25 de Abril de 2014 09:57
La organización presenta este mediodía los resultados de una nueva
investigación en la que concluye que las libertad de expresión y a
manifestación están "amenazados" en el Estado Español.
Publicado hace instantes por Naiz. Info y A. Larrañeta de 20 Minutos
El derecho a protestar en España está cada vez más amenazado. Es la conclusión principal de una amplia investigación realizada por Amnistía Internacional, en la que la organización denuncia "cómo el Gobierno está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", ha adelantado la ONG.
El informe 'España: el derecho a protestar, amenazado', que no se hará público hasta este mediodía, recoge casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como la falta de investigación de estos abusos.
Se trata de un extenso estudio escrito por la investigadora española Virginia Álvarez y en el que la organización ha estado trabajando durante un año para plasmar lo ocurrido en nuestro país en las muchas manifestaciones que han tenido lugar entre la convocatoria del Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 hasta las recientes Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo.
En la investigación, Amnistía Internacional analiza, por ejemplo, la respuesta de las autoridades españolas durante las protestas, el uso excesivo de la fuerza, el intento de criminalización y las restricciones que quieren imponerse por parte del Gobierno, el trato bajo custodia policial, los escraches o las multas por participar en concentraciones o manifestaciones.
Todo ello bajo una perspectiva internacional en la que la organización compara y relaciona la situación en España con la de otros países de Europa y la legislación internacional. El informe será presentado por la directora para Europa de Amnistía Internacional, Jezerca Tigani, así como por Anja Bienert, experta en cuestiones policiales y de derechos huma
AI denuncia el aumento de la represión de las protestas sociales en el Estado español
Naiz.Info
Amnistía Internacional ha denunciado el aumento de multas, denuncias
falsas, malos tratos y el uso «excesivo de la fuerza» en el Estado
español con el fn de «asfixiar» las protestas sociales.
Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy en Madrid el informe ‘España: El derecho a protestar, amenazado’, en el que la organización documenta, tras entrevistarse con una treintena de personas y sus abogados, casos de violaciones de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros de las FSE, así como la falta de investigación de estos abusos.
La organización afirma que el Gobierno español «está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica», como la reforma prevista del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana.
«Total impunidad» policial
«La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas», ha denunciado la directora de Europa de AI, Jezerca Tigani.
El informe destaca el aumento de manifestaciones en todo el Estado «como consecuencia de la crisis y el malestar generado por las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno» y detalla que en 2013 se celebraron más de 25.400 protestas, mientras que en 2012 hubo 14.000 manifestaciones.
«Estamos recibiendo muchas denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas y de material antidisturbios como porras y proyectiles de goma que han causado lesiones injustificadas», ha señalado la autora del informe, Virginia Álvarez.
Ha detallado que la investigación recoge, por ejemplo, el parte policial de una concentración celebrada el 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid que reflejaba la ausencia de incidentes en la protesta, aunque 47 personas fueron sancionadas con multas de unos 300 euros.
300.000 euros en multas al 15M por concentraciones en Sol
«También incluye ataques a periodistas y malos tratos en comisarías a detenidos, y no ha habido investigaciones internas ni judiciales, lo que perpetúa la impunidad policial», ha añadido.
La autora del informe ha señalado que la mayoría de los casos de abusos policiales que se investigan se archivan al no poder quedar acreditada la identidad del policía «por la falta de colaboración».
Álvarez ha señalado que la cuantía de las multas impuestas a simpatizantes del movimiento 15M por concentraciones en Sol superan los 300.000 euros.
Amnistía ha pedido al Ejecutivo del PP que «revise estas prácticas en la gestión y el control de las manifestaciones y garantice las investigaciones y que no se violen la legislación internacional sobre derechos humanos».
