La falta de transparencia ha fomentado un clima de inseguridad y de tensión entre los trabajadores y de especulación sobre las razones verdaderas del cierre de las embotelladoras.
“No hemos entendido el cierre de la planta de Fuenlabrada; se había invertido bastante últimamente con la ampliación de una nave, reparaciones costosas de líneas de embotellamiento…”, dice Alejandro Heras, electromecánico en Casbega desde hace más de 11 años“El mismo día que firmamos el convenio, nos enteramos de que iban a cerrar la empresa”, afirma Francisco Bermejo, miembro del Comité de Empresa de Casbega (la embotelladora de Fuenlabrada) y de CCOO, que llevaba 41 años en la fábrica. “No hemos entendido el cierre de la planta de Fuenlabrada; se había invertido bastante últimamente con la ampliación de una nave, reparaciones costosas de líneas de embotellamiento…”, dice Alejandro Heras, electromecánico en Casbega desde hace más de 11 años. “Nos hemos sentido traicionados y maltratados”, se lamenta Ángel Robustillo, también miembro del Comité de Empresa de Casbega y del sindicato USO.
La falta de transparencia ha fomentado un clima de inseguridad y de tensión entre los trabajadores y de especulación sobre las razones verdaderas del cierre de las embotelladoras. Se habla de reorganización estructural de la distribución, de racionalización de costes, de capitalización en bolsa de cara a un hipotético plan de expansión internacional. La propia empresa achaca el cierre de las plantas en parte a un problema de sobrecapacidad derivado de la fusión de ocho empresas para crear Iberian Partners el año pasado: “Entre todas, [las embotelladoras] están en una media de producción del 50%, lo cual es insostenible para cualquier empresa”, explica a La Marea una fuente de Coca-Cola Iberian Partners. La empresa también sostiene que, de todas las opciones que se contemplaron, se quedó con la que menor coste social tenía, según su valoración. Un argumento que no ha convencido a los trabajadores de las cuatro plantas amenazadas de cierre: el plazo de las negociaciones se agotó el pasado 21 de febrero sin que las dos partes llegaran a un acuerdo. La situación seguía igual al cierre de esta edición.
Los trabajadores de la embotelladora reconocen que en el pasado gozaban de unas condiciones laborales muy buenas en el seno de la empresa: “Hemos estado orgullosos de trabajar en Casbega; hemos tenido buenos salarios, buenas condiciones laborales, la empresa siempre se ha portado bien en líneas generales”, afirma Robustillo. Para los trabajadores de la embotelladora, el “cambio de estilo” empresarial llegó con la fusión de las ocho empresas que controlan las fábricas. “Al final, Coca-Cola [la casa matriz] es responsable de todo esto, a través del contrato de los franquiciados. ¡Y si no es así, que sean transparentes y que presenten este contrato a los medios de comunicación!”, reta Bermejo.
La decisión de una empresa con beneficios de recurrir a un despido colectivo ha provocado una importante reacción ciudadana y mediática, incluyendo llamadas al boicot de productos de la marca Coca-Cola. Y esto es lo que el gigante estadounidense con sede en Atlanta teme más. La multinacional gasta enormes cantidades de dinero en cultivar la imagen de una empresa dedicada a campañas benéficas en las comunidades donde vende sus bebidas. En muchos casos, es para tapar escándalos que le implican en acusaciones de actuar en contra de los derechos sociales y laborales, o el medio ambiente.
Entre las muestras de solidaridad para los trabajadores de las embotelladoras en España destaca la del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrail) en Colombia. Está central obrera lleva años luchando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Coca-Cola en el país andino, aunque obviamente hay un mundo entre la realidad colombiana y el empeño de los sindicatos españoles por evitar despidos y conseguir indemnizaciones para los casos que se producirían en las embotelladoras. La pesadilla del gigante de Atlanta
Hace unos años, la situación era mucho peor, como recuerda Ray Rogers, un conocido activista social y sindical en EEUU. Desde 2003, Rogers es la pesadilla de Coca-Cola. Este activista de 47 años ha hecho de su vida una lucha encarnizada y valiente en defensa de causas medioambientales y sociales, y contra los abusos de las grandes corporaciones. Su campaña KillerCoke denuncia, entre muchas otras cosas en un sinfin de países, “el espantoso ciclo de violencia y de colaboración [de la multinacional] con grupos paramilitares, particularmente en Colombia para intimidar, secuestrar, torturar y asesinar a líderes sindicales y a sus familias con el objetivo de acallar sus reivindicaciones”, según relata www.killercoke.org. Esta página web facilita una cantidad ingente de datos, artículos de prensa, referencias de libros, vídeos e informes de grandes ONG sobre las acusaciones de abusos que la multinacional ha cometido, sobre todo en países donde la legislación en materia de protección laboral y medioambiental es prácticamente inexistente. Es una larga lista de agravios: saqueo de recursos hídricos en la India y en México, explotación infantil en América Latina, discriminación racial en Estados Unidos, contaminación y accidentes laborales en Kenia, Tanzania y China, explotación laboral en Pakistán…
Entre estos casos destacan las acusaciones de colaboración de Coca-Cola con grupos paramilitares en la década 1990-2000 para deshacerse de líderes sindicales molestos en Colombia y Guatemala. Este fenómeno ha sido plasmado en el libro Soft Drink, Hard Labour (Bebida ligera, trabajo duro), escrito por Mike Gatehouse y Miguel Angel Reyes, y publicado en 1987 por la ONG Latin America Bureau de Londres, y en el documental The Coca-Cola Case [El caso Coca-Cola], realizado por el director canadiense Germán Gutiérrez y la productora Carmen García, en 2009. En el documental se sigue la pista a dos abogados laboristas estadounidenses, Dan Kovalik y Terry Collinsworth, en su empeño de probar la responsabilidad de la multinacional en los asesinatos consecutivos de ocho militantes de Sinaltrainal en Colombia a finales del siglo pasado. La demanda fue finalmente desestimada por la Justicia del país suramericano. Estos dos abogados, que fueron contratados por familiares de las víctimas, decidieron involucrar a Rogers en su lucha. Desde entonces, el activista incansable no vacila en presentarse en las asambleas de accionistas de Coca-Cola o donde haga falta para tener la oportunidad de encararse con Muhtar Kent, el presidente de la multinacional de Atlanta. A sus preguntas incómodas, el ejecutivo responde invariablemente con peroratas demagógicas, como se puede comprobar en numerosos videos en YouTube.
