaciones comerciales fluidas y un papel de relevancia a nivel internacional que nos posibilitaran construir nuestro modelo de país sin depender de los grandes poderes europeos. Por otro lado sería muy importante centrar el nuevo marco de relaciones con los países de América Latina, especialmente el ALBA, así como redireccionar nuestra mirada hacia África, estableciendo vínculos de cooperación bilateral y desarrollo con los países del continente del sur.[12]
Este resituamiento internacional permitiría a España construir de manera soberana su papel sin el miedo a que se quedara “aislada” de la esfera internacional, a la vez que debilitaría las estructuras de poder de una Unión Europea antidemocrática, mostrando a los pueblos que hay en su interior que es posible articular una vía de desarrollo fuera de la eurocárcel. Este hecho permitiría asentar nuestra salida de la Unión Europea y, paradójicamente, acercaría más y más el derrumbamiento de la Unión Europea a la vez que acercaría la posibilidad, ahora real, de avanzar hacia una Europa del Socialismo.
David Comas Rodríguez es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y militante del Partido del Trabajo Democrático
NOTAS
[1] Pueden consultarse los resultados electorales de la circunscripción española de las diferentes elecciones europeas en http://www.infoelectoral.mir.es/
[2] El desplome de confianza se generó ya muy pasados los últimos comicios europeos, dónde la confianza en sus instituciones pasó de más de un 70% a rozar el 20%. Pese a todo, la mayoría de españoles (55%) aún continúan considerando positiva la presencia de España en la UEhttp://www.abc.es/economia/20130918/abci-espanoles-confianza-europa-201309171752.html
[3] No sólo hablamos de las elecciones europeas, sino de la participación de los españoles para con la UE. Un ejemplo es el referéndum sobre el proyecto de constitución europea del año 2005 en el que participación fue del 42,32%
[4] Aunque las primeras elecciones europeas directas fueron en 1979, el papel del parlamento europeo sólo creció a raíz del Acta Única Europea (1986) dónde el parlamento europeo podía enmendar los documentos aunque la última palabra la tendría el Consejo de la Unión Europea. Las últimas reformas dan al parlamento europeo la posibilidad de exigir al Consejo explicaciones y la posibilidad de que el parlamento legisle ya sobre algunas materias.
[5] Los seis países que lideran con representantes el parlamento europeo son, en orden, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España y Polonia. Un puesto privilegiado para los más importantes socios fundadores así como para los representantes de los principales grupos de poder que han representado las “facciones” dentro de la construcción europea (Modelo alemán, modelo francés y modelo anglosajón).
[6] Además habría que indicar, aunque no es el eje central de este artículo, las enormes diferencias existentes entre unos y otros países en el ámbito económico. Una “unificación política” permitiría fortalecer la posición privilegiada de los países económicamente más desarrolladas y reforzar los vínculos de dependencia de los países más atrasados del continente europeo. Para los países de Europa del este supondría ceder competencias a las grandes potencias europeas, todo esto en un contexto dónde es conocida la gran cantidad de capitales exportados por países como Alemania a las exrepúblicas socialistas.
[7] Un modelo de bicameralismo perfecto es el que hace funcionar a dos órganos de manera colegiada necesitando de la aprobación de ambas para poder legislar. En Europa este proceso se da ente el Parlamento Europeo y el Consejo de ministros. La salvedad se encuentra en que el Parlamento europeo es un órgano electo mientras que el Consejo de ministro es un órgano confederal compuestos por los ministros de los diferentes estados miembros. Así una ley para salir adelante necesita, en la mayoría de ocasiones, de la aprobación de las dos cámaras.
[8] Sus 50 miembros totalizan una cifra de negocios de 1 billón de euros y emplean a 6.6 millones de trabajadores. El peso en simple cifras cuantitativas es suficiente para hacer dudar a cualquier institución europea sobre una decisión que no contará con el aval de estos grupos.
[9] “Esta política europea que no queremos”, Henri Houben y Herwig Lerouge (Etudes Marxistesnº 105, enero-marzo 2014)
[10] Lo afirmó el secretario general del Partido Comunista de Grecia, Dimitris Koutsoumpas, en una entrevista al periódico “Unidad y Lucha” del Partido Comunista de los Pueblos de España:http://unidadylucha.es/index.php/2-uncategorised/803-unidad-y-lucha-entrevista-a-dimitris-koutsoumpas
[11] Debemos entender este carácter popular como un proceso de salida ejecutado desde la lucha contra las políticas injustas de la Unión Europea a la vez que en boga de un programa mínimo de reformas que defienda los derechos políticos y económicos que la clase obrera y los sectores populares exigen. No sería efectivo hablar de la salida de la Unión Europea “en abstracto”, sino lograr que el movimiento obrero y popular rompa con la UE porque sea consciente de que en su interior no es posible que se satisfagan sus necesidades, intereses y demandas.
[12] En este proceso de avance “nacional” hacia el Socialismo mediante la ruptura de la Unión Europea es fundamental entender su reverso internacional. Debemos aprovechar toda ocasión para tejer puentes entre el desarrollo de la revolución socialista en España con los movimientos obreros, populares y democráticos de otros países. Para ello es necesario en el periodo de lucha dentro de la eurocárcel tejer puentes con el movimiento obrero y otros movimientos sociales del resto de Europa, a su vez que establecer vínculos entre los partidos comunistas y democráticos, especialmente los que tienen relevancia en sus parlamentos nacionales y en el parlamento europeo (ensanchando la fuerza de aquellas fuerzas críticas con las políticas de la Troika, fundamentalmente aquellas que defiendan las posiciones más cercanas a lo aquí expresado), a la vez que en el proceso de ruptura con la UE establecer vínculos con el movimiento obrero y popular internacional fuera de las instituciones europeas, especialmente la de los países definidos como “emergentes”.
http://trabajodemocratico.es/
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