Durante la presentación, Jorge Aranda ha explicado que fue detenido el 1 de marzo de 2013 por la Policía, que le denunció por intentar agredir al entonces consejero de salud madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, durante una protesta contra la privatización de la sanidad, que quedó archivada por la juez tras visionar una grabación y determinar que «la versión policial no resultaba creíble».
http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20140424/amnistia-internacional-denuncia-los-metodos-del-gobierno-espanol-para-reprimir-las-protestas-sociales
Amnistía Internacional (AI) ha presentado hoy en Madrid el informe ‘España: El derecho a protestar, amenazado’, en el que la organización documenta, tras entrevistarse con una treintena de personas y sus abogados, casos de violaciones de derechos humanos cometidos supuestamente por miembros de las FSE, así como la falta de investigación de estos abusos.
La organización afirma que el Gobierno español «está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica», como la reforma prevista del Código Penal y de la Ley sobre la Protección de la Seguridad Ciudadana.
«Total impunidad» policial
«La Policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas», ha denunciado la directora de Europa de AI, Jezerca Tigani.
El informe destaca el aumento de manifestaciones en todo el Estado «como consecuencia de la crisis y el malestar generado por las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno» y detalla que en 2013 se celebraron más de 25.400 protestas, mientras que en 2012 hubo 14.000 manifestaciones.
«Estamos recibiendo muchas denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas y de material antidisturbios como porras y proyectiles de goma que han causado lesiones injustificadas», ha señalado la autora del informe, Virginia Álvarez.
Ha detallado que la investigación recoge, por ejemplo, el parte policial de una concentración celebrada el 27 de abril de 2012 en la Puerta del Sol de Madrid que reflejaba la ausencia de incidentes en la protesta, aunque 47 personas fueron sancionadas con multas de unos 300 euros.
300.000 euros en multas al 15M por concentraciones en Sol
«También incluye ataques a periodistas y malos tratos en comisarías a detenidos, y no ha habido investigaciones internas ni judiciales, lo que perpetúa la impunidad policial», ha añadido.
La autora del informe ha señalado que la mayoría de los casos de abusos policiales que se investigan se archivan al no poder quedar acreditada la identidad del policía «por la falta de colaboración».
Álvarez ha señalado que la cuantía de las multas impuestas a simpatizantes del movimiento 15M por concentraciones en Sol superan los 300.000 euros.
Amnistía ha pedido al Ejecutivo del PP que «revise estas prácticas en la gestión y el control de las manifestaciones y garantice las investigaciones y que no se violen la legislación internacional sobre derechos humanos».
Durante la presentación, Jorge Aranda ha explicado que fue detenido el 1 de marzo de 2013 por la Policía, que le denunció por intentar agredir al entonces consejero de salud madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, durante una protesta contra la privatización de la sanidad, que quedó archivada por la juez tras visionar una grabación y determinar que «la versión policial no resultaba creíble».
http://www.naiz.info/eu/actualidad/noticia/20140424/amnistia-internacional-denuncia-los-metodos-del-gobierno-espanol-para-reprimir-las-protestas-sociales
Un informe critica las multas a participantes en manifestaciones,
la "fuerza excesiva" en los arrestos y documenta casos de maltrato bajo
custodia policial. Amnistía Internacional pide una revisión de la
legislación y las políticas para garantizar el ejercicio de la libertad
de expresión en España.
Un informe de Amnistía Internacional (AI) denuncia que en España el
derecho a protestar pacificamente está "amenazado". En concreto, la
organización critica el creciente uso de las multas a participantes en
manifestaciones pacíficas, la "fuerza excesiva" en las detenciones
policiales y documenta casos de malos tratos a detenidos bajo custodia
policial.
Para la presentación del estudio, este jueves en
Madrid, la organización contaba con Jorge Aranda, activista de la
'Marea Blanca' en defensa de la sanidad pública, detenido y acusado el
25 de marzo de 2013 por intento de agresión al entonces consejero de
Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.
La acusación contra Aranda fue desestimada
judicialmente después de visionar las imágenes del acto de la protesta,
grabadas por un medio de comunicación, en las que la juez apreció como
"no creíble" la versión de los agentes. AI asegura que las sanciones
pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de
participar en las protestas Aranda, un auxiliar de enfermería de 35
años, siempre defendió que nunca intentó agredir al consejero, del que
permaneció alejado varios metros durante la protesta. Amnistía presenta a
Aranda en su informe como el prototipo de activista perseguido en un
país "sumido en una profunda crisis económica, con un elevado índice de
desempleo, y donde las medidas adoptadas por el Gobierno Central y los
gobiernos regionales han dado lugar a recortes en servicios básicos como
la sanidad o la educación". Previamente a su detención, y también con
posterioridad, este madrileño había sido sancionado varias veces más
"por ejercer su derecho a la libertad de reunión", asegura el informe.