En otras ocasiones se ha criticado a la empresa por tolerar abusos. La organización Human Rights Watch, publicó en 2004 un amplio informe sobre el trabajo infantil en plantaciones de azúcar en El Salvador. Coca-Cola miraba para otro lado respecto a estas prácticas de sus proveedores.
Ante la gran cantidad de escándalos que implican sus operaciones en varios países, la multinacional dedica desde hace unos años grandes esfuerzos para cuidar su reputación, que se plasma a través de su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). “¡Esta empresa gasta anualmente 3.300 millones de dólares en comprarse una respetabilidad y una imagen que no tienen nada que ver con la realidad!”, denuncia el activista Rogers, refiriéndose a la maraña de intereses ocultos, artimañas deshonestas y relaciones corruptas (puertas giratorias) que, según el promotor de KillerCoke, la empresa usa para lograr certificaciones de RSC y ganarse así la aprobación de sus accionistas más preocupados por la responsabilidad social.
En un informe reciente de 28 páginas, Rogers cuestiona la credibilidad de estas certificaciones. Han sido reconocidas por organismos de RSC supuestamente imparciales, como el fondo Calvert, al que acusa de recibir dinero de grandes corporaciones, el Global Reporting Initiative –Rogers afirma que Coca-Cola ha pagado 40 millones de dólares anualmente a la consultora Ernst&Young para hacer una auditoría independiente con vistas a cumplir con los criterios– o el UN Global Compact, que ya ha sido criticado por varias ONG como Amnistía Internacional por ser demasiado blando a la hora de vigilar el impacto de las grandes corporaciones en los derechos humanos.
Pero el barniz de responsabilidad social y de intenciones saludables y filantrópicas para el que Coca-Cola no escatima gastos –financia campañas contra la obesidad infantil, patrocina eventos deportivos y un sinfín de iniciativas solidarias para el bienestar de niños y mujeres en comunidades desfavorecidas que se pueden ver en su página web cuyo lema es “Destapa una Coca Cola, destapa la felicidad”– se agrieta. En las asambleas anuales, algunos accionistas reclaman aclaraciones al presidente Kent sobre los abusos de las empresas en materia de medioambiente y bienestar de trabajadores que han salido en la prensa o que ha destapado la campaña de KillerCoke. Impacto medioambiental sobre el agua
La periodista francesa Olivia Mokiejewski realizó en 2013 un documental demoledor sobre la multinacional, Coca-Cola, une enquête affligeante! (Coca Cola, una investigación dolorosa), en el que demuestra que la famosa bebida color ámbar contiene dosis de azúcar que crean adicción, además de moléculas cancerígenas y restos de coca. Mokiejewski también pone el dedo en la llaga al destapar algunas de las peores prácticas medioambientales de la empresa, como el saqueo de recursos hídricos (para producir un litro de Coca-Cola, hacen falta tres litros de agua, recuerda la periodista).
Mokiejewski visitó el pueblo de San Cristóbal (Chiapas, México), donde la instalación de una embotelladora de Coca-Cola está dejando a los habitantes sin agua, según Antonino García, un hidrólogo local: “La fábrica extrae a diario unos 750.000 litros de agua, una cantidad que permitiría alimentar a 10.000 habitantes de San Cristobal cada día”. Y aunque desconozca las cifras de hoy, la documentalista afirma que, en 2003, Coca-Cola pagó tan sólo 25.000 euros de consumo de agua por todo un año. Un regalo que quizás se explica por el currículum de Vicente Fox, que había sido presidente director general de Coca-Cola antes de convertirse en presidente de México. Irónicamente, Chiapas ostenta un récord de consumo de Coca-Cola.
La India muestra también un historial de batallas legales contra la multinacional desde la década de 1970. El estado de Kerala estableció un tribunal especial para atender las demandas contra la empresa, acusada de haber contaminado y sobreexplotado las capas freáticas de la región causando daños (pérdidas agrícolas, contaminación y enfermedades). La embotelladora de Coca-Cola en Kerala, una de las más grandes de la India, fue cerrada. El asunto está pendiente de los tribunales.
OTRA HUMANIDAD ES NECESARIA
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