Manuel Martín
El pasado viernes, 14 de febrero, en
torno a las seis de la tarde se reunían en la localidad de Daimiel,
varias familias con hijos Dependientes.
Contaron con la asistencia de José Luis Gómez Ocaña, Portavoz de la Coordinadora Estatal en defensa de la Ley de Dependencia.
El motivo de la reunión, de nuevo, la
desesperanza de los padres que ven, cómo los derechos reconocidos de sus
hijos por su discapacidad, de nuevo se han visto mermados, por no decir
robados.
Y es que como muchos sabemos, el
reconocimiento del grado de discapacidad una vez realizado por médicos
especialistas, es el que, de alguna manera, hace que esa familia perciba
una prestación en compensación del tremendo gasto que supone, o puede
suponer la atención de todas las necesidades de los chicos,
desgraciadamente, esto parece que no se termina de entender y de
repente se ve “retocado” por la Administración con el único fin de
ahorrarse unos dinerillos.
Penosa situación la que atraviesan estas
familias que ven como la parte económica que perciben de la
Administración se verá drásticamente recortada al igual que sus
esperanzas e ilusiones y es que el dinero, como prestación o ayuda,
simplemente cubre parte de las necesidades; lo que no entienden es que,
el sacrifico realizado por sus hijos en las circunstancias que muchos de
ellos se encuentran, no es pagado con nada, pero ciertamente ayudaría
bastante a paliar muchas situaciones más que complicadas o complejas.
La titánica pelea de las familias con
algún discapacitado entre sus miembros, sobrepasa los límites de las
fuerzas humanas, para conseguir o mantener el reconocimiento otorgado,
sin embargo la insensibilidad del gobierno regional ante los “más
débiles” por mucho que se empeñen en lanzar titulares diciendo lo
contrario, no hará que retrocedamos ni un solo milímetro.
Las familias con discapacitados
reunidas el pasado viernes en Daimiel, con sus respectivas cartas en las
que se les comunica que o bien se les rebaja el grado de discapacidad o
se les extingue la ayuda que vienen percibiendo continuarán al mismo
tiempo junto con el resto del colectivo de la Dependencia, trabajando
por el futuro y presente de sus derechos, le pese a quién le pese.
A sabiendas que están comenzando a ser
declaradas ILEGALES por los Tribunales de Justicia como así lo
demuestran las sentencias a las que La Plataforma de la Dependencia ha
tenido acceso.
Desgraciadamente vemos cómo la sociedad
hoy en día debe acudir a la justicia en contra de los que se supone son
los guardianes de nuestros derechos: nuestro gobierno regional.
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