En concreto, por participar en otras manifestaciones y protestar contra
los desahucios. El documento de Amnistía concluye que el de Jorge Aranda
"dista de ser un caso aislado".
En los últimos años, AI ha recibido "decenas de
informes" que señalan las "restricciones crecientes, incluido el uso de
multas, impuestas por las autoridades españolas a quienes participan en
manifestaciones pacíficas". En su estudio critican las comprobaciones
colectivas de identidad a manifestantes e informan, como ya hiciera
20minutos, del aumento de las multas administrativas a las personas por
asistir a protestas públicas. AI asegura haber encontrado "indicios
claros" de que las sanciones pueden estar teniendo un efecto disuasorio,
desalentando a la gente de participar en las protestas".
Preocupación por la futura Ley de Seguridad Ciudadana
A la organización internacional independiente,
en permanente campaña para acabar con los abusos graves contra los
derechos humanos, le preocupan también la reforma del Código Penal y el
anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, en cuanto a que puedan
afectar al ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. Había
cristales de botellas rotas, y me tiraron encima a propósito; así me
corté en el pecho y empecé a sangrar Amnistía Internacional siente
preocupación por los informes que indican que los periodistas y
fotógrafos que cubren las manifestaciones han sido blanco de la
violencia policial.
El documento —basado en las entrevistas a
víctimas, familiares, periodistas, abogados y representantes de
organizaciones de derechos humanos, ONG y movimientos sociales en 2013—
expone su preocupación por la persecución a los organizadores de
protestas como los 'rodea el congreso', y documenta algunos casos de uso
excesivo de la fuerza en las detenciones y de malos tratos en
comisaría. Leandro Acosta, músico de 19 años, fue detenido tras la
manifestación del 25-S y es el protagonista de una fotografía en la que
se ve a once agentes antidisturbios agarrándole de los brazos, las
piernas, la cabeza, la nariz y la cara. Leandro asegura que le "trataron
de apretar los huevos y la garganta, se veía que disfrutaban de hacerme
daño (...). Había cristales de botellas rotas, y me tiraron encima a
propósito; así me corté en el pecho y empecé a sangrar", ha contado a la
organización.
Ante estas denuncias, Amnistía solicita a las
autoridades españolas "revisar la legislación, las políticas y las
prácticas en las manifestaciones para garantizar el ejercicio de la
libertad de expresión". Además ha puesto en marcha una campaña en su web
para solicitar firmas por el derecho a la protesta pacífica.
El derecho a protestar en España está cada vez más amenazado. Es la conclusión principal de una amplia investigación realizada por Amnistía Internacional, en la que la organización denuncia "cómo el Gobierno está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", ha adelantado la ONG.
El informe 'España: el derecho a protestar, amenazado', que no se hará público hasta este mediodía, recoge casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como la falta de investigación de estos abusos.
Se trata de un extenso estudio escrito por la investigadora española Virginia Álvarez y en el que la organización ha estado trabajando durante un año para plasmar lo ocurrido en nuestro país en las muchas manifestaciones que han tenido lugar entre la convocatoria del Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 hasta las recientes Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo.
En la investigación, Amnistía Internacional analiza, por ejemplo, la respuesta de las autoridades españolas durante las protestas, el uso excesivo de la fuerza, el intento de criminalización y las restricciones que quieren imponerse por parte del Gobierno, el trato bajo custodia policial, los escraches o las multas por participar en concentraciones o manifestaciones.
Todo ello bajo una perspectiva internacional en la que la organización compara y relaciona la situación en España con la de otros países de Europa y la legislación internacional. El informe será presentado por la directora para Europa de Amnistía Internacional, Jezerca Tigani, así como por Anja Bienert, experta en cuestiones policiales y de derechos huma
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