Echan a la calle a una
mujer maltratada con cinco hijos y le dan su vivienda a una militante
del PP. Don Diego Valderas (IU) ¿no se iba usted a rebelar? Deje ya el
cuento del "imperativo legal".
Ana Carmen Soler Díaz,
víctima de malos tratos, tiene 53 años, cinco hijos y una nieta de 16
meses. Esta mujer, vecina de Cadiar (Granada, 1632 habitantes), aspiraba
a conseguir una vivienda social de las tres que se han adjudicado en el
municipio. No lo ha logrado. El Ayuntamiento de Cádiar (PP) no tuvo en
cuenta su situación ni solicitó el informe preceptivo de los Servicios
Sociales municipales para comprobar si entre los solicitantes inscritos
en el Registro de Vivienda se encontraba alguna familia en situación de
exclusión social. Es el caso de Ana Carmen, que vive en casa de su yerno
con cinco de sus hijos y un nieto. Uno de sus hijos, de 17 años, está
acogido en Aldeas Infantiles. “Ni siquiera puedo decirle que venga
porque no hay sitio en la casa”, dice.
La mujer ya sufría la
crisis antes de que llegara la crisis. En la vivienda en la que se aloja
viven nueve personas. Ninguna de ellas tiene trabajo estable y sus
únicos ingresos son los 426 euros de la Renta Activa de Inserción.
“Muchas veces he pasado hambre y a mí el Ayuntamiento no me ha dado
nada. Fui a ver hasta el cura, que me rechazó porque dice que estoy en
pecado; el único que me ha ayudado ha sido el asistente social”. Sus
circunstancias son de sobra conocidas en el pequeño pueblo de la
alpujarra granadina en el que lleva catorce años empadronada. Pero no se
tuvieron en consideración al seleccionar a los tres titulares de las
viviendas adjudicadas. Entre ellos, la madre de una militante del PP. Su
hija, Clara Villegas López concurrió en las elecciones municipales de
2011 en el puesto número seis de la lista. A la madre le dieron la
baremación más alta de entre los 39 solicitantes de vivienda. Y ello,
pese a que en el Registro de la Propiedad aparece como titular de una
casa en El Ejido en régimen de gananciales.
Ana Carmen está
indignada con el procedimiento de adjudicación. Consiguió entrar en la
lista de solicitantes después de una odisea y no esperaba que le dieran
las viviendas “a familias que no las necesitan”. “No quiero que me den
una casa, quiero pagar el alquiler ajustado a mis posibilidades”,
explica. Dice que las casas estaban dadas antes de que se iniciara el
procedimiento de selección, que se han adjudicado con secretismo y que
ni siquiera la avisaron del resultado final de la baremación. Por eso,
cuando supo que se habían entregado las llaves a los adjudicatarios de
las viviendas, se armó de coraje e inició su particular batalla para
denunciar lo sucedido. “Estuve una semana detrás del alcalde, pero no
hubo manera de hablar con él”, relata. Habla con claridad y sin
remilgos: “No le chupo el culo a nadie”.
El pasado 11 de abril
presentó alegaciones contra la adjudicación en el propio Ayuntamiento de
Cádiar, en las que pedía que se investigara el procedimiento de
selección y posteriormente decidió denunciar lo sucedido ante el
Defender del Pueblo andaluz. Ana Carmen no espera que el equipo popular
rectifique porque las viviendas ya están ocupadas y se da por satisfecha
con que se conozca lo que pasó.
Las viviendas sociales
adjudicadas pertenecen a la Junta de Andalucía pero el procedimiento de
adjudicación lo ha realizado el Ayuntamiento. El 10 de abril la Gerencia
Provincial de Vivienda Pública entregó las llaves de las viviendas a
los solicitantes seleccionados. Ese mismo día, el alcalde, José Javier
Martín Cañizares (PP) decidió publicar en el tablón de anuncios del
Consistorio la lista que se había ocultado con las puntuaciones y
baremaciones de todos los solicitantes que habían participado en el
proceso. Fue después de que el grupo municipal socialista advirtiera en
un pleno de la posible comisión de diferentes errores relacionados con
los certificados de empadronamiento y de convivencia en la tramitación
de los expedientes y reclamara una revisión de oficio del proceso. El
grupo socialista ha solicitado un pleno extraordinario por la
adjudicación irregular de las viviendas, que se celebrará mañana.
El alcalde, José Javier
Martín Cañizares, niega la existencia de irregularidades en el proceso
de adjudicación. Afirma que la antigüedad de la mujer en el padrón es
inferior al año que exige la Ordenanza Reguladora del Registro de
Demandantes de Vivienda Protegida y que la Junta de Andalucía no puso
objeciones a la adjudicación de las viviendas. “Tuvo la puntuación que
le correspondía”, señala y niega que no se le adjudicara la vivienda
para favorecer a la madre de la militante del PP. El regidor señala que
“eso ya se lo he explicado a la vecina” y responsabiliza al PSOE, el
único grupo de la oposición- de montar una polémica.